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“EL NUEVO ROL JURÍDICO DE LA INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA 
EN EL ESTADO COLOMBIANO”1 
 
 
 
 
Autor 
 
 
Manuel Felipe Lizarazo Rojas2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
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 Resultado de investigación dentro de la “Especialización en Constitucional, Procedimiento Penal y Justicia 
Militar” de la Universidad Militar Nueva Granada 
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 Abogado de la Facultad de Derecho egresado de la Universidad Militar Nueva Granada - Especialista en 
Inteligencia. 
e-mail: felipe.lizarazor@gmail.com 
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“EL NUEVO ROL JURÍDICO DE LA INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA 
EN EL ESTADO COLOMBIANO”3  
 
Manuel Felipe Lizarazo Rojas4 
Universidad Militar Nueva Granada 
  
Resumen. 
 
Como precedente jurídico en Colombia, la honorable Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-540 de 2012 declaró la exequibilidad de una Ley Estatutaria 
que consiste en regular las actividades de inteligencia y contrainteligencia del 
Estado Colombiano. Los Organismos de inteligencia buscan con esta normatividad 
legitimar, modernizar y visibilizar las actividades orientadas a la obtención de 
información, que permitan generar conocimiento especializado desde una óptica 
preventiva y anticipativa, ante los diferentes actores, factores y fenómenos que 
inciden en la seguridad nacional, los cuales son producto de la actividad criminal 
de las organizaciones al margen de la ley. 
 
En Colombia, consuetudinariamente se ha mantenido un concepto 
generalizado de ilegalidad y clandestinidad con relación al desarrollo de 
actividades de inteligencia, lo cual genera un compromiso frente la incorporación a 
mecanismos globalizados adoptados por Estados modernos, donde actúan bajo 
una gama de principios y valores democráticos que imprimen en los organismos 
de inteligencia la obligación de observar el respeto por los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario, desde el cumplimiento de los fines esenciales 
del Estado social de derecho. 
 
                                                             
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 Resultado de investigación dentro de la “Especialización en Constitucional, Procedimiento Penal y Justicia 
Militar” de la Universidad Militar Nueva Granada 
4
 Abogado de la Facultad de Derecho egresado de la Universidad Militar Nueva Granada - Especialista en 
Inteligencia. 
e-mail: felipe.lizarazor@gmail.com 
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Las actividades de inteligencia no obedecen a una circunscripción directa 
con ninguna rama del ordenamiento jurídico encaminada a la administración de 
justicia (penal, disciplinario, administrativo o fiscal), pero los procedimientos e 
información obtenida, pueden resultar de gran valor probatorio dentro de estos 
procesos, sin embargo las restricciones contempladas para su acceso puede 
conllevar a la violación de derechos fundamentales.  
 
De esta manera al momento de analizar el desarrollo jurisprudencial en 
materia de inteligencia, sus precedentes, principales líneas doctrinales, posiciones 
jurídicas se observa la legitimidad de las actividades de inteligencia frente el 
respeto de los derechos fundamentales y protección de los Derechos Humanos, 
por tal razón se logra diferenciar las actividades de inteligencia con la violación de 
las garantías constitucionales, incorporando conceptos dogmáticos y 
procedimentales, permitiendo al lector obtener una visión real sobre la legitimidad 
de la Inteligencia del Estado Colombiano. 
 
Con el presente artículo se pretende formular líneas de actuación o 
interpretación a los organismos jurisdiccionales, para coadyuvar en la 
administración de justicia, a partir de la información de inteligencia legalmente 
obtenida y de esta manera ser incorporada adecuadamente en sus procesos; 
sería lamentable que toda la capacidad de obtención de información y 
transformación en conocimiento especializado sobre los fenómenos criminales y 
amenazas al régimen democrático, constitucional y legal, entre otros, no pudiese 
llegar a ser de utilidad a la Fiscalía General de la Nación quien por mandato 
constitucional es responsable por la persecución de la acción penal en Colombia, 
o en su defecto a la Procuraduría General de la Nación como organismo de 
vigilancia de las actuaciones de los funcionarios públicos, ya que únicamente la 
función legal para el desarrollo de actividades de inteligencia recae en órganos 
estatales. 
4 
 
 
Al identificar fallas procedimentales y legales que originaron en otrora, el 
concepto de clandestinidad e ilegalidad de las actividades de inteligencia, conlleva 
a generar una visión actual de la nueva legislación, así como la evolución 
dogmática de la Corte Constitucional la cual genera nuevas líneas de 
interpretación a partir del examen de constitucionalidad de una ley de carácter 
estatutario que regula la función de inteligencia y contrainteligencia, y de esta 
forma poder ver reflejada en la sociedad garantías integrales en la protección de 
sus derechos fundamentales, colectivos y sociales. 
 
Palabras claves: Inteligencia, contrainteligencia, procedimiento penal, principio de 
reserva y prueba, derechos fundamentales, legitimidad, monitoreo de espectro 
electromagnético, interceptación de comunicaciones. 
 
Abstract 
As a legal precedent in Colombia, the honorable Constitutional Court by 
Judgment C-540 of 2012 declared the constitutionality of a statute which is to regulate 
the activities of intelligence and contrainteligencia the Colombian State. The intelligence 
agencies seek to legitimize this regulation, modernize and visible activities aimed at 
obtaining information, which can generate specialized knowledge from a preventive and 
proactive perspective, with different actors, factors and events affecting national security 
which are the result of the criminal activity of organizations operating outside the law.  
 
   In Colombia, customarily has remained a generalized concept of illegality and 
secrecy in relation to the development of intelligence, which generates a commitment 
regarding the incorporation globalized mechanisms adopted by modern states, which 
operate under a range of democratic principles and values that printed on the 
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intelligence required to monitor respect for human rights and international humanitarian 
law, from fulfilling the essential purposes of the rule of law.  
 
   Intelligence activities are not due to a direct constituency with any branch of 
legislation aimed at the administration of justice (criminal, disciplinary, administrative or 
tax), but the procedures and information obtained can be of great probative value in 
these processes, however the restrictions provided for access can lead to the violation 
of fundamental rights.  
   Thus when analyzing the jurisprudential development of intelligence, its 
precedents major doctrinal lines, the legitimacy of legal positions intelligence activities 
against the respect of fundamental rights and protection of human rights is seen, for this 
reason differentiation is achieved intelligence activities with the violation of constitutional 
guarantees, incorporating dogmatic and procedural concepts, enabling the reader to 
gain a real insight into the legitimacy of the Colombian State intelligence.  
 
