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IMPLICACIONES JURÍDICAS EN LA CONTRIBUCIÓN POR VALORIZACIÓN EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EN EL MARCO DEL ACUERDO 180 DE 2005 HASTA SU 
PRIMERA MODIFICACION, ACUERDO 398 DE 2009  
 
 
 
 
 
 
EDWIN MIRANDA HERNÁNDEZ  
 
 
 
Articulo presentado para optar al título de magíster en Derecho Administrativo  
 
 
Dr. Julián Pinilla 
Director  
 
 
UNIVERSIDAD MILITAR  
FACULTAD DE DERECHO  
MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO  
BOGOTÁ D.C. 
2016 
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Implicaciones jurídicas en la contribución por valorización en la ciudad 
de Bogotá, en el marco del acuerdo 180 de 2005 hasta su primera 
modificación, acuerdo 398 de 2009* 
 
Legal implications for recovery of contribution in Bogota, under the agreement 180 
2005 until its first amendment, agreements 398 of 2009 
 
Edwin Miranda Hernández ** 
 
Resumen 
Este artículo tiene como finalidad, describir las implicaciones jurídicas más relevantes que existieron 
en la aplicación de la Contribución de Valorización bajo el Acuerdo 180 de 2005, en cuanto, a su 
contenido normativo de cara a normas especiales existentes como es el Estatuto de Valorización para 
la ciudad de Bogotá. Así, la contribución de valorización desde el año 2005 dejó aspectos 
fundamentales de lado, teniendo por parte de la administración una orientación de impuesto, situación 
que hizo necesario, pronunciamientos del Consejo de Estado y otras instancias judiciales abordadas 
en el desarrollo del presente artículo. Para tal fin, el artículo se apoyó en conceptos doctrinarios y 
jurisprudenciales, sobre el tema, llegando a la conclusión que la no utilización del Acuerdo 7 de 1987 
Estatuto de Valorización en el desarrollo del Acuerdo 180 de 2005 trajo aspectos desfavorables en la 
dinámica normal de la valorización, los cuales no fueron superados por el Acuerdo 398 de 2009 
Palabras clave: Contribución, tributos, función pública, valorización 
 
Abstract 
This article aims to describe the most important legal implications that existed in implementing 
valorization of the Agreement 180 of 2005, as to its normative content existing special rules such as 
the Statute of valorization for city of Bogota. The topic of valorization since 2005 has left 
fundamentals aspects, taking by the tax administration orientation, a situation that made it necessary, 
statements of the State Council (Consejo de Estado) and other courts addressed in the development 
of this article. To this end, the article was based on doctrinaire and jurisprudential concepts on the 
subject, concluding that non-use of the Agreement 7 1987, Statute of valorization in the development 
of Agreement 180 of 2005 brought unfavorable aspects in the normal dynamics recovery, which were 
not overcome by the 398 Agreement 2009. 
 
Keywords: contribution, taxes, public function, valorization 
 
 
* Artículo de revisión realizado para optar al título de magíster en Derecho Administrativo, de la Universidad 
Militar Nueva Granada.  
** Abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada.  
     Correo electrónico: edwinmirandahernandez@hotmail.com 
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Introducción 
 
Una de las funciones de la administración pública es satisfacer las necesidades de sus 
administrados, con el objetivo principal de encontrar el bienestar general. Para alcanzar este 
fin del Estado, se deben utilizar diferentes herramientas que permitan fortalecer la 
administración pública y a su vez como consecuencia de la misma se debe generar inversión 
pública con la participación de los particulares; en cuyo caso, las contribuciones cumplen un 
papel determinante. 
 
Así, según Vejarano (2007) citado por Acosta (2009) la trayectoria colombiana en el 
uso de la contribución por valorización ha sido catalogada como una experiencia valiosa ya 
que gracias a los avances institucionales y políticos ésta se ha erigido como una herramienta 
estable y eficiente para la financiación de la infraestructura pública. (pág. 22). 
 
En este sentido, la valorización debe contribuir al proceso de crecimiento, a través de 
una ruta clara, precisa y ceñida a la realidad de la ciudad. Sin embargo, la situación actual de 
la contribución de valorización es caótica, con ocasión del Acuerdo 180 de 2005, en especial, 
por falta de método y elementos que permitan una seguridad, en la utilización de esta 
herramienta fiscal, que se acerca a cumplir un siglo de haber sido adoptada por el Estado 
colombiano mediante la Ley 25 de 1921. Es así, como el Acuerdo de valorización de 2005, 
al día de hoy ha generado un escenario de incertidumbre frente al tema y desconfianza 
jurídica.  
 
En esta medida es importante señalar que el Acuerdo 180 de 2005 se constituyó como 
un proyecto ambicioso para la ciudad de Bogotá, concebido para ser desarrollado en cuatro 
etapas, entre los años 2007 y 2015, plan que finalmente no se efectuó ya que, a raíz de la 
expedición de distintos acuerdos distritales, ha sufrido modificaciones con el propósito de 
solucionar problemáticos que existieron desde su origen.  (Instituto de Desarrollo Urbano, 
2014, pág. 24) 
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Con relación a lo anterior, es importante recordar que en la ciudad de Bogotá existe el 
Acuerdo 7 de 1987 mediante el cual se adoptó el Estatuto de Valorización, que en el artículo 
1° estableció que dicha contribución se destinaria a la construcción de obras de interés 
público y que aquellas propiedades que se vieran beneficiadas con estas obras debían 
contribuir con este gravamen. 
 
Objeto que se desvirtúa con ocasión del Acuerdo 180 de 2005, y que lleva a pensar 
que, si bien los bogotanos son conscientes de la importancia del pago de la valorización y de 
los beneficios que ésta trae consigo, también lo son de la necesidad de un marco jurídico que 
brinde confianza y a su vez responda a las necesidades de los contribuyentes.  
 
Lo expuesto lleva a formular la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 
implicaciones jurídicas ha traído la falta de aplicación del Estatuto de Valorización, existente 
en la ciudad de Bogotá (Acuerdo 7 de 1987) durante el desarrollo del Acuerdo 180 de 2005, 
hasta su primera modificación, el Acuerdo 398 de 2009 para la ciudad de Bogotá? 
 
Inquietud que parte del hecho que el Acuerdo 180 de 2005 integró un deficiente plan 
de obras, un erróneo cálculo en la factorización y por ende una mala liquidación de la 
contribución, sumado a que existen cuestionamientos de tipo penal contra algunos directivos 
del Instituto de Desarrollo Humano y miembros del concejo de Bogotá señalados de tener 
vínculos con el denominado carrusel de la contratación. (Escallón, 2014, pág. 9). 
 
Al respecto cabe resaltar que la estabilidad institucional en el contexto colombiano se 
ve seriamente comprometida por fenómenos como la ineficacia, la corrupción y la impunidad 
con respecto a esta (Forero, 2011, pág. 99); prácticas que a su vez atentan contra los recursos 
destinados a la inversión social, hecho ante el cual la administración púbica debe convertirse 
en una pieza indispensable para luchar contra ellos. (Gil, Correa, Saavedra y Fajardo, 2010, 
pág. 73). En este sentido, la corrupción alcanza todos los niveles de la administración, sin 
distinción alguna, a la que no escapa la contribución por valorización.  
 
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Adicionalmente, resulta incomprensible para los habitantes de la ciudad capital que el 
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU haya hecho el cálculo de valorización a pesar de que 
se adjunta al recibo entregado un mapa y una resolución con la fórmula aplicada para realizar 
dicho cálculo (Parra, 2013, pág. 1). 
 
Aspectos que contrarían lo señalado en el artículo 1 del Acuerdo 7 de 1987 antes 
señalado, debido a que, si bien los bogotanos son conscientes del pago de la valorización y 
de los beneficios que esta trae, también lo son de la necesidad de una distribución equitativa 
para todos e incluyente, teniendo en cuenta sector, estrato, clasificación del inmueble; en 
donde, se debe garantizar el manejo transparente de los recursos (Montaña, 2011, pág. 21).  
 
En este orden de ideas, la investigación se desarrolla, a partir del siguiente objetivo 
general: Determinar las implicaciones jurídicas que trajo la falta de aplicación del Estatuto 
de Valorización, existente en la ciudad de Bogotá (Acuerdo 7 de 1987) durante el desarrollo 
del Acuerdo 180 de 2005 hasta su primera modificación, el Acuerdo 398 de 2009 para la 
ciudad de Bogotá, el cual se desarrolla a través de los siguientes objetivos específicos: 
realizar una aproximación al concepto de contribución por valorización; establecer la 
naturaleza de la contribución de valorización en el contexto de la constitución de 1991 y de 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado; examinar el caso de la 
contribución de valorización en las normas y regulaciones especiales de Bogotá, teniendo en 
cuenta el Acuerdo 7 de 1987, el Acuerdo 180 de 2005 y el Acuerdo 398 de 2009. 
 
Objetivos que deben tener en cuenta que el Decreto Ley 1421 de 1993 denominado 
Estauto Orgánico del Distrito Capital de Bogotá, en desarrollo del artículo 338 de la 
Constitución Nacional, otorgó al Concejo de Bogotá la competencia para imponer la 
contribución de valorización, determinar los sistemas y métodos para definir los costos y 
beneficios de las obras, fijar el monto de las sumas que se pueden distribuir a título de 
valorización y establecer la forma de hacer su reparto. 
 
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El artículo se enmarca dentro de un tipo de investigación exploratorio descriptivo, por 
cuanto, muy poco se ha investigado el problema objeto de estudio, el cual se desarrolla, a 
través de una técnica documental, que permite una aproximación a los aspectos teóricos 
necesarios para el desarrollo del artículo a través del análisis del material impreso 
correspondiente al marco teórico de la investigación (Vanegas, 2011, pág. 97). También 
intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su significado dentro de una teoría 
de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que evidencian hechos o fenómenos que 
se producen en determinadas condiciones. 
 
Los documentos analizados se orientaron a evidenciar los resultados de investigaciones 
realizadas sobre lo sucedido con el Acuerdo 180 de 2005 y 398 de 2009 que permiten reflejar 
las circunstancias actuales de la valorización en la ciudad de Bogotá.  
 
