1 
 
 
 
 
 
 
Las obligaciones por la regulación internacional y su incidencia en los cambios 
constitucionales. 
Hacia la Calidad de la Educación Superior en Colombia 
 
 
 
Dr. William Usquiano Rodríguez  
 
Tutor 
Dr. Mario German Moreno Martínez  
 
 
 
Especialización Docencia Universitaria  
Bogotá – Colombia 
2016 
2 
 
  “Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano 
debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos 
nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde 
Para emprender la creación de la utopía contraria. Una nueva 
y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta 
la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible 
la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad 
tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad 
Sobre la tierra”. 
Gabriel García Márquez 
La soledad de América Latina 
Discurso ante la Academia 
por la concesión del Premio Nobel 
Las obligaciones por la regulación internacional y su incidencia en los cambios 
constitucionales. 
Hacia la Calidad de la Educación Superior en Colombia 
Resumen 
     Este ensayo  plantea un análisis retrospectivo  de la construcción y formación constitucional 
de Colombia en el periodo de 1811-1991 con relación al servicio público de la educación dentro 
del  contexto de los conflictos bélicos de baja y alta intensidad y la regulación los organismos 
internacionales que fundamentan y  responden al cuestionamiento que se plantea: ¿Las 
obligaciones por la regulación internacional inciden en los cambios constitucionales, dirigidos 
hacia la calidad de la Educación Superior en Colombia? Con la intención de aproximarnos a la 
3 
 
solución  de lo que se plantea, se tomó como punto de partida los textos de cada una de las 
Constituciones Políticas  haciendo su lectura y per sección  desde el contexto y consecuencia de 
características social, económica y política particulares  de cada población y espacio abordándolo 
desde Las circunstancias de conflicto bélico, en la construcción  del Estado colombiano, la 
influencia de la construcción jurídica internacional con relación al derecho fundamental de la 
educación y la educación, en la historia constitucional de Colombia.  
 
Abstrac 
     This paper presents a retrospective analysis of construction and constitutional formation of 
Colombia in the period 1811-1991 in relation to the public service of education within the 
context of military conflicts of low and high intensity regulation and international organizations 
that support and they respond to the question that arises: Obligations by the International 
Regulations affect the constitutional changes, directed toward Quality of Higher Education in 
Colombia? With the intention to approach the solution of what is planted, was taken as a starting 
point the texts of each of the constitution by reading and per section from the context and 
consequences of particular social, economic and political characteristics of each population and 
space approaching it from the circumstances of war, in the construction of the Colombian state, 
the influence of international legal construction in relation to the fundamental right of education 
and education in the Constitutional History of Colombia 
Palabras claves 
Estado, constitución, instrucción pública, política, universidades, colegios, escuelas, inspección, 
protección, ejecutivo, legislación, PISA, calidad,  sociedad  
 
4 
 
Introducción  
     La Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación de Naciones Unidas considera que los 
derechos humanos requieren el empleo deliberado de la educación para eliminar la exclusión y la 
discriminación. 
     La exclusión y discriminación marcada en nuestra sociedad y, la cual, los Estados intentan  
disminuir  a través políticas públicas  desarrolladas, orientadas a la realización de planes, 
programas y proyectos formulados con base a las evaluaciones sistemáticas orientadas por 
organizaciones Internacionales. Lo que nos lleva a cuestionarnos sí ¿Las obligaciones por la 
regulación internacional inciden en los cambios constitucionales, Dirigidos Hacia la Calidad de 
la Educación Superior en Colombia?  
     Estas obligaciones y regulación internacional obedecen a un contexto histórico nacional e  
internacional. Como resultado de conflictos interno, externos. Colombia no es ajena a estas y por 
ello se establece este contexto en un primer capítulo que se denominó.  Las circunstancias de 
conflicto bélico, en la construcción  del estado   colombiano. Que impide pasar por alto  la 
historia de la construcción constitucional del Estado colombiano,  como consecuencia de las 
revoluciones, guerras y violencia de mitad del Siglo XX  hasta la fecha.  
     Una vez se establece el contexto en que se proclamó cada constitución del Estado 
colombiano, resulta oportuno resaltar   y revisar las responsabilidades que se han adquirido 
paralelamente con los acontecimientos históricos que dieron origen a esta normatividad  
estrechamente relacionada con el derecho fundamental de la educación, a través de tratados, 
conveníos y pactos  internacionales,  por esto se establece  un segundo capítulo sobre la 
5 
 
Influencia de la construcción jurídica internacional con relación al derecho fundamental de la 
educación. 
     Estos tratados, convenios, pactos, protocolos internacionales dentro del contexto establecido 
necesariamente han influenciado en la construcción de la normatividad constitucional, tendientes 
a proteger los derechos de las personas y entre ellos el de la educación con los cuales los países 
se comprometen y los ratifican constitucionalmente por esta razón Colombia no puede ser ajena 
a su historia  en especial a al desarrollo constitucional  del concepto y alcance del sistema 
educativo que se tiene en la actualidad con un resultado desfavorable  sobre su  calidad, que 
resulta necesariamente de las necesidades externas, económicas, políticas  que se requieren en un 
contexto globalizado y  se orienta a través de políticas públicas que desarrollan las normas 
constitucionales por ello en  un tercer capítulo se establece el alcance que se le dio a  La 
Educación, en la Historia Constitucional de Colombia. Permitiendo complementar el escenario 
que nos trae a la situación actual.  
     La calidad de la educación que se exige  en Colombia se requiere para impulsar y mantener 
las exigencias macroeconómicas de poder, de control, dentro de la dinámica de un sistema 
globalizado orientado y controlado  por estándares de competencias básicas de características 
homogéneas que favorecen las economías en escala por lo que se propone un último capítulo que 
determina si las políticas públicas proyectadas de conformidad con los informes de las 
evaluaciones practicadas por organismos internacionales  ofrecen una real oportunidad y apoyo 
para  enfrentar el problema de calidad en la educación en Colombia y si este está orientado a 
impulsar el desarrollo económico, social y cultural que disminuya la discriminación y exclusión 
como consecuencia del desarrollo de las  normas  constitucionales  vigentes  y  los enfoques y 
6 
 
estrategias planteadas en lo corrido de siglo XXI. Denominado hacia la calidad de la Educación 
Superior en Colombia  
     Planteada esta estructura nos orientamos a recorrer  un camino largo  pero preciso en el cual 
se buscara dar respuesta al cuestionamiento enunciado para ello se indagara en trabajos 
elaborados por  diversos autores  que de una manera detallada y sistemática han efectuado 
investigación para reconstruir la historia de nuestro país  con base en los hechos históricos que 
forjaron nuestro  presente y desde luego continúan construyendo nuestro futuro. 
     Finalizando, las conclusiones darán  respuesta a nuestra pregunta planteada ¿Las 
Obligaciones por la Regulación Internacional inciden en los Cambios Constitucionales, Dirigidos 
Hacia la Calidad de la Educación Superior en Colombia?  
Las circunstancias de conflicto bélico, en la construcción  del Estado   colombiano 
     Aunque el propósito e intención propuesta en el artículo es analizar las normas 
constitucionales establecidas  con relación al derecho a la educación dentro de su proceso 
evolutivo en las constituciones  es determinante, y no se puede pasar por alto que  la historia 
constitucional del estado colombiano,  al igual que en la mayoría de los estados son  
consecuencia de las revoluciones, guerras y aspiraciones  de independencia que se fraguaron por  
el abuso del poder, las confrontaciones partidistas, los deseos de libertad, igualdad y 
reconocimiento de derechos que se fueron desencadenando en diferentes partes del mundo, pero 
que tiene incidencia en  los conflictos bélicos internos de cada Nación. 
     De esta manera,  se contextualizará en la historia la constante dinámica de conflicto  donde se 
ha legislado sobre la educación en las normas constitucionales logrando establecer el sistema 
educativo que tenemos en la actualidad  y que requiere cambios radicales para poder desarrollar 
7 
 
las competencias y habilidades que la globalización exige a las nuevas generaciones de esta 
manera se dará  respuesta al primer planteamiento auxiliar que se propuso ¿en qué contexto 
sociopolítico y económico se ha desarrollaba la educación primaria, secundaria y superior en 
Colombia a partir de la Constitución Política de 1811 hasta la constitución de1991? 
Estableciendo el inicio de la línea  constitucional que  facilite y permitirá retrotraer, remembrar, 
esbozar  un panorama  que induzca a comprender y entender  las normas instauradas encada una 
de las constituciones y, a la vez, hacer un análisis crítico de su objetividad, alcance y  visión 
hacia el futuro. 
     Así, con respecto de lo que aquí se postula, se encuentra  que en importantes trabajos de 
investigación se han recopilado con detalle los hechos que son relevantes en nuestra historia y 
que influenciaron  como antecedentes  inmediatos de carácter  internacional,  en  nuestro Estado,  
cuentan con un gran  número de guerras que de una  u otra manera han contribuido con la 
formación de sus naciones y sus constituciones y consecuente con ello, sus normas 
constitucionales han direccionado sus sistemas de educación como el medio eficiente y eficaz de 
proyectar el ciudadano que se desea. Con base en lo anterior,  nos precisan que: 
[…] Colombia ha vivido tres etapas de guerras: la primera etapa, comprende a las guerras 
civiles del siglo XIX, la segunda, es la que se produce a mediados del siglo XX conocida 
como La violencia, y la última etapa comienza a partir de los años sesenta en la que aún 
se encuentra el país  y se caracteriza por el enfrentamiento entre el aparato estatal y la 
guerrilla campesina. (Gonzalo Sánchez, 1986, p. 11). 
    Adentrándonos en el desarrollo de estas etapas se precisan acontecimientos cronológicos, 
dirigidos a establecer un eje conductor  que permita establecer el contexto en que la 
8 
 
normatividad constitucional planteó la educación  o instrucción pública como el derecho  
fundamental como el más importante para el progreso del Estado y de los ciudadanos así se 
encuentra que  en:  
 […] el siglo XIX, además, de la guerra de Independencia, es posible identificar nueve 
grandes guerras civiles y decenas de guerras locales. Entre las primeras figuran la guerra 
de 1830, la Guerra de los Supremos en 1839-1841, las guerras civiles de 1851, 1854, 
1859- 1862, 1876-1877, 1884-1885, 1895, y la Guerra de los Mil Días en 1899-1902 
(Tirado, 1976, p. 11). 
[…] Cada una de esas nueve guerras civiles es particular y única en relación con sus 
justificaciones, causas y desarrollos; y entre ellas hay rupturas y cambios significativos de 
orden social, político, económico y cultural que no se deben soslayar. Cada una de ellas 
presenta variaciones en sus causas y justificaciones, duración y severidad (Giraldo y 
Fortou, 2011, p. 11-15), costos en bienes y vidas (Tirado, 1976, p. 98).  
     Otra propuesta de clasificación de las confrontaciones bélicas de este periodo y que nos 
contextualiza de una mejor forma, las ideologías que motivaban la realización de estas 
confrontaciones se encuentra en el planteamiento de:  
[…] de tres grandes grupos: las guerras en torno a la definición del sujeto político, las 
guerras entorno a la definición del régimen político y las guerras contra la exclusión. El 
primer grupo, que incluye a la Guerra de los Supremos (1839- 1841) y las guerras de 
1851 y 1854, anuda conflictos locales, regionales y nacionales entorno a dos asuntos: la 
definición de los verdaderos patriotas con sus derechos a la ciudadanía y la participación 
9 
 
en el cuerpo burocrático, y la definición del alcance y los límites de la inclusión de las 
clases subordinadas en la vida política. (Fernán González (2006b, 2006c). 
     Una manera de articular a un más esta propuesta son las ideologías que se incubaban en la 
población y que  fundamentaban sin lugar a duda la sentada diferencia y distanciamiento de 
clases  que  se acentuaba en la distribución de la instrucción pública, toda vez que en diferentes 
partes del territorio se presentaban  las mismas dificultades   que se ocasionaban como 
consecuencia inequívoca del proceso de colonización y la desigualdad social como sostiene. 
Uribe y López,2006   
 […] se constituyó como un conjunto de guerras locales y regionales […] la “definición 
de territorios, poderes y dominios caudillistas” (María Teresa Uribe y Liliana María 
López  2006) […] una guerra de resistencia étnica y societal de indios y mestizos de las 
provincias del sur, contra “un Estado desconocido, lejano y para ellos arbitrario y 
violento, que se empeñaba en hacerles una guerra por la civilización”, a los primeros, y 
una guerra por la inclusión en el orden republicano y terrateniente, a los segundos ( p. 67-
73).  
Por su parte, la guerra civil de 1851 fue desde la perspectiva de estas autoras, una guerra 
de reacción política, social y cultural a un periodo de transición marcado por las reformas 
liberales del medio siglo. En este sentido, en esta guerra estaban en disputa visiones 
divergentes del orden social y cultural de la nación, y ella se manifestó como una guerra 
por “la Constitución, por el orden institucional público, por el contenido y el sentido de 
las leyes y de la gestión administrativa del Estado” (Uribe y López, 2006, p. 212).  
10 
 