   In formulating courses of action or interpretation by the courts and may assist in 
the administration of justice, from the intelligence gathered and thus be incorporated 
adequately in their processes; would be unfortunate if the entire capacity of information 
retrieval and processing to specialized knowledge about criminals and threats to 
democracy, constitutional and legal phenomena, among others, could not become 
useful to the Attorney General's Office who constitutionally mandated is responsible for 
the prosecution of the criminal action in Colombia.  
 
   By identifying procedural and legal flaws that once originated the concept of 
clandestine and illegal intelligence activities, involves generating a current view of the 
new legislation and the dogmatic evolution of the Constitutional Court which generates 
new lines of interpretation from examination of the constitutionality of a law of 
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intelligence, and thus to see reflected in society guarantees comprehensive protection of 
their fundamental rights, and social groups. 
 
Introducción 
 
El complejo desarrollo de la criminalidad y los demás factores políticos, 
económicos y sociales de Colombia, ha sido el fundamento de la Corte Constitucional 
para autorizar medidas que aseguren el mantenimiento de las condiciones necesarias 
para el ejercicio de derechos y libertades públicas, dentro de un concepto de 
normalidad amparado en el uso de las atribuciones ordinarias encomendadas a la 
Fuerza Pública. 
 
En este contexto la inteligencia, como mecanismo del Gobierno para la 
protección de la Nación, es un tema de especial interés por ubicarse en el ámbito supra 
legal que, en principio, no atiende los lineamientos del código de procedimiento penal 
por tratarse de una actividad basada en el principio de la reserva, dirigido, no a la 
obtención de elementos materia de prueba, sino a la búsqueda de elementos de 
información para asegurar el correcto argumento que fundamente la toma de 
decisiones. 
 
El respaldo a la función de inteligencia se soporta en la actualidad principalmente 
en la Ley Estatutaria 1621 de 2013 (Colombia, 2013) y la Sentencia C-540 de 2012, 
mediante las cuales el Estado Colombiano autoriza a ciertos organismos del Estado 
para que recolecten y procesen información, sin que ella dependa de los lineamientos 
del Código de Procedimiento Penal. Todos los métodos de recolección de un organismo 
de Inteligencia, se supeditan a los principios de necesidad, idoneidad y 
proporcionalidad, de tal manera que es posible, por ejemplo, que se puedan llegar a 
escuchar comunicaciones privadas bajo el concepto de monitoreo del espectro 
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electromagnético (Ley 1621, 2013, art. 17), sin caer en el campo de la interceptación de 
comunicaciones. 
 
Por consiguiente con el presente artículo se pretende realizar una aproximación 
en un contexto analítico a partir del desarrollo jurisprudencial en materia de inteligencia, 
sus precedentes, principales líneas doctrinales, posiciones jurídicas, y demostrar la 
legitimidad de las actividades de inteligencia en un marco de actuación de respeto y 
garantía por derechos fundamentales y protección de los Derechos Humanos, y con 
gran énfasis en realizar la distinción de los parámetros del sistema procesal penal en 
Colombia. 
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 
 
¿Las actividades de inteligencia deben conllevar a la aplicación de los principios y 
procedimientos procesales en el campo penal, contencioso y disciplinario, como 
garantes de derechos fundamentales, en especial los relacionados con el debido 
proceso, intimidad, buen nombre y dignidad? 
 
¿Qué es inteligencia? 
 
Desde el punto de vista legal, las actividades de inteligencia se convierten en el 
conjunto de principios, métodos, personas, procesos y medios, que orientados bajo 
postulados constitucionales y articulados con el propósito de garantizar los fines 
esenciales del Estado, permiten producir conocimiento especializado sobre diversos 
fenómenos, para asesorar a las ramas del poder público y los organismos de control a 
través del Gobierno Nacional, con el propósito de anticipar y prevenir manifestaciones 
que pongan en riesgo bienes jurídicos en los ámbitos personal, patrimonial, ambiental, 
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económico, social, de salubridad y de seguridad pública, en el marco de la convivencia 
democrática. 
 
Para la Corte Constitucional, los organismos de seguridad del Estado, 
internamente, pueden y deben contar con toda la información necesaria para el normal, 
adecuado, eficiente, legítimo y democrático ejercicio de su función de servicio a la 
sociedad civil y defensa del orden público y de las Instituciones (Sentencia T-444 de 
1992). 
 
Definición de la función de inteligencia  
 
Los servicios de inteligencia son instituciones propias de los Estados, cuya 
finalidad es la de prever las situaciones de riesgo y amenaza a la estabilidad 
institucional, la defensa, la seguridad interna y el orden constitucional y legal. Al 
identificar esos riesgos y amenazas, los Servicios de Inteligencia están llamados a 
orientar las decisiones y políticas públicas más apropiadas y acertadas, en función de 
garantizar los intereses de la Nación, el orden social y la convivencia ciudadana. 
 
Las actividades de inteligencia y contrainteligencia que orientan el Estado 
Colombiano, se enfocan en actividades anticipativas y preventivas que difiere de la 
investigación criminal, busca así acciones de prevención y anticipación, respecto a 
situaciones que pongan en peligro la seguridad del Estado y de las personas, frente a 
fenómenos que atentan contra la vigencia del régimen democrático, el régimen 
constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, por el accionar de los grupos 
armados ilegales, bandas criminales, el narcotráfico, terrorismo y otras manifestaciones 
delictivas o amenazas internas o externas que pongan en riesgo bienes jurídicos en los 
ámbitos personal, patrimonial, ambiental, económico, social, de salubridad y de 
seguridad pública, en el marco de la convivencia democrática. 
9 
 
 
Estos son aspectos y propósitos generales y universales de los servicios de 
inteligencia aquí o en cualquier parte del mundo, también identifican y caracterizan a los 
servicios de inteligencia colombianos establecidos a partir de la Ley Estatuaria 1.621 
del 17 de abril de 2013: “por la cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico 
que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y 
contrainteligencia, cumplir con su misión constitucional y legal”. 
 
Lo que precisamente pretendió el legislador con esta Ley Estatutaria, es 
fortalecer, integrar y modernizar el marco jurídico de los organismos de inteligencia y 
contrainteligencia, a la luz de las consideraciones de la honorable Corte Constitucional, 
que a través de la historia ha reconocido la importancia de la función de inteligencia y 
contrainteligencia en un Estado, sus fines, principios, límites y controles, así como los 
objetivos y competencias.  
 