Teniendo claridad en el diseño metodológico, el artículo se desarrolla en tres capítulos, 
el primero, aporta el concepto de contribución por valorización; el segundo, desarrolla los 
aspectos normativos y jurisprudenciales de la valorización en Colombia y el tercer y último 
capítulo es el análisis del Acuerdo 180 de 2005. Finalmente, las debidas conclusiones. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Aproximación al concepto de contribución por valorización 
 
Tradicionalmente, el concepto de valorización se ha enmarcado en el principio del 
beneficio que debe recibir el predio por la obra y que ésta debe asignarse en la medida en que 
el predio se favorezca con la construcción o mejoramiento de la misma. Una definición 
clásica es la que ofrece Seligman (1913) citado por Balcázar (1951) quien establece que el 
carácter de la contribución especial está proyectado para satisfacer los gastos causados con 
relación a los beneficios particulares, sin llegar a excederlos  (pág. 49). 
 
Por su parte para Fernández (1948) la contribución de mejoras se erige como la justa 
compensación exigida como contraprestación del beneficio causado a los particulares por 
una obra ejecutada por una entidad pública (pág. 76).Otra deficinión, pero encaminada hacia 
el mismo sentido, es la ofrecida por Uribe (2001) quien resalta que este gravamen cobija a 
los inmuebles beneficiados por la ejecuciónde obras de interés llevada a cabo por entes de 
carácter nacional, departamental, distrital y municipal. (pág. 7). 
 
Por su parte, Ariza (2012) citando a Villegas (2002) define a la valorización como aquel 
pago especial, con ocasión de un beneficio al contribuyente que se refleja en el valor de su 
inmueble (pág. 5). Una definición aceptable y de tradición en la legislación colombiana, es 
la que establece que la contribución de valorización es un medio fiscal de trascendente 
importancia enmarcado en los parámetros de derecho público que permite financiar de forma 
eficiente la ejecución de obras de infraestructura de interés general, tanto en el plano urbano 
como en el rural, cuya construcción acarrea beneficios particulares, como el incremento del 
valor inmobiliario de la propiedad, por ejemplo. (Fernández, 1981, pág. 10). 
 
Desde el punto de vista jurisprudencial, la Corte Constitucional en sentencia C – 903 
de 2011 ha señalado que la valorización no debe entenderse como un impuesto, ya que bajo 
el entendido de “imposición de finalidad” y respondiendo a su carácter y esencia de 
destinación especial, su establecimiento no es de carácter general sino que cobija únicamente 
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a aquel sector de la población beneficiado con las obras públicas que se llevan a cabo.(Corte 
Constitucional Sentencia C - 903, 2011). 
 
El italiano Einaudi (1962) citado por Ramírez (2011) define la contribución por 
valorización como la contraprestación de carácter obligatorio pagada por los propietarios 
que se ven beneficiados con una obra realizada por un ente público con fines de utilidad 
pública. (pág. 134). 
 
Por su parte, Cruz (2010) señala que la valorización está dirigida única y 
exclusivamente para quienes son dueños o poseedores de un inmueble y que éste a su vez se 
beneficia de la ejecución de una obra pública (pág. 185). En suma, la definición de 
valorización hace referencia a una contribución especial, que se orienta a generar un 
beneficio directo, que se da como una compensación de una obra realizada por una entidad.  
 
Entre la contribución de valorización como especie del género tributo 
 
Cuando se habla de una relación jurídico – tributaria se hace referencia a aquel vínculo 
que se suscita entre dos partes, siendo la primera la que genera la obligación y la segunda la 
que debe cumplir con lo pactado (Hernández, 2003, pág. 45). De esto, lo importante es que 
de forma expresa identifica los sujetos principales de la relación, el papel que desempeña 
cada sujeto y la relación que cada uno tiene, a través del vínculo jurídico que se desprende.  
 
Por su parte, los tributos son los ingresos que obtiene el Estado mediante el ejercicio 
de su poder, por medio del cual, se crean leyes a cargo de sujetos y entidades. De este modo 
la obligación tributaria emerge de la ley, como aquel emolumento que va a suplir las 
necesidades de la ciudad, en diferentes materias (Ariza, 2012, pág. 8).  
 
Cabe resaltar que la competencia de asignación de tributos de acuerdo a la Constitución 
Política de 1886 y luego a la de 1991 corresponde, de preferencia, al Congreso de la 
República. (Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, 2013). Es así, que mediante 
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la Ley 25 de 1921 el legislador establece el impuesto directo de valorización, posteriormente 
denominado por sus características en una contribución de valorización. 
 
El sistema de contribución por valorización creado por Ley para la ejecución de obras 
de interés público, es un elemento que con criterios de justicia social redistributiva permite a 
un municipio ejecutar obras de interés público, vinculando a la comunidad como gestora de 
su propio desarrollo (López, 2009, pág. 57). Así, Colombia tiene reconocimiento en medios 
académicos y de la administración Pública concernientes con la financiación del desarrollo 
urbano, como un país que posee una experiencia importante en el empleo de la contribución 
de valorización (Salgado, Sierra, Montaña y Vejarano, 2008, pág. 220). 
 
Sin embargo, no se pueden desconocer los gastos que han hecho las entidades públicas 
para el desarrollo de obras señaladas en la ley en razón al beneficio que éstas aportan a la 
propiedad raíz; en efecto, los componentes primordiales de la Contribución de Valorización 
en el Distrito Capital se encuentran en un encrucijada de orden jurídico, que ocasiona 
problemas a la administración en su tarea de recaudo adecuado y conforme a las reglas de 
Derecho, produciendo con ello una alteración de la conceptualización de los objetivos por 
parte de la administración pública y este hecho va en detrimento de no sólo de los derechos 
del contribuyente sino además del Estado Social de derecho bajo el cual se encuentra nuestro 
país. (Ariza, 2012, pág. 7). 
 
Como se ha visto, el concepto integra distintos principios, siendo uno de los más 
relevantes el de legalidad que lleva a la reflexión por parte de la comunidad jurídica, 
abogados, funcionarios públicos, doctrinantes, docentes y jueces, a establecer que este 
tributo fundamental tiene características propias y particulares, y que examinando los 
elementos del tributo se llega a comprobar si dichos elementos contienen el carácter legal, 
en cuanto a los beneficios que la valorización le debe otorgar a los contribuyentes, 
estableciéndose que no es posible tener una norma donde se encuentre un cálculo razonable 
del grado de beneficio que obtiene cada predio (Ramírez, 2011, pág. 133). 
 
10 
 
Así entonces, la valorización vista desde la administración tiene en las obras que 
adelanta la particularidad de originar un beneficio, convertido en un mayor valor en las 
propiedades inmuebles que se localizan en las zonas de influencia de estas; de esta manera 
puede observarse que la contribución de valorización es un auténtico tributo, pero que tiene 
la virtud de basarse en el beneficio recogido por los propietarios de aquellos inmuebles en 
los que se puede percibir de forma tangible el beneficio y que por ello les es exigido el pago 
de la contribución que es destinada a un fin determinado. (Cubides y Araújo, 1999, pág. 19). 
De ahí, la necesidad de resaltar que existe un beneficio real para los predios ubicados dentro 
de la zona de impacto y de acuerdo a ello debe haber una distribución del gravamen acorde 
con la capacidad económica de los beneficiados. (Uribe, 2001, pág. 10). 
 
La valorización hace parte de un adelantado y eficaz sistema financiero de derecho 
público que contribuye a la ejecución de obras de infraestructura, tanto en el ámbito urbano 
como en el rural, que resultan de interés general ya que originan determinadas ayudas a zonas 
específicas a través del aumento del valor inmobiliario de las propiedades. (Fernández, 1981, 
pág. 19). 
 
Sumado a esto, debe tenerse en cuenta el componente de renovación urbana, pues es 
bien sabido que dentro de la buena práctica de la contribución de valorización en el país, la 
calidad jurídica de la legislación que ejecuta el sentido y los propósitos del establecimiento 
fiscal permite que haya un avance continuo, sin regresiones ni limitaciones que restrinjan su 
estudio, en contraste con otros países, en los que según asegura Fernández este tipo de 
contribuciones no han logrado una estabilidad, ya que en algunos casos han atravesado 
periodos de crisis e incluso se ha llegado a finalizar su aplicación gracias al defecto de 
contenido de las leyes que los establecían. (Fernández, 1981, pág. 27). 
 
El concepto de Contribución por Valorización, busca resaltar las diferencias del tema, 
en cuanto a que a partir de sus similitudes y discrepancias con las figuras del impuesto y la 
tasa adquiere un carácter propio, y al desconocer la naturaleza de estos dos resulta difícil 
entender la esencia de esta. (Soto, 1974, pág. 32). 
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La valorización ha tenido una profunda aplicación en Colombia y se proyecta como 
uno de los recursos más factibles para la financiación de obras de gran amplitud, tanto en el 
entorno nacional como departamental, distrital y municipal. 
 
Obedece a la investigación el tema de las contribuciones especiales o contribuciones 
parafiscales. Así, la Constitución las define como los ingresos públicos percibidos por el 
Estado de forma obligatoria y proporcional por parte de un grupo de contribuyentes que se 
benefician en algún sentido del fin específico para el cual estos ingresos son destinados 
(Cubides y Araújo, 1999, pág. 8). 
 
Así mismo, la Corte Constitucional señala que su diferencia con los impuestos radica en que 
la Contribución por Valorización además de representar una contraprestación por parte del 
sector beneficiado, no hacen parte del erario y no es de carácter general, características que 
hacen de éste un gravamen especial distinto a las tasas e impuestos (Corte Constitucional 
Sentencia C - 040, 1993). 
 
De esta forma, las contribuciones especiales son las que gravan el aumento de valor 
que opera sobre la propiedad inmueble sea urbana o rural, como consecuencia de las obras 
que construye el sector público, destacándose dentro del grupo la contribución por 
valorización, sin dejar de lado, las sociales y corporativas.    
 
Es importante hacer referencia a la valorización, la cual genera mayor valor económico 
sobre la propiedad raíz provocado por un hecho real y material (Véase tabla 1).  
 
TRIBUTO HECHO 
GENERADOR 
SUJETO 
ACTIVO 
SUJETO 
PASIVO 
BASE 
GRAVABLE 
Contribución de 
valorización 
Gravamen real que 
recae sobre bienes 
raíces Constituido 
por la obra pública 
que cause el 
beneficio sobre el 
inmueble. 
La entidad pública 
que recauda el 
gravamen 
decretado y 
liquidado. 
El propietario del 
inmueble gravado 
con la 
contribución. Los 
poseedores 
materiales a pesar 
de no ser titulares 
La base gravable 
está constituida por 
la determinación 
del beneficio que 
cauce la obra sobre 
el inmueble, 
teniendo en cuenta 
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del dominio que lo 
ocupan en esta 
calidad el inmueble 
responden por la 
contribución. 
la zona de 
influencia y los 
factores para 
aplicar los costos 
respectivos de la 
obra. 
Tabla 1. Elementos de la valorización 
Fuente:(Uribe, 2001, pág. 10) 
 
La diferencia radica en la destinación de los recursos, según lo describe Ramírez la 
contribución de valorización tiene por disposición jurídica el propósito específico de cubrir 
los costos de determinadas obras públicas que afectan de forma positiva a la propiedad raíz 
costo – beneficio. (Ramírez, 2011, pág. 135). Mientras que el impuesto es una obligación 
fiscal que atiende planes y costos generales de la administración.  
 