Finalmente, las autoras definen la guerra de 1854, como un conflicto en la cual se disputa 
“la inclusión de los sectores populares en la vida pública” y, paralelamente, como una 
guerra en la que está en juego el restablecimiento del orden institucional y civil 
amenazado por la dictadura de José María Melo (Uribe y López, 2006, p. 355). 
En su análisis, Uribe y López, 2006 señalan que durante esta guerra se manifestó la 
escisión política del partido liberal entre Gólgotas y Draconianos y, fundamentalmente, la 
escisión societal entre el pueblo y la oligarquía, los de ruana y los de Levita, además, en 
ella se revelan cinco grandes tensiones: entre el ejecutivo y el congreso, entre el orden 
centralista y federalista, entre el poder provincial y el orden nacional, entre el poder 
militar y el poder civil, y entre la dictadura plebiscitaria y el modelo estatal republicano, 
patriótico y cívico (p. 356).  
El segundo grupo definido por González (2006c), que abarca las guerras civiles de 1859-
1862, 1876-1877 y 1885, tenía como eje articulador las disputas en torno al tipo de 
relación que debía establecerse entre el centro, las regiones, las subregiones y las 
localidades, es decir, la disputa política en torno a la definición de las competencias 
soberanas de cada uno de estos ámbitos y la pugna alrededor de a adopción de un modelo 
de régimen que discursivamente contrapone el federalismo y el centralismo.  
Miguel Borja considera a estas tres guerras civiles y al conjunto de revoluciones locales 
que se dan entre ellas, como acontecimientos dentro de una típica guerra interestatal de 
larga duración a la que denomina Guerra Federal (2010, p. 24).  
En este sentido, las tres guerras civiles de este segundo grupo serían confrontaciones 
armadas interestatales que se insertan en una gran guerra Federal y que responden, por 
11 
 
tanto, a una lógica común: la defensa de la soberanía territorial de los Estados Soberanos. 
Ellas muestran, en definitiva, las diferentes fases por la que pasaron los procesos de 
construcción del federalismo colombiano, con sus momentos de auge y crisis.  
Finalmente, el tercer grupo, que incluye a la guerra de 1895 y la guerra de los Mil Días, 
tiene como punto de convergencia la discusión sobre los límites del modelo centralista de 
dominación política, que se veía amenazado por las estructuras de poder gamonalista 
existentes en las regiones, subregiones y localidades (González, 2006, p. 43-64). Estas 
dos guerras son el resultado final de los límites impuestos a la participación política de las 
masas por un proyecto de unificación política que en ningún momento logró neutralizar a 
los caciques políticos regionales que se oponían a los procesos de centralización y 
concentración del poder.  
[…] La posibilidad de agrupar las diferentes guerras civiles del siglo XIX permite inferir, 
entonces, la presencia de algunas continuidades y elementos comunes[…] el orden 
institucional en una coyuntura determinada, aparecen después como los funcionarios 
encargados de defender la constitución contra la arremetida de antiguos y nuevos 
rebeldes; las disputas y tensiones entre localidades y regiones, que operan como elemento 
central y configurador de una guerra, aparecen y se recrean, en otra, con nuevos matices y 
nuevas coordenadas; finalmente, los discursos y relatos que se despliegan para justificar 
cada levantamiento armado se anudan con los agravios y relatos de otros conflictos 
creando esa trama de acontecimientos a través de la cual es posible representar al Estado, 
la ciudadanía, los derechos, el territorio, la autoridad y la nación. 
12 
 
[…] elementos centrales […], los cuales, se insertaron las guerras civiles colombianas de 
la primera mitad del siglo XIX. Específicamente, interesa destacar los siguientes 
aspectos: a) la demarcación de lo territorial a través de la referencia permanente a lo 
municipal, provincial y local; b) la delimitación de la autoridad en un contexto marcado 
por la presencia del caciquismo, y c) la definición de los derechos a través de 
hiperdesarrollo jurídico, la defensa del republicanismo y el miedo al pueblo.. (Manuel 
Alonso, 2014, p, 170-173)  
     Una vez se realiza el bosquejo que permite establecer cuál fue la dinámica bélica en Colombia 
hasta finales del siglo XIX, claramente influenciada por deseos de libertad, igualdad, 
reconocimientos de derechos en ambiente independentista. Es necesario, renombrar los sucesos 
bélicos del siglo XX que de la misma manera han influenciado en la construcción constitucional 
de Colombia como señala  Melba, calle “el siglo XX se inaugura […] con la Primera Guerra 
Mundial  (1914 a 1918) […] en Colombia […] con la  Guerra de los Mil Días de 1899 a 1902, 
en la cual se pasó […] a la guerra de guerrillas. (2006, p. 53) 
     Con la guerra de los Mil Días, abordamos un siglo de grandes cambios y transformaciones en 
todos los ámbitos con consecuencias políticas, económicas, téngase en cuenta que estas acciones 
se presentaron en una  época donde los modelos políticos ya se encontraba ampliamente 
repensados y con claras diferencias económicas estas circunstancias  al igual  que en nuestro 
territorio estaban causando revoluciones, conflictos, guerras que de una u otra forma 
contribuyeron a la formación de los estados para hacer una paralelo se presenta un corto 
seguimiento de estos acontecimientos, los cuales, han sido enunciados  en la historia universal 
como la de cada país, de lo que aquí se expresa se evidencia que historiadores y gran parte del 
sector de la doctrina señalan: 
13 
 
[…] En los años treinta los liberales recuperaron electoralmente el Poder, después de más 
de cuarenta años   […] En 1930 la “República, inicia la  guerra del Perú, en (1934-1938) 
se  dio inició a la  “Revolución en Marcha   […]  y finalizo 1945), […] la República  
caería definitivamente en la contienda electoral de 1946  […] (Melba, calle 2006, p. 175 -
187) 
 […] la Segunda Guerra Mundial (1939 y 1945). […] produjo consecuencias económicas 
y políticas en Colombia, […] Posteriormente, los años de la tregua intencional conocida 
como “guerra fría” se caracterizaron por cruentas guerras locales […] Entre estas guerras 
locales se cuenta La Violencia […] que se inició en Colombia en 1945  […] una guerra 
de exterminio por razones políticas, económicas y religiosas […] y la guerra 
revolucionaria que ha enfrentado al Estado colombiano contra las guerrillas comunistas 
desde los años sesenta. (Melba, calle 2006, p. 53). 
 […] La dictadura militar del General Rojas Pinilla entre 1953 y 1957 y de la Junta 
Militar entre 1957 y 1958 serían el resultado de acuerdos entre los partidos liberal y 
conservador. (Melba, calle, 2006, p. 341). 
[…] En el año de 1964 el Ejército atacó a “las repúblicas independientes” que eran 
organizaciones de autodefensa campesina con influencia comunista ubicadas en las zonas 
centrales del país. El Ejército buscó y logró ejercer soberanía pero también desplazó 
geográficamente a las autodefensas campesinas que se convirtieron finalmente en el 
grupo guerrillero de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Por la 
misma época, en la zona de Santander se organizaba la guerrilla del ELN, Ejército de 
Liberación Nacional, cuya primera acción armada inauguró el año de 1965. En 1968 se 
14 
 
formuló el Plan Andes, mediante el cual, desde el Comando del Ejército, se combinó la 
asistencia técnica y social a bachilleres y universitarios integrados al Ejército con la 
represión a las guerrillas como tarea principal de las Fuerzas Armadas (Melba, calle, 
2006, p. 343). 
[…] 1974 la Secretarla Ejecutiva del Consejo Superior de la Defensa Nacional elaboró el 
Manual para la Seguridad Nacional, según el cual, la sociedad se dividía en cinco frentes 
(interno, externo, económico, técnico, científico y militar)[…] bajo la presidencia de Julio 
C. Turbay Ayala que se inauguró dicha aplicación bajo la excepcionalidad del estado de 
sitio. Entre 1978 y 1982 las actividades militares representaron un esfuerzo para poner en 
marcha la mecánica concepción de la sociedad hecha por la Doctrina de Seguridad 
Nacional. El presidente Turbay facilitó la estructura del Estado para que los militares 
actuaran cómodamente (Melba, calle, 2006, p. 344). 
[…] Se inauguró una nueva política llamada “proceso de paz”. El proceso de paz 
comenzó con el gobierno de Belisario Betancur y perseguía someter políticamente a las 
guerrillas. Comenzó con una ley de amnistía para los subversivos en el ano de 1982 […] 
al mismo tiempo se organizó la estrategia paramilitar consistente en la formación de 
cuerpos de civiles armados con el objetivo de reprimir la insurgencia, la llamada guerra 
sucia que  contó con el apoyo de un sector del narcotráfico lo que favoreció aún más la 
impunidad ya que permitió atribuir los crímenes a “autores desconocidos” llamados 
“narcoterroristas,(www.unal.edu.co/196/1/ ,p. 377-378…) En este contexto se fue 
generando una espiral de estados de guerra que culmino en la delirante “batalla del 
Palacio de Justicia” librada en 1985. Todo comenzó porque el movimiento ex guerrillero 
M-19 había roto la tregua con el gobierno de Belisario Betancur y fraguó una operación 
15 
 
armada consistente en la toma del Palacio de Justicia para hacer un juicio simbólico al 
gobierno por su incumplimiento de los pactos de paz. El presidente Betancur no aceptó la 
salida negociada y aprobó un operativo militar que empezó con la irrupción de tanques de 
guerra por la puerta principal del Palacio. (Melba, calle, 2006, p. 345). 
[…] Posteriormente, la terminación de la guerra fría y la crisis interna propiciaron la 
decisión del Presidente Cesar Gaviria de dar un vuelco en el tratamiento del problema 
militar a partir de 1990, dicha iniciativa desembocaría en un nuevo proceso constituyente 
que culminó con la expedición de la Constitución de 1991 (Melba, calle, 2006, p. 346) 
Influencia de la construcción jurídica internacional con relación al derecho fundamental de 
la Educación 
     Una vez se estableció el escenario en que las diferentes constituciones del Estado colombiano 
fueron proclamadas y conociendo las diferentes motivaciones que impulsaron tales eventos, 
resulta oportuno recordar  y revisar las responsabilidades que se han adquirido paralelamente con 
los acontecimientos históricos que dieron origen a esta normatividad y que están estrechamente 
relacionados con el derecho fundamental de la educación, que como veremos más adelante, en 
cada una de las constituciones cuenta con un lugar no menos importante que las demás normas y 
garantías fundamentales y, coherente con ello, se  vincula directamente  como el derecho 
esencial para que los hombres logren alcanzar sus objetivos dentro de un ordenamiento jurídico 
interno como externo que tiene como fin garantizar su desarrollo, eficiencia y eficacia, lejos de 
todo vicio que pueda comprometer o vulnerar su aplicabilidad en todo tiempo y circunstancias y 
de esta manera sea los mecanismos que sirva para cerrar las  brechas existentes en la sociedades,  
16 
 
impulsar los demás conceptos que permiten que un estado alcance o se proyecte entre los 
modelos económicos en un mundo globalizado. 
     Estas responsabilidades de carácter internacional en su mayoría, se han acordado y aceptado 
en desarrollo de las funciones constitucionales del  presidente que se plasmó con el siguiente 
tenor literal: 
Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y 
Suprema autoridad administrativa: 
[…] 2. […] celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o 
convenios que se someterán a la aprobación del Congreso. […], (CP, Art. 189). 
     Estos instrumentos por su importancia,  por lo general, son de imperativo y forzoso 
cumplimiento, toda vez, que  desarrolla el derecho fundamental de todo ser humano la 
educación. Para fundamentar y garantizar  la aplicabilidad de estos convenios, pactos, tratados se 
han elaborado y […] aprobado un conjunto de normativas internacionales que se apoyan 
mutuamente […], componen un corpus jurídico amplio que está en plena evolución, lo que da 
testimonio del desarrollo paulatino de este derecho. UNESCO, Educación, Derecho a la 
Educación, Acción Normativa Normalización. 
      Como indica la UNESCO  los instrumentos internacionales en los que se reconoce el 
derecho a la educación cronológicamente: 
1946: Aprobación de la Constitución de la UNESCO. 
1948: Aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 
17 
 