Así, la función de inteligencia es aquella que desarrollan los organismos 
especializados del Estado del orden nacional, utilizando medios humanos o técnicos 
para la recolección, procesamiento, análisis y difusión de información, con el objetivo de 
proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas 
contra la vigencia del régimen democrático, el régimen constitucional y legal, la 
seguridad y la defensa nacional, y cumplir l (Colombia, Ley de Inteligenica y 
Contrainteligencia, 2013). 
 
Dichos planteamientos difieren en primera medida en la naturaleza propia de la 
persecución o titularidad de la acción penal en Colombia la cual recae bajo la 
responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, la cual no es considerada por el 
legislador como organismo facultado para el desarrollo de actividades de inteligencia. 
 
10 
 
Evolución, regulación y control de la actividad de inteligencia en Colombia 
 
La función de inteligencia y contrainteligencia desarrollada por los organismos 
especializados del Estado del orden nacional, ha tenido una progresiva evolución en su 
reglamentación y despliegue.  
 
Desde el año 1992, la Corte Constitucional avala las facultades a las diferentes 
agencias de inteligencia para recolectar información y establece los límites para las 
actividades de inteligencia de los organismos de seguridad del Estado. Para el 2007, 
realiza un estudio integral y ratifica la competencia, límites, fines y soporte de las 
funciones de inteligencia. 
 
No obstante, existían vacíos frente a un marco jurídico integral que reglamentara 
la actividad de inteligencia, que hoy han sido suplidos precisamente con la expedición 
de una ley estatutaria. Entre algunos de esos vacíos, se resaltan:   
 La falta de claridad frente a la función y los fines  de la actividad de inteligencia. 
 Inexistencia de planes de recolección que obedecieran a una política de gobierno. 
 Se asignaban funciones de inteligencia a dependencias no competentes al interior 
de los organismos de seguridad del Estado. 
 No existían controles bajo parámetros legales para la autorización de actividades de 
inteligencia o contrainteligencia. 
 Existía un fundamento general y disperso relacionado con la reserva de las 
actividades, documentos, procedimientos y medios técnicos. 
 No había una regulación precisa sobre la administración de las bases de datos de 
inteligencia y contrainteligencia. 
 Confusión entre el concepto de monitoreo e interceptación de las comunicaciones. 
 No se identificaban los principales objetivos, tareas y actividades prioritarias para 
centrar los esfuerzos de la recolección de información de los organismos de 
inteligencia y contrainteligencia. 
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 No estaban claramente establecidos los receptores de los productos de inteligencia. 
 Inexistencia de mecanismos para garantizar la protección de la identidad de los 
funcionarios de inteligencia. 
 Mínimos controles externos para los organismos de inteligencia y contrainteligencia. 
 
A partir de la necesidad de fortalecer, integrar y modernizar el marco jurídico de 
los organismos de inteligencia, la Ley Estatutaria 1621 del 17 de abril de 2013, 
conocida como la “Ley de Inteligencia”, permitió precisar los fines, limites, principios y 
controles que enmarcan la actividad de inteligencia y contrainteligencia en el sistema 
democrático colombiano. 
 
En este mismo contexto, se acogieron treinta y cinco (35) recomendaciones 
realizadas por las Naciones Unidas el 17 de mayo de 2010, traducidas en buenas 
prácticas para los organismos de inteligencia desde una perspectiva de respeto por los 
derechos humanos y bajo unos esquemas de supervisión y control.  
 
Aspectos incorporados: 
 
1. Sistema de ponderación de derechos, que radica en la imperativa valoración de los 
principios y los límites de la actividad de inteligencia y contrainteligencia, frente a 
situaciones fácticas que determinan la obligación del Estado de actuar; esto es, 
asegurar la consecución de los fines esenciales del Estado, la vigencia del orden 
democrático, la integridad territorial, la soberanía, la seguridad y defensa de la 
nación. 
2. Identificó los organismos y dependencias del Estado encargadas de realizar 
actividades de inteligencia y contrainteligencia.  
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3. Define los límites y fines de la función de la inteligencia la cual se debe regular en 
todo momento por el respeto de garantías o derechos fundamentales, así como por 
el respeto del DIH y DDHH. 
4. Prohíbe la vinculación de menores de edad en actividades de inteligencia. 
5. Creación del Plan Nacional de Inteligencia que define las prioridades de Gobierno 
Nacional en materia de inteligencia y contrainteligencia y asigna responsabilidades. 
6. Creación de controles y mecanismos adicionales a los existentes de supervisión 
internos (Inspectores Generales) y externos (Comisión Legal Parlamentaria). 
7. Creación de los Centros de Protección de Datos de Inteligencia y Contrainteligencia, 
orientado a salvaguardar la reserva de la información y garantizar la protección de 
los derechos fundamentales. 
8. Establecimiento de mecanismos para la actualización, corrección y retiros de datos 
de archivos de inteligencia. 
9. Diferenciación entre el concepto de monitoreo e interceptación de comunicaciones. 
10. Reglamentación de  los mecanismos de coordinación y cooperación entre 
organismos de inteligencia del Estado. 
 
La adecuación normativa para la reglamentación de esta actividad, permite 
fortalecer el ámbito misional que resulta vital para cualquier Estado en la lucha contra el 
delito, el crimen transnacional y las amenazas a la seguridad del Estado. Los servicios 
de inteligencia, actúan primordialmente en función de la prevención y el insumo más 
importante de su trabajo es la información más no la consecución de material probatorio 
para la actuación penal. 
 
La inteligencia del Estado en la lucha contra el crimen y las amenazas 
 
El papel que han jugado los organismos de Inteligencia en nuestro país, destaca 
entre otros la ofensiva permanente contra los grupos armados en las últimas décadas, 
el liderazgo en la lucha contra el flagelo del narcotráfico, la neutralización de la 
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amenaza narcoterrorista, la desarticulación de los grandes cárteles de la droga y la 
forma cómo se ha venido contrarrestando a la delincuencia organizada. 
 
Hoy Colombia es diferente, gracias a la modernización de los procedimientos de 
las actividades de inteligencia y contrainteligencia en contra del crimen organizado, los 
grandes golpes contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen, que ha propinado la 
Fuerza Pública, precisamente a partir de operaciones especializadas de la inteligencia. 
Además es un activo vital para la seguridad nacional. 
 