Sin embargo, a pesar de habérsele otorgado el rango constitucional a la Contribución 
por Valorización, se encuentra que es la misma Constitución la que dejó el espacio abierto 
para que ésta fuera manejada al arbitrio de sus normas reglamentarias, estableciendo que 
frente a eventuales violaciones de los derechos fundamentales como el principio de igualdad 
que se viola por cuanto la contribución de valorización se aplica en forma indiscriminada y 
sin definiciones legales que determinen tanto las zonas de influencia de las obras a ejecutar 
como los realmente beneficiados con ellas, de modo que no se establece una clara relación 
entre el beneficio recibido y la tarifa a pagar. (Corte Constitucional Sentencia C - 525, 2003). 
 
Frente a lo expuesto, la Corte establece que el cobro de la contribución de valorización 
se sustenta en el Decreto Legislativo 1604 de 1966 expedido por la presidencia de la 
República al amparo de las facultades propias del antiguo estado de sitio y adoptado por el 
Congreso como legislación permanente con la Ley 48 de 1968. Es necesario precisar que 
dichas normas fueron expedidas con anterioridad a la Constitución Política de 1991, sin que 
existiera en el anterior ordenamiento constitucional de 1886 una norma que estableciera 
límites a la facultad de creación de contribuciones fiscales en el marco del estado de sitio, 
13 
 
de forma tal que el decreto y la ley que reglamenta ese tema no vulnera lo dispuesto en la 
Constitución. (Corte Constitucional Sentencia C - 525, 2003). 
 
Adicionalmente, establece la Corte que la Contribución por Valorización es de carácter 
personal es decir que toma en cuenta las cualidades personales del contribuyente relacionado 
con el inmueble sobre el cual recae la contribución (Corte Constitucional Sentencia C - 304, 
2012), aspecto que lleva a establecer que dado su carácter individual permite un adecuado 
manejo de los derechos fundamentales, sin ir en detrimento del patrimonio de los 
ciudadanos. Lo señalado es reiterado por el Consejo de Estado cuando establece que de 
acuerdo a la naturaleza especial de la contribución por valorización tiene un carácter 
obligatorio y recae sobre un grupo específico de personas que derivan un beneficio 
particular. (Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, 2014). 
 
Situación que realza su carácter especial, pues a diferencia de los impuestos, debe 
existir una condición y es la titularidad de un bien inmueble en el caso de los particulares; 
en el caso del Estado, esta titularidad recae sobre la adecuada administración que debe hacer 
de los bienes de uso público garantes para que los bienes inmuebles de los particulares no 
pierdan su valor; no ocurre lo mismo cuando lo inmuebles de uso público son entregados 
mediante autorización o concesión para que de manera indirecta se pongan a disposición de 
los particulares, pues en este evento quedan sujetos al régimen ordinario de la materia 
correspondiente, que incluye no sólo lo administrativo sino lo fiscal(Consejo de Estado Sala 
de Consulta y Servicio Civil, 2002). 
 
Lo señalado por el Consejo de Estado, se afianza en lo expuesto por el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca (2010) cuando expone que la contribución de valorización 
tiene una destinación especial, cuya representación se encuentra determinada por la 
realización de un grupo de obras desarrolladas por un organismo público por ministerio de 
la ley (Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta Subsección B, 2010).  
 
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De ahí que, las reglas o directrices las dan las autoridades encargadas, alcaldes y 
gobernadores sobre el cobro para obras de interés público que beneficien a la propiedad 
inmueble, sin establecer que se entiende por beneficio, ni qué criterios deben tenerse en 
cuenta para tal fin; aspecto que fue medianamente superado por el mandato Constitucional 
de 1991 según el artículo 338 de la Constitución, el cual establece de forma general la fijación 
de tarifas de las tasas y contribuciones y que cuyos métodos para definir tales costos y 
beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los 
acuerdos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Análisis del caso de la contribución de valorización en las normas y regulaciones 
especiales de Bogotá dese 1991 hasta 2014 
 
Inicios y actualidad de la valorización en Bogotá Distrito Capital 
 
La concepción y evolución de la contribución provienen históricamente de varias 
civilizaciones y culturas, comenzando con el Derecho Romano, en donde, se ordenaban 
pagos específicos a los ciudadanos para financiar obras públicas. En Inglaterra, se utilizó este 
gravamen desde la Edad Media para las obras del río Támesis, cobrándola a los vecinos 
beneficiados. En cuanto a Francia y España Jaramillo comenta que previo a la Revolución en 
Francia se cobraba una contribución por la apertura y embellecimiento de las calles que 
derivaba del beneficio obtenido por estas obras. En el caso de Inglaterra, existía la 
contribución por mejoras y España aplicó en sus colonias un sistema de peajes para las vías 
públicas. (Jaramillo, 1974, pág. 251). 
 
La contribución en Colombia tiene antecedentes en los tiempos de la Colonia. Durante 
la época del virreinato se exigían contribuciones consistentes en peajes con el fin de construir 
caminos y puentes.  
 
El sistema de imposición de contribuciones por obras públicas fue adoptado en el país 
desde sus albores coloniales hasta la república, siguiendo el ejemplo de varias legislaciones 
europeas y de la española que contemplaron el gravamen desde el siglo XVI. 
 
Es así como, además de la legislación española que exigía las “contrataciones 
especiales” para obras públicas, este sistema fue común en casos como el inglés o el francés 
e incluso llegó a aplicarse en las legislaciones de países latinoamericanos, como Argentina 
con denominaciones como “contribuciones especiales”, “impuestos de plusvalía” o 
“contribución de mejoras”. (Uribe, 2001, pág. 9). 
 
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Pasados 120 años, entre 1948 y 1950, Bogotá inauguró por el mismo sistema el Paseo 
de los Libertadores (Autopista Norte), y en los años 50, la Avenida Caracas. Con el tiempo, 
las obras por Valorización fueron nutriendo la capital de vías, intersecciones y parques, como 
la carrera 10ª o la Calle 26, desde la carrera 3ª hasta el Cementerio Central. 
 
Desde el punto de vista Distrital, la Ley 195 de 1936 estableció la valorización en el 
régimen municipal de Bogotá, y ha estado desde entonces regulada permanentemente. La 
valorización en Bogotá ha tenido como normas el Acuerdo 11 de 1937, el Acuerdo 41 de 
1958, el Decreto 536 de 1981 y el Acuerdo 7 de 1987 que es el actual Estatuto de 
Valorización de Bogotá Distrito Capital.  
 
En cuanto a la ejecución de obras financiadas con el Sistema de Valorización, Bogotá 
ha desarrollado importantes trabajos de infraestructura vial que le han dado desarrollo 
urbano. Ejemplo de ello son las obras realizadas en el siglo pasado, siendo alguna de ellas, 
las que se enuncian a continuación (Instituto de Desarrollo Urbano, 2014):  
 
 Infraestructura vial  
- 1960 – 1968: Avenida ciudad de Lima – calle 19 – de la Av. Jiménez a la Carrera 
8ª; Avenida Caracas de la calle1a a la calle 11 sur, entre otras.  
 Canales  
- 1960 – 1968: Del Albina, rio seco, salitre, rio negro, rio arzobispo  
 Obras varias  
- 1968 – 1986: Autopista el Dorado, Av. Suba, Plazoleta el Rosario, puente Av. 
Boyacá, Av. Circunvalar, entre otras.  
 
Por otra parte, es importante señalar que la valorización ha financiado la construcción 
de obras públicas diferentes a las de infraestructura vial, tal como es el caso, del Plan Maestro 
de Alcantarillado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Tal como lo 
señala Acosta más allá de su aporte como generador de recursos para atender requerimientos 
funcionales, ayudando a solventar con ello debilidades derivadas de los impuestos, la 
17 
 
contribución de Valorización ha tenido un impacto tangible a través de un uso exitoso, con 
altos grados de aceptación y legitimidad que han hecho de ella una herramienta con una 
importante viabilidad política y un ejemplo a replicar en otras ciudades del país (Acosta, 2010, 
pág. 24). 
 
En este sentido, debe tenerse en cuenta que Bogotá cuenta con 7.5 millones de 
habitantes a 2011, con un área urbana que cubre 500 kilómetros cuadrados que equivalen a 
más o menos 50.000 hectáreas, en donde, la administración de la contribución por 
valorización la realiza el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU – quien además tiene a su 
cargo la identificación y construcción de las obras viales principales.  
 
Marco normativo de la contribución por valorización en Colombia 
 
De los bienes de uso público 
 
Uno de los referentes más importantes en esta materia, es el que ofrece el artículo 674 
del Código Civil – Ley 57 de 1887 – que hace referencia a los bienes de la Unión como 
aquellos cuyo dominio pertenecía a la República. Agregando, además, que su uso pertenecía 
a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, 
llamándose bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio. Los bienes de 
la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de Unión o 
bienes fiscales. 
 
Esta norma deja claro que las calles, plazas, puentes y caminos son bienes de uso 
público, cuyas características primordiales son que sean construidos en terrenos 
pertenecientes a una entidad de derecho público y que sean destinados al uso común de los 
habitantes. 
 
Por su parte, la Ley 4ª de 1913 Código de Régimen Político y Municipal establecía en 
su artículo 195 que pertenecían a los municipios los bienes que por cualquier título integran 
18 
 
hoy su patrimonio, especialmente los bienes vacantes y mostrencos que se hallen ahora o 
después dentro de sus límites; los edificios, puentes y demás obras cuya construcción se haya 
hecho con los fondos del municipio, y los que les señalen las leyes y ordenanzas. Los bienes 
de personas que hayan muerto sin dejar herederos testamentarios o abintestato, pertenecen al 
municipio en el cual tuvieron aquellas su último domicilio.  
 
La importancia de esta norma radica en que con ella se comienza un gran proceso de 
consolidación institucional a comienzos del siglo pasado, con el que el país afianza el Estado 
de derecho y fortalece en su conjunto el aparato del Estado luego de las circunstancias bélicas 
del siglo XIX.  
 