1959: Aprobación de la Declaración sobre los Derechos del Niño, por la Asamblea 
General, en noviembre de 1959. Metas educativas 2021 “[…] (UNICEF) estableció 
compromisos en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia (1990), y actualmente 
promueve la protección infantil y al mismo tiempo el avance en el cumplimento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio”. (OEI, 2010, p.23). 
1960: Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la 
Enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, el 14 de diciembre de 
1960. 
1965: Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial, aprobada por la Asamblea General mediante la Resolución 2106 A 
(XX) del 21 de diciembre de 1965. 
1966: Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales, aprobado en 
1966, Artículo 13 Metas educativas 2021, “la educación primaria como obligatoria y 
gratuita, la educación secundaria generalizada y accesible a todos y la enseñanza superior 
accesible a todos, y propuso implantar sistemas de becas y mejorar las condiciones 
materiales del cuerpo docente” (OEI, 2010, p.23) 
1966: Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales Metas 
educativas 2021, “Artículo 18 consagró la libertad de conciencia y de elección por parte 
de los padres del centro de enseñanza acorde a sus convicciones religiosas o morales” 
(OEI, 2010, p.23)  
18 
 
1969: En el artículo N.º 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Metas 
educativas 2021 […] “el principio de desarrollo progresivo […] para lograr […] la plena 
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre 
educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de Estados 
Americanos” [...], (OEI, 2010, p.23). 
1974: Recomendación sobre la educación para la comprensión, la cooperación y la paz 
internacionales y la educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales, aprobada por la Conferencia General en su 18ª reunión, París, 19 de 
noviembre de 1974.  
1978: Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, aprobada por la 
Conferencia General el 21 de noviembre de 1978. 
1979: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 18 
de diciembre de 1979 
1988: El Protocolo de San Salvador: Metas educativas 2021  “estableció la enseñanza 
primaria obligatoria, las enseñanzas secundaria y superior accesibles a todos y programas 
de enseñanza diferenciada para los minusválidos.” (OEI, 2010, p.23). 
1989: Convención sobre la Enseñanza Técnica y Profesional, aprobada por la 
Conferencia General en su 25ª reunión (París, 10 de noviembre de 1989). 
19 
 
1989: Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en noviembre de 1989 
1990: Declaración Mundial sobre Educación para Todos: la Satisfacción de las 
Necesidades Básicas de Aprendizaje, aprobada por la Conferencia Mundial sobre 
Educación para Todos, celebrada en Jomtien (Tailandia), del 5 al 9 de marzo de 1990. 
1997: Declaración de Hamburgo sobre la Educación de Adultos, aprobada en la Quinta 
Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos, Hamburgo (Alemania), 18 de 
julio de 1997.. 
1998: la Segunda Cumbre de las Américas: Metas educativas 2021 “definió como metas 
para 2010: […] los niños concluya una educación primaria de calidad; […] los jóvenes 
acceda a una educación secundaria de calidad, con […] culminación, […] que existan 
oportunidades de educación a lo largo de la vida” (OEI, 2010, p.23). 
2000: Marco de Acción de Dakar. Educación para Todos: Cumplir nuestros 
compromisos, comunes, aprobado por el Foro Mundial sobre la Educación, celebrado en 
Dakar (Senegal), del 26 al 28 de abril de 2000. 
2001: Recomendación Revisada relativa a la Enseñanza Técnica y Profesional, aprobada 
por la Conferencia General en su 31ª reunión, (París, 2 de noviembre de 2001). 
2006: Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
2007: OEA, el Compromiso Hemisférico por la Educación de la Primera Infancia: Metas 
educativas 2021 “reconociendo el proceso de desarrollo integral del niño desde el 
20 
 
nacimiento hasta los ocho años, y acordaron […] la implementación […] de políticas 
integrales de primera infancia y aumentar la cobertura educativa, así como su calidad” 
(OEI, 2010, p.23) 
     De lo anterior, se deduce que la normatividad jurídica internacional que se relaciona está 
construida desde  la mitad del siglo XX y lo que ha  transcurrido del siglo XXI, en ellas, se 
observa un esfuerzo para reglamentar la no discriminación, fomentar unos esquemas de 
educación escolarizados en cada una de sus etapas o fases de forma completa,  establecer o 
fomentar la cooperación internacional  económica y técnica y promover en los Estados la 
creación de políticas públicas que ofrezcan una educación de  calidad. 
     Relacionado a esto, debemos preguntarnos sí estas normas son  de carácter general para los 
Estados que ratifican estos acuerdos y de obligatorio cumplimiento,  por que existe una marcada 
diferencia en la calidad de la educación que se imparte y que es de marcada diferencia entre la 
educación pública como la privada, una de las respuestas  que indiscutiblemente se daría es que 
la educación, es sin lugar a duda, el medio para cerrar las brechas  sociales que se crean en las 
sociedades, que la educación requiere de la participación activa  e integra de todos los actores de 
la economía de un país, de un trabajo  coordinado, estructurado entre el Estado, la economía y la 
base fundamental  de la sociedad la Familia. 
     En la medida que se combata la  discriminación y la exclusión social, se fortalezca la 
inclusión  y que la educación tome la verdadera importancia   en las políticas públicas del 
Estado, donde la formación académica sea  para todos y que antes de pensar en un ciudadano 
productivo se formen ciudadanos con un criterio humanístico más que material, que se fomente 
el reconocimiento de los derechos fundamentales desde la diferencia culturales  y de 
21 
 
cosmovisión de cada individuo, logrando que  las desigualdades  sociales se cierren gracias a la 
calidad de la educación que se imparta. 
     Así se establece un  nuevo enlace o hilo conductor dentro de la línea constitucional que se 
está estableciendo,  toda vez que estos pactos, convenios o acuerdos fueron o son ratificados por 
las constituciones de Colombia, que  inevitablemente han contribuido a formar la norma 
constitucional colombiana relacionada con el derecho fundamental de la educación. Establecida 
esta normatividad dentro del contexto revolucionario, conflictivo,  bélico descrito con 
anterioridad se da respuesta al segundo interrogante auxiliar planteado que corresponde a 
establecer ¿qué normas o acciones  internacionales  han influenciado en la construcción de  
las normas constitucionales con relación a este derecho fundamental? y nos orienta a reconocer 
la influencia y direccionamiento que realmente se ha dado a estas normas que tienen objetivos 
claros y concretos para la aplicación del derecho a la educación, sin ninguna clase 
estancamientos, retrasos o manipulaciones.  
     Estructurando y realizando los enlaces correspondientes en cada una de las fechas abordadas 
en este artículo, desde diferentes puntos de vistas primero, el componente bélico, conflictivo y el 
segundo, desde la óptica internacional tendiente a minimizar las características socio económicas 
y políticas que atentan contra el servicio público de educación como derecho fundamental, donde  
se crea el camino para abordar más directamente el conocimiento de la evolución constitucional 
de la educación desarrollada en la normatividad interna de colombina. 
 
 
 
22 
 
La Educación, en la historia constitucional de Colombia 
     Al iniciar el proceso evolutivo de nuestro sistema educativo desde perspectiva constitucional, 
es necesario,  reconocer que se ha dividido en diferentes etapas. Concuerdan con las etapas de los 
conflictos armados que ya se describieron y que inician como  lo indica  el constitucionalista:  
La Revolucionaria, la de los ensayos de vida  independiente y primeros pasos de 
formación  de la nacionalidad, La de la Gran Colombia, la de la nueva Granada y la de la 
Constitución de  1886 Pérez, Francisco de Paula, 1942  
     Desde luego, la etapa que se está generando y transformando desde  la última década del siglo 
XX, con  la Constitución de 1991. En consecuencia, es necesario resaltar algunos  
acontecimientos nacionales como internacionales que sucedieron y  que acontecen en la 
actualidad  y que por su importancia y naturaleza influyen en la toma de decisiones y en el 
establecimiento de políticas públicas,  relacionadas con la economía y, por supuesto, con la 
educación y demás  aspectos que intervienen en el desarrollo integral de la estructuración del  
Estado: 
La Expedición Botánica de 1783, como institución representativa del movimiento de 
ilustración, “la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, (en 
francés: Déclaration des droits de l'homme et du citoyen)”, aprobada por la (Asamblea 
Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789)  
El memorial de agravios del 20 de Noviembre de 1809, La Constitución de 
Cundinamarca del 11 de  Abril   1811, que se considera como la  “primera constitución de 
nuestro país”, como Afirma  (Hernán A. Olano, 2000, p.10)  
23 
 
De la misma manera indica Francisco de Paula Pérez, “este Código que fue la primera 
expresión de los pueblos oprimidos,  y el primer eslabón de la cadena de nuestro derecho 
constitucional, merece ocupar lugar preferente en la historia de Colombia” (1942, p.11) 
 En esta carta encontramos además como puntos fundamentales establecidos para el 
cumplimiento de los fines que se propusieron con la promulgación de  esta  Constitución 
si se puede llamar de alguna manera las primeras  estrategias y lineamientos   para 
garantizar  e impulsar a los ciudadanos al conocimiento de sus deberes y derechos,  los 
cuales, se integrarían con el conocimiento y habilidades en las áreas que para la época  se 
consideraron vitales, básicas y necesarias para la instrucción pública: “Protección y 
fomentó de la agricultura , las artes, las Ciencias, El comercio” (Pérez, Francisco de 
Paula, 1942,p, 21)  
     Con relación a la educación en  su Título XI denominado de  la Instrucción Pública se 
consagro en su articulado: 
 Artículo 1: Las primeras ideas que se imprimen al hombre en su niñez y la educación que 
recibe en su juventud, no solo, son las bases de la buena o mala suerte que haya de correr 
en el discurso de su vida, sino, las que aseguran todas las ventajas o desventajas a favor o 
en perjuicio de la sociedad, las que dan a esta ciudadanos robustos e ilustrados, o la plaga 
de miembros corrompidos y perjudiciales […].  
Artículo 2: […] estableció escuelas de primeras letras y dibujo… Con separación de los 
dos sexo. 
24 
 
 Artículo 3: El objeto de enseñanza de las escuelas será leer, escribir y dibujar […] 
geometría […] doctrina cristiana […] Obligaciones del derecho del Ciudadano conforme 
a la Constitución. 
Artículo 4: Establecer en la capital una sociedad patriótica… para promover y 
fomentar…en razón de las ramas de ciencia, agricultura, industria, oficios, fábricas, artes 
y Comercio. 
 Artículo 5: […] Tener presente la Expedición Botánica… para extenderlo a la enseñanza 
de las ciencias naturales. 
Artículo 6: […] Se permitió a cualquier ciudadano abrir  escuelas de enseñanza pública 
[…] Como auxilio de la instrucción de los ciudadanos. 
 Artículo 7: […] Los colegios y universidades quedaron bajo la inspección y protección 
del gobierno […] (Constitución de Cundinamarca, 187-188). 
     Es determinante iniciar desde ya con nuestro  análisis crítico a la normatividad que se 
estableció constitucionalmente sobre la instrucción pública (Educación), en nuestro país,  
analizando aspectos que nos conlleven a determinar si estas fueron las políticas públicas 
apropiadas para la época o por  lo contrario son la causa fundamental  de mantener una calidad 
baja en el manejo de los conocimientos necesarios para el progreso de nuestro Estado. 
     Es necesario preguntarnos si Frutos Joaquín Gutiérrez (Cúcuta, 1770-Santa Fe de Bogotá, 
1816) escritor y político colombiano, quien  en 1810 firmó el acta de independencia y en 1811 
fue presidente de Cundinamarca.  Ignoró quizás, los avances en educación existentes para la 
época y como consecuencia de ello se estableció el articulado ya citado, siendo claro que en la 
25 
 