La efectividad de esos servicios ha sido el factor clave del éxito alcanzado en 
desarrollo de la Política de Seguridad destacable a nivel latinoamericano y como gran 
referente internacional. Hoy tenemos un nuevo país en todos los órdenes; los 
colombianos, pese a dificultades aún vigentes, experimentan un nuevo clima de 
seguridad y tranquilidad; existen condiciones favorables para la inversión y el 
desarrollo, y en general se ha logrado neutralizar los principales factores de riesgo y 
amenazas a la seguridad. Todo ello ha implicado un gran esfuerzo, en el que los 
servicios de inteligencia, han sido parte determinante. 
 
Los Servicios de Inteligencia en Colombia, defienden los más altos intereses de 
la Nación y del Estado. Los funcionarios que integran estos organismos están es para 
servir a los colombianos, pues esa es su misión y responsabilidad constitucional y legal. 
No es su función perseguir y/o controlar a nadie distinto a aquel que esté en contra de 
la ley trasgrediendo el orden, con las garantías que se les brindan a todos los 
colombianos dentro del ordenamiento jurídico vigente.   
 
Fundamentos de la actividad de Inteligencia 
 
La inteligencia, como mecanismo para la protección de la Nación, por su 
naturaleza de prevención y anticipación, no fundamentan sus actividades bajo los 
lineamientos del código de procedimiento penal, contencioso o disciplinario. Por 
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principio legal y jurisprudencial, se mueve sobre la reserva de la información y no busca 
la obtención de elementos materia de prueba, sino elementos de información que le 
permitan advertir riesgos y amenazas para asegurar los fines esenciales del Estado que 
establece el artículo segundo de la carta política, y en general con el objetivo de 
proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas y externas, 
contra el régimen democrático, constitucional y legal, la seguridad y la defensa 
nacional. 
 
El soporte jurídico de los servicios de inteligencia en Colombia, para el caso de la 
Fuerza Pública, está dado a partir del mismo mandato constitucional, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 216, 217 y 218, en concordancia con el artículo 2 de la Ley 
1621 de 2013.  
 
Todos los métodos de recolección de un organismo de Inteligencia, se supeditan 
a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, de tal manera que es 
posible, por ejemplo, que identificando canales de comunicación con fines 
delincuenciales, es de esta manera que en el desarrollo de dichas actividades puedan 
llegarse a escuchar comunicaciones (Ley 1621, 2013), sin caer en el campo de la 
interceptación (abonado identificado o individualizable), realizar vigilancias y 
seguimientos, administrar fuentes de información y realizar infiltraciones sin confundir 
con la figura de agente encubierto propia del esquema procesal penal. 
 
La Constitución Política establece que los servidores públicos deben responder 
por infringir la Constitución y las leyes, adicionalmente, por la omisión o extralimitación 
en el ejercicio de sus funciones, las cuales, de acuerdo con los artículos 121, 122, 123 
de la carta constitucional, así como aquellas demás contenidas en la Ley o los 
Reglamentos. Atendiendo este precepto, hay que entrar a establecer cuáles son esas 
funciones constitucionales, lo que obliga a tratar la referencia jurisprudencial de la Corte 
Constitucional principalmente en sus sentencias T-444/92, T-525/92, T-066/98, T-
708/08, C-913/10 y C-540/12 según las cuales los organismos de seguridad e 
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inteligencia del Estado, internamente, pueden y deben contar con toda la información 
necesaria para el normal, adecuado, eficiente, legítimo y democrático ejercicio de su 
función de servicio a la sociedad civil en defensa del orden público de las instituciones. 
 
Diferencias entre inteligencia e investigación criminal  
 
En el marco de la perspectiva constitucional y legal, se destacan las siguientes 
diferencias entre inteligencia e investigación criminal: 
Tabla 1 
Inteligencia      Investigación Criminal 
Art. 2 Constitucional 
Amplia jurisprudencia de la corte 
constitucional en especial C-540 de 
2013 
Ley Estatutaria 1621/13 
Norma aplicable 
Art.250 Constitucional 
Ley 906 de 2004. 
Ley 600 de 2000. 
Línea jurisprudencial 
Orientar el proceso decisional, con 
conocimiento anticipado, estratégico y 
accionable. 
Objetivo 
Esclarecer delitos en el marco 
del sistema penal, como 
herramienta de ejecución de la 
titularidad de la acción penal. 
Dirigir, planear, recolectar, tratar, 
analizar y difundir información para 
proteger los derechos humanos y 
prevenir amenazas internas o externas. 
Función 
Apoyar la investigación penal y 
el ejercicio de las mismas, bajo 
la dirección del Fiscal General 
de la Nación y sus delegados. 
Asegurar la consecución de los fines 
esenciales del estado. (artículo 2 carta 
política)  
Fin 
Auxiliar a la justicia en la 
consecución de evidencia o 
elementos materiales de 
prueba. 
 
El producto de inteligencia: no tendrá 
valor probatorio. Presenta criterios 
orientadores. 
Producto 
Informe: describe actividades 
de Policía Judicial, para obtener 
elementos que puedan 
constituirse válidamente como 
prueba dentro de un juicio. 
Se concibe en la anticipación y 
prevención. 
Es reactiva, se activa luego de 
la apertura de la noticia 
criminal.  
 
La Corte Constitucional manifestó que la labor de inteligencia tiene como 
finalidad detectar y realizar el seguimiento de conductas determinadas en la ley 
como punibles y prestar apoyo en la labor de investigación a la rama judicial del 
poder público.  
16 
 
 
Si bien, la inteligencia no tiene incidencia o participación dentro del proceso 
penal, su información debe conducir a incidir en la orientación y convencimiento del 
fiscal durante la etapa de indagación del proceso, con el propósito de orientar la 
imputación y posteriores fases del proceso penal, de este modo la información de 
inteligencia se convierte en insumo trascendental en la concepción del fenómeno 
delictual objeto de investigación. 
 
Reserva de la información 
 
Los organismos de inteligencia, pueden y deben contar con toda la información 
necesaria para el normal, adecuado, eficiente, legítimo y democrático ejercicio de su 
función de servicio a la sociedad civil, defensa del orden público y de las instituciones, 
con un carácter de reserva.  
 
Dichas instancias estatales no pueden difundir al exterior la información sobre 
una persona, salvo en el único evento de un “antecedente” penal o contravencional, el 
cual permite divulgar a terceros la información oficial sobre una persona” (Sentencia 
SU-458 de 2012 & T-444 de 1992). 
 
