“EL ROL DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA EN EL POSCONFLICTO COLOMBIANO” RAFAEL AUGUSTO ESPINOSA LUENGAS FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA ENSAYO COMO OPCIÓN DE GRADO DIPLOMADO EN SEGURIDAD LOGÍSTICA Y COMERCIO INTERNACIONAL SGCS BASC “EL ROL DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD EN LA CADENA LOGÍSTICA EN EL POSCONFLICTO COLOMBIANO” PRESENTADO POR: RAFAEL AUGUSTO ESPINOSA LUENGAS Código: 0800477 DIRECTOR: PROF. JAVIER HERNANDO CONDE MESA Universidad Militar Nueva Granada – UMNG Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad Administración de la Seguridad y la Salud Ocupacional BOGOTÁ 2017 RESUMEN El siguiente ensayo es un estudio descriptivo, que permite comprender de manera teórica, las bases para formular alternativas de participación en la resolución de problemáticas sociales, económicas y culturales que existirán en el posconflicto colombiano, desde el enfoque propio de las organizaciones privadas que implementan programas de seguridad integral, especialmente los que permiten controlar riesgos en la cadena logística, ya que esta es una constante dentro de todas las organizaciones y así mismo es la integración de distintos procesos de negocio que comprenden aspectos internos y externos de la compañía, sus riesgos y sus stakeholders. Inicialmente se realizará una explicación de las diferentes figuras existentes de programas de seguridad para la cadena logística que las organizaciones privadas pueden adoptar en Colombia y su impacto en la manera en la que directa o indirectamente pueden aportar de manera positiva en el apoyo a la implementación de los acuerdos de paz para Colombia. Cabe recalcar que es de gran importancia entender que las organizaciones privadas en Colombia, tienen la opción voluntaria de adherirse a distintos programas de seguridad en la cadena logística para establecer sistemas de gestión y herramientas que les permitan realizar un control efectivo de los riesgos a los cuales se exponen de manera continua por la naturaleza de sus operaciones comerciales, Ya que estos programas de seguridad cambian de una manera radical la posición de cualquier organización privada ante otros actores de diversos trasfondos, este ensayo describe de la manera más completa posible las principales posibilidades y oportunidades de apoyo que dichas organizaciones podrían aportar a una paz real y duradera, enmarcadas dentro de la prospectiva existente para la seguridad de la cadena logística en el comercio internacional, utilizando acercamientos y enfoques diversos. Palabras Clave: Seguridad, cadena de suministro, conflicto interno colombiano, acuerdo de paz, riesgos, oportunidades. INTRODUCCIÓN Desde el mes de agosto del año 2012 se hicieron oficiales y públicos los acercamientos del Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP con el fin de buscar un acuerdo de paz que llevara a juntas partes al fin de un conflicto que se ha prolongado por más de cinco décadas y que ha influido de gran manera en la organización social, cultural, económica y política del país, dicho conflicto tiene como antecedentes y causas, un sinfín de problemáticas sociales y culturales que hasta hace poco se reconocían como bastante difíciles de resolver por su alta complejidad debido a los diferentes factores que la conforman y a lo intricado de sus dinámicas y su interrelación con la corrupción, la falta de educación y la ausencia de estado en algunas regiones del país. El reconocer que algunas de dichas problemáticas son de difícil tratamiento y resolución parece ya no tener totalmente una justificación lógica o un argumento de validez en la actualidad, debido a que se firmó la segunda versión de un acuerdo de paz que fue revisado, después de que a través de un plebiscito se rechazara la implementación de la primera versión de dicho acuerdo (Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 2016). Esta segunda versión, revisada y modificada para buscar una conciliación entre el acuerdo original y algunos intereses de sus opositores, tiene como fin y propósito último, la cesación de los hechos de violencia de los dos más grandes actores del conflicto armado colombiano, las Fuerzas Armadas de Colombia y el Grupo Armado Organizado (GAO) Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), y la creación de una paz estable y duradera a través del afianzamiento de un Gobierno fuerte en todo el territorio nacional, la formulación de políticas públicas para hacer frente a distintas problemáticas sociales y la construcción de los cimientos que darán inicio a una etapa que se ha denominado como posconflicto, que se define como un proceso histórico posterior a la firma del acuerdo de paz que garantiza la cesación del fuego entre los dos principales actores del conflicto previamente mencionados, siempre y cuando se cumpla con algunas concesiones y condiciones para las dos partes. En la anterior idea cabe recalcar que dicho proceso histórico traerá consigo múltiples retos y oportunidades para Colombia, pues al ser llevado a cabo, se espera que cada una de las soluciones planteadas tenga dificultades en su aplicación y que cada dificultad encontrada, a su vez, se convierta en una oportunidad de construir una estructura básica para la creación activa de paz por parte de la sociedad y para la sociedad. De acuerdo a lo anterior y entendiendo que la sociedad civil es conformada no solo por individuos sino también por organizaciones de distinta índole y que estas en la búsqueda de sus objetivos propios de las entidades privadas, también juegan papeles importantes en los intereses y en la esfera pública; es imposible idealizar cualquier solución positiva a nuestro conflicto, sin comprender que las organizaciones privadas deben ser incluidas, pues serán fundamentales en el apoyo a la resolución de las causas del conflicto, a la reparación de las víctimas y a la no repetición de los hechos de violencia del mismo o las causas que lo originaron en un principio, teniendo en cuenta que el sector privado se vio en algunas ocasiones involucrado directa o indirectamente en dichas causas y hechos de violencia. El mencionado papel fundamental de apoyo a la resolución del conflicto puede ser llevado a cabo de distintas maneras como lo podrían ser la responsabilidad social empresarial (RSE), la transparencia corporativa a través de programas que busquen evitar la materialización de riesgos como el lavado de activos y la financiación del terrorismo y de la criminalidad (LAFT), el desarrollo del talento humano con fines de crear valor en los agentes interesados, el emprendimiento con fines sociales y por supuesto, a través de los distintos programas de seguridad en la cadena logística, a los cuales las organizaciones pueden acceder para implementar sistemas de gestión que les permitan identificar, analizar y establecer tratamientos y controles para los distintos riesgos que el contexto colombiano posee para quienes desean explotar las grandes oportunidades de negocio existentes en él y porque no, buscar alternativas de participación que les permitan durante la implementación de dichos programas, hacer parte de la construcción de bases para que la sociedad pueda subsanar las causas del conflicto armado colombiano. El aprovechamiento ético de dichas oportunidades de negocio es la causa que justifica la realización de este ensayo, pues la iniciativa que debemos emprender como sociedad, es buscar los puntos en común de distintos