Normatividad constitucional se reconoce que es fundamental la educación que reciban los 
asociados ya que esta será la causa y precedente fundamental del comportamiento de la sociedad 
y, por consiguiente, se convierte en el principal medio de control de los ciudadanos, y a la par 
determina el progreso económico del país, que no desconocían los avances científicos e 
ideológicos que se daban en nuestro territorio como en otros continentes. Mas sin embargo, la 
educación o instrucción que se plantearon al parecer fue atrasada, para la época, si tenemos  en 
cuenta  que en el viejo continente, los avances en educación ya se estaban fundamentando y 
especializando como señala San Román GagoI: 
Las primeras escuelas se abrieron durante el reinado de Carlos III, a finales del Siglo 
XVIII que a partir de este momento. “La educación fue campo de batalla en los cambios 
políticos de los sucesivos reinados […] con mayor o menor poder de la iglesia en función 
de los intereses ideológicos de la corona; fluctuando el modo de acceso al cuerpo de 
maestras y maestros, con intentos por mejorar la calidad de la enseñanza desde una 
perspectiva que apunta hacia la confianza en la cultura como medio de progreso. (2013. 
p, 231) 
     Con la Constitución de Tunja  de 9 Diciembre de 1811, se inserta  la  Sección  sexta  bajo el 
título  de la educación Pública; que  contempla que: 
En su numeral 1: En todos los pueblos de la provincia habrá una escuela en donde se 
ensene a los niños a leer, escribir, contar, los primeros rudimentos de nuestra santa 
Religión y los principales derechos y deberes del hombre en sociedad.  
26 
 
En su numeral 2: En la capital habrá una universidad…” (Universidad de Tunja) […] en  
que se enseñe la gramática Española y latina, La Filosofia, La Moral, El Derecho Público 
y Patrio y la Religión. 
En su Numeral 3: […] Ni en las Escuelas de los Pueblos, ni en las de la Capital habrá 
preferencias ni distinciones entre blancos, indios y otra clase de gente. Lo que en este 
Estado distinguirá a los jóvenes, será su talento, y los progresos que hagan en su propia 
ilustración. (1811, p, 277, www.unal.edu.co/190/31) 
     Con respecto a esto afirma Olano, Hernán “el derecho a la educación primaria gratuita… y la 
obligación para todos los municipios de establecer  por lo menos una escuela pública” (2000, p, 
14) 
     La aprobación de la Constitución política de la monarquía española. Promulgada en Cádiz a 
19 de marzo de 1812. Consagró en su  Título IX, de la instrucción pública, capítulo único., En 
sus artículos  366 al 371  se estableció: 
Art. 366: En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras 
letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la 
religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones 
civiles. 
Art. 367: Asimismo, se arreglará y creará el número competente de Universidades y de 
otros establecimientos de instrucción que se juzguen convenientes para la enseñanza de 
todas las ciencias, literatura y bellas artes. 
27 
 
Art. 368: El plan general de enseñanza será uniforme en todo el Reino, debiendo 
explicarse la Constitución política de la Monarquía en todas las Universidades y 
establecimientos literarios donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas. 
Art. 369: Habrá una Dirección general de estudios, compuesta de personas de conocida 
instrucción, a cuyo cargo estará, bajo la autoridad del Gobierno, la inspección de la 
enseñanza pública. 
Art. 370: Las Cortes, por medio de planes y estatutos especiales, arreglarán cuanto 
pertenezca al importante objeto de la instrucción pública. 
Art. 371: Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas 
políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, 
bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes. 
(www.org/documentos/cons_1812.) 
    Todos estos antecedentes continúan estableciendo en la educación la necesidad de ilustrar con 
los conocimientos básicos a los ciudadanos sin apartarse de la guía y control de los lineamientos 
y parámetros establecidos por la iglesia católica y la influencia de los   gobiernos Monárquicos.  
Aunque se enuncia la necesidad de crear más universidades e instituciones  qué garanticen un 
avance en el manejo de determinadas áreas del conocimiento, sin embargo, no se aleja del ideal 
de ciudadano que se requiere para la evolución del Estado. Aunque se deslumbra ya la 
Organización de un establecimiento público de enseñanza. 
     Para el análisis es necesario reconocer que la realidad socio política de nuestra nación  esta 
época que está determinada por los constantes cambios que se realizaban como consecuencia de 
28 
 
las guerras y proclamaciones de independencia concurridas dentro de esta década como lo señala 
Ocampo López:  
La proclamación de Cartagena el 11 de Noviembre de 1811, la guerra entre federalista y 
centralistas en 1812, la proclamación de independencia de Cundinamarca el 16 de julio de 
1813, en Antioquia, Don Juan del Corral fundó la academia de ingenieros Militares  y 
José Félix de Restrepo  impulsó la cátedra de gramática  y filosofía en Medellín. En las 
primeras constituciones aparecen elementos fundamentales  que se generalizaron casi en 
todas ellas  lo relacionado con la educación se hiso ilusión a la ilustración como 
condición  esencial de la felicidad pública (1990, p, 85) 
Narra Olano, Hernán. La guerra de independencia  que tiene sus inicios el 15 de Agosto 
de 1818, con el protagonismo de Bolívar, El general Santander, José Antonio Páez, 
Jammes Rook, Juan José Rondón Anzoátegui, combatiendo  finalmente el 7 de agosto de 
1819, en el puente de  Boyacá, culminando así, finalmente, el esfuerzo de independencia 
en la liberación de la Nueva Granada. (2000, p.19, 20). 
     Estos acontecimientos, hacen parte esencial de nuestra  historia y de nuestro presente, son una 
clara demostración de  nuestros compatriotas luchaban contra una opresión que coartaba su 
libertad e igualdad como derechos fundamentales  inmersos en las constituciones,  en la práctica 
eran  contrarios. Nuestro Estado, con razón o no se formó en medio de la violencia y 
desigualdades de inequidad y falta de oportunidades, a pesar que se reconociera  en la instrucción 
pública (educación), una herramienta esencial para la consecución de los fines establecidos 
constitucionalmente. Estos acontecimientos, de una o de otra manera afectaron, los avances en la 
calidad de la educación qué se implementaba,  esto en pleno contrate con lo que sucedía en 
29 
 
España  trabajo en la educación  que para el año  1812  en la Constitución de Cádiz como señala 
San Román GagoI Sonsoles: 
Se encomendó la ejecución de la gestión al Ministerio de Gobernación, de quien dependía 
la Dirección General de estudios, estableciendo con ello el embrión de lo que más tarde 
sería el Consejo de Ministros, órgano independiente del poder ejecutivo que pretendía 
evitar el monopolio ideológico del Estado y garantizar la libertad de enseñanza (2013.p. 
231) 
     En nuestra historia se destacan de la misma manera constituciones  provinciales que merecen 
el mismo interés para nuestro análisis crítico  sobre la evolución de la educación a través de la 
historia constitucional dentro del contexto nacional  e internacional. De esta forma abordamos las 
normas sobre educación que se la consagraron en las siguientes constituciones iniciando con la 
Constitución del Estado de Antioquia de 3 de Mayo de 1812: 
Título IX instrucción pública abra en todas las parroquias de la provincia escuelas de 
primeras letras, en que se enseñen gratuitamente delos niños de cualquiera clase y 
condición  que sean, a leer, escribir, las primeras bases de la religión, los derechos del 
hombre y los deberes del Ciudadano, con los principios de la Aritmética y  geometría. 
Dichas escuelas se irán estableciendo luego que lo permitan las circunstancias, quedando 
a cargo de la legislatura el buscar medios para que se doten sin gravamen de las actuales 
rentas públicas.  
Artículo 2: Habrá igualmente un Colegio y Universidad en que se enseñe a los jóvenes de 
toda la provincia la gramática, la filosofía en todos sus ramos, la religión, la moral, el 
derecho patrio con el público y político de las naciones. La Legislatura excogitará los 
30 
 
fondos para el establecimiento, cuidando de que se funden, a la mayor brevedad posible, 
las cátedras más necesarias.  
Artículo 3: Los poderes Legislativo y Ejecutivo formarán con la mayor actividad la 
erección de sociedades públicas y privadas, que promuevan la agricultura, la minería, las 
ciencias, el comercio y la industria, perfeccionando los Inventos que se conozcan e 
introduciendo otros nuevos que puedan ser útiles al país. Para lo cual todos los años 
destinará la Legislatura una cantidad moderada que se distribuya en premios a los que 
juzgue que lo merecen. 
Artículo 4: Una de las primeras obligaciones de la Legislatura y magistrados que haya en 
los futuros periodos de esta república, será cuidar que la buena educación, las ciencias y 
las virtudes públicas y religiosas se difundan generalmente por todas las clases del 
pueblo, y para que sus individuos sean benéficos, industriosos y frugales; para que todos 
los Ciudadanos  conozcan sus derechos, amen la patria con la libertad, y defiendan hasta 
la muerte los inmensos bienes que con ella han adquirido. (1812, Pagina 346-347) 
     Contemporáneamente y con diferencia de  un mes se proclamó la Constitución política del 
Estado de Cartagena de indias, expedida el 14 de junio de 1812  que en su  TITULO 12. De la 
Instrucción pública. Consagro: 
 Artículo 1. La difusión de las luces y de los conocimientos útiles por todas las clases del 
Estado es uno de los primeros elementos de su consistencia y felicidad. El conocimiento 
y aprecio de los derechos del hombre, y el odio consiguiente de la opresión y de la tiranía, 
son inseparables de la ilustración  pública. Ella es, además, la que mejor iguala a todos 
los ciudadanos. Les inculca y hace amables sus deberes, aumenta la propiedad individual 
31 
 
y las riquezas del Estado, suaviza las costumbres y en gran manera mejora y previene los 
delitos; la que perfecciona el gobierno y la legislación; el fiscal más temible de los 
depositarios de la autoridad; el repuesto de hombres dignos de serlo; y en fin, la amiga 
inseparable de la humanidad y de los sentimientos sociales y benéficos. Cualesquiera que 
puedan ser los abusos de la luz, jamás podrán balancear sus bienes y los males de la 
oscuridad, y todos los Poderes del Estado conspirarán en uno, a fomentar con el mayor 
esmero este germen fecundo de felicidad, y a, promover los establecimientos que lo 
hagan más productivo.  
Artículo 2. Desde luego, se llevan a cabo las disposiciones dadas; dadas por la antigua 
Junta, para él, establecimiento de escuelas de primeras letras en todos los poblados, y se 
perfeccionarán éstas, conforme se proporcionen los fondos necesarios para competentes 
dotaciones; debiendo ser los objetos de su enseñanza la doctrina cristiana, los derechos y 
deberes del ciudadano, leer, escribir, dibujar y los primeros elementos de la geometría. 
Hallándose establecida en esta capital, bajo la protección del Gobierno, una Sociedad 
patriótica de amigos del país, le franqueará aquél todo el patrocinio y fomento que 
merece una corporación .industria, fábricas, artes, ciencias y oficios, comercio.  
Artículo 3. Se recomienda a la sociedad como uno de los mayores servicios que puede 
hacer a la República, la fundación de escuelas para ambos sexos y enseñanza de que trata 
el artículo 2, en la capital y en todo el Estado, y se encargan á su celo y vigilancia las que 
establecieren. 
32 
 
Artículo 4. La Escuela Militar y la Náutica fundadas por el Consulado de esta ciudad, 
subsistirán con la protección que demanda su importancia, aun extinguido que sea aquel 
establecimiento. 
Artículo 6. Queda bajó la inspección y protección del Gobierno el Colegió Seminario de 
esta capital, como establecimiento de instrucción pública, y se promoverán las reformas y 
mejoras que sean convenientes, y los ramos de enseñanza que falten en su plan. 
Artículo 7. Se declarará la facultad de conferir los grados literarios de acuerdo con el 
Prelado diocesano y bajo el plan menos dispendioso a la juventud que aspire a ellos. 
Artículo 8. Cualquier ciudadano podrá abrir escuela de enseñanza pública, con permiso 
del Gobierno, sujetándose a su examen y a la inspección de la Sociedad patriótica con sus 
respectivos ramos.  
Artículo 9. Se prohíbe severamente, y con el mayor celo vigilarán las justicias, que se 
corte de raíz el abuso tan perjudicial como común en esta capital, de que la tierna 
juventud de ambos sexos, aquella edad interesante a la sociedad, en que debería plantarse 
en sus almas con la instrucción conveniente el amor do la virtud y la aplicación al trabajo, 
y enseñarla un arte u oficio que fuese el patrimonio de su vida, sea sacrificada al ocio y a 
la corrupción y el aprendizaje de los vicios, por la práctica de vagar por calles y pandillas  
de la mafiana á la noche, ejercitada en revender por un interés precario” (www.org.pdf.   
p 54-56) 
     En el mes de julio del mismo año se proclamó la Constitución política de la Republica de 
Cundinamarca 18 de julio de 1812  que en su  TITULO X. De la Instrucción pública. Consagro 
33 
 
Artículo 1: Las primeras ideas que se imprimen al hombre en su niñez, y la educación 
que recibe en su juventud, no solo son las bases de la buena, o mala suerte que ha de 
correr en todo el discurso de su vida, sin  todas las ventajas, o desventajas u favor, o en 
perjuicio de la  sociedad, las que dan al Ciudadanos robustos e ilustrados, o la plagan de 
miembros corrompidos y perjudiciales. El Cuerpo  legislativo tendrá en mucha 
consideración, y el Gobierno promoverá con el mayor esmero los establecimientos que 
miran a esta parte importantísima de la felicidad del Estado. 
Numeral 2: En todos los Poblados deberán establecerse escuelas do primeras letras .y 
dibujo, dotadas competentemente de las fondos a que corresponda, con separación de los 
sexos  
Numeral 3: Los objetos de la enseñanza de estas escuelas serán leer, escribir, dibujar, los 
primeros elementos de la Geometría, y antes que todo, la Doctrina cristiana, y las 
obligaciones y derechos del Ciudadano conforme a la Constitución. 
Numeral 4: Deber a establecerse cuanto antes en la Capital, una sociedad patriótica, asi 
para promover y fomentar estos establecimientos con ella, en toda la Provincia, como 
para hacer otro tanto en razón de los ramos de ciencias, agricultura, industria, oficios, 
fabricas, artes, comercio. 
 