Lo anterior no impide que los organismos de inteligencia realicen sus propias 
investigaciones. Pero lo harán sin vulnerar los derechos fundamentales tales 
como la intimidad, el buen nombre y la honra de las personas. Para tal efecto 
las investigaciones deben adelantarse bajo los estrictos lineamientos 
impuestos por el principio de la reserva. 
 
 
 
17 
 
 El deber de reserva aplica para:  
1) Servidores públicos de los organismos que desarrollen actividades de inteligencia, 2) 
funcionarios que adelanten labores de control, supervisión y revisión de documentos o 
bases de datos de inteligencia, y 3) receptores de los productos de inteligencia.  
 
Sistemas de información o bases de datos de inteligencia 
 
Una de las fortalezas de los servicios de inteligencia es el conocimiento que 
producen a partir de la información que almacenan en sus bases de datos. La 
recolección de información se garantiza mediante la administración de diversas fuentes 
y procedimientos enunciados en los manuales internos de cada Organismo de 
inteligencia, siendo sometida al proceso de tratamiento, evaluación y análisis, 
completando el ciclo de inteligencia con su registro y difusión. 
 
En interpretación de la Corte Constitucional, esta recolección, más que una 
facultad, es una obligación de los organismos de inteligencia, por lo que sus agentes 
deben entrar en permanente contacto con los hechos, lugares, elementos, personas y 
tiempos que den origen a nuevas formas de conocimiento para vislumbrar escenarios 
prospectivos incidentes en la convivencia democrática. Pero esa recolección no puede 
ser el fin último, por el contrario, es apenas el inicio de una tarea constitucional que 
deben desarrollar diversos actores en una serie sucesiva de fases que implican, 
necesariamente, el almacenamiento de información. 
 
El punto de quiebre frente a la protección de los derechos fundamentales a la 
intimidad, el buen nombre, la honra y el debido proceso lo constituye el conocimiento 
que de la información recopilada tengan personas o instituciones ajenas a los servicios 
de inteligencia que las recopila. 
 
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Luego los mecanismos de autocontrol deben operar, desde el momento mismo 
de la recopilación de la información extendiéndose infinitamente hasta su destrucción o 
durante su almacenamiento, pasando a un nivel de mayor protección cuando esta ha 
salido del organismo de inteligencia, bajo lo que la misma Corte Constitucional ha 
definido como “el principio tácito de colaboración y reserva de información entre 
instancias del Estado”  
 
Mediante la Ley 1266 de 2008, “Por la cual se dictan las disposiciones generales 
del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos 
personales” las bases de datos que tienen por finalidad producir la Inteligencia de 
Estado por parte del entonces Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y de la 
Fuerza Pública para garantizar la seguridad nacional interna y externa, quedaron 
exceptuadas de la reglamentación de esta ley. 
 
Posteriormente la expedición de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 “por la cual se 
dictan disposiciones para la protección de datos personales”, determino que se 
exceptúan de la aplicación de dicha ley las bases de datos de los organismos de 
inteligencia y contrainteligencia, sin embargo contemplo que si bien esta exceptuada, 
deberán dichos organismos observar y aplicar los principios rectores para el tratamiento 
de la información. 
 
 
Accionabilidad de la información de inteligencia  
 
Los servicios de inteligencia tienen la posibilidad de planear operaciones, con el 
fin de coadyuvar al cumplimiento de la misionalidad institucional según corresponda en 
el marco de la convivencia de los habitantes de Colombia, respetando las normas 
constitucionales y los derechos humanos. Dentro del proceso técnico de operaciones, la 
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planeación se aborda desde el enfoque de recolección de datos, que conlleva el 
aseguramiento de la información sobre la ubicación de un objetivo que con su conducta 
puede poner en riesgo diversos bienes jurídicos, no siendo posible atender los 
lineamientos del código de procedimiento penal para anticipar la ejecución de hechos 
que atenten gravemente contra la seguridad pública, porque en muchos casos el delito 
no se ha configurado, ni siquiera  en el grado de tentativa. 
 
Por consiguiente, las vigilancias y seguimientos de personas, las infiltraciones y 
accesos a bases de datos confidenciales, la localización de objetivos móviles, el control 
de ambientes, el análisis de información y la administración de fuentes humanas, entre 
otras, no gozan del ritualismo procesal penal por no ser objeto de debate probatorio 
ante instancias judiciales, operando en el marco de la prevención o como soporte de 
operaciones contra autores, determinadores, cómplices o favorecedores de conductas 
delictivas ya consumadas, para facilitar su búsqueda y sometimiento ante las 
autoridades de la rama judicial, en procura de la retribución justa y la prevención 
general. 
 
Autorización de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia. 
 
El superior jerárquico en cada caso será responsable de autorizar únicamente 
aquellas actividades de inteligencia y contrainteligencia que cumplan con los límites y 
fines enunciados por la ley, por consiguiente dicha autorización no corresponde a los 
organismos judiciales o de investigación criminal, sino por el contrario recaen bajo la 
responsabilidad del jefe de inteligencia de cada Organismo, quien para su autorización 
no requiere que sea avalada por parte de un juez de control de garantías.  
 
Sin embargo la ley no faculta para que dichas actividades de inteligencia sean 
ordenadas de forma indiscriminada o bajo ningún control, por lo cual dichas personas 
encargadas de autorizar el desarrollo de actividades de inteligencia deben observar los 
siguientes aspectos:  
20 
 
1. Que la actividad a realizar sea en cumplimiento del rol y naturaleza de los 
organismos que desarrollan la función de inteligencia.  
2. Observar los límites y principios de la función de inteligencia, es decir que dichos 
procedimientos sean lo menos lesivos a bienes jurídicos tutelados especialmente 
relacionados con garantías fundamentales de las personas, siendo obligatorio la 
realización de un test de proporcionalidad que viabilice la necesidad de desplegar una 
actividad de inteligencia.  
3. Aplicar los principios de la función de inteligencia.  
4. Desarrollar todas las actividades bajo los parámetros de los manuales de inteligencia 
según el organismo que corresponda. 
5. Cada actividad de inteligencia se debe soportar mediante la expedición de una 
misión de trabajo la cual debe contener no solo los aspectos mencionados 
anteriormente, además requiere de una planificación debida soportando en la definición 
de un objetivo definido, desplegando adecuadamente  cada una de las actividades a 
realizar, bajo las premisas de respeto por los derechos humanos. 
 