puntos de vista que nos permitan fortalecer la seguridad y la confianza de la economía del país, sin dejar de lado asuntos tan importantes como la productividad, el desarrollo y el fortalecimiento de Colombia como estado. Dentro de esta búsqueda se han forjado iniciativas y programas como la certificación BASC brindada por la World BASC Organization (WBO), la autorización como Operador Económico Autorizado – OEA brindada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Policía Nacional de Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la certificación en ISO 28000 brindada en Colombia por varios entes privados como Bureau Veritas, Asociación de Empresas Seguras (AES) y otras; el código internacional PBIP/ISPS Code (Protección de buques e instalaciones portuarias) cuyo organismo autorizado para su implementación en Colombia es la DIMAR (Dirección General Marítima) y la certificación TAPA (Transported Asset Protection Association). Todos los programas anteriormente nombrados, son las modalidades más reconocidas de programas de seguridad en la cadena logística pues debido a su efectividad y capacidad de adaptación, tienen como fin el garantizar la seguridad y la facilitación de las operaciones de comercio exterior, fortaleciendo las cadenas de suministro con el fin de hacerlas más eficientes y seguras y garantizando la trazabilidad y la transparencia de las operaciones logísticas; al hacer esto las organizaciones pueden acceder a ciertos beneficios que actores públicos o privados conceden a quienes voluntariamente han decidido cumplir con los estándares mínimos requeridos, a continuación analizaremos algunos de estos programas para comprender su posible desarrollo, sus efectos más probables y las consecuencias que estos tendrían en el marco del proceso histórico del posconflicto colombiano. Así mismo existen otras herramientas que apoyan la gestión de las organizaciones privadas en la consecución de sus objetivos de seguridad, cómo lo es el estándar ISO 31000 Principios y Directrices para la gestión del Riesgo y el estándar ISO 22301 Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio, las cuales se pueden describir como 2 herramientas que permiten crear organizaciones resilientes a situaciones de crisis de cualquier naturaleza y lograr sobreponerse a las dificultades que existen en el ecosistema empresarial moderno, convirtiéndose en herramientas que permiten comprender los riesgos existentes y garantizan que los procesos de toma de decisiones sean más informados y certeros a la hora de involucrarse en iniciativas que impactarían de manera positiva en el posconflicto pero que traerían consigo algunos retos inherentes a su aplicación y puesta en marcha. Vale la pena aclarar que este ensayo se basa en el reconocimiento de la realidad presente del comercio internacional y de la seguridad en la cadena logística como base para explorar alternativas futuras que puedan convertirse en herramientas de apoyo al posconflicto y no en aseveraciones o en juicios de valor, ya que en el desarrollo de la labor investigativa mediante la cual se construyó este ensayo, se buscó la mayor objetividad posible para la temática propuesta. Así mismo se desea reconocer la relación que existe entre diversos factores microeconómicos y macroeconómicos y las organizaciones privadas que pueden buscar más seguridad en sus cadenas logísticas y crear valor al tener una responsabilidad social y una ética empresarial en la interacción con sus actores interesados (stakeholders). Es así como el objetivo de este ensayo es realizar un estudio descriptivo que nos permita proponer alternativas de participación en la resolución de problemáticas sociales desde el enfoque propio de las organizaciones privadas mediante la implementación de diferentes programas de seguridad integral, motivo por el cual se analizará específicamente a la cadena logística, por ser esta una constante dentro de cualquier organización y la integración de distintos procesos de negocio clave. Inicialmente para alcanzar este objetivo conoceremos las características principales y más relevantes de los distintos programas de seguridad en la cadena logística de comercio internacional que se encuentran disponibles en Colombia. De manera seguida analizaremos la prospectiva que el gobierno colombiano tiene para afianzar iniciativas de trabajo conjunto entre el sector público y privado para la búsqueda de una mayor competitividad y desarrollo del comercio internacional, comprendiendo que la principal iniciativa llevada a cabo es el nuevo estatuto aduanero (Decreto 390, 2016) que busca actualizar la legislación aduanera colombiana de acuerdo a las mejores prácticas internacionales en materia de fortalecimiento aduanero, gestión del riesgo en las aduanas y fortalecimiento tecnológico y técnico y que es por esto que dicho estatuto se considera fundamental para tratar las temáticas que se comprenden en este ensayo, ya que nos permite buscar de una manera más clara, legal y objetiva; distintas oportunidades de enlace y apoyo que la empresa privada podría llegar a tener con el proceso de implementación del acuerdo de paz. Por último y como resultado del estudio realizado, se analizará la incidencia, impacto y/o relación de las organizaciones privadas con el espacio geográfico, la población y los factores económicos locales a los cuales afectan directa o indirectamente y explicaremos las oportunidades más relevantes mediante las cuales los programas de seguridad en la cadena logística de dichas organizaciones podrían aportar valor, al generar cambios e impactos positivos mediante los cuales se pueda apoyar al estado colombiano en la resolución de distintas problemáticas sociales, económicas y culturales. Características principales de los distintos programas de seguridad en la cadena logística de comercio internacional en Colombia Colombia atraviesa hoy en día uno de los procesos más importantes de su historia después de su independencia en 1810, este proceso debido a su naturaleza, se puede entender como el inicio de una etapa de renacimiento y reconcepción de sí misma como territorio y como Estado, ya que se busca pacificar un territorio que ha sido transformado en todos sus sentidos por un conflicto político-económico de larga duración, dicho proceso es el proceso de paz que el estado colombiano ha decidido llevar a cabo con una de las guerrillas de izquierda revolucionaria más antiguas y poderosas de América del Sur; y aunque los resultados divulgados hasta el momento no hayan sido del todo claros y evidentes, vale la pena aclarar que actualmente, dicho proceso se encuentra en la etapa más incipiente de su desarrollo y que a pesar de esto, algo de lo que se puede estar seguro es de que traerá la oportunidad de implantar cambios y de re-escribir la manera en la que se dirigen actualmente muchos asuntos por parte del Gobierno, y que esto a su vez permitirá afianzar las bases para garantizar la estabilidad de una paz, que por décadas se veía como imposible de lograr y mantener a través del tiempo. El conflicto que se está buscando resolver a través del proceso de paz ha caracterizado a Colombia como un país violento e inestable políticamente y esto a su vez ha impactado de manera negativa algunos sectores, entre ellos el sector productivo e industrial, generando incertidumbre y temor de parte de otros países y organizaciones que han deseado buscar oportunidades de inversión de capital en proyectos de los sectores