Numeral 5: Deber á también establecerse cuanto antes un Colegio de Abogados, para 
que esta profesión  produzca  a la sociedad las ventajas que se han experimentado en 
otras partes con este útil establecimiento. 
34 
 
Numeral 6: El de los Hospicios bien arreglados contribuye mucho a la educación, 
fomento de las Artes, y destierro de la ociosidad. El Gobierno tornar en consideración 
este ramo de policía con preferencia, y se formará una Junta para In dirección del que hay 
en esta Capital. Compuesta del Sub-Presidente, de un Canónigo, de dos Regidores, y de 
dos ciudadanos los más a propósito para velar sobre su arreglo, permanencia. Y  utilidad. 
Numeral 7: El Gobierno cuidará de arreglar del mejor modo posible la  Biblioteca 
pública para conservarla, aumentarla, y mejorarla con un auxilio para la instrucción de los 
Ciudadanos. 
Numeral 8: Los Colegios y Universidad quedan bajo la inspección, protección del 
Gobierno, y Goma establecimientos de la instrucción pública se harán con ellos las 
reformas y mejoras que  se tengan  por convenientes. 
Numeral 9: Los Colegios de los Regulares serán  mirados con la misma consideración, 
ajustándose a los planes de la Universidad pública, y Colegios Seculares, para lo que se 
proceder a de acuerdo con sus respectivos Prelados. 
Numeral 10: El establecimiento de la Expedición Botánica quedará. Suspenso por ahora, 
y el Gobierno cuidará de que su Biblioteca, maquinas, y trabajos obrados hasta el 
presente se asegure y conserven para cuando llegue el tiempo de su reposición.                  
(http://babel. p 49-51). 
     Tres años después el 10 de julio de 1815 se proclamó la  Constitución, Provisional de la 
Provincia de  Antioquia,  Qué en su  TITULO XI. De la Instrucción pública. Consagro: 
35 
 
Artículo 1: El objeto primario de un Gobierno liberal es proveer a la ilustración de los 
pueblos, formar a los hombres, hacerles conocer y apreciar sus derechos y conducirlos a 
la práctica de todas las virtudes: hará pues el de esta provincia que las luces se difundan, 
estableciendo escuelas en todas las ciudades, villas y parroquias, en que la juventud 
aprenda a leer y escribir, los elementos de cálculo y los de la moral. 
Artículo 2: Desprender el alma dc la superstición y del fanatismo y elevarla a la 
contemplación de Dios y de su ser, Inspirando desprecio a la muerte y amor a la libertad, 
deben ser los primeros cuidados de la educación; al efecto decretará el Cuerpo 
Legislativo planes y reglamentos de escuelas. 
Artículo 3: Habrá igualmente un colegio y universidad en que se enseñe a los jóvenes de 
toda la provincia la gramática, la filosofía en todos sus ramos, la religión, la moral, el 
derecho patrio con el público, y político de las naciones. La Legislatura  ejecutara los 
fondos para el establecimiento, cuidando de que se funden a la mayor brevedad posible 
las cátedras más necesarias. 
Artículo 4: Los poderes Legislativo y Ejecutivo con la mayor actividad fomentarán la 
erección de sociedades públicas y privadas, que promuevan la agricultura, la minería, las 
ciencias, el comercio y la industria, perfeccionando los inventos que se conozcan e 
Introduciendo otros nuevos que puedan ser útiles al país. (www.bdigital.pdf,p.377-378) 
     Un mes después se proclamó la  Constitución de  Mariquita, el 4 de Agosto de 1815 la cual en 
el Titulo 21 del fomento de la Literatura hace mención a la instrucción pública  indicando: 
Por cuanto, a la sabiduría y la erudicción igualmente  que la virtud  difundida 
generalmente en el pueblo, son necesarias para la preservación de sus derechos  y libertad  
36 
 
depende de las ventajas de la educación. En las diversas partes del Estado Y entre los 
diferentes órdenes del pueblo, Será la más estrecha relación de las legislaturas y 
Magistrados en  todos periodos venideros de esta República, Fomentar el interés de la 
Literatura y de las ciencias, mejorando las Escuelas públicas, actualmente establecidas y 
extendiéndolas   a otros pueblos: estableciendo aulas de gramática en las ciudades y villas 
y promoviendo generalmente la agricultura, las artes, el comercio y las manufacturas: 
sostener y adelantar los principios de la humanidad  y generar benevolencia, los de 
caridad publica, buena fe y todos los afectos sociales y sentimientos generosos entre los 
pueblos, p. 37) 
Titulo 23: Disposiciones Generales, Articulo 1: Como la parte de Ciudadanos que hasta 
hoy se ha denominado indios, no ha conseguido, el fruto apreciable de algunas leyes que 
la monarquía Española dicto a su favor, porque los encargados del Gobierno en estos 
países tenían olvidada da execución, y como las bases del sistema  de gobierno que en 
esta constitución ha adoptado Mariquita no son otras que las de la justicia encargada. muy 
particularmente a los  agentes de su autoridad suprema que así como han de aplicar sus 
fatigas y cuidados para conseguir la ilustración de todos los habitantes del Estado, 
Proporcionales escuelas, Academias y colegios en donde aprendan todos los que quieran 
los principios de Religión de la sana moral, de la política, de la ciencia y de las artes 
útiles y necesarias para el sostenimiento y prosperidad de los pueblos, procuren por todos 
los medios posibles a traer a los referidos Ciudadanos Naturales a estas casas de 
ilustración y enseñanza, hacerles comprender  la íntima unión que tienen  con todos los 
demás ciudadanos  Las consideraciones que como aquellos merecen del gobierno y los 
derechos de que gozan por solo el hecho de ser hombres iguales, a todos los de su 
37 
 
especie,  a fin de conseguir, por este medio  sacarlos, del  abatimiento y rusticidad en que 
los han mantenido el antiguó estado de las cosas, y que  no permanezcan por más tiempo 
aislados y aun terne rosos de  tratar a los demás, hombres, prohibiendo  desde ahora que 
puedan  aplicarse involuntariamente a prestar sus servicios, a los Tenientes o Curas de sus 
Parroquias, ni otra persona alguna y permitiéndoles. El reparto en propiedad de tierras 
que les estaban  concedidas  y de que están en posesión, paraqué. Proporción entre Ios 
Padres de familia de cada Pueblo las dividan y dispongan de ellas como verdaderos 
Señores según los términos y reglamentos que  forme  Ia entrante  legislatura  con 
presencia de Ios expedientes que existan de la  materia, y  de con la necesidad  de buscar 
arbitrios para el fomento de la educación.(http://babel. p 38). 
     Finalizando con las constituciones provinciales se hace mención de la  Constitución del 
Estado libre de Neiva del año de 1815, que en su Título 4º Del Poder Ejecutivo Artículo 1° El 
ejercicio del Poder Ejecutivo en este Estado lo tendrá el Gobernador de él. En su numeral 10 
señalo: 
Todos los establecimientos públicos dedicados a la instrucción pública de la juventud, 
fomento de la Agricultura y de la industria, prosperidad del comercio, y generalmente al 
bien, y el florecimiento del Estado, estarán bajo de su inmediata protección para que se 
llenen sus fines y no decaigan ni se introduzcan en ellos abusos contrarios. 
(www.revolucionneogranadina.1815.pdf,  p. 111) 
 
 
38 
 
     Ya hacia 1821 con la Constitución de Cúcuta del 6 de Octubre, se reafirmó la independencia 
en una obra de 191 artículos, que formaban diez títulos en los cuales únicamente en el preámbulo 
en lo correspondiente al Poder Ejecutivo se menciona:  
que contribuye a la felicidad y prosperidad, la educación pública, la agricultura, el 
comercio, las artes y las ciencias están dentro de  su sabia administración y sujeto a su 
benigno influjo” y una segunda ocasión en el Titulo IV, Sección segunda  de las 
atribuciones especiales del congreso en su Artículo 55 No 19  Establece promover por las 
leyes la educación pública y el progreso de la ciencia, artes y establecimientos útiles y 
conceder por tiempo limitado derechos exclusivos para su estímulos y fomento. 
(http://biblio.pdf. p, 2 y 12).  
     Con la Constitución Política Colombiana de 1830, Expedida y sancionada en Bogotá el 29 de 
abril de 1830 por el llamado Congreso Admirable. Indica que: 
En su Título VI del poder legislativo, sección I De las atribuciones del Congreso Art. 36.- 
Son atribuciones del Congreso, Numeral 16. Promover por leyes la educación pública en 
las universidades y colegios nacionales; el progreso de las ciencias y artes; y los 
establecimientos de utilidad general y conceder por tiempo limitado privilegios 
exclusivos para su estímulo y fomento (www.cortenacional.gob.pdf, p 6) 
     Constitución política del Estado de nueva granada  1832, en su Título V. que corresponde Del 
Poder Legislativo, en la Sección V. De las atribuciones del Congreso, Artículo 74: Son 
atribuciones exclusivas del congreso: 
39 
 
Numeral 15: Promover y fomentar la instrucción pública, el progreso de las ciencias y 
artes, los establecimientos de utilidad general, y conceder por tiempo limitado privilegios 
exclusivos para su estímulo y fomento.  (www.alcaldiabogota.gov.)   
     Diez años más tarde  se proclamó la Constitución de la República de Nueva Granada de 1853, 
(Mayo 20 de 1853), donde se indicó:  
Capítulo I: De la   Corresponde también al Gobierno general, aunque no exclusivamente, 
el fomento de la instrucción pública, (www.alcaldiabogota.gov).  
     Con una diferencia de cinco años se conoce la Constitución para la Confederación Granadina 
de 1858, que en su estructura en especial en el Capítulo IV. Del Gobierno de la Confederación, 
Sección II. Negocios comunes al Gobierno de la Confederación y al de los Estados señala: 
Artículo 16.- Son de la competencia, aunque no exclusiva del Gobierno de la 
Confederación, los objetos siguientes: Numeral 1: El fomento de la instrucción pública 
Capítulo V. De los derechos individuales, Artículo 56.- La Confederación reconoce a 
todos los habitantes y transeúntes, Numeral 7. La libertad de dar o recibirla instrucción 
que a bien tengan, en los establecimientos que no sean costeados con fondos públicos. 
(www.alcaldiabogota.gov). 
    De la misma forma cinco años después nuevamente se promulga una nueva Constitución 
Política de los Estados Unidos de Colombia de 1863 que hace mención a la instrucción pública 
así:  
Capítulo II. Bases de la Unión, Sección I. Derechos y deberes de los Estados, Artículo 15: 
Es base esencial e invariable de la Unión entre los Estados, el reconocimiento y la 
40 
 