Dentro del proceso técnico de operaciones, la planeación se aborda desde el 
enfoque de recolección de datos, que conlleva el aseguramiento de la información 
sobre la ubicación de un objetivo que con su conducta puede poner en riesgo diversos 
bienes jurídicos, no siendo posible atender los lineamientos del código de 
procedimiento penal para anticipar la ejecución de hechos que atenten gravemente 
contra la seguridad pública, porque en muchos casos el delito no se ha configurado, ni 
en el grado de tentativa. 
Las informaciones obtenidas en el marco de procesos operaciones de 
inteligencia, no pueden trascender a lo público, no pueden ser difundidas por expresa 
disposición de la corte constitucional en las sentencias T-444 y T-525 de 1992. 
Tampoco pueden ser puestas a consideración de la autoridad judicial, ni presentadas 
21 
 
en un debate en el Congreso como lo afirma la misma corte en la sentencia T-444 de 
1992. 
 
La acción penal frente a la actividad de inteligencia   
 
Las operaciones de inteligencia y contrainteligencia no deben ser objeto de 
acción penal por el principio constitucional de la primacía de derechos, en el entendido 
que un resultado de la función de inteligencia de mayor valía para los intereses de la 
Nación, sólo puede ser obtenido con una cadena de actividades, dentro de las cuales 
se pueden conocer informaciones que por sí mismas pueden ser punibles, pero que al 
ponerlas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, no permitirían alcanzar el 
objetivo propuesto, ni siquiera bajo figuras como análisis e infiltración de organización 
criminal, entregas controladas o agentes encubiertos. 
 
La inteligencia no tiene el ánimo de probar procesalmente conductas delictivas, 
se aparta del debido proceso por cuanto su aspiración es anular las intenciones 
criminales, anticipándose a los hechos. El conocimiento de información, por parte de los 
servicios de inteligencia, no tiene como origen el ordenamiento penal procesal, no se 
debe a él ni es su fin último, pero sí puede contribuir al cumplimiento de las 
responsabilidades de las autoridades, en materia operacional. 
 
De igual manera porque el mismo legislador y la corte, restringieron su valor 
probatorio para contiendas procesales, limitando su conocimiento como factor 
orientador únicamente en la etapa de indagación, lo cual protege en mayor medida los 
métodos, agentes, fuentes y medios empleados para el desarrollo de la función de 
inteligencia, claro no es tampoco de interpretación absoluta dicha interpretación, pero 
no será abordada en el presente artículo debido a que ese simple tema daría la 
posibilidad para realizar un análisis específico sobre el valor probatorio de la 
información de los organismos de inteligencia.  
22 
 
 
La Inteligencia de Estado como responsable del monitoreo del espectro 
electromagnético 
 
Los Organismos de Inteligencia del Estado Colombiano no tienen como misión 
obtener evidencias o elementos materia de prueba dentro de un proceso penal en 
curso. Luego, si se realiza el monitoreo de comunicaciones, esta actividad se cumpliría 
dentro de lo que la Corte Constitucional ha denominado el ámbito de la prevención, 
captando de manera aleatoria e incidental elementos que se propagan por el espacio 
electromagnético, sin que estos tengan vocación probatoria, ni la intención de ser 
utilizados, por sí mismos, en contra de sus interlocutores, alejándose del ámbito penal. 
Para dar mayor claridad, se reitera que la Inteligencia no realiza interceptaciones, pero 
sí monitorea el espectro electromagnético dentro del ámbito de sus funciones 
constitucionales y legales. 
 
La Constitución define que el espectro electromagnético es un bien público 
inajenable e imprescriptible, sujeto a la gestión y control del Estado (artículo 75 
superior). La Corte Constitucional indicó que el ejercicio de las labores de control y 
vigilancia sobre el espectro, por parte de organismos de inteligencia, encuentran como 
límite los derechos fundamentales los cuales no pueden ser vulnerados.  La Corte 
Constitucional en la sentencia T-708 de 2008 dijo:  
“En este sentido la Corte debe insistir en que las labores de la Policía sólo 
pueden implicar maniobras preventivas de inspección del espectro y 
nunca pueden involucrar el seguimiento individual y estable o la 
interceptación de las conversaciones personales, sin que exista orden 
previa de la Fiscalía General de la Nación”,  
Y argumentó lo siguiente:  
“En efecto, en el presente asunto la Sala comprueba que no se trató de la 
existencia de las interceptaciones ilegales denunciadas por el actor, pues 
lo que ocurrió fue el seguimiento de algunos aparatos que usaron el 
23 
 
espectro electromagnético de manera ilegal, según así dan cuenta las 
pruebas que obran en el expediente y de las que se deriva que no hubo 
intención de interceptar las comunicaciones del actor o, en otros términos, 
que no se efectuó seguimiento individual y específico de sus 
conversaciones telefónicas sino que se captaron algunos diálogos de 
manera indirecta, en virtud de las maniobras legítimas y necesarias de 
vigilancia y control del espectro electromagnético sobre algunos teléfonos 
que funcionaban contrariando la ley en la zona de ubicación de Santa Fe 
de Ralito y que eran usados por otros sujetos, y que corresponden al 
monitoreo del espectro electromagnético que permite la intervención del 
Ministerio de Comunicaciones y de las autoridades militares y de policía, 
con el fin de identificar y controlar el uso indebido de este bien público a 
través de la detección de redes o servicios clandestinos y de rastrear 
aquellas actuaciones que afecten el orden público o la seguridad nacional. 
(Corte Constitucional, Sentencia T-708, 2008). 
 
Los Servicios de Inteligencia, por medio de funciones que inicialmente fueron 
atribuidas por vía reglamentaria, pero ahora desarrolladas y delegadas por ley, no 
contemplan de manera directa la cooperación en la investigación de delitos como apoyo 
a la rama judicial, aspecto reservado a las dependencias especializadas con funciones 
de Policía Judicial bajo el direccionamiento y control de la Fiscalía General de la 
Nación. La naturaleza de los servicios de inteligencia es la prevención, luego no podría 
esperar a que ocurra un delito para intervenir, aspecto que es requisito para que aflore 
el concepto de interceptación, el cual surge ante la necesidad de obtener evidencias 
para esclarecer hechos que revisten la categoría de delitos, no sin antes contar con el 
control tanto previo como posterior de un juez de control de garantías dentro de un 
proceso penal, previo requerimiento y justificación de la Fiscalía General de la Nación.  
 
24 
 
El artículo 17 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013, establece el monitoreo del 
espectro electromagnético, diferenciándolo de la interceptación de comunicaciones. La 
Inteligencia en el Estado Colombiano, no realiza interceptaciones, cumple de acuerdo a 
la Ley actividades de monitoreo del espectro electromagnético dentro del ámbito de sus 
funciones constitucionales. 
 