Posteriormente, se sanciona la Ley 25 de 1921, por medio de la cual se crea el impuesto 
de valorización, configurándose la primera etapa de la legislación sobre la exigibilidad de la 
contribución por valorización, autorizándose solamente a los municipios para hacerla 
efectiva, teniendo únicamente carácter local. La norma considera como contribución la 
persecución del reembolso delas inversiones realizadas por el Estado en la ejecución de obras 
públicas y se considera como impuesto cuando se lleve a cabo una liquidación de los 
beneficios recibidos por los inmuebles como consecuencia de dichas obras. (Soto, 1974, pág. 
51). 
 
Con la expedición de la Ley 1de 1943 en el artículo 18 se autoriza cobrar no solamente 
los gastos que demanden, sino el mayor valor recibido, con ocasión de la obra emprendida 
por el Estado y que cause beneficio a la propiedad inmueble 
 
Desde el año 1966, con el Decreto Ley 1604, artículo 1° acogido como legislación 
permanente por la Ley 48 de 1968, se estableció el Estatuto Orgánico para la contribución 
de valorización de la nación, ley que logra unificar la tipología del tributo bajo el nombre de 
contribución de valorización, extendiéndose a la potestad de cobro a todas las entidades que 
ejecuten obras – nación, departamentos, municipios, distritos –, al igual que la clase de obra 
19 
 
que pueden ser objeto de cobro, para el que se generalizan a todas las obras de interés público 
local.  
Desde el año 1966 todas las entidades ejecutoras de obras tienen la potestad de 
establecer la contribución en cualquiera de los niveles, nacional, departamental o municipal 
– áreas metropolitanas, corporaciones autónomas regionales –, en particular, en Colombia, 
han sido los municipios en primer lugar y luego en algunos casos los departamentos quienes 
han puesto en práctica esta figura; para la nación por su parte, no ha tenido un lugar relevante. 
(Procuraduría General de la Nación, 2012, pág. 238). 
 
Una inexistente comisión de ciudadanos 
 
Antes que un proceso natural derivado del acontecer histórico, la modernización de la 
administración pública pasa por un proceso de reforma del Estado (Fuentes, Isaza y Güemes, 
2009, pág. 60). El reto de modernizar la administración pública; es quizás el desafió que 
requiere una serie de acciones que tengan en cuenta, además de los aspectos técnicos, los 
normativos y valorativos que integren actores políticos, funcionarios y ciudadanos. 
 
Lo anterior, para establecer que una de las mayores falencias del Acuerdo 180 de 2005 
fue desconocer la comisión de ciudadanos de la valorización, aduciendo que el acuerdo en 
estudio no los contemplaba, derogando un derecho establecido en el Acuerdo 7 de 1987 
artículo 15 que expresa que los propietarios de inmuebles ubicados dentro de la zona de 
influencia gravados con la contribución podrán tomar parte dentro del proceso de 
determinación de dicha área, a través de la elección de representantes. Ellos además podrán 
participar en otro tipo de tareas tales como la elaboración de presupuestos, determinación del 
costo de la obra, distribución de la contribución, vigilancia de la inversión y en los procesos 
de liquidación, terminación y entrega de las obras. 
 
Artículo de plena vigencia y sobre el cual el mismo IDU ha hecho caso omiso, 
aduciendo que el mecanismo utilizado han sido las veedurías ciudadanas – Ley 850 de 2003 
20 
 
– 1. Un claro ejemplo de esta situación, es lo expuesto por el IDU frente al Consejo de Estado 
cuando advierte respecto a la participación de la comunidad que esta se ha llevado a cabo a 
través del Plan de Veedurías Ciudadanas, que se constituye en una herramienta para la 
vigilancia y el control social sobre las obras ejecutadas, ya que contempla en su acción no 
sólo visitas de los ciudadanos a las obras sino además definición de zonas para la 
conformación de veedurías y cursos de formación, entre otras.  Así mismo, manifestó que 
durante el año 2007 se llevó a cabo este proyecto con el propósito de dar a conocer el acuerdo 
e invitar a la ciudadanía al ejercicio del control y vigilancia y como prueba se ello se 
presentaron los formatos de asistencia a las asambleas de conformación de veedurías. 
(Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, 2012). 
 
Es así como el IDU afirma que las veedurías ciudadanas son el mecanismo de 
participación idóneo al ser establecido por el artículo 36 del Acuerdo 7 de 1987 modificado 
por el artículo 5° del Acuerdo Distrital 25 de 1995 regulado mediante la Ley 850 de 2003, 
que afirma que la junta de vigilancia debe estar conformada por el Director del Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital, el Director del Departamento Administrativo de Catastro 
Distrital y el Director Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Urbano o sus respectivos delegados y que 
además deben elegirse tres representantes de la comunidad para cada zona de influencia de 
una obra o un conjunto de ellas; que todos tendrán voz y voto y que debe convocársele cada 
dos meses con cinco días de anticipación a la fecha de programación  de la reunión. 
 
Entonces, es preciso señalar que el IDU ha incurrido en un yerro normativo, porque 
una cosa son las juntas de vigilancia y otra diferente es la participación de la ciudadanía frente 
al desarrollo de una obra, en donde, se establece la necesidad e incidencia en la zona, mientras 
que con la veeduría es el seguimiento que se ejerce sobre una obra, que por obvias razones, 
ya debió ser realizada; es decir el artículo 15 del Acuerdo 7 de 1987 apunta al antes y el 
                                                          
1Artículo 1. Definición. Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que 
le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión 
pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de 
control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional 
o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la 
prestación de un servicio público (…).  
21 
 
artículo 36 al después de, en cuyo caso el IDU ha hecho una mixtura al respecto, dejando un 
vació que se evidenció y ahondó la situación de la valorización en Bogotá, D.C., a través del 
Acuerdo 180 de 2005.  
 
Al respecto el Consejo de Estado (2012) establece una clara diferencia entre la veeduría 
ciudadana y la participación ciudadana, ya que la primera que es un mecanismo de 
representación, mientras que la segunda se manifiesta como una participación en las 
actividades que conforman la acción urbanística (Consejo de Estado Sala de lo Contencioso 
Administrativo Sección Cuarta, 2012). 
 
En este sentido, el argumento de las veedurías ciudadanas no cabe en el sistema de 
participación de las actividades que conforman la acción urbanística, debido a que las 
veedurías cumplen la función de ejercer vigilancia a la gestión pública en las actividades 
correspondientes a las acciones urbanísticas y es responsabilidad de las administraciones 
municipales, distritales y metropolitanas fomentar la participación ciudadana para concertar 
los intereses sociales, económicos y urbanísticos que giran alrededor de una obra de interés 
público. (Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, 2012). 
 
En suma, los artículos 15 a 38 del Acuerdo 7 de 1987 establecen cómo se conforma 
dicha participación ciudadana, procedimiento que el IDU debió adelantar para fomentar la 
concertación.  
 
Así, la falta o correcta participación de la ciudadanía llevó a que el Acuerdo 180 de 
2005 en materia del cobro de valorización, estableciera unos parámetros que contrariaban la 
igualdad; toda vez, que la potestad estuvo en manos de la Entidad, dejando de lado la 
participación ciudadana. 
 
Flórez, señala: 
“La liquidación no consiste en repartir un presupuesto de un plan de obras entre 
unos predios o sobre un área denominada de beneficio o de influencia. Es 
indispensable determinar la capacidad real de pago del contribuyente según las 
22 
 
condiciones socioeconómicas, ingresos por hogar, estrato, usos del predio para ver 
si un plan de obras puede ser ejecutado solo con el cobro de la valorización o, por 
el contrario, su financiación debe complementarse con otras fuentes (Flórez, 2008, 
pág. 1)”.  
 
Al respecto es importante tener en cuenta que el interés público es la razón misma del 
Estado, aspecto que permite establecer la satisfacción de las necesidades comunes de los 
ciudadanos (Sanguino, 2013, pág. 6), en cuyo ejercicio la participación activa de éstos, 
resulta determinante; en especial, en lo referente al mejoramiento de las calles, parques, y 
alrededores que determinan el valor de un predio, pues son quienes pueden dar cuenta de las 
necesidades del sector, para el adecuado cobro de la valorización. 
 
Un débil inventario predial 
 
Otro aspecto determinante es el relacionado al inventario predial. El Acuerdo 180 de 
2005 no obliga al IDU a visitar todos los predios involucrados en el cobro de la contribución 
de valorización, pues tal como lo establece el artículo 9° (…) la liquidación, distribución y 
asignación de la contribución de valorización, se toma a partir de la información que reporte 
el Departamento Administrativo de Catastro Distrital (…).  
 
De este modo, el “IDU incurrió en irregularidades al realizar el inventario predial, pues 
debió hacer un proceso de identificación con cada predio y no simplemente tomar el 
inventario del catastro ya existente y hacer algunas verificaciones” (Consejo de Estado Sala 
de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, 2013).  
 
Lo anterior, pese a que el artículo 41 del Acuerdo 7 de 1987 regula la obligatoriedad 
del censo predial estableciendo que el IDU debía recaudar datos del Catastro distrital y otras 
entidades relacionadas para realizar un precenso predial y esta información debía darse a 
conocer para que iniciaran los procesos de valorización a los que hubiera lugar. Luego, 
acorde con la actualización de datos que se tuviera se llevaría a cabo la liquidación, 
23 
 
distribución y notificación de las respectivas contribuciones. Toda equivocación u omisión 
respecto a las denuncias de los predios serían por tanto imputables a los contribuyentes. 
 
Establece el artículo que sí bien la información de Catastro es necesaria, no significa 
que el IDU no genere la verificación sobre la información dada; así, un claro ejemplo de esta 
anomalía fue lo sucedido con el Aeropuerto El Dorado.  
 
Silencio administrativo 
 
Al no existir un pronunciamiento oportuno de una entidad respecto a la interposición 
de algún recurso, dicha actuación se considera un silencio administrativo, que puede ser 
catalogado de forma negativa como omisión o positiva como fallo favorable en favor del 
requirente (Palacio, 2002, pág. 71), tal como acontece por primera vez en la historia de la 
contribución del país, frente a los recursos de reconsideración interpuestos por los ciudadanos 
respecto al tema de la contribución por valorización, a partir del Acuerdo 180 de 2005 
cambian los efectos del silencio administrativo, pasando de un acto presunto con efectos 
negativos al acto presunto con efectos positivos, que generan resultados nefastos en cuanto a 
la contribución, resolviendo de manera favorable dichos recursos de reconsideración que 
solicitaban la exclusión del cobro del Acuerdo 180 de 2005. 
 