garantía por parte del Gobierno general y de los Gobiernos de todos y cada uno de los 
Estados, de los derechos individuales que pertenecen a los habitantes y transeúntes en los 
Estados Unidos de Colombia, a saber, Numeral 1: La libertad de dar o recibirla 
instrucción que a bien tengan, en los establecimientos que no sean costeados con fondos 
públicos 
Sección III: Delegación de funciones, Artículo 18; Son de la competencia, aunque no 
exclusiva, del Gobierno general, los objetos siguientes Numeral1: fomento de la 
instrucción pública. (www.alcaldiabogota.gov). 
    Con la Guerra de los Mil Días, abordamos un siglo de grandes cambios y transformaciones en 
todos los ámbitos en especial en de la educación, que obedecían a influencia de las ideologías 
Europeas, estadounidenses y por los intelectuales de la época: 
 […] que se preocuparon y se ocuparon de una educación activa […] se pueden ubicar en 
dos grupos, a saber: los de orientación psicológica […] que propusieron una educación 
laica […] los que se ubicaron dentro de una psicología católica, […]  orientación 
sociológica […] Frente a este grupo de pensadores están los defensores convencidos de la 
pedagogía católica,  (M.C, Herrera ,1999, p. 70 y ss.),  
     Por su parte Andrés Klaus Runge Peña y Diego Alejandro Muñoz Gaviria Miguel en su 
trabajo  realizado sobre la orientación de la educación en Colombia en la  primera mitad del siglo 
XX se establecen que: 
[…] la convicción de que la perfectibilidad del ser humano, del colombiano en particular, 
debía encontrar su momento de realización en una formación moral y cultural articulada 
con el trabajo, y que propendiera, a su vez, al logro de los ideales de desarrollo y de 
41 
 
progreso del país que tan en boga estaban por ese entonces. Como consecuencia, de allí 
resultaron varias propuestas de intervención educativa (escuela defensiva, escuela del 
examen, higiene escolar, colonias escolares), que se llevaron a cabo con el propósito de 
socializar y de formar al pueblo  colombiano de acuerdo con modelos europeos y 
norteamericanos, que no sólo estaban enfocados hacia la consolidación de ciertas formas 
de sociabilidad propias de la modernidad burguesa (familia, industriosidad, civilidad, 
etc.), sino también hacia aspectos más específicos e individuales (formas de 
subjetivación), tales como modos de comportamiento, como hábitos, gustos, modales, 
costumbres, valores modernos, formas de presentarse, tratos destinados a su uso por el 
cuerpo, entre otros. (A. K. Runge, D. A. Muñoz, 2005), p. 129-135) 
     El proceso o contexto  histórico que se viene describiendo nos adentra a retomar la historia 
del el siglo  XX, que al igual que el siglo XIX se caracterizó  por  ser influenciada por las 
contiendas bélicas que se ocasionaron dentro del ámbito internacional que estaban inmersas en 
ideologías que pretendieron cambiar su modelo de Estado y que por su intensidad irradiaban 
consecuencias a los estados de la periferia   a lo cual Colombia no fue indiferente  y que en la 
actualidad  a un  se convive  con las consecuencias de esas ideas pero que con base en la 
normatividad constitucional  como lo señalado  Melba, Calle  “Sobre Colombia se destaca 
generalmente su larga historia de democracia continuada “la democracia más sólida de América 
Latina” y el hecho de que sus gobernantes han sido civiles y surgidos de elecciones regulares” 
(2006, p. 40) 
     Agregado a lo anterior y como se  establecerá más adelante en el desarrollo de este artículo en 
la historia constitucional de  Colombia se puede establecer un eje temático de las diferentes 
Normas constitucionales del derecho a  la educación,  como se  indica:    
42 
 
[…] este país ha insistido […] en proclamar su régimen político como el de una 
Republica dotada de textos constitucionales. […] hasta el punto de derivar en el llamado 
“mesianismo constitucional”, esto es, la creencia generalizada de que los cambios 
sociales y políticos se cumplen a través de los textos constitucionales. (Melba, Callé, 
2006. p. 40) 
     Explica esto la existencia y  base del gran número de cartas políticas, contratos sociales, 
constituciones  que en nuestro país se han redactado,  con la plena convicción de que a partir de 
esta, los conflictos internos, externos y los problemas socio políticos, culturales y económicos 
serian manejados  de una forma diferente con, base  en estas  normas constitucionales de ahí que 
reafirmemos este fenómeno con lo que ha señalado  Melba, Calle  se rinde una especie de “[…] 
culto a las normas jurídicas venido históricamente acompañado de la violencia como la forma 
primordial de hacer política en este país” (2006, p. 40-41 )  
     Quizás esta situación descrita explica por qué durante la vigencia de la constitución de 1886  
conto con varias reformas que buscaban  armonizar el orden jurídico con las situaciones 
culturales, políticas y sociales de la época toda vez que esta constitución rigió el destino de 
nuestro país por casi un siglo (Uribe Vargas, p. 280-281)  
     A finales del siglo XIX. Se promulga la Constitución Política de la República de Colombia de 
1886, en cuya estructura consagro: 
Título III. De los Derechos Civiles y Garantías Sociales: Artículo 41: La educación 
pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica, La 
instrucción primaria costeada con fondos públicos, será gratuita y no obligatoria. 
43 
 
Título XI. Del Presidente y del Vicepresidente de la República, Artículo 120.- 
Corresponde al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa. 
Numeral 15: Reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública nacional; 
Título XVIII. De la Administración Departamental y Municipal. Artículo 185: 
Corresponde a las Asambleas dirigir y fomentar, por medio de ordenanzas y con los 
recursos propios del Departamento, la instrucción primaria […] 
(www.alcaldiabogota.gov). 
     En la Constitución política  de Colombia  de 1991 (en adelante CPC), a través de la Asamblea 
Constituyente elegida por los colombianos como mecanismo democrático organizo su norma 
superior de forma tal que los ciudadanos ubicaran en ella de forma clara y organizada, los  
Principios, derechos , garantías, deberes, organización del Estado, organismos de control entre 
otros. De esta normatividad   se resaltan los derechos fundamentales y entre ellos el derecho del 
constituyente primario de que el Estado garantice, el  aprendizaje, la investigación y la  cátedra, 
según lo dispuesto en el artículo 27 CPC, expresado por la voluntad del legislador,  en conexidad  
con los derechos sociales, económicos y culturales  de los artículos 67,68, 69, 70 y 71 de la CPC, 
y el cual  en  jurisprudencia la definen  como un derecho de carácter fundamental y de servicio 
público, que contiene una función social. (Colombia, Corte Constitucional, 2013, Sentencia de 
Tutela 153 con ponencia del Magistrado Alexei Julio Estrada) 
     Así en más de una ocasión lo ha reiterado la jurisprudencia  
[…] el derecho a la educación comporta las siguientes características:  (i) es objeto de 
protección especial del Estado; (ii) es presupuesto básico de la efectividad de otros 
derechos fundamentales, tales como la escogencia de una profesión u oficio, la igualdad 
44 
 
de oportunidades en materia educativa y de realización personal y el libre desarrollo de la 
personalidad, entre otros; (iii) es uno de los fines esenciales del Estado Social 
Democrático de Derecho; (iv) está comprendido por la potestad de sus titulares de 
reclamar el acceso y la permanencia en el sistema educativo o a uno que permita una 
“adecuada formación”; (v) se trata de un derecho deber y genera obligaciones recíprocas 
entre todos los actores del proceso educativo. (CConst, 2013,T-153)  
     Sin embargo,  en el reconocimiento de la diversidad cultural de nuestra sociedad  la 
importancia e incidencia  del concepto o  idea de  “educación”, cultura  están ampliamente 
analizada y reglada por la normatividad interna de nuestro Estado, como por los organismos 
internacionales, a su vez, dirigen sus esfuerzos a la creación y aplicación de diferentes 
herramientas ampliamente implementadas e inmersas en los currículos, la  pedagogía, la 
didáctica, la evaluación con el objetivo de investigar e indagan estrategias  para  implementar 
una educación de calidad que responda a las exigencias culturales, políticas, laborales y 
económicas de las comunidades  dentro de una  dinámica de globalización exigente para el 
desarrollo de las capacidades, destrezas que permitan garantizar el progreso, de crecimiento y 
bienestar  de los individuos que hacen parte de una nación y para ello es necesario, como lo ha 
señalado.   Bravo Murillo “incorporar el sentir de la sociedad para tener en cuenta sus propuestas 
y aspiraciones y para lograr, a través de su participación activa, un mayor compromiso con el 
fortalecimiento de la educación y la consecución de las metas educativas 2021” (2010, p.10). 
     Para facilitar  estas estrategias y orientar las políticas públicas de los Estados se han 
desarrollado programas que proporcionan mediciones internacionales  de competencias de los 
alumnos para enfrentar situaciones cotidianas, como lo ha destacado entre otros. Bravo Murillo 
[…] Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, (PISA), por la (OCDE). El Estudio 
45 
 
Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), por el Laboratorio Latinoamericano de  
Evaluación  de  la  Calidad   de   la   Educación   (LLECE)   de  la UNESCO” (2010, p.27).  
     Partiendo de estas premisas se ha orientado  este artículo hacia  una exploración y diagnosis 
constitucional del derecho  fundamental anteriormente descrito, con el fin de trazar una línea 
constitucional, donde se  contemple  el alcance, de interpretación e implementación que  se ha 
realizado  respecto al derecho objeto de estudio y su injerencia en la calidad de la educación de 
los colombianos desde finales del siglo XIX, hasta nuestro días (Suárez. & Fuentes, E. 2015). 
Hacia la Calidad de la Educación Superior en Colombia 
     Con relación a la educación superior señala Melba, calle en su tesis Doctoral que: 
 […] En materia educativa, los años treinta fueron los de la creación del Ministerio de 
Educación y de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional. 
López  unifico  las facultades de Educación y creo la Escuela Nacional Superior que 
funciono con autonomía de 1936 a 1951 y que, junto con la Universidad Nacional y la 
ciudad universitaria, fueron la parte más visible del sistema educativo. 
En 1935 se intentó hacer una alianza entre la universidad y la sociedad mediante la 
formación de personal técnico capacitado para satisfacer las exigencias de la 
industrialización y el fortalecimiento de la libertad de catedra y de la autonomía 
universitaria. Sin embargo, el partido liberal perdió en estos años una gran oportunidad 
para establecer un sistema nítido de financiación pública de la educación en Colombia. 
La ambigüedad por la que optaron los gobiernos liberales de los años treinta en el aspecto 
de la educación contribuyendo  al mantenimiento de uno de los más graves problemas 
sociales de la historia de este país porque dejo que continuará el déficit de cobertura 
46 
 
educativa que pervive hasta el día de hoy. Esto es, en Colombia los ciudadanos son los 
principales responsables de la financiación de su educación porque las instituciones 
educativas de carácter estatal existentes solo alcanzan a cubrir a una mínima parte de la 
demanda en educación. 
En efecto, de una parte, las medidas promotoras de la educación universitaria tomadas en 
el 36 se centraron únicamente en la Universidad Nacional ya que no se propusieron 
establecer un sistema universitario de carácter estatal para todo el país.  
En cuanto a la educación en general, si bien, se crearon escuelas, colegios y normales, no 
se respondió satisfactoriamente a los niveles de crecimiento de las necesidades 
educativas, ni siquiera para garantizar la formación de una clase trabajadora instruida y 
fortalecer así la industria nacional. Y, desde luego, tampoco se atendió a la demanda 
educativa en el campo. En resumen, la aspiración de que la educación fuera una 
obligación a cargo del Estado no se hizo realidad, ni siquiera a nivel conceptual, por 
cuanto se estableció, solamente, la gratuidad de la enseñanza primaria en las escuelas del 
Estado y la obligatoriedad se dijo que será en el grado que estableciese el legislador. 
Y tampoco se reconoció la educación como un derecho de jerarquía constitucional. De 
esta forma, se dejó la inversión pública en educación sometida al vaivén de las 
negociaciones políticas en las que nunca ha triunfado la asunción estatal de la educación 
como una función pública prioritaria.  
Por el contrario, la reforma del 36 significó  dejar esta  necesidad social a merced de la 
capacidad individual, lo que pareció ser, según Tulio Enrique Tascon,  establecer el 
“derecho a la ignorancia” para la mayoría de la población que no puede pagar los 
colegios y universidades privadas en razón a los elevados y cada vez más exorbitantes 
47 
 