de producción primario y secundario. Es por ello que para hacer frente a estos retos de la economía moderna y para buscar maneras de mitigar los efectos de la inestabilidad política mencionada anteriormente que caracteriza actualmente a Latinoamérica, hoy en día existen algunas estrategias para reducir la incertidumbre y proteger la industria y el comercio de cualquier acto asociado con el conflicto o la criminalidad que pueda causar pérdidas en las organizaciones, ya sean estas tangibles, intangibles e incluso reputacionales. Entre estas estrategias se encontró la implementación y el fortalecimiento de la seguridad en la cadena logística como medio de control y aseguramiento de la integridad de las cargas de origen a destino, comprendiendo que para muchas organizaciones privadas la protección integral de la cadena de suministro que moviliza sus bienes es esencial para su gestión en el control de pérdidas. La seguridad de la cadena logística en Colombia se basaba hasta hace algunos años, para la mayoría de las organizaciones, en las mejores prácticas halladas por cada una de ellas para transportar cargas de manera segura mediante el uso de medios de transporte en su mayoría terrestres (CEPAL, 2013), esta ausencia de un estándar y de un marco de referencia que permitiera a las organizaciones dirigir esfuerzos y recursos de manera estructurada en pro de una mayor competitividad, de lograr el desarrollo de programas de seguridad capaces de intervenir en los riesgos de un entorno criminalmente hostil y de buscar mejores relaciones comerciales que generaran mayores ingresos y por ende una mayor rentabilidad, se materializó en la incapacidad de emprender una búsqueda organizada y unida de sectores productivos para compartir experticia, información, establecer mejores prácticas colectivamente y aprender de casos de éxito y fracaso, para poder así profesionalizar el conjunto de labores que de una manera básica, buscaban mantener la integridad de mercancías a través de entornos que poseían riesgos como la piratería terrestre, la falsificación, el contrabando, el robo de mercancías y vehículos y otros hechos de violencia que ponían en riesgo activos y vidas humanas. Para el día de hoy la cadena logística de distintos sectores productivos en Colombia ha sufrido grandes cambios que han sido generados debido a las crecientes necesidades existentes en materia de eficiencia, control, trazabilidad y seguridad, pues tan solo el transporte terrestre, que representa la modalidad de transporte más usada en Colombia, moviliza el 71% de la carga nacional y el 3% de la carga internacional, el resto se distribuye en otras modalidades como la marítima, la aérea y la férrea (ANIF, 2016). Dichos cambios han tenido un impacto considerable en la competitividad de las organizaciones privadas, que al poder demostrar que existen estándares de seguridad tangibles y validados internacionalmente, han podido establecer relaciones comerciales con otras organizaciones que son conscientes de los riesgos existentes en el contexto latinoamericano y así mismo han podido establecer relaciones con los gobiernos de distintos países, que al comprender el compromiso existente de organizaciones privadas con la seguridad, les han entregado niveles de confianza que les permiten ser eximidos de requisitos que antes se consideraban obligatorios y ganar una serie de beneficios que en el largo plazo se ven reflejados en ahorro de recursos y tiempo y en un significante aumento de la eficiencia operacional. Así mismo se ha enlazado la gestión de cadenas logísticas seguras y eficientes con la gestión de la continuidad del negocio, garantizando que a pesar de las dificultades o inconvenientes, e incluso a pesar de las interrupciones en las operaciones misionales o de apoyo de una organización, se pueda garantizar que los recursos, el personal, los procesos y procedimientos y la información sean recuperados de la manera más rápida posible y que la puesta en funcionamiento de un sistema se lleve a cabo sin demoras excesivas que puedan repercutir en la sostenibilidad y la supervivencia de una organización, y aunque parece obvio, vale la pena hacer hincapié que este es el fin último de la gestión de la continuidad del negocio, enfocándose en prevenir y fortalecer la capacidad de recuperación de los sistemas que componen una organización en caso de que existan eventos adversos que puedan poner en juego algún activo o proceso estratégico y facilitar la creación de medidas que brinden resiliencia y capacidad de adaptación a los continuos cambios del mundo moderno (BSI, 2016). La exención de requisitos y la facilitación de las operaciones de comercio exterior al pasar por aduanas extranjeras, así como el aval de seguridad brindado por parte de organizaciones internacionales y por otros gobiernos han sido de especial importancia para el comercio internacional colombiano, ya que solamente en enero de 2017 se ha evidenciado un aumento del 68% en las exportaciones de productos, sub-productos y materias primas de tipo combustibles y provenientes de la minería con respecto a enero del año 2016 (ver Anexo A) (DANE,2017), movilizando aproximadamente un total de 2.614 millones de pesos (Valor FOB), así mismo las importaciones se han mantenido en la misma proporción relativamente al movilizar aproximadamente 2.700 millones de pesos (Valor CIF), siendo los bienes importados más relevantes los vehículos, las autopartes y los productos farmacéuticos (Ver Anexo B) (DANE,2017), esto es un 0.8% más que lo importado en el mes de enero del año 2016, lo que muestra que las importación se mantienen constantes y no ha existido una desaceleración o aceleración en cuanto a su flujo. Los cambios que anteriormente ha sufrido la cadena logística, han traído consigo algunos retos que vale la pena mencionar, pues estos de algún modo han logrado articularse con otras problemáticas, dichos retos entre los cuales se encuentra la desaceleración del año 2015 del sector transporte con respecto al año 2014 (ANIF, 2016), que existió debido a los constantes paros de actividades de transportadores terrestres y productores de insumos y productos agrícolas, a la ausencia de políticas y medidas que lograran dinamizar el sector agrario y activar la explotación del campo y a la constante inseguridad que aún existe para la industria y el comercio en distintos departamentos del país, han contribuido a que se haga más que necesario un fortalecimiento constante de la seguridad en las organizaciones privadas. Este interés de fortalecer la cadena logística no es solamente propio de las organizaciones privadas, pues la Organización Mundial de Aduanas (OMA), un ente internacional que busca regular y dictar lineamientos a los distintos organismos de aduanas de un conglomerado de países, posee dentro de sus objetivos estratégicos la promoción de la seguridad y la facilitación de las mercancías en su paso por las aduanas y la simplificación y armonización de procedimientos de entrada y salida de las mismas a distintos países, así mismo tiene como objetivo la protección de la sociedad, la salud pública y la seguridad de las personas (OMA, 2016), dándonos un camino de entendimiento de porque existen los programas de seguridad y cuál es el propósito y función de estos en las sociedades en las cuales se implementan. Otro de los motivos que han influido en el contexto colombiano es la intención de convertirse en un país miembro de la OCDE (Presidencia de la