Por consiguiente se reitera que debido a que los servicios de Inteligencia no tienen 
como misión obtener evidencias o elementos materia de prueba dentro de un proceso 
penal en curso. La actividad que establece el artículo 17 de la Ley 1.621 de 2013, se 
cumple dentro de lo que la Corte Constitucional ha denominado el ámbito de la 
prevención. 
 
De igual manera, la sentencia C-540 de 2012, sostiene que el monitoreo del 
espectro electromagnético, como actividad comprendida dentro del ámbito de la 
inteligencia y contrainteligencia, consiste en llevar a cabo una labor de rastreo. Ello 
implica la captación incidental de comunicaciones, en las que se revelan circunstancias 
que permiten evitar atentados y controlar riesgos para la defensa y seguridad de la 
Nación.  
 
El monitoreo del espectro electromagnético que faculta la Ley de Inteligencia, se 
adelanta por los Organismos de Inteligencia para anticipar y prevenir intenciones 
criminales o conductas que pongan en riesgo la seguridad pública y demás bienes 
jurídicos, sin vulnerar derechos fundamentales como la intimidad y acatando los 
principios de reserva, que por vía jurisprudencial ha definido la Corte Constitucional.  
 
Diferencia con interceptación de comunicaciones 
La interceptación de comunicaciones está regulada constitucionalmente para los 
organismos que cumplen funciones de Policía Judicial, bajo el direccionamiento de la 
Fiscalía General de la Nación, en desarrollo de investigaciones formales a través de 
25 
 
programas metodológicos. Así, la Constitución Política de Colombia posibilita la 
interceptación telefónica, únicamente mediante la orden judicial, en los casos y con las 
formalidades establecidas en la ley 600 de 2000 y la ley 906 de 2004.  
 
Tabla 2. Monitoreo Vs. Interceptación. 
 
 
MONITOREO 
Organismos de Inteligencia 
 
 
 
INTERCEPTACIÓN 
Fiscalía General de la Nación  
 
1. Actividad realizada sobre el espectro 
electromagnético en vía de anticipar fenómenos 
criminales que afecten la convivencia y la 
seguridad ciudadana. 
 
2. Su finalidad es obtener elementos de 
información de interés para la Inteligencia que 
oriente en la toma de decisiones y a la 
prevención de delitos. 
 
3. Los organismos de inteligencia están facultados 
a desarrollar esta actividad, en cumplimiento a 
lo dispuesto en los artículos 2 de la Constitución 
Política y la Ley de inteligencia 1.621 de 2013 
en su artículo 17. 
 
4. La actividad de monitoreo debe estar soportada 
en una misión de trabajo debidamente 
autorizada por el jefe del organismo de 
inteligencia, respetando los principios de la 
función de inteligencia y derechos 
fundamentales.  
 
1. Es una actividad exclusiva de policía judicial, 
que se soporta en el Código de procedimiento 
Penal (ley 906 de 2004). 
 
2. Es el seguimiento individual que se le efectúa a 
las comunicaciones de un sujeto que se 
encuentra inmerso en una investigación judicial. 
 
 
3. Buscar evidencias (EF) y elementos materiales 
probatorios (EMP), que aporten a un proceso 
judicial (esclarecer delitos); igualmente para 
buscar o ubicar al indiciado o imputado. 
 
 
4. La interceptación solo se podrá efectuar por 
solicitud de la Fiscalía General de la Nación, y 
autoriza por un juez de control de garantías. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Marco Doctrinario de la actividad de Inteligencia: Sentencias de la Corte 
Constitucional. 
 
De otra parte, la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, nos ha 
venido dando orientaciones en cuanto al alcance y rol de los servicios de inteligencia y 
26 
 
la posibilidad que tienen de obtener y recolectar información como insumo en la 
producción de inteligencia, pues ella se constituye en un elemento esencial para que el 
Gobierno pueda cumplir su función primordial de garantizar el orden público o 
restablecerlo.  
 
De las reiteradas sentencias de la Corte en los últimos quince años quiero citar 
apartes de tres de ellas, que considero útiles en esta explicación sobre la labor de los 
organismos de inteligencia del Estado colombiano.   
 
Apartes Sentencia T-066/98 concordante con Sentencia T-444/92 y T-525/92: 
 
Se pregunta la Corte si los organismos de seguridad están autorizados para recopilar 
informaciones sobre las personas. Este interrogante ya ha sido respondido de manera 
afirmativa por esta Corporación. Ello con fundamento en la obligación del Estado de 
velar por la vigencia del orden constitucional y brindarle a los asociados tanto las 
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades como un 
ambiente de paz, deberes éstos cuyo cumplimiento reposa en muy importante grado en 
las fuerzas militares y la policía nacional. Mas esta facultad no es ilimitada. En el 
proceso de acopio de información se deben respetar los derechos humanos y el debido 
proceso. Además, en sentencia de esta Corporación se estableció que los aludidos 
organismos de seguridad deben mantener la más estricta reserva sobre los datos 
obtenidos, es decir que "no pueden difundir al exterior la información sobre una 
persona, salvo en el único evento de un ‘antecedente’ penal o contravencional, el cual 
permite divulgar a terceros la información oficial sobre una persona".  
 
 Esta Corporación ha establecido que las informaciones recopiladas por los 
organismos de seguridad sobre las personas tienen el carácter de reservado. 
Los datos obtenidos deben ser mantenidos bajo la más estricta reserva. 
27 
 