Es así que el Juzgado 39 del Circuito de Bogotá, D.C (2010) ejecuta una acción de 
nulidad y restablecimiento del Derecho. Dentro de las pretensiones solicitadas por el actor, 
se encuentra declarar sin efecto alguno la Resolución 17104 de diciembre de 2008 del IDU 
por la cual decidió dicho recurso de reconsideración, condenando a la parte demandada a 
devolver las sumas cobradas y el correspondiente ajuste monetario por concepto de la 
contribución de valorización de acuerdo a lo estipulado en el artículo 178 del Decreto 1 de 
1984” (Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, 2010). 
 
En cuanto al silencio administrativo positivo la parte actora argumenta que existió un 
plazo de un año a partir del 1 de febrero de 2008 para que la administración resolviera el 
24 
 
recurso de reconsideración y puesto que el edicto emplazatorio se notificó solo hasta el 4 de 
febrero de 2009, se excedieron los términos de resolución establecidos. 
 
Es preciso aclarar que la solicitud de invocación de silencio administrativo positivo no 
se hizo mediante protocolización de escritura pública toda vez que en materia tributaria la 
figura del silencio administrativo positivo se encuentra prevista en norma especial y regulada 
integralmente, existiendo reiterada jurisprudencia del H. Consejo de Estado, en el sentido de 
que en materia tributaria no se necesita dicha protocolización (…) (Juzgado 39 
Administrativo del Circuito de Bogotá, 2013).  
 
Teniendo en cuenta que al estar configurado el silencio positivo administrativo la 
consecuencia directa es que el recurso de reconsideración se comprende fallado a favor del 
contribuyente, así, las resoluciones de asignación de la contribución de valorización devienen 
en ilegales o contrarias al ordenamiento jurídico por efecto de la decisión del legislador 
contenida en los artículos 732 y 734 del E.T., con lo cual para mantener la juridicidad, 
coherencia y consistencia del orden normativo resulta necesario decretar su nulidad y 
entender como no existente la presunción de legalidad de dichos actos; así mismo, el 
despacho declara su liberación de la tarea de estudio de los demás cargos de nulidad y actos 
que argumentan la defensa pasiva. (Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, 2010). 
 
Al respecto es preciso señalar que no se están creando exenciones a los tributos que 
son de exclusiva competencia del legislador o del órgano de representación popular 
competente en lo territorial, sino que se aplican las consecuencias directas por la morosidad 
de la administración en atender en debida forma la resolución de un recurso, lo que constituye 
una situación de tipo sancionatorio, distinta a la exención impositiva que es un beneficio 
fiscal.  
 
De conformidad con el artículo 734 del Estatuto Tributario, el silencio administrativo 
positivo debe ser declarado de oficio o a solicitud de parte por la administración, estimando 
la Sala que sí dicha declaración no se realiza esto no es impedimento para que la pretensión 
25 
 
pueda materializarse en debida forma ante la jurisdicción correspondiente aun cuando se haya 
vencido el término legal como ocurrió en este caso (Juzgado 39 Administrativo del Circuito 
de Bogotá, 2010). Al final, el Juzgado declara prospero el recurso de reconsideración en 
cuanto a la ocurrencia del silencio positivo administrativo. 
 
Afianzando, en lo concerniente al silencio administrativo positivo no solamente es 
indispensable que transcurra el término señalado en la ley sin que la administración se 
pronuncie sobre una solicitud presentada a ella, sino que además la petición realizada por el 
solicitante no busque un beneficio ilícito del mecanismo procesal que está diseñado para 
reconocer los derechos solicitados por quien se vea presuntamente afectado, siempre y 
cuando estos se ajusten a la Ley. (Juzgado 44 Administrativo del Circuito de Bogotá, 2011). 
 
Posteriormente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta 
Subsección B (2010) manejo una posición contraria a la ya planteada por los Juzgado 
Administrativos del Circuito de Bogotá que conocieron del silencio administrativo positivo 
y en bloque adoptaron su aplicación para la valorización bajo el Acuerdo 180 de 2005, fue 
así que el Tribunal al decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del IDU 
contra la sentencia del 18 de diciembre de 2009 proferida por el Juzgado 39 Administrativo 
del Circuito Judicial de Bogotá por medio del cual se declararon como no aprobadas las 
excepciones y con respecto al silencio administrativo  se ordenó la nulidad a los actos 
administrativos demandados, así como la restitución de los dineros cobrados por concepto de 
la contribución de valorización. (Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta 
Subsección B, Expediente No. 09-00197-01, 2010). 
 
Los hechos del proceso constituían básicamente en la condena a la parte demandada – 
IDU – a restituir a la actora las sumas cobradas de dinero que le hayan cobrado de demás por 
la anotada contribución de valorización, junto con el reajuste monetario correspondiente 
desde la fecha de pago, esto es desde el 27 de mayo de 2009 hasta la fecha en que se verifique 
la restitución, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del Decreto 1° de 1984.  
 
26 
 
Para el demandante, el concepto de la violación consiste en el silencio administrativo 
positivo, debido a que el IDU se demoró más de un (1) año en notificar la decisión por la 
cual se resolvió el recurso de reconsideración. Por su parte IDU contestó el recurso de 
reconsideración dentro del plazo establecido para tal fin; además señala que el Consejo de 
Estado en reiterada jurisprudencia ha dicho que es necesario que se efectúe una notificación 
ceñida a los parámetros legales y que si esta se hace por medio de edicto y éste surte el trámite 
de desfijaciónse entiende esta fecha como prueba de que el trámite de notificación se llevó a 
cabo. (Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta Subsección B, Expediente 
No. 09-00197-01, 2010). 
 
Aspecto que fue totalmente atendido por el IDU conforme a lo dispuesto por el Consejo 
de Estado. En este caso por tanto el silencio administrativo positivo no se da, pues este opera 
como una especie de sanción para la administración cuanto no actúa dentro del término 
señalado. Según lo señalado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se incurre en el 
fenpomeno del silencio administrativo cuando existe una abstencion de realizar un pronunciamiento 
a sabiendas que se está en la obligación de hacerlo para ganrantizar la efectividad de los derechos de 
petición y acceso a la administración de justicia.(Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección 
Cuarta Subsección B, Expediente No. 09-00197-01, 2010) 
 
De esta forma, el Tribunal revocó la decisión proferida por el Juzgado 39 
Administrativo del Circuito de Bogotá, D. C., sección cuarta. Niega las pretensiones 
incoadas, conforme a la parte motiva de la presente providencia, y finalmente, acepta al 
apoderado del IDU el impedimento manifestado, con relación al silencio administrativo 
positivo.  
 
Hasta ese momento en la historia de la contribución de valorización en Colombia, el 
Consejo de estado no había conocido del tema bajo estudio y por ende no se había 
pronunciado respecto de la aplicación del silencio administrativo positivo en materia de 
contribución de valorización; fue el 9 de septiembre de 2013 cuando por primera vez el alto 
tribunal se pronunció sobre este fenómeno jurídico, al resolver un recurso de apelación en el 
27 
 
cual se pretendía declarar judicialmente el silencio administrativo positivo en materia de 
contribución por cuanto no se resolvieron los recursos de reconsideración dentro del año de 
acuerdo al Estatuto Tributario y el procedimiento sobre el cual se planteó la discusión en el 
Acuerdo 180 de 2005, a lo que el órgano de cierre de la jurisdicción Contencioso 
Administrativa se pronunció así, la sala observa que aunque la resolución que decidió el 
recurso de reconsideración fue expedida en tiempo, pues tiene fecha del 13 de enero de 2009, 
antes de vencer el término legal, lo que ocurriría el 25 de enero de ese año, lo cierto es que 
el actor sólo tuvo conocimiento de ella el 13 de febrero de 2009, fecha en que se presentó a 
notificarse. Para ese momento ya había vencido el plazo para resolver el recurso y, por ende, 
la administración había perdido la competencia, lo que conlleva la nulidad de la Resolución 
21468 mediante la cual el demandado desató el recurso administrativo. 
 
En conclusión, el acto que resolvió el recurso de reconsideración fue resuelto vencido 
el término señalado en el artículo 732 del E.T., por lo que se configura el supuesto de hecho 
previsto en el artículo 734 ib., es decir, la ocurrencia del silencio de la administración frente 
a la impugnación presentada; en consecuencia, el recurso de reconsideración interpuesto 
contra los actos de asignación de la contribución de valorización se entiende fallado a favor 
del demandante.(Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, 
2013). 
 
Lo cierto es que el silencio administrativo positivo no constituye una camisa de fuerza 
cuando “los supuestos fácticos y probatorios hacen que el sentido de la decisión sea diferente, 
al restablecer los derechos afectados” (Consejo de Estado Sala de lo Contencioso 
Administrativo Sección Segunda Subsección A, 2015). 
 
El silencio administrativo positivo, procede en los casos expresamente previstos en la 
ley, esto significa que sí la administración no responde una petición que cumpla con los 
requisitos legales dentro de los términos establecidos en la norma, se generar una sanción 
favorable al peticionario – contribuyente –, siendo así, los efectos que producen la aceptación 
28 
 
de las pretensiones de los recursos de reconsideración, tal como lo señala el Decreto 2503 de 
1987 artículo 802.  
 
Bajo esta premisa los ciudadanos bogotanos han interpuesto respecto del cobro de 
valorización por beneficio local Acuerdo 180 de 2005 Fase I los debidos recursos por 
considerar que dichas fases no cumplen con el objeto de la contribución por valorización, 
atentando de esta forma contra el patrimonio del Estado. 
 
Parte de estas devoluciones obedecen a silencio administrativo positivo, siendo evidente 
que es insuficiente su regulación y vaga su interpretación, puesto que, si bien se creó para 
proteger los derechos de los ciudadanos, no cumple a cabalidad con dicho fin y si ha traído 
consigo una serie de consecuencias de tipo jurídico tales como la inobservancia de los 
principios legales y constitucionales y la violación a derechos fundamentales. (Barrera, 2010, 
pág. 8). 
 
En suma, el proceso administrativo como ha sido concebido en Colombia, no ha logrado 
consolidar su eficacia para la protección de los Derechos de los administrados, en las 
jurisprudencias analizadas se pudo observar que en la gran mayoría el problema obedecía  
básicamente a la violación de los términos que el mismo código establece para la contestación 
de los recursos; así, las peticiones se contestan en mayor tiempo o lo que es peor nunca se 
contestan llevando al peticionario a ejercer acciones como la acción de tutela, ahondando la 
problemática para el ciudadano – contribuyente –  en costos y tiempo.  
 