República, S.F), lo cual ha despertado interés en realizar distintas reformas para promover el crecimiento y la competitividad de Colombia en relación con la región y con el mundo entero, así como también en lograr algunos avances en materia diplomática, pensional, salarial, de justicia y penal e incluso comercial y por supuesto también ha servido como justificación y argumento lógico ante las organizaciones privadas, para justificar los resultados tanto positivos como negativos que traerá la puesta en marcha de los acuerdos del proceso de paz que actualmente atraviesa Colombia. Esto es de especial importancia entendiendo que la armonización de los estándares locales de seguridad en la cadena logística con los estándares de la OMA se consideran como un potenciador de acceso a los mercados globales debido a los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM), en los cuales distintos programas de seguridad en la cadena logística avalados por una aduana nacional, son compatibles y equivalentes con los de otros países y por esta razón les es otorgado el beneficio de la homologación mediante la aplicación de estándares equivalentes en materia de seguridad que se llevan a cabo en el manejo de cargas que tendrán como destino el comercio internacional. Prospectiva del gobierno colombiano para el afianzamiento del trabajo conjunto con el sector privado para la productividad y el desarrollo Las organizaciones privadas en su propio interés y con la intención de alinearse a políticas internas y externas, tanto internacionales como nacionales que les permitan cumplir con sus objetivos estratégicos, han formulado una serie de herramientas que han mostrado ser efectivas ante los riesgos que el contexto colombiano posee para sus industrias y sectores económicos. Dichas herramientas han sido ideadas para enfrentar de una manera lógica y estructurada delitos de alto impacto para la industria los cuales se encuentran tipificados en el código penal colombiano como el hurto de mercancías y activos de la compañía, la extorsión, el daño en bienes ajenos que se puede entender como un sabotaje de las operaciones, el secuestro de personas y mercancías y la infiltración de estructuras criminales dentro de la organización privada, entre otras, así mismo también enfrentar delitos contra los derechos patrimoniales y contra el orden económico social cómo la falsificación, el contrabando y el lavado de activos, delitos tipificados en la Ley 599 de 2000, por la cual se expide le código penal colombiano (Ley 599, 2000). Estas herramientas que mediante caminos estructurados y lógicos buscan enfrentar las actividades criminales anteriormente mencionadas, han encontrado su materialización en la creación de directrices y lineamientos para la gestión del riesgo como las existentes en la Norma ISO 31000, la norma ISO 28001, en la norma BASC V4 2012 y en la delineación de requisitos mínimos como los que podemos encontrar en los estándares de seguridad BASC V4 2012, o en la resolución 15 del 17 de febrero de 2016 que brinda lineamientos claros y precisos para lograr el mínimo estándar requerido para acceder a la categoría OEA Seguridad y Facilitación para Exportadores por parte de la DIAN, componiéndose como la primera iniciativa gubernamental para establecer cadenas de suministro seguras (Ver Anexo C). Otra de las respuestas que las organizaciones privadas han emprendido para realizar un control de riesgos es crear plataformas, asociaciones y grupos de colaboración como el Consejo de Empresas Americanas (CEA), la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y los distintos frentes de seguridad conformados para ofrecer herramientas e información para realizar una gestión de riesgos basada en la datos objetivos y de valor, ya que al reunirse para compartir experiencias y capacitarse en temáticas de relevancia como la prevención de delitos financieros, y la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT) se fortalece la capacidad de respuesta de las organizaciones frente a sus problemáticas. Completando la idea anterior, las organizaciones han decidido crear frentes de seguridad con el acompañamiento de las autoridades mediante los cuales puedan establecer esfuerzos conjuntos para poner en marcha estrategias para reducir la ocurrencia o el impacto de riesgos de seguridad. Por último, hoy en día existen algunas entidades que se han encargado de formular estándares y normatividad que pueda servir otras organizaciones para gestionar sus riesgos específicos como los programas BASC (Business Alliance for Secure Commerce), Container Security Initiative (CSI), Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) también llamada International Ship And Port Security Code (ISPS) de la International Maritime Organization (IMO), Customs- Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT), Authorized Economic Operator (AEO-OEA) y la International Standard Organization (por sus siglas en inglés ISO) en su estándar para la seguridad de la cadena logística ISO 28000 entre otras. Todos estos programas están disponibles para quienes deseen seguir sus prácticas y así establecer lazos de confianza comercial que permitan formar relaciones a largo plazo, fortaleciendo la economía del sector y del país del cual haga parte la organización que ha decidido adherirse. Dichos estándares comprenden estrategias, medidas y estándares para entornos específicos, como por ejemplo el código PBIP/ISPS Code que busca proteger instalaciones portuarias de transporte fluvial y marítimo de actos de interferencia ilícita que han tenido una constante evolución en el tiempo y que son los principales factores de riesgo en materia de sabotaje e interrupción de operaciones logísticas portuarias en entornos marítimos y fluviales (DIMAR, 2015). El gobierno colombiano al expresar su intención de adherirse a la OCDE y al decidir emprender un proceso de paz que busca una pacificación del territorio para garantizar condiciones apropiadas para el crecimiento del comercio y la inversión, ha emprendido iniciativas estructuradas y tangibles a través de algunas figuras que tienen como fin el apoyo al aseguramiento de la cadena logística. Alguna iniciativas que se encuentran en marcha hoy en día como el FSE-DIJIN, (El Frente de Seguridad Empresarial DIJIN), que enlaza al sector privado con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional Colombiana, buscan fortalecer y estrechar los lazos de cooperación entre el gobierno representado por las autoridades de policía y el sector privado de manera que puedan llegar a desenlaces provechosos en investigaciones conjuntas, capacitación con profesionales de ciencias policivas y la creación de informes de información relevante para los integrantes de dicho frente; adicional a esto existe la iniciativa del Operador Económico Autorizado (OEA), la homologación del programa de seguridad que autoriza y acompaña el organismo de aduanas estatal, la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (DIAN), que tiene como propósito el ser reconocido como un eslabón de la cadena de suministro “confiable”, esta iniciativa se encuentra abierta para todas las empresas que deseen acceder a ella independientemente de su tamaño o de su naturaleza; en la actualidad existe la implementación de OEA para las organizaciones interesadas en implementar los requisitos para exportadores y para importadores, brindando así la posibilidad de participar en el comercio internacional desde Colombia de