precios de las matrículas. 
La explicación de las decisiones tomadas en materia educativa por los liberales se ha 
basado tradicionalmente en la incapacidad financiera del Estado para asumir la prestación 
del servicio público de la educación.  (Melba, calle, 2006, p. 211 - 212) 
     Ya en el siglo XXI  la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el 
Caribe, llevada a cabo en la ciudad de Cartagena (Col.) entre el 4 y el 6 de junio de 2008  
determinó  Juan Carlos Yepes  que  “La educación terciaria hace parte de los denominados 
bienes públicos sociales y ha pasado a ser considerada un derecho humano de carácter universal 
y un deber del Estado”. (2009, p. 277) 
     Así, con respecto con lo que aquí se postula, se encuentra que gran parte de la sociedad 
internacional  ha sostenido que la calidad de la educación primaria y secundaria: 
[…] Se vuelven la herramienta esencial para la continuación de los estudios o el ingreso 
al mundo laboral. En ese sentido, un currículo educativo relevante y pertinente, atento a 
los cambios constantes y a las necesidades de la sociedad, influye de manera decisiva en 
el futuro de los jóvenes […] con las demandas personales y sociales para facilitar a los 
estudiantes su inserción en la sociedad a la salida de la escuela. 
Es importante lograr una buena vinculación de este nivel de enseñanza con el desarrollo y 
estructura productiva de los países, pero también es central mantener equilibrio y armonía 
en el avance de oferta educativa técnico-profesional y universitaria.  
Es preciso resaltar que la educación técnico-profesional, lejos de ser una alternativa pobre 
y devaluada para los alumnos menos preparados, como durante muchos años se ha 
considerado, puede convertirse en una oferta formativa de enormes posibilidades para 
48 
 
abrir a los jóvenes y a las personas adultas las puertas del mercado laboral y favorecer de 
esta manera el progreso económico y la movilidad social.  
Para lograrlo, es preciso que en su diseño y en su desarrollo se tengan en cuenta las 
demandas formativas y laborales de la sociedad, y se establezca una fluida relación entre 
el entorno educativo y los entornos profesionales y laborales.  
Por otro lado, en el caso de la educación universitaria, las claves son similares; es decir, 
se hace necesaria una mayor vinculación entre la universidad y la sociedad y una 
constante actualización de conocimientos y competencias profesionales. Esta instancia 
educativa debe, por una parte, contribuir al desarrollo de la sociedad del conocimiento y a 
impulsar la investigación y la innovación, y al mismo tiempo, atender a las exigencias del 
mundo del trabajo. 
[…] Pero si bien el aporte de una debida relación entre la educación postsecundaria y el 
entorno laboral es central en la vida productiva de un país, lo cierto es que tiende a haber 
entre ambos más una tensión que una convivencia equilibrada. En efecto, lo que se 
observa es una falta de sincronización entre los esfuerzos de los sistemas educacionales y 
las necesidades del mundo laboral (UNESCO/OREALC, 2007b), lo que termina por 
afectar el desarrollo de una educación postsecundaria de calidad, así como a los sectores 
más vulnerables, quienes al no contar con oportunidades de acceso a estudios posteriores 
tienden a ingresar en el sistema informal y a incorporarse a empleos con salarios 
precarios. El acceso a la educación postsecundaria está, en general, reservado para una 
porción relativamente pequeña de jóvenes […] (Bravo Murillo, 2010, p.  50) 
49 
 
[…] La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la UNESCO 
(2005) en un documento reciente sobre el financiamiento y la gestión de la educación en, 
precisamente, América Latina y el Caribe, han destacado que para alcanzar las metas 
establecidas es necesario modernizar la gestión de la educación, profesionalizar y dar 
protagonismo a los educadores, otorgar un papel más relevante a la comunidad educativa 
local y una acción más estratégica a la administración central. Incorporar las tecnologías 
de la información y la comunicación al proceso de enseñanza y aprendizaje, orientar el 
currículo hacia la adquisición de las competencias básicas, formar ciudadanos activos y 
responsables, asegurar la conexión de la educación con los anhelos de los jóvenes y 
lograr su participación activa en su propia formación […] (Bravo Murillo, 2010, p.  20) 
[…] Gran parte de los compromisos internacionales suponen que la educación es un eje 
clave del desarrollo. El derecho a la educación se ha reconocido a través del tiempo en 
grandes tratados, pactos y acuerdos mundiales y regionales con los cuales los países se 
comprometen y los ratifican constitucionalmente. Debido al carácter jurídicamente 
vinculante de muchos de los pactos, se ha logrado situar la educación como un derecho 
no menos importante que los civiles y políticos […] (Bravo Murillo, 2010, p.  21) 
     Y por consiguiente señala Bruner que: 
[…] la educación latinoamericana se enfrenta a dos desafíos de enorme magnitud. Por un 
lado, debe recuperar la educación del retraso acumulado en el siglo XX: universalizar la 
oferta de educación infantil, primaria y secundaria, llegar a toda la población sin 
exclusiones, especialmente a los grupos originarios y afrodescendientes, mejorar la 
calidad educativa y el rendimiento académico de los alumnos, fortalecer la educación 
50 
 
técnico-profesional y reducir de forma radical la insuficiente formación de gran parte de 
la población joven y adulta. (José Joaquín Brunner, 2000, p.2)  
     La educación técnico-profesional cada vez, toma más fuerza con el fenómeno de la 
globalización  tal como lo señala Juan Carlos Yepes Ocampo: 
[…] Cada vez con mayor fuerza el fenómeno de la globalización, con su carácter 
multidimensional, penetra las estructuras educativas en todos los niveles. Un buen 
ejemplo de ello se encuentra en las iniciativas orientadas a fijar estándares o patrones 
internacionales para medir asuntos tan complejos como la labor académica y el trabajo 
independiente de los estudiantes, mediante la incorporación obligatoria del sistema de 
créditos como unidades de medida que, en aras de responder a la relación costo-beneficio, 
buscan disminuir progresivamente la prespecialidad en los planes de estudio y de paso 
ahorrar “gasto” a las universidades.  
Otro ejemplo de homogeneización lo constituye el hecho evidente de desmonte paulatino 
a los subsidios y gratuidad de la educación de tal manera que, en la práctica, el derecho a 
la educación está pasando a constituirse en un bien-servicio que sólo es posible adquirirlo 
dentro de la lógica de la economía de mercado (accede a ella quien cuente con los 
recursos necesarios para pagarla). Hoy, la educación superior representa un promisorio 
negocio para quienes desean ofertar programas de pre y posgrado alrededor del mundo, lo 
cual va unido a herramientas telemáticas y dispositivos técnico-didácticos necesarios para 
operar entornos virtuales de educación ( Juan Carlos Yepes Ocampo, 2009, p. 280) 
Con la presión que se ejerce sobre las universidades no es precisamente característico de 
la historia reciente de Colombia, una muestra  lo constituye la reclamación que en 1954 
51 
 
hiciera el Ministro de Educación al pedir a cada universidad que manifestase cuál era el 
sentido lato y neto de su función, para crear conciencia sobre los problemas de formar 
personas capaces de liderar procesos de mejoramiento. 
La “Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción” 
incluyó muchos elementos relacionados con la función de la universidad especialmente 
en lo atinente a su pertinencia, entendida como la capacidad para adecuar lo que la 
sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. En efecto, son múltiples las 
fuentes de exigencia que reclaman de la universidad un mejor papel acorde con las 
circunstancias del mundo moderno, en el cual, la sociedad del conocimiento y la 
información vienen arraigando nuevas formas de concebir y actuar sobre la realidad 
circundante. Una nueva racionalidad se asienta en los escenarios de la Educación 
Superior y se encuentra fuertemente arraigada a la globalización y su administración 
neoliberal  la cual, desde lógicas economicistas y de carácter eminentemente fiscalista, 
pretende darle a la educación un carácter mercantil desconociendo que las universidades 
no son empresas sino espacios para la generación, difusión y aplicación del conocimiento 
en procura del perfeccionamiento de la vida.  
En relación con el objetivo fundamental de la Universidad en el mundo moderno, la 
Honorable Corte Constitucional de Colombia ha desarrollado jurisprudencia de profundo 
alcance y gran calado. Para ver un ejemplo la Sentencia C-220/97, Corte Constitucional, 
tema de Autonomía universitaria: 
Durante las dos décadas comprendidas entre 1987 y 2006, hemos asistido a un escenario 
educativo del nivel terciario caracterizado por la influencia decisiva de organismos de la 
52 
 
banca multilateral, especialmente del Banco Mundial que, teniendo en cuenta intereses 
del FMI y la OMC, ,( Juan Carlos Yepes Ocampo, 2009, p. 281). 
Ha venido liderando procesos de reforma a las estructuras de la educación superior en 
América Latina y el Caribe tratando de demostrar que el interés público en la educación 
superior es menor que el de la educación primaria debido a que sus tasas de retorno social 
son menores. Para el caso colombiano, los planes decenales departamentales de 
educación contaron con la financiación del BM incluyendo en ellos gran cantidad de 
elementos relacionados con la asunción de la educación exclusivamente como un 
servicio, no como un derecho y jalonando principalmente procesos educativos orientados 
al trabajo a través de la estrategia del adiestramiento en competencias laborales, además 
de incluir elementos relacionados con un afán desmedido por subordinar la educación a 
los intereses económicos del sector productivo. Para lo cual, la influencia del sector 
privado ha sido bastante grande. 
[…] La educación superior en Colombia no ha sido objeto de una política pública 
sectorial consensuada en la sociedad civil, ha sido otro tipo de intereses el que ha dado 
origen a dicha política por cuanto no ha ocupado lugar preponderante y estratégico para el 
desarrollo del país ni se ha logrado consolidar como una opción clara para el progreso 
nacional. Los gobiernos de las últimas dos décadas le han otorgado importancia episódica 
y no ha permitido su posicionamiento como fuente de superación de las condiciones de 
atraso y subdesarrollo para que se constituya en una verdadera alternativa de 
transformación y mejoramiento de la sociedad, ( Juan Carlos Yepes Ocampo, 
2009, p. 282). 
53 
 
 […] y ante la necesidad de detectar el tipo de actores que se han constituido en 
protagonistas del trazado de ruta para la educación terciaria en el país, será necesario un 
análisis teórico retrospectivo que remita a los últimos veinte años de la vida nacional 
haciendo especial hincapié en los discursos que han hecho parte de los sucesivos 
gobiernos y de aquellos actores involucrados en la materia. Bien importante resulta el 
estudio focalizado en las últimas dos décadas (1989-2008), por cuanto abarca las 
condiciones en que se desarrollaba la educación superior bajo la tutela de la Ley 80 de 
1980 y, de manera comparativa, recoge los cambios efectuados a partir de la Constitución 
Política de 1991, en la cual, se incluye el criterio de Autonomía para las universidades 
colombianas, materializado como principio en los mandatos de la Ley 30 de 1992, la cual 
ha marcado en gran medida el rumbo de la educación terciaria durante la década de los 90 
y lo que va corrido del siglo XXI.  
Es importante aclarar que si bien la legislación per se no es asimilable a lo que en sentido 
estricto constituye una P.P., sí es cierto que a partir de los desarrollos legislativos se 
desprenden gran cantidad de elementos que pueden dar lugar a la materialización de 
verdaderas políticas públicas sectoriales. 
Definitivamente la nueva Carta Política de los colombianos marcó un hito en la historia 
del país, cambió las costumbres en múltiples frentes de la vida nacional, y la dinámica de 
las universidades no escapó al severo influjo de la norma de normas que comenzó a regir 
a partir de aquel año, de tal forma que la construcción de destino universitario comenzó a 
tener en cuenta a actores no tradicionales como estudiantes, docentes, egresados, sector 
productivo, agremiaciones y sociedad en general que, si bien no han logrado todavía 
superar la fuerte influencia que para la toma de decisiones tienen los llamados grupos de 
54 
 
interés y de “expertos” en políticas sectoriales para la educación superior, sí han 
comenzado a hacerse cargo de responsabilidades relacionadas con el estudio y análisis de 
la educación terciaria para proponer salidas integrales y alternativas a sus dificultades. 
Especial atención se dará al análisis de los Planes de Desarrollo diseñados y ejecutados 
por los gobiernos de Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y 
Álvaro Uribe (I y II), en los cuales, se revisará la atención prestada a la Educación 
Superior y a las formas en que fueron generadas y construidas sus propuestas; de igual 
manera, se estudiarán detenidamente los planes y programas ministeriales. ( Juan Carlos 
Yepes Ocampo, 2009, p. 283) 
[…] Dirigidos al nivel terciario de la educación durante el periodo, sobre los cuales se 
llevarán a cabo procesos de análisis de contenido y análisis del discurso para identificar 
hitos y tendencias en el diseño de ruta para la Educación Superior. Objeto de revisión 
detallada será el Plan Nacional Decenal de Educación 1995-2006, que ya ha sido 
evaluado, por investigadores de la Universidad de los Andes quienes con el patrocinio del 
Ministerio de Educación, una Corporación y siete Fundaciones, llevaron a cabo un 
interesante trabajo que deja conclusiones importantes para los académicos y para las 
autoridades del país. Así mismo se revisará, en términos de alcances y limitaciones, el 
nuevo Plan Nacional Decenal para comprender las dinámicas evolutivas del sector 
terciario de la educación y establecer el papel que han jugado los distintos actores 
comprometidos, se revisará el tema relacionado con la movilización de grupos sociales 
estratégicos alrededor de la educación superior, grupos de interés con papel protagónico 
de las elites, la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con el sector, la 
política que ha seguido el Estado y sus gobiernos, de manera especial las lógicas 
55 
 
subyacentes a ejes temático-problemáticos como la autonomía universitaria, la 
financiación de la universidad pública, la descentralización, la cobertura, la calidad, la 
eficiencia, las funciones de investigación, docencia y extensión, el papel de la ciencia y la 
tecnología, la dignificación de la profesión docente y, a manera de telón de fondo, se 
analizarán estos contenidos a la luz de la teoría y práctica de las Políticas Públicas en 
Colombia. ( Juan Carlos Yepes Ocampo, 2009, p. 283). 
  