 
                                                          
2 Artículo 80: RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN Y REPOSICIÓN. Contra las liquidaciones oficiales y 
resoluciones impongan sanciones en relación con los impuestos administrados por la Dirección General de 
Impuestos Nacionales, procede el recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración deberá interponerse 
ante la Oficina de Recursos Tributarios de la administración de Impuestos que hubiere practicado el acto 
respectivo dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación del mismo. Cuando la liquidación, sanción o 
acto de determinación oficial del tributo, haya sido proferido por el Administrador de Impuestos o sus 
delegados, procederá el recurso de reposición ante el Administrador o los funcionarios delegados para el efecto, 
el cual deberá interponerse dentro de los dos (2) meses siguientes a su notificación. 
29 
 
Participación ciudadana 
 
El cobro de valorización establecido por el Acuerdo 180 de 2005 se fundamentó en las 
obras previstas por el Plan de Ordenamiento Territorial – POT de Bogotá, cuyo cobro no hace 
parte de la Ley 388 de 1997 reglamentado por el Decreto Nacional 150 de 1999, debido a que 
no ha sido entendida como una acción urbanística, alejándolo de lo preceptuado en el artículo 
4° de la misma ley, que establece que la concertación de los intereses económicos, sociales y 
urbanísticos llevada a cabo con la comunidad tendrá por objeto garantizar la eficacia de las  
políticas públicas frente a las diversas necesidades de los distintos sectores envueltos en estos 
proceso. De acuerdo con ello, la participación ciudadana podrá hacerse efectiva mediante 
instrumentos como el derecho de petición, la celebración de audiencias públicas, el ejercicio 
de la acción de cumplimiento, la intervención en la formulación, discusión y ejecución de los 
planes de ordenamiento y en los procesos de otorgamiento, modificación, suspensión o 
revocatoria de las licencias urbanísticas, todo siempre dentro de los términos establecidos por 
la ley. 
 
Por consiguiente, debe comprenderse que la participación democrática debía haber 
integrado indiscutiblemente el Acuerdo 180 de 2005 la cual contribuiría a definir y desarrollar 
las acciones urbanísticas con las que se ejerce el ordenamiento territorial, entendiéndose, que 
tal participación no tiene injerencia en el costo de las obras y su cobro por medio de la 
contribución por valorización. Esto debido a que para incluir las obras en el POT se debieron 
surtir las etapas de concertación con la comunidad para su aprobación en el Acuerdo 180 de 
2005; es decir, se considera que la participación que se prevé en el en el artículo 4° de la Ley 
388 de 1997 corresponde a un acto diferente al que se objeta en el proceso. (Consejo de Estado 
Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, 2012). 
 
El Acuerdo 7 de 1987, expedido antes de la Constitución de 1991, en sus artículos 15 y 
siguientes estableció el procedimiento de participación de los propietarios o poseedores de los 
predios afectados con la contribución de valorización, mediante convocatoria por parte del 
IDU y la  elección de representantes que participarían en el proceso de definición de las zonas 
30 
 
de influencia y demás aspectos relacionados con la distribución y asignación del gravamen, 
para lo cual, el IDU elaboraría un proceso predial. 
 
Con la expedición de la Constitución Política de 1991, se dispuso en su artículo 270: 
“La ley organizará las formas y sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la 
gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados.” 
 
En desarrollo de la citada norma constitucional, se expidió la Ley Estatutaria 134 de 
1994 sobre mecanismos de participación ciudadana, y en su artículo 100 creo las veedurías 
ciudadanas como una forma democrática de representación, que permite a los ciudadanos y a 
las organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia en todos los ámbitos, aspectos y niveles en 
los que se empleen recursos públicos.  
 
Conforme a lo anterior, no puede concluirse que con la expedición de la Constitución 
de 1991 y la Ley 850 de 2003 perdieron vigencia las normas del Acuerdo 7 de 1987 que 
regulaban la forma de participación de los ciudadanos en el proceso distribución y asignación  
de la contribución de valorización, esto teniendo en cuenta la  consideración que por mandato 
del artículo 152 literal c)  de la Constitución Política, la  facultad para regular las formas y 
mecanismos de participación ciudadana radica en el Congreso y que su regulación tiene 
reserva de ley estatutaria, mecanismos dentro de las cuales se encuentran las veedurías 
ciudadanas para todos los casos en general y no para el caso específico de la contribución de 
valorización. 
 
Es así como lo establece el artículo 270 de la misma Constitución, en desarrollo del cual 
se expidió la Ley Estatutaria 850 de 2003 que regula actualmente todo lo relacionado con las 
veedurías ciudadanas, mecanismo que según el Acuerdo 180 de 2005 remplazó la 
participación de los propietarios de predios afectados con la contribución de valorización, en 
la forma en que estaba previsto en el Acuerdo 7 de 1987, pues tal como lo precisó la Corte 
Constitucional en la citada sentencia y lo dispone expresamente la Ley 850, las veedurías 
ciudadanas tienen por objeto ejercer vigilancia sobre la gestión administrativa y entre sus 
31 
 
funciones está la de vigilar y fiscalizar la ejecución de las obras e inversiones en el 
correspondiente nivel territorial, pero en ninguna normativa se habla de que tanto las veedurías 
y el procedimiento de participación de los propietarios o poseedores de los predios afectados 
con la contribución de valorización sean excluyentes o que el segundo se encuentre derogado. 
 
El Acuerdo 180 de 2005 autorizó el cobro de una contribución de valorización por 
beneficio local, permitiendo el recaudo de recursos para ejecutar un Plan de obras específico, 
cuya construcción mejoraría la movilidad, el espacio público y la competitividad de la 
ciudad; estableciendo el pago por los propietarios de los predios beneficiados con las obras. 
 
Sin embargo, dentro del mencionado Plan de Obras se incluyeron vías que no debían 
ser financiadas a través de una contribución de valorización por beneficio local. 
 
La Alcaldía Mayor de Bogotá, hace la siguiente relación: 
“Se cobran en las localidades de Fontibón y Engativá las siguientes avenidas: 
Avenida el TAM (Carrera, 129) desde Avenida Luís Carlos Galán Sarmiento (Calle 
24) hasta Avenida Centenario (Calle 13) y Avenida Luís Carlos Galán Sarmiento 
(Calle 24) desde Avenida Fontibón (Carrera 97) hasta Avenida El TAM (Carrera 
129). Éstas son de alto impacto para el sistema de movilidad de la ciudad, dado que 
por sus características de amplitud y el tipo de tráfico que movilizan son catalogadas 
como vías arterias que consolidan la estructura urbana, según el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT). Además, estas obras son de importancia 
estratégica dado que estructuran la movilidad alrededor del Aeropuerto El Dorado, 
constituyen un paso clave para el transporte de carga que ingresa y sale de esta 
terminal aérea, e incluso benefician a los municipios vecinos y a la región occidente, 
al mejorar su conectividad con la ciudad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007b, pág. 
31)”. 
 
Estas vías constituyeron el 50% de las reclamaciones que generó la valorización, a 
través del Acuerdo 180 de 2005, debido a que terminaron siendo financiadas por los vecinos 
de Fontibón y Engativá, lo que contraría el principio de equidad. Así, las principales razones 
por las cuales la contribución de valorización fue inequitativa, se describen en los siguientes 
aspectos:  
 Las obras a financiar son muy costosas  
32 
 
 En la zona la densidad predial es más baja  
 En la zona predomina el uso residencial  
 El Aeropuerto El Dorado, principal beneficiario de las obras, quedó exento de pagar 
la contribución.  
 
De esta manera, en aras de corregir los yerros normativos en su momento se hace una 
modificación.  
 
Acuerdo 398 de 2009 realiza las siguientes modificaciones:  
“ARTÍCULO 9o. AEROPUERTO. La Unidad Administrativa Especial de la 
Aeronáutica Civil será sujeto pasivo de la contribución de valorización en relación 
con la financiación de las obras de qué trata el Acuerdo 180 de 2005 y sus 
modificatorios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 134 de la Ley 633 
de 2000. 
 
Para el efecto se tendrán en cuenta los bienes inmuebles que hacen parte de la 
infraestructura aeroportuaria, esto es los bienes fiscales y los de uso público que se 
encuentren concesionados o privatizados. 
 
Las pistas, hangares, talleres de mantenimiento, zonas de abastecimiento de 
combustibles y demás componentes que hacen parte de la infraestructura 
aeroportuaria serán gravados con el factor de explotación económica 
COMERCIALES Y DE SERVICIOS, previsto en el Anexo No.4 del Acuerdo 180 
de 2005.” 
 
Conforme a lo expuesto el Consejo de Estado (2014) expresa que el concepto de 
concesión resulta relevante para determinar si el artículo 9° del Acuerdo 398 de 2009 es nulo 
por haber asignado a la Aeronáutica Civil como sujeto pasivo de la contribución de 
valorización, pues la contribución de valorización se fija en consideración al vínculo real que 
el sujeto pasivo guarda con el bien gravado. 
 
Situación que nuevamente pone en evidencia los errores cometidos con las 
modificaciones realizadas al Acuerdo 180 de 2005, al querer subsanar un yerro cometido e 
incluir a la Aeronáutica Civil como sujeto pasivo de la contribución bajo la modificación del 
Acuerdo 398 de 2009 quien decidió incluirlo y dejo por fuera al Concesionario del 
Aeropuerto Internacional El Dorado – OPAIN – quien, como se aseguró tenía una deuda por 
33 
 
$13.000 mil millones de pesos por concepto de valorización del predio correspondiente al 
Aeropuerto El Dorado. (Portafolio, 2013). 
 
De esta forma, la administración está perdiendo el contribuyente más importante por 
las equivocaciones planteadas, las cuales se originan desde el Acuerdo 180 de 2005, estas 
situaciones han puesto en evidencia la debilidad jurídica que tiene la valorización de Bogotá 
desde el año 2005, sin olvidar que el aeropuerto El Dorado fue incluido como sujeto pasivo 
por exigencia de los habitantes de las localidades de Engativá y Fontibón quienes reclamaban 
que este fuera incluido toda vez que las obras beneficiarían principalmente al Aeropuerto, tal 
como se señala en varias partes del presente documento.  
 