una manera segura y competitiva. Dicho programa OEA es la homologación del varios programas internacionales de seguridad como lo son el programa Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) de la organización de aduanas estadounidense Customs and Border Protection (CBP), Authorized Economic Operator (AEO) en la Unión Europea y Operador Económico Confiable (OEC) en Argentina, estos, entre muchos otros países que han decidido emprender con éxito la búsqueda de cadenas logísticas más seguras y eficientes. Debido a que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) es el organismo encargado de la autorización del programa OEA en Colombia y de que el programa fue autorizado desde el año 2011 mediante el Decreto 3568 por el cual se establece el Operador Económico Autorizado en Colombia (Decreto 3568, 2011), la construcción de las bases mediante las cuales el sector privado puede acceder al programa se encuentra en formación y estructuración constante y aún quedan muchas aclaraciones que deben ser realizadas por parte del Estado para asegurar que se brinde un acompañamiento al sector privado en la autorización como OEA. Cabe resaltar que imaginar un futuro promisorio para la economía colombiana con la implantación del acuerdo de paz, no es posible si no se construye con el trabajo del sector privado, este a su vez deberá caminar de la mano del gobierno para buscar los reales beneficios que la seguridad y la confiabilidad traen para las cadenas logísticas de las organizaciones productivas públicas y privadas de una economía emergente como la colombiana. Actualmente los programas de seguridad que se encuentran disponibles para las organizaciones privadas en Colombia han sido enfocados en el tratamiento de riesgos que se pueden materializar en las principales actividades delictivas que afectan las cadenas logísticas latinoamericanas; dichas actividades pueden ser el narcotráfico, el lavado de activos, el terrorismo, la piratería terrestre, el robo de mercancías, activos o información, la infiltración de estructuras criminales dentro de la organización, entre otros; estas acciones han sido modalidades delictivas existentes en el contexto colombiano desde mucho antes de que existieran organizaciones enfocadas en crear programas de seguridad en la cadena logística y en la industria. Por este motivo es que la naturaleza de la implementación de los programas de seguridad actualmente se concentra en hacer frente a las actividades delictivas anteriormente nombradas, sin que las organizaciones que han implementado estos programas puedan participar en la búsqueda de herramientas de prevención del delito y de idear estrategias de tratamiento de las causas de las actividades delictivas que los aquejan y afectan de manera directa e indirecta. Vale la pena aclarar que la responsabilidad de atacar y prevenir el crimen, garantizar condiciones seguras para el comercio y la industria y fortalecer los mecanismos que permiten que esto sea sostenible, es del Estado colombiano, a través de su rama legislativa y de sus organismos de control, pero el deber de contribuir desde su posición a que estas iniciativas se lleven a cabo es responsabilidad de todos los ciudadanos y habitantes del territorio colombiano y por todas las organizaciones que se establezcan en su suelo, por ende las empresas privadas tienen el deber moral y legal de buscar herramientas para brindar apoyo y soporte a las actividades que el Estado debe realizar en cumplimiento de sus funciones como garante de condiciones apropiadas para el crecimiento económico y la evolución social de Colombia. La anterior idea se puede entender como que debe existir un enfoque más completo en la protección contra la materialización de riesgos por parte de las organizaciones colombianas debido a la falta de actividades encaminadas a la prevención, pues no solo se busca evitar que se materialice un delito, sino también de desarticular la dinámica que permite su re-ocurrencia y en lo posible debe buscar adicionalmente, aislar los componentes de la estructura social y cultural que favorecen la existencia del delito contra la economía, la industria y la productividad. Aunque podríamos concebir a todos los programas de seguridad en Colombia como iniciativas aún en formación y continuo cambio, un enfoque de responsabilidad social y de apoyo e involucramiento a las actividades que el Estado ha dispuesto para la prevención del delito y el tratamiento de las causas de las actividades delictivas (UNODC, 2011), se hace necesario, debido a que los programas de seguridad de las entidades privadas se encuentran actualmente enfocados en destinar muchos de sus recursos en la protección de manera activa y directa ante actividades delictivas, lo cual se ha convertido en un esfuerzo que no conlleva a nada sino a un “círculo vicioso” en el cual no se fomenta ni se construyen mejores condiciones para el comercio o para la economía colombiana; por el contrario un enfoque preventivo y enfocado al tratamiento de causas y factores básicos favorecedores del crimen se hace necesario, ya que esto permite generar conocimiento y experiencia para compartir, generar mejores condiciones para la productividad y el desarrollo y fortalecer las cadenas logísticas al hacerlas más efectivas, tratando no solo los factores intrínsecos de la seguridad en la cadena logística sino los factores extrínsecos de la misma. Características del posible impacto que generarían las organizaciones privadas a sus stakeholders en el posconflicto Los programas de seguridad en la cadena logística deben reconocer su propia capacidad de generar cambios para el entorno en el que desarrollan sus operaciones y para impactar de manera positiva en las poblaciones que afectan de manera directa o indirecta. El reconocimiento de esta capacidad les brindará la posibilidad de formular estrategias para la prevención del delito y para desarticular las condiciones que favorecen las actividades criminales (PONAL, 2010). La creación de lazos aún más estrechos entre el sector público y el privado podrían traducirse en mejores estrategias para atacar problemáticas del contexto colombiano debido a que hay actividades criminales que han ganado complejidad y participación dentro del sector industrial, y estas han logrado afectar de manera sistemática las organizaciones, al incluir el robo de mercancías, la falsificación, la adulteración y el contrabando. De acuerdo a las anteriores ideas, las organizaciones privadas podrían tomar enfoques más tangibles para participar en el fortalecimiento y aseguramiento de la cadena de suministro de distintos sectores como el agrícola y el minero, ya que el primero es uno de los puntos más relevantes del Acuerdo de Paz firmado y el segundo, uno de los motores de desarrollo económico y bienestar social que el Plan de Desarrollo ha contemplado del 2014 al 2018; siempre y cuando se controlen los riesgos inherentes de las actividades que lo componen, pues actualmente este sector se encuentra ligado a la minería ilegal, a su criminalidad asociada, el lavado de activos, al tráfico de armas y la financiación del terrorismo. En el caso del sector agrícola, actualmente existe un subdesarrollo y un aprovechamiento de la tierra deficiente, que podría ser potenciado por cadenas de suministro más eficaces, debido a su alto estándar de seguridad y a los beneficios de facilitación de las distintas aduanas de otros Gobiernos, manejadas por empresas que sean capaces de