Además, en el proceso de acopio deben ser respetados los derechos 
fundamentales y el debido proceso. Asimismo, en el manejo de los datos se 
debe adoptar un lenguaje que respete la presunción constitucional de inocencia.  
 El Estado tiene por misión el servicio a todas las personas, para ello debe 
dotarse, respetando los derechos humanos y el debido proceso, de idóneas 
herramientas que le permitan mantener un clima de paz y convivencia, de suerte 
que pueda incluso recopilar y archivar información sobre una persona, en el 
marco de sus legítimas y democráticas funciones. Los organismos de 
inteligencia del Estado, internamente, pueden y deben contar con toda la 
información necesaria para el normal, adecuado, eficiente, legítimo y 
democrático ejercicio de su función de servicio a la sociedad civil y defensa del 
orden público y de las instituciones. 
 De igual manera la Corte Constitucional definió la función, limites, principios y  
alcance de las actividades de inteligencia y contrainteligencia por parte de los 
Organismos autorizados para tal fin en el Estado Colombiano, mediante Sentencia C-
540 de 2012 así: 
 En Colombia la función de inteligencia y contrainteligencia cobra especial 
relevancia dadas las graves amenazas a la seguridad que desde hace tiempo 
aquejan al país como a ningún otro del continente: el terrorismo, el narcotráfico, 
el tráfico de armas y explosivos, el lavado de activos, entre otras. No es posible 
proteger a las instituciones democráticas, a sus representantes y a la población 
en general sin un adecuado trabajo de inteligencia. El carácter transnacional de 
muchas de estas amenazas hace aún más urgente el fortalecimiento de esta 
actividad, puesto que la cooperación internacional entre agencias de inteligencia 
es la primera línea de defensa de las instituciones”. 
 La inteligencia y contrainteligencia, debe ser la herramienta primordial del 
Estado colombiano para asegurar la prevalencia del orden constitucional, es una 
actividad para prevenir amenazas, cuáles, el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico 
de armas y explosivos, el lavado de activos, entre muchas otras que son de 
28 
 
conocimiento público, y una aclaración importante es que no es una 
actividad de investigación judicial, es para prevenir actividades delictivas. 
 También encuentra relevante esta Corporación diferenciar entre las actividades 
de inteligencia y contrainteligencia y la investigación penal. Esta última ha sido 
definida por la Corte como “la sucesión de actos que se despliegan con el fin de 
recaudar los elementos de convicción requeridos para que, en el juicio, el juez 
de conocimiento someta a valoración las pruebas y determine, en su 
neutralidad, el grado de responsabilidad del procesado”. En esta medida, la 
investigación criminal pretende recaudar pruebas y establecer los responsables 
de una conducta delictual que se desenvolverá en el marco de un proceso 
penal. Así mismo, además de los parámetros que le impone directamente la 
Constitución sobre las competencias establecidas en la Fiscalía General de la 
Nación y en los jueces penales correspondientes, tienen un marco legal 
determinado por los códigos penal (Ley 599 de 2000) y de procedimiento penal 
(leyes 600 de 2000 y 906 de 2004). Por tanto, se está frente a una actividad 
judicial que busca esclarecer hechos delictivos. 
 La inteligencia busca esencialmente prevenir amenazas como el 
terrorismo y el crimen organizado, y proteger intereses vitales para la 
Nación. El resultado del ciclo de inteligencia pretende nutrir el proceso de 
toma de decisiones por parte del Estado, bajo la responsabilidad del superior 
jerárquico dentro del organismo de inteligencia y en el marco de una orden de 
operaciones o misión de trabajo debidamente autorizada, donde la información 
de inteligencia generada no pueda ser usada con fines probatorios. Por 
consiguiente, no son actividades judiciales las que se despliegan por los 
 
Organismos legitimados para desarrollar inteligencia y contrainteligencia.  
También la ley delimitó el desarrollo de la función de inteligencia a determinados 
organismos del Estado, con el propósito de generar mecanismos de control y con 
responsabilidades definida, ya se logró claridad en la imposibilidad de que organismos 
29 
 
jurisdiccionales puedan ordenar o autorizar el desarrollo de estas actividades debido a 
que desborda su rol y competencia funcional y legal. 
 
Por lo anterior, los únicos organismos que se encuentran autorizados para el desarrollo 
de la función de inteligencia según el artículo 2 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013, se 
circunscriben a instituciones pertenecientes al sector defensa, presidencia de la 
república y un grupo específico del ministerio de hacienda y crédito público; en este 
orden de ideas encontramos la legitimación tácita de la ley en las Fuerzas Militares, 
Policía Nacional, Unidad de Información y análisis financiero UIAF (perteneciente al 
Ministerio de Hacienda), sin embargo abre la posibilidad de otorgar funciones a los 
demás organismos que faculte para ello la Ley, en este aspecto es donde se encuentra 
el Departamento Administrativo “Dirección Nacional de Inteligencia”, creada bajo 
Decreto Presidencial No. 4179 de 2011, como organismo civil de seguridad para el 
desarrollo de actividades de inteligencia y contrainteligencia estratégica, una vez 
desaparecido y suprimido el antiguo DAS.  
 
CONCLUSIONES 
 
El resultado de la presente investigación y análisis conceptual sobre la normatividad 
legal aplicable al desarrollo de actividades de inteligencia dentro del ordenamiento 
jurídico colombiano, permite lograr un avance hermenéutico para poder concluir que los 
organismos de seguridad e inteligencia del Estado, internamente, pueden y deben 
contar con toda la información necesaria para el normal, adecuado, eficiente, legítimo y 
democrático ejercicio de su función de servicio a la sociedad civil en defensa del orden 
público de las instituciones.  
 
Que a partir de la expedición de una ley de carácter estatutario, precisamente al 
tratarse de la regulación de actividades que pueden llegar a vulnerar derechos 
fundamentales, es de este modo que se legitima dicha función delimitando su campo de 
actuación a la órbita de la prevención y anticipación. Sin embargo no se debe 
30 
 
desestimar que dicho cumulo de información y los métodos a emplear para su 
consecución deben respetar garantías fundamentales, y de este modo lograr eliminar el 
estigma de ilegalidad o clandestinidad de este tipo de actividades.     
 
Permite lograr una gran diferenciación jurídica en aspectos dogmáticos y 
procedimentales en el campo del procedimiento penal ordinario y en el desarrollo de 
estas actividades, pero logra abrir varios matices que deben ser objeto de futuros 
análisis sobre la complementariedad que debe existir entre la inteligencia y la 
investigación criminal, y la forma en que todo el cumulo de información legalmente 
obtenida por parte de los organismos de inteligencia pueda ser de utilidad para la 
fiscalía general de la nación, en su función investigativa y acusatoria. 
 
Tal vez aún en los diferentes escenarios académicos y jurisdiccionales no se le ha 
prestado la debida importancia a esta gran diferenciación conceptual y procedimental, 
la cual busca precisamente fortalecer la legitimidad. Esta nueva rama del derecho, debe 
permitir una actualización y nuevos enfoques de estudio, ya que por sí mismos no están 
ampliamente definidos, en este sentido se abre la posibilidad para una evolución en los 
diferentes esquemas del derecho procesal de naturaleza sancionatorio y su integración 
con el respeto de garantías fundamentales principalmente como el debido proceso, la 
intimidad, la honra, el buen nombre y el habeas data. 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
REFERENCIAS  
 
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