De lo anterior, se extrae que en el caso del contrato de concesión del aeropuerto El 
Dorado, la entidad pública concedente no se aprovecha económicamente del bien 
concesionado, pues el beneficio que recibe se ve reflejado en un interés público relacionado 
con el cumplimiento de sus fines y no en un beneficio particular, lo que sí ocurre con el 
concesionario, quien adquiere la calidad de tenedor de dicho bien en virtud del contrato 
señalado. De acuerdo a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado La 
Unidad Administrativa de la Aeronáutica civil no puede constituirse en sujeto pasivo del 
tributo por cuanto en el inciso 2º del artículo 134 de la Ley 633 de 2000 si bien se excluye a 
los aeropuertos que operan en concesión, se busca gravar al concesionario que al ostentar 
dominio del mismo acredita la calidad de tenedor en términos del artículo 775  del Código 
Civil.(Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrtivo Sección Cuarta, 2014). 
 
En este contexto, el país requería una reforma tributaria que generará una estructura 
más simple y eficiente, eliminando en lo posible exenciones y vacíos legales, de modo que, 
la base cubriera la mayor cantidad de contribuyentes y actividades económicas. Lo anterior, 
con el fin de involucrar en el cumplimiento tributario a sectores que no venían participando 
en la tributación, como el caso del aeropuerto El Dorado. En ese sentido, según la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado a la infraestructura aeroportuaria 
considerada como bien de uso público no puede gravársele con la contribución de 
34 
 
valorización y no puede considerarse sujeto pasivo a la Unidad Administrativa Especial de 
la Aeronáutica Civil. No obstante, cuando esta infraestructura esté bajo la figura de concesión 
se podrá gravar en cabeza del concesionario, como cabeza de la misma. (Consejo de Estado 
Sala de lo Contencioso Administrtivo Sección Cuarta, 2014). 
 
Ahora bien, en cuanto a los bienes de uso público se refiere, ni antes ni ahora podían 
quedar gravados en cabeza de la Nación, los distritos, los municipios y los departamentos o 
las entidades descentralizadas de esos órdenes. Por excepción, en la actualidad, el legislador 
ha decidido gravarlos tanto con el impuesto predial como con la contribución de valorización, 
pero haciendo sujeto pasible de tales tributos a los terceros que los exploten económicamente.  
 
En consecuencia, el Consejo de Estado (2013) considera que los municipios sí pueden 
gravar con el impuesto predial los bienes de uso público, pero en las condiciones establecidas 
en las leyes que a la fecha se han expedido en ese sentido. Se dice por ejemplo que en el caso 
de Bogotá de acuerdo a artículo 160 del Decreto 1421 de 1993 se prorrogó la vigencia del 
tratamiento especial para los aeropuertos, pero se hizo la excepción mediante el artículo 134 
de la Ley 633 de 2000 de aquellos que operan bajo concesión. (Consejo de Estado Sala de lo 
Contencioso Administrativo Sección Cuarta, 2013). 
 
En conclusión, el Consejo de Estado establece (2014) que la Aeronáutica Civil si puede 
ser sujeto pasivo de la contribución de valorización con respecto a los bienes fiscales, salvo 
que los mismos sean objeto de la concesión, ya que, en tal evento, el sujeto pasivo del 
gravamen, por disposición de la Ley 633 de 2000. Agrega además que en efecto la 
Aeronáutica Civil puede catalogarse como sujeto pasivo de los bienes de uso público objeto 
de contribución, siempre y cuando estos no dados en concesión, caso en el que los sujetos 
pasivos serán quienes ostenten el papel de tenedores de los mismos. (Consejo de Estado Sala 
de lo Contencioso Administrtivo Sección Cuarta, 2014). 
 
Como se puede observar de lo expuesto sobre el Acuerdo 180 de 2005, son muchas las 
equivocaciones que se cometieron, sumergiendo a la capital a una serie de inconvenientes en 
35 
 
esta materia, que aún están en espera de ser resueltos; entonces, como una manera de afianzar 
lo expuesto se hace mención de otra crasa equivocación, que según la Jurisprudencia del 
Consejo de Estado: la Ley 388 de1997 hace referencia al hecho de que la determinación del 
costo y cobro de valorización para la realización de obras de interés público hace parte de la 
regulación establecida en este caso por Distrito Capital, en el Acuerdo 7 de 1987 (Consejo 
de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, 2012). 
 
La importancia de la contribución por valorización radica en particular que quien se 
beneficia de las obras paga una compensación, conforme lo establece el artículo 1° del 
Acuerdo 7 de 1987 en donde se señala que la contribución se erige como una contribución 
que deben hacer los beneficiarios para el financiamiento de dichas obras, esto en el contexto 
de aquel tiempo, donde se vislumbraba un panorama de desaceleración económica a nivel 
mundial y con impacto local. (Contraloria de Bogotá, 2013, pág. 4). 
 
La contribución por valorización de Bogotá D.C a la luz del Acuerdo 180 de 2005, y sus 
problemas de aplicación 
 
Lo sucedido con el Acuerdo 180 de 2005 se evidencia, no solamente desde el marco normativo 
y lo que de éste se desprende, sino de lo que la opinión pública ha expresado al respecto, 
llevando al conocimiento de toda la ciudadanía lo sucedido con la contribución por 
valorización desde 2005 con la promulgación del Acuerdo 180. 
 
Situación que ha dejado a la contribución de valorización al descubierto, en cuanto, a su 
ineficiencia, ineficacia y en evidencia frente a ejemplos insignes como los de Medellín que 
han demostrado que la contribución se puede cobrar en debida forma, reflejando para que ha 
sido utilizada. En este sentido, la ciudad de Medellín según lo señala Doctor Montaña, retomó 
el cobro de la valorización por beneficio local en el año 2010, con un recaudo de $146 mil 
millones para obras viales. (Montaña, 2011, pág. 19). 
 
36 
 
Por su parte, las experiencias de Manizales, Bucaramanga, y Santiago de Cali 
constituyen un buen referente a tener en cuenta, en comparación con la experiencia bogotana. 
En Bogotá, con la expedición del Acuerdo 180 de 2005 no se encontró ningún método para 
medir el grado de beneficio o valorización generada en los inmuebles de Bogotá. 
 
Así, por ejemplo, Manizales se presenta como un modelo respecto a la contribución por 
valorización, por cuanto a través de esta contribución se ha logrado incluso 50% del recaudo 
del predial (Bonet, Zapata y Rueda, 2012, pág. 19). 
 
Se debe tener en cuenta que el grado de beneficio se debe medir en función de la 
valorización o plusvalía generada por la cercanía de la obra. Mientras que, en Bogotá, no se 
realizaron estudios posteriores sobre las vías construidas en los últimos 20 años, en Medellín, 
Bucaramanga y Cali se han realizado esta clase de estudios para determinar los cálculos del 
doble avalúo.  
Otro aspecto es que en Bogotá no se tuvo en cuenta el factor por pisos, el cual no se 
constituye en un factor técnico porque ha determinado un factor creciente según el tamaño del 
edificio, llevando a establecer que la altura del edificio no determina la incidencia del suelo 
en el valor del inmueble. (Borrero, 2010, pág. 32) Lo lógico es aplicar el índice de 
construcción del edificio para examinar la incidencia del suelo en el valor del inmueble 
construido, tal como lo hizo Bucaramanga y Manizales. 
 
Bogotá, causa polémica con el concepto de beneficio local. No estudia el efecto en los 
inmuebles sino en la movilidad y calidad de vida. El modelo aplicado en Medellín, Manizales, 
y Bucaramanga, considera que el beneficio local es únicamente la valorización de los 
inmuebles a consecuencia de la construcción de las obras. Así, el modelo aplicado en Cali que 
corresponde al beneficio general, determina los beneficios en función de la movilidad y 
examina la capacidad de pago de los hogares.  
En síntesis, en la actualidad operan tres esquemas en Colombia: Bogotá, y la mayoría 
de ciudades, el Alcalde propone al Concejo las obras, el monto del cobro y sistema y método 
37 
 
de reparto. Manizales lo hace a través de las Juntas de Representantes ciudadanos quienes 
definen el sistema y método para calcular la tarifa.  
 
En todos los modelos de contribución para valorización, se requiere la participación 
ciudadana, situación que no se ha visto reflejada en Bogotá. Base del éxito de la Contribución 
por valorización es tener en cuenta la aprobación de los ciudadanos en función de la necesidad 
real de la ciudad y la población; se requiere de la voluntad política de los entes de decisión 
para implementarlos y llevarlos a cabo. Se hace necesario contar con la capacidad institucional 
de los entes ejecutores que demuestren idoneidad técnica, recurso humano y tecnológico, 
acompañado de un sistema de información que brinde las bases de datos actualizadas, que se 
cuente con un censo predial actualizado de las obras realizadas y, por último, que exista una 
coordinación interinstitucional para la planificación y desarrollo urbano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 
 
Conclusiones 
 
La contribución por valorización se encuentra en una “zona gris”; esto se debe a que 
después de lo establecido en la Constitución de 1991 en el artículo 363 no se ha dado una 
Ley reglamentaria permitiendo con esto que los Concejos Distritales y Asamblea 
Departamentales puedan a mutuo propio establecer los diferentes lineamientos en materia de 
contribución por valorización, lo que desemboca en una omisión legislativa sobre el tema; si 
bien es cierto, existe cierta discrecionalidad en la aplicación de la Contribución de 
valorización en cabeza de los entidades territoriales, también es cierto que esa aplicación 
como en el caso de Bogotá, se aleja de aspectos técnicos para enfocase en gran parte en 
asuntos meramente políticos; tal es el caso en el cual el Acuerdo 180 de 2005 el cual estaba 
programado en cuatro fases, hoy cuenta con modificaciones y obras que fueron excluidas que 
dependiendo de quién estaba al frente de la administración Distrital definía su conveniencia.  
 
Conforme a lo dispuesto, en el objetivo general planteado para el desarrollo del 
artículo, se tiene que el acuerdo 7 de 1987, es una norma de carácter distrital con el único fin 
de estandarizar la ejecución y aplicabilidad de la Contribución de Valorización para la ciudad 
de Bogotá, tal como se ha explicado anteriormente, la Valorización es una contribución 
especial y por ende necesita unas normas especiales para poder aplicar su asignación, 
discusión y recaudo, este papel hasta el año 2005 lo cumplió el Acuerdo 7 de 1987, el cual 
no fue derogado, pero fue omitido y casi que desconocido por la misma Administración 
Distrital y especialmente por el Instituto de Desarrollo Urbano, este artículo se apoyó en las 
implicaciones que más impacto tuvieron sobre la contribución de valorización bajo el 
Acuerdo 180 de 2005 y la modificación realizada por el acuerdo 398 de 2009 que no logró 
darle claridad al Acuerdo 180 de 2005 por todas las anomalías presentadas.  
 