competir en el mercado agrícola internacional y que dinamicen las actividades del campo convirtiendo espacios “infértiles” e improductivos, en plataformas de desarrollo y generación de recursos. Así mismo muchas empresas podrían jugar un papel que se menciona en el Acuerdo de Paz, el cual es la Asistencia Técnica por parte del Estado, que puede ser potenciada por las organizaciones privadas, si estas se disponen a compartir su experticia y sus recursos, en apoyo al posconflicto, con el incentivo de que a partir de dicha asistencia, se genere valor y una mejor reputación y estas a su vez generen ingresos para la compañía al participar en iniciativas de cambio social, de interés para su público objetivo. Los programas contra el consumo de alcohol y drogas que existen como requisito en el estándar OEA (ver Anexo C, decreto 15 de 2016, Art. 4, numeral 9.3), también ganan relevancia en el posconflicto, pues permiten atacar una de las principales causas del narcotráfico y los delitos asociados a este, ya que el consumo es realmente el inicio y el fin de la generación de demanda de sustancia ilícitas y controladas; y contra las cuales se deben establecer controles para mantener entornos productivos, seguros, confiables y libres del consumo de drogas, que directa o indirectamente puede incidir de manera negativa en las organizaciones. Una de las iniciativas del Acuerdo de Paz, es la consolidación de una presencia y una acción del Estado en todo el territorio nacional, debido a que en el pasado, debido a la complejidad de la geografía colombiana, al Gobierno de tendencia centralista, al conflicto y a otras problemáticas de diversa índole, muchas áreas fueron desamparadas y abandonadas por las instituciones gubernamentales; una muestra de esto se puede observar en el descontento causante de los recientes paros indígenas, agrarios y de regiones y etnias. En estos escenarios, las organizaciones privadas pueden servir como barreras contra la ilegalidad, ya que en diversas áreas, que usualmente son las más productivas de Colombia (Valle del Cauca, Urabá Antioqueño, Buenaventura, Barranquilla, Llanos orientales y las áreas ganaderas y agrícolas del norte del País), se encuentra la influencia de actividades criminales que de manera ilícita utilizaron y aún utilizan medios violentos para desplazar poblaciones y crear terrenos aptos para la explotación económica y que utilizan el lavado de activos como medio para hacer pasar como legítimos sus ingresos producto de delitos. Estas barreras serían creadas por la implantación de programas de la cadena de suministro, pues esto aumenta la brecha que existe entre organizaciones aliadas con la legalidad y las que se encuentran opuestas a la misma y que incluso podrían estar favoreciendo el crimen en sus cadenas de suministro, ya que con una implementación efectiva de un programa de seguridad en la cadena de suministro, cualquier organización estaría en la condición de establecer controles, permitiendo proteger sus organizaciones contra actividades criminales y garantizando su fortalecimiento y la reducción de vulnerabilidad. La creación de barreras contra la ilegalidad facilita y permite formar una base sólida para fortalecer la presencia del estado en el territorio nacional, acercando la gestión gubernamental para que se vea reflejada en programas de educación, sostenibilidad, salud e infraestructura, necesarios para la creación y el mantenimiento de la paz y la productividad. Es importante así mismo articular programas de administración de recursos humanos con programas de seguridad, ya que a pesar de ser considerado por muchas organizaciones como un riesgo, la contratación de víctimas del conflicto o de participantes del mismo, puede llegar a ser de gran provecho de acuerdo al contexto especifico en el cual se lleven a cabo operaciones comerciales y logísticas en el cual se encuentren los stakeholders, sin que esto suponga un problema, ya que por el contrario, la inclusión de poblaciones vulnerables podría contribuir a que quienes hayan cometido delitos, no se conviertan en criminales reincidentes y que quienes hayan sido víctimas del conflicto armado, puedan salir adelante de su condición de vulnerabilidad, a través de la capacitación y el desarrollo que se les pueda brindar. Lo anterior toma importancia al comprender que como toda otra iniciativa del estado, la seguridad en la cadena de suministro debe establecerse de acuerdo a las directrices existentes en materia de tolerancia, inclusión y derechos humanos, pues sin estos, sería impensable llevar a cabo cualquier proceso de pacificación. Las anteriores iniciativas y enfoques empresariales para afrontar el posconflicto podrían contribuir a la creación de una marca y a la protección de la misma, fortaleciendo el valor creado a través del goodwill, ya que estas brindan oportunidades inexploradas para muchas empresas que no han obtenido hasta el momento, factores diferenciales para posicionarse en diferentes mercados con hábitos de consumo cada vez más exigentes y conscientes del impacto de sus aportes como consumidores. El intercambio y las relaciones comerciales entre regiones y países genera prosperidad y mantiene las dinámicas sociales, culturales y sociales activas, de manera que se protege a si misma contra la degradación que favorece la criminalidad y el delito, esto significa que, el comercio y el libre mercado, fortalece la democracia y la creación y el mantenimiento de la paz en donde antes hubo conflicto (Montesquieu, 1748). Esta idea contribuye a comprender que el comercio y las cadenas de suministro transportan no solo recursos de entes privados, que se encuentran aislados de su entorno, sino también desarrollo, conocimiento, paz y oportunidades; que se podrán adquirir más fácilmente, si se reconoce a las organizaciones como fuentes generadoras de las mismas por parte del gobierno, con el fin de generar proyectos para potenciar su efecto positivo en la sociedad. Las aduanas, como entes gubernamentales encargados de recaudar los impuestos de las operaciones comerciales internacionales y reguladoras de mercancías que puedan poner en riesgo la salud pública, la seguridad nacional y la productividad, requieren un apoyo de parte de las organizaciones privadas para que estas puedan enfocar mejor sus recursos humanos, financieros y materiales, permitiéndoles crear a través de programas de seguridad en la cadena de suministro, nuevas herramientas para la creación de perfiles de riesgo, clasificación de mercancías y enrutamiento y análisis de operaciones comerciales que puedan presentar una amenaza, por esta razón es esencial el apoyo y estrechamiento de los lazos entre entes públicos y entes privados en la consecución de cadenas de suministro seguras y eficientes. Algunas de las soluciones adicionales que se pueden formular, es el emprendimiento de un enfoque de creación de plataformas de comunicación y reporte en tiempo real de incidentes de seguridad que se presenten, para así generar informes estadísticos en tiempo real, para reconocer tendencias y situaciones comunes, con el fin de buscar oportunidades de acción para la prevención y el tratamiento de las actividades delictivas, atacando las raíces del problema y generando conocimiento científico acerca de las problemáticas que afectan la seguridad en la cadena de suministro y la productividad. Otra de las soluciones podría ser el compartir la experticia y experiencia que poseen distintas organizaciones en campos como el transporte, la salud, la explotación de recursos, el sector de los servicios, etc. Para buscar capacitar a las autoridades judiciales, de Policía y sanitarias, entre otras; y así fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante los delitos contra el patrimonio y la operación de la industria y el comercio. De igual manera el enfoque social que podrían tener las empresas y los programas de seguridad en conjunción con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) podría develar oportunidades de acción en el trabajo con comunidades marginadas y con entornos que favorecen la pobreza y el crimen, dichas oportunidades podrían enfocarse en atacar las causas estructurales de estos flagelos, creando estrategias y medidas para reducir la falta de educación y de oportunidades de productividad para de elevar su calidad de vida, teniendo en cuenta de que, en caso de no ser tratar a tiempo dichas causas, se convertirán de gran manera en los principales focos y factores generadores de riesgo para la sociedad y por ende para las organizaciones privadas. Por lo anterior, no es un misterio que las zonas industrializadas y de explotación económica, aeroportuaria o férrea, deterioran y desvalorizan los entornos residenciales en los cuales se encuentran, siendo necesario buscar la manera de que la población afectada por dichas consecuencias, encuentre en medio de las desventajas existentes, beneficios tangibles a largo plazo, como la oportunidad de vincularse con las organizaciones privadas que inciden en un área geográfica definida para acceder a empleos relevantes y a oportunidades de educación laboral. De igual manera otra opción a tomar por los programas de la seguridad en la cadena logística es la inversión en investigación en seguridad, fomentando el desarrollo de nuevos dispositivos de seguridad, nuevos programas de atención a las comunidades y nuevos protocolos de seguridad para hacer frente a los retos del posconflicto. Finalmente, deseo poner en consideración que existe una gran tendencia tanto nacional, como mundial, de crear empresas socialmente responsables y/o con enfoque social, siendo diferente a las organizaciones que dentro de sus funciones han decidido incluir un programa de responsabilidad social empresarial, ya que a diferencia de estas, las empresas socialmente responsables y/o con enfoque social han decido hacer del bienestar social una prioridad orgánica y un pilar del fundamento de la organización misma, sin que esto debilite la capacidad productiva y sin dejar atrás la misión que todas las organizaciones con ánimo de lucro poseen que es convertirse en generadores de riqueza. Estas empresas también pueden acceder a los programas de seguridad en la cadena logística y es de recalcar y enfatizar en que su aporte sería de gran provecho, ya que con mejores estándares de producción, de consecución de materias primas y de administración del talento humano, las organizaciones podrían contribuir a disminuir la brecha social existente y convertirse en generadores de riqueza no solo con recursos financieros sino al reconocer la pobreza como un conjunto de factores sociales, históricos, culturales y políticos que tienen soluciones y que pueden ser compatibles con el logro de los objetivos estratégicos organizacionales. Para hacer un pequeño énfasis en como las ideas nombradas podrían aplicarse, vale la pena mencionar que en Abril de 2016 el Ministerio de Minas y Energía divulgó una nueva política minera para Colombia (MINMINAS, 2016), esto se ha visto materializado en el hecho de que ha existido un gran afán por atacar la minería ilegal, la cual se tipifica como un delito que usualmente desarrollan bandas criminales que también atacan de manera sistemática y organizada, la industria, el comercio y la productividad. Podríamos señalar por estos indicios, que en la próxima década el sector extractivo estará enfocado en explotar recursos minerales del subsuelo de gran valor y que en este sector podrían encontrarse grandes oportunidades de cambio y desarrollo de nuevas estrategias de seguridad basadas en la acción preventiva sobre el entorno, dejando atrás el enfoque inmediatista y reactivo que ha tenido la seguridad en Colombia debido a la incesante lucha que hasta el día de hoy empieza a conocer una tregua y una transformación gracias al proceso de paz. Las ideas de participación del sector privado a través de los programas de seguridad en la cadena logística, en el apoyo a la implementación del acuerdo de paz, que se describen en este ensayo, son un conjunto de posibilidades que las organizaciones privadas podrían explorar y vale la pena aclarar que la diferenciación específica que se desea hacer en este ensayo al definir el rol de dichos programas en el posconflicto, es el objetivo, el alcance y el impacto que son capaces de lograr con su implementación, ya que en caso de tener que comparar el enfoque inicial y el enfoque potencial de los programas de seguridad en la cadena logística, sus principales diferencias serían descritas a continuación. (Ver tabla 1) Tabla 1 Cuadro comparativo entre enfoque tradicional y enfoque potencial de los programas de seguridad en la cadena logística ENFOQUE TRADICIONAL DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO ENFOQUE POTENCIAL DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO - Enfoque netamente protectivo y de establecimiento de medidas de control de los riesgos existentes sin considerar su naturaleza, factor generador o fuente. - Alcance de las medidas dentro de los límites de la organización implementadora. - Impacto de las medidas es dirigido a agentes interesados internos de la compañía y externos en materia de cumplimiento y competitividad. - Las medidas tienen aplicación inmediata, a través del establecimiento de estándares mínimos y sin considerar el contexto específico de la compañía. - Enfoque adicional preventivo y de establecimiento de medidas de intervención en los factores generadores de riesgo existentes. - Alcance de las medidas adicionales es capaz de extenderse por fuera de las fronteras de las organizaciones implementadoras. - El impacto de las medidas adicionales afecta a agentes interesados internos y externos (población civil, clientes, asociaciones de consumidores, asociaciones de profesionales, etc.). - Las medidas adicionales tienen una aplicación hecha a la medida del contexto local, a través del análisis y la investigación de antecedentes, incidentes y tendencias y considerando enfoques sociales y multidisciplinarios para crear seguridad y reducción del riesgo a niveles aceptables y con aceptación a largo plazo. Esta tabla muestra las principales diferencias entre el enfoque tradicional y el enfoque potencial de los programas de seguridad en la cadena de suministro, entendiendo el enfoque potencial como la aplicación de dichos programas para el apoyo a la implementación del acuerdo de paz en el marco del posconflicto colombiano. Es necesario, brindar un equilibrio a cada idea, pues estas suelen parecer perfectas hasta que son aplicadas a la realidad, en donde encuentran tropiezos y dificultades para cumplir su fin; el proceso de paz no es la excepción, pues siendo apegados a la realidad, no se puede reconocer de ninguna manera la firma del acuerdo de paz, como el fin mismo del conflicto, sino como una nueva etapa de cambio de forma y de fondo del mismo, pues en efecto cambiará su naturaleza y cambiarán sus actores, (o al menos sus nombres o