En razón a lo señalado en el objetivo específico orientado a establecer la aproximación 
al concepto de valorización, se tiene que al existir un desconocimiento del Estatuto de 
Valorización para Bogotá (artículo 15 de Acuerdo 7 de 1987) se desnaturalizo el concepto 
mismo, llevando a generar modificaciones puntuales al Acuerdo 180 de 2005 ante el Concejo 
39 
 
Distrital para que procediera a corregir errores con el Acuerdo 398 de 2009, situaciones que 
pudieron evitarse de haber aplicado la norma especial sobre el tema, misma suerte corrió el 
trámite de discusión en agotamiento de la vía gubernativa al dar tratamiento general a un 
procedimiento especial y dándole como norma regulatoria el Estatuto Tributario en el cual 
no se tiene en cuenta la naturaleza misma de la contribución, aplicando la figura del silencio 
administrativo positivo, generando que el recaudo por concepto de valorización se viera 
afectado de manera desfavorable al tener que realizar devoluciones bajo este concepto. 
 
El siguiente objetivo específico referido a establecer la naturaleza de la contribución 
por valorización en el contexto de la Constitución de 1991, permite concluir que la 
contribución de valorización al tener un rango de tipo constitucional y recogida en el Decreto 
ley 1421 de 1993 para la ciudad de Bogotá, tiene el respaldo normativo necesario para que 
el Congreso de la República deba legislar sobre el tema, ya que las sentencias emitidas por 
la Corte Constitucional desde el año 1991, se han enfocado en resaltar su naturaleza especial 
como contribución, dejando en libertad a los cuerpos colegiados como concejos o asambleas 
el definir aspectos como sistema y método, sumado a que el beneficio puede variar y ser 
medido por cada entidad territorial. Entonces, el carácter constitucional de la contribución 
por valorización no ha logrado superar, el fracaso ocasionado con el Acuerdo 180 de 2005, 
significando que tal discusión se ha circunscrito a los pronunciamientos jurisprudenciales 
que siguen dejando al libre arbitrio la suerte de la valorización en Bogotá, aterrizada en 
acuerdos modificatorios que viven en constante transformación.   
 
Así, del precepto constitucional como de la jurisprudencia de las altas Cortes y 
Tribunales se desprende que la finalidad de la contribución por valorización es la 
compensación que el contribuyente debe reconocerle al Estado por los beneficios recibidos 
como resultado de la ejecución de una obra pública.  
 
Por último, se buscó examinar el caso de la contribución de valorización en las normas 
y regulaciones especiales de Bogotá, teniendo en cuenta el Acuerdo 7 de 1987, el Acuerdo 
180 de 2005 y el Acuerdo 398 de 2009, estableciéndose que es importante un reconocimiento 
40 
 
previo de la ciudad, en donde, la entidades participantes tengan conciencia del censo predial 
y de los cambios urbanísticos de Bogotá, y no culpar a Catastro Distrital como se ha reflejado 
con lo sucedido, en donde, el IDU no tuvo una postura clara y cuya respuesta deja de 
manifiesto la inoperancia de la Entidad en cuanto las inconsistencias que puedan surgir a la 
hora de gravar un predio con valorización cuyas características son desconocidas por la 
entidad que asigna la contribución, siendo la primera causa de reclamos entre los 
contribuyentes. Aspectos que no han sido superado por el Acuerdo 180 de 2005 y el Acuerdo 
398 de 2009 debido en parte, al desconocimiento del Acuerdo 7 de 1987 que exige de primera 
mano el censo predial, aspecto crucial para generar una valorización acorde a las realidades 
de la ciudad.  
 
Adicionalmente, se requiere un estudio a conciencia para no entrar en la discusión entre 
tributación y contribución, siendo esto el reflejo claro del desconocimiento de la razón de ser 
de la contribución por valorización, generando una trazabilidad que ha llevado a grandes 
confusiones, en donde, los únicos perjudicados son los contribuyentes y la ciudad, llevando al 
nefasto resultado de ni cobro ni obras, el IDU en los últimos años se ha dedicado más a 
devolver dineros que a ejecutar las obras bajo este concepto de contribución de valorización.  
 
Por ende, dentro de la amalgama de posibilidades que se originaron con el Acuerdo 180 
de 2005, también se dio el exabrupto de introducir en una gran bolsa todo el entorno 
urbanístico de la ciudad, sin tener claridad que se debe o no gravar, que obra beneficia o no a 
la ciudadanía, como con el sonado caso del Aeropuerto El Dorado (OPAIN).  
 
A este punto la contribución por valorización continúa siendo un problema sin resolver 
logrando con ello, entre otras cosas, la desnaturalización del concepto frente a todo lo 
sucedido. En este punto, la solución sería hacer una Ley sobre la contribución por 
valorización, que tenga en cuenta las particularidades de la ciudad. 
 
41 
 
Como se ha podido observar la contribución por valorización no puede seguir siendo 
manejada al arbitrio de unos pocos, y peor aun cuando en esta apuesta se han hecho cosas 
como proyectar obras como el metro de Bogotá, que abarcan futuras administraciones.  
 
Son tantas las circunstancias que se han desprendido de la situación en el recaudo de la 
valorización, que los escenarios actuales de la ciudad hablan por sí solos y que están en espera 
de una legislación menos discrecional para los entes territoriales y normatividad más 
específica y técnica en el asunto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 
 
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Vanegas, T. G. (2011). Guía para la elaboración de proyecto de investigación (3 ed.). 
Colombia. 
Vejarano, M. (2007). Movilización social de la valorización de la tierra: casos 
latinoamericanos. (CD-Rom). 
Villegas, H. (2002). Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. Argentina: 
Astrea. 
 
 Jurisprudencia  
 
Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil. (2002). Radicación No. 1469. 
Colombia. 
47 
 
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta. (2012). 
Radicación número: 25000-23-27-000-2007-00246-02(17835). Bogotá, D.C. 
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta. (2013). 
Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00024-02(18847). Colombia. 
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta. (2013). 
Radicación: 080012331000200700652-01 (18394). Colombia. 
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta. (9 de 09 de 
2013). Accion de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Radicado No. 
25000232700020090010501. Bogotá, D.C: Consejo de Estado. 
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta. (2014). 
Radicación No. 08001233100020080064501. Colombia. 
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda 
Subsección A. (2015). Radicación No. 1001-03-15-000-2014-02820-00. Bogotá, D.C. 
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrtivo Sección Cuarta. (2014). 
Radicación número: 25000-23-27-000-2010-00156-01(18661). Colombia. 
Contraloria de Bogotá. (2013). Radicación No. 2-2013-10158. Colombia: Contraloria 
de Bogotá. 
Corte Constitucional Sentencia C - 040. (1993). Colombia. 
Corte Constitucional Sentencia C - 155. (2003). Colombia. 
Corte Constitucional Sentencia C - 304. (2012). Colombia. 
Corte Constitucional Sentencia C - 525. (2003). Colombia. 
Corte Constitucional Sentencia C - 528. (2013). Colombia. 
Corte Constitucional Sentencia C - 903. (2011). Colombia. 
48 
 
Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá. (2010). Expediente No. 
11001333103920090017300. Bogotá, D.C. 
Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá. (2013). Expediente: 
110013333703920130005100. Bogotá, D.C. 
Juzgado 44 Administrativo del Circuito de Bogotá. (2011). Expediente: 
110013331044200900273-00. Bogotá, D.C. 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta Subsección B. (2010). 
Expediente: 2500023270002009-00105-01. Bogotá, D.C. 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta Subsección B. (2010). 
Expediente No. 09-00197-01. Bogotá, D.C. 
 
 Legales  
Alcaldía de Bogota. (2008). Proyecto de Acuerdo No. 635 de 2008. Bogotá, D.C. 
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2003). Exposición de motivos del proyecto de acuerdo "por 
elcual se autoriza el cobro de una contribución de valorización por beneficio local 
para la construcción de un plan de obras y se modifica el Acuerdo 7 de 1987. Bogotá, 
D.C: Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2007). Infraestructura vial V8. Formulación del plan maestro de 
movilidaad para Bogotá, D.C., que incluye ordenamiento de estacionamientos. 
Bogotá, D.C: Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2007). Memoria Técnica, distribución de la contribución de 
valorización por beneficio local. Acuerdo 180 de 2005. Fase 1. Sistema de moviliad. 
Grupo de obras 1 y 2. Bogotá, D.C: Dirección Técnica Financiera. 
49 
 
Acuerdo 180. (2005). Por el cual se autoriza el cobro de una contribución de valorización 
por beneficio local para la construcción de un plan de obras. Bogotá, D.C: Concejo 
de Bogotá, D.C. 
Acuerdo 25. (1995). Por el cual se autoriza el cobro de valorización por beneficio local para 
un conjunto de obras viales incluidas en el Plan de Desarrollo "formar ciudad" y se 
modifica el Acuerdo 7 de 1987. Colombia: Concejo de Santa Fe de Bogotá. 
Acuerdo 398. (2009). Por medio del cual se modifica el Acuerdo 180 de 2005 y se dictan 
otras disposiciones. Bogotá, D.C: Concejo de Bogotá. D.C. 
Acuerdo 7. (1987). Colombia: Concejo del Distrito Especial de Bogotá. 
Decreto 150. (1999). Por medio de la cual se reglamenta la Ley 388 de 1997. Colombia: 
Presidencia de la República. 
Decreto 1604. (1966). Por el cuoal se dictan normas sobre valorización. Colombia: 
Presidencia de la República. 
Decreto Ley 1421. (1993). Colombia: Presidencia de la República. 
Ley 134. (1994). Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación 
ciudadana. Colombia: Congreso de Colombia. 
Ley 25. (1921). por la cual se crea el impuesto de valorización. Colombia: Alcaldía Mayor 
de Bogotá. 
Ley 388. (1997). Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan 
otras disposiciones . Colombia: Congreso de Colombia. 
Ley 48. (1968). Por la cual se adopta como legislación permanente algunos decretos 
legislativos, se otorgan facultades al Presidente de la Repúblicca y a las Asambleas, 
50 
 
se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras 
disposiciones. Colombia: Congreso de Colombia. 
Ley 4a. (1913). Código de Régimen Político y Municipal. Colombia: Congreso de la 
República. 
Ley 57. (1887). Código Civil. Colombia: Legis. 
Ley 633. (2000). Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones 
sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se 
introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial. Bogotá: 
Congreso de Colombia. 
Ley 850. (2003). Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. . Colombia: 
Congreso de la República.