las banderas que empuñan para llevar a cabo sus acciones), cambiaran también los modus operandi de los hechos de violencia que conforman nuestro conflicto y por supuesto cambian enteramente aunque de manera muy sutil las condiciones de un país en materia de relaciones exteriores, diplomacia, comercio y política regional (PARES, 2016). CONCLUSIONES - Gracias al desarrollo de este ensayo puedo concluir que en el entorno empresarial de Colombia, los programas de seguridad en la cadena logística han tenido una gran acogida, ya que esto les ha permitido ser más competitivos y generar planes de acción para contrarrestar los efectos adversos de distintos actos de interferencia ilícita en sus cadenas logísticas. Actualmente existen cuatro programas en la cadena logística que son de especial importancia en nuestro contexto, el programa Operador Económico Autorizado (OEA) por parte de la DIAN, la norma y el estándar BASC V4 de 2012 por la WBASCO, el estándar ISO 28000 por la ISO y la certificación ISPS Code/Código PBIP por parte de la IMO (International Maritime Organization) y por la DIMAR en el contexto colombiano. - Se pudo evidenciar la gran capacidad que poseen los programas de seguridad de la cadena logística para transformar los entornos en los cuales son implementados, ya que esto en conjunción con una buena planeación y una buena ejecución, puede llevarlos a ampliar su capacidad de acción más allá de las fronteras de la organización en los cuales han sido implementados, logrando generar impactos positivos para todas las partes interesadas, lo que permitirá que las organizaciones privadas se reconozcan en algún momento como generadores de prosperidad, cambio y desarrollo al participar en iniciativas que mediante esfuerzos a largo plazo y mediante compromisos reales, puedan servir como herramientas de apoyo y materialización de todas aquellas propuestas, ideas y prospectivas existentes en la etapa del posconflicto que el proceso de paz trae consigo. - Las relaciones entre el Gobierno Nacional y las organizaciones privadas, cada vez se estrechan más y han encontrado al trabajar juntas, algunos propósitos comunes que han dado lugar a nuevas iniciativas de trabajo conjunto, a nuevas creaciones de políticas que favorecen la productividad y la prosperidad y a un sinfín de nuevas posibilidades y oportunidades que de ser explotadas, podrían generar cambios en las problemáticas sociales de Colombia, y estas a su vez cambiarían el panorama para la industria y el comercio, al convertir entornos que antes eran hostiles, en entornos propicios para la generación de riqueza, desarrollo y evolución social. RECOMENDACIONES - Debido a la alta complejidad de la problemática tratada en este ensayo, deseo limitar mis recomendaciones a simples oportunidades de mejora que he evidenciado. Estas se compondrán de casos específicos en los cuales el Gobierno colombiano en sus distintas ramas de poder y en sus distintos órganos, pueda brindar soluciones que apoyen la seguridad en la cadena logística de organizaciones públicas y privadas, todas ellas se describirán a continuación: - Buscar a través de la DIAN, un acercamiento más eficiente con las empresas privadas, enfocando esfuerzos en divulgar los beneficios que el programa en la cadena logística OEA brinda a sus implementadores, siendo de especial importancia ya que solo he evidenciado que la ANDI realiza reuniones de promoción del programa OEA, sin que se explique de una manera más completa la profunda importancia que puede tener este programa de seguridad en la cadena logística para el desarrollo del país. - Para todos aquellos que deseen implementar programas de seguridad en la cadena logística en sus organizaciones, se debe incluir un enfoque social y preventivo en dichos programas, la responsabilidad de buscar oportunidades de participación en la resolución de problemáticas sociales está en las manos de cada organización privada o pública que desee creer en que estas oportunidades son reales y que existen y que solo requieren ver las mismas situaciones con “ojos resolutivos” y buscando mejora continua hasta en los problemas que aparentemente no están dentro de su espectro de control. - Para la DIAN, ya que a pesar de que ella debe garantizar el recaudo de tributos y fortalecer la consecución de recursos del Estado, también debe favorecer la productividad y la competitividad del país, dos de sus objetivos en la planeación estratégica que han trazado (DIAN, 2014), esto es de especial importancia ya que los dos objetivos deben coexistir y apoyarse y la creación de nuevos tributos no puede desfavorecer la empresa privada en Colombia enfocada al comercio internacional y si fortalecerla y guiarla para que su prospectiva sea la aplicación del programa OEA para aumentar su competitividad y su rentabilidad. - Debido a que la cadena de suministro es un conjunto de actividades que permiten movilizar recursos e información para la búsqueda de un objetivo, es necesario dotar a los profesionales que se encargarán de dirigirla, con enfoques más humanos, colaborativos y capaces de generar cambios en la sociedad, para que estos impactos generen una transformación importante, esto se logra a través de la inclusión de programas de humanidades, de ética y de responsabilidad a lo largo de la educación primaria, secundaria y universitaria, así como a través de la promoción de las mismas en medios y en programas didácticos que acerquen a la ciudadanía a las nociones básicas de la participación en la determinación de su futuro. GLOSARIO DE TÉRMINOS  Comercio Internacional: Es el conjunto de movimientos comerciales y financieros y en general todas aquellas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, que se realicen entre naciones, es pues un fenómeno universal en el que participan diversas comunidades humanas (Osorio, 1995).  Goodwill: parte del valor de una organización que no puede ser directamente medida, como la buena reputación o la lealtad de sus consumidores (Cambridge Dictionary, 2017)  Modus Operandi: Manera especial de actuar o trabajar para alcanzar el fin propuesto (DLE, 2017).  Resiliencia: Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido (DLE, 2017)  Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos (ISO, 2015)  Seguridad en la cadena logística: Crear y proteger una cadena logística que apoye la innovación y la prosperidad movilizando bienes de manera segura y confiable dentro de las fronteras y alrededor del mundo. (Seal of the President of The United States, 2012)  Stakeholders: Es cualquier grupo o individuo que puede afectar o puede ser afectado por el logro de los objetivos de la organización (Freeman, 1984)  Valor FOB: (Free On Board) Incoterms®, se refiere al valor y a los riesgos que asume un vendedor antes de que una mercancía sea ubicada en el lugar en el cual se ubican al interior de un medio de transporte para ser transportado a cualquier otro lugar del mundo (ICC,2010).  Valor CIF: (Cost, Insurance & Freight) Incoterms® se refiere al valor de una mercancía, con sus gastos de transporte y aseguramiento desde su punto de origen hasta el puerto de llegada (ICC,2010). ANEXOS ANEXO A – Estadísticas de exportaciones en el primer mes del año 2016-2017 ANEXO B – Estadísticas de importaciones en el primer mes del año 2016-2017 ANEXO C – Ver Resolución 15 del 17 de Febrero de 2016 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANIF. (2016). 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