CONCLUSIONES 
     La documentación  realizada en este ensayo a permitido  arribar a las siguientes 
conclusiones:  
 La  formación y construcción del Estado Colombiano, no es ajeno a factores internos, 
externo, hechos históricos de revoluciones, guerras, conflictos de baja o alta intensidad, 
que han favorecido la conformación  de  organizaciones internacionales de derecho 
público y privado. Con normas jurídica destinadas a  proteger, orientar, dirigir, controlar 
y garantizar un aparente desarrollo, de los modelos económicos de la economía mundial 
en  un mundo globalizado dinámico y cambiante, esta Regulación internacional crea 
obligaciones vinculantes o no que  incide de forma directa en el cambio e 
implementación de las normas Constitucionales de carácter fundamental de competencia 
suprema, desarrolladas por las  políticas públicas de manera  imperativa, programática y 
teleológica.. Entre ellos el derecho fundamental de la educación de amplia cobertura y  
calidad pero en determinadas competencias básicas homogéneas establecidas por la 
56 
 
sociedad internacional  para cumplir con las exigencias de la economía, impuestas por las 
organizaciones internacionales. 
 
 Con el estudio y análisis que se realizó de las diferentes constituciones  y sus contextos 
influenciado por organizaciones internacionales que han promulgados convenios, 
protocolos son, tratados que crean obligaciones e inciden en las  regulación constitucional 
a poyamos nuestro cuestionamiento en lo dicho por Juan Carlos Yepes Ocampo, 
(2009),   la Educación Superior en Colombia no ha sido objeto de una política pública 
sectorial consensuada en la sociedad civil, ha sido otro tipo de intereses el que ha dado 
origen a dicha política, por cuanto, no ha ocupado lugar preponderante y estratégico para 
el desarrollo del país ni se ha logrado consolidar como una opción clara para el progreso 
nacional. Los gobiernos de las últimas dos décadas le han otorgado importancia episódica 
ha permitido su posicionamiento como fuente de superación de las condiciones de atraso 
y subdesarrollo para que se constituya en una verdadera alternativa de transformación y 
mejoramiento de la sociedad. 
 
 La calidad de la educación que se está exigiendo en la actualidad cómo mecanismo de 
aceptación a la comunidad internacional con fundamento en  informes resultado de 
evaluaciones practicadas, están orientadas a imponer y fomentar determinadas 
competencias básicas homogéneas que obedecen a necesidades del mercado laboral y 
para ello Colombia ha establecido  políticas públicas alineadas con el Documento final de 
las Metas educativas 2021, de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), del  2010. Pero estas políticas no disminuyen la 
57 
 
exclusión y discriminación de la  sociedad ni ofrecen una solución real a la problemática 
de la educación y no se puede asumir  que  sean  la solución de los múltiples  problemas 
sociales. 
 
 Con fundamento a lo señalado Bravo Murillo, 2010, p.  21 se concluye que en la 
Educación Superior en  Colombia se hace necesaria una mayor vinculación entre la 
universidad y la sociedad y una constante actualización de conocimientos y competencias 
profesionales, por una parte deben contribuir al desarrollo de la sociedad del 
conocimiento y a impulsar la investigación y la innovación, y al mismo tiempo, atender a 
las exigencias del mundo del trabajo. Pero a la vez la Educación  Superior esta relegada a   
un grupo privilegiado que cuenta con los  recursos económicos para ascender a ella y el 
Estado ha  incentivado que este servicio público sea prestado por el sector privado 
representando este servicio un promisorio negocio. 
Referencias  
Andrés Klaus Runge Peña * Diego Alejandro Muñoz Gaviria, El Evolucionismo Social, Los 
problemas de la raza y la Educación  en Colombia, primera mitad del siglo XX: el cuerpo 
en las estrategias eugenésicas de línea dura y de línea blanda, revista iberoamericana de 
educación. N. º 39 (2005), p. 127-168 
Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, 
Borja, Miguel (2010). Espacio y guerra. Colombia Federal. 1858-1885. Bogotá: IEPRI, - 
Universidad Nacional de Colombia. 
58 
 
Brunner, José Joaquín Globalización y el futuro de la educación: tendencias, desafíos, 
estrategias, Seminario sobre Prospectiva de la Educación en la Región de América Latina 
y el Caribe UNESCO, Santiago de Chile, 23 al 25 de agosto del 2000, Página 2 
Calle, Melba, Constitución y Guerra , Una revisión del sistema de derechos, 
fundamentales de Colombia durante el  siglo XX, Tesis Doctoral 
Presentada, Zaragoza, 2006 .p. 40-41 
Calle, Melba, Constitución y Guerra , Una revisión del sistema de derechos, 
fundamentales de Colombia durante el  siglo XX , TESIS DOCTORAL 
Presentada, Zaragoza, 2006,p. 211 -212 
Constitución de Cundinamarca, Primera edición Oficial, MDCCCIX, Santafé de Bogotá, 
imprenta patriótica, de Don Nicolás calo Quijano, Pagina 187-188 
Constitución política  de Colombia  de 1991 
Constitución Política de Tunja, Primera edición, Santafé de Bogotá, imprenta de Don Bruno 
Espinosa, 9  diciembre, 1811, Página 277. 
Constitución Política de Tunja, Recuperado el 22 de Marzo de 2016  
http://www.bdigital.unal.edu.co/190/31/constitucion_de_la_republica_de_tunja.pdf. 
Colombia, Corte Constitucional, 2013, Sentencia de Tutela 153 con ponencia del Magistrado 
Alexei Julio Estrada 
Constitución del Estado de Antioquia, Santafé de Bogotá en la imprenta de d. bruno espinosa por 
d. Nicomedes lora año de 1812, Pagina 346-347 
59 
 
Constitución política del Estado de Cartagena de indias, expedida el 14 de junio de 1812. 
Digitalizado por la biblioteca Virtual Luis Ángel Arángo del Banco de la República, 
Colombia. Página 54-56, Recuperado el 10 de marzo de 2016, de 
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/89670/brblaa169729.pdf. 
Constitución política de la Republica de Cundinamarca 18 de julio de 1812, En la Imprenta de D. 
Bruno Espinosa de los Monteros, por D. Nicomedes Lora. Año de 1812, p .49-51. 
Recuperado el 22 de marzo de 2016  
http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll10/id/638. 
Constitución, Provisional de la Provincia de  Antioquia,  Medellín, En la imprenta del  Gobierno, 
Primera edición, año de 1815, Por el C. Manuel María Villíer Calderón, Recuperado el 22 
de Marzo de 
http://www.bdigital.unal.edu.co/196/1/constitucion_provisional_de_la_provincia_de_anti
oquia .pdf ,p. 377-378  
Constitución de  Mariquita,  En la Imprenta del Estado. POR EL C.J.M. Ríos. Impresor del 
congreso de las  provincias-unidas de la n. g, año .de  l815. Recuperado el 22 de Marzo e 
2016 de http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll10/id/639, p 
37-38 
Constitución Política de la Monarquía Española. promulgada en Cádiz A 19 de Marzo de 1812, 
Recuperado el 22 de Marzo de 2016 
http://www.constitucion1812.org/documentos/cons_1812.pdf 
60 
 
Constitución del Estado libre de Neiva del año de 1815. Recuperado  22 de Marzo 2016, de  
http://www.revolucionneogranadina.com/revolucion-neogranadina/constitucion-neiva-
1815.pdf, p. 111 
Constitución de Cúcuta del 6 de Octubre de 1821, Recuperado  22 de Marzo 2016, de  
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2212/6.pdf. p, 2 y 12 
Constitución Política Colombiana de 1830,    Recuperado  22 de Marzo 2016, de 
http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/constituciones/10%201830a%20colombi
a.pdf, p. 6 
Constitución política del estado de nueva granada  1832, Recuperado  23  Marzo 2016 de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13694  
 
Constitución de la República de Nueva Granada de 1853, (Mayo 20 de 1853), Recuperado  23  
Marzo 2016 de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13696 
Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia de 1863, Recuperado  23  Marzo 2016,  
de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13698 
Constitución Política de la República de Colombia de 1886, Recuperado 23 de Marzo 2016 de                      
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7153#1 
Documento final de las Metas educativas 2021, ©Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Bravo Murillo, 38 28015 Madrid, España, 
Agosto 2010 www.oei.org.es oei@oei.org.es, Página  10 
61 
 
Documento final de las Metas educativas 2021, ©Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) Bravo Murillo, 38 28015 Madrid, España, 
Agosto 2010 www.oei.org.es oei@oei.org.es, Página  20 
Documento final de las Metas educativas 2021, ©Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) Bravo Murillo, 38 28015 Madrid, España, 
Agosto 2010 www.oei.org.es oei@oei.org.es, Página  50 
Documento final de las Metas educativas 2021, ©Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) Bravo Murillo, 38 28015 Madrid, España, 
Agosto 2010 www.oei.org.es oei@oei.org.es, Página  21 
Gabriel García Márquez, La soledad de América Latina,  Discurso ante la Academia, por la 
concesión del Premio Nobel 
Giraldo Ramírez, Jorge – Fortou, José Antonio (2011). “Una comparación cuantitativa de las 
guerras civiles colombianas, 1830-2010”. En: Análisis Político, No. 72 
González, Fernán (2006b). Partidos, guerras e iglesia en la construcción del Estado Nación en 
Colombia (1830-1900). Medellín: La Carreta. 
González, Fernán (2006c). “Guerras civiles y construcción del Estado en el siglo XIX 
Colombiano: una propuesta de interpretación de su sentido político”. En: Boletín de 
Historia y Antigüedades, Vol. XCIII, No. 832, Separata, pp. 31-80. 
Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda, Los estudios sobre la violencia: balance y perspectivas, 
(comp.), Pasado y presente de la violencia en Colombia, Bogotá, CEREC, 1986, p. 11. 
62 
 
Herrera, M. C(1999): Modernización y escuela nueva en Colombia: 1914-1951, Santafé de 
Bogotá, Plaza y Janes,  p. 70 y ss. 
Manuel, Alonso (2014)  “Ensamblajes institucionales y guerras civiles en la Colombia del siglo 
XIX”, Manuel, Revista Co-herencia Vol. 11, No 21 Julio - Diciembre 2014, p. 169-190. 
Medellín, Colombia (ISSN 1794-5887) 
Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, 2004. 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
Bravo Murillo, 38 28015 Madrid, España www.oei.org.es oei@oei.org.es Diseño y 
maquetación: Bravo Lofish Impresión: Cudipal Impreso en octubre de 2010 ISBN: 978-
84-7666-227-4 Página 10 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
Documento final de las Metas educativas 2021, Bravo Murillo, 38 28015 Madrid, 
España, Agosto www.oei.org.es oei@oei.org.es, Página  23 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
Bravo Murillo, 38 28015 Madrid, España www.oei.org.es oei@oei.org.es Diseño y 
maquetación: Bravo Lofish Impresión: Cudipal Impreso en octubre de 2010 ISBN: 978-
84-7666-227-4 Página 27 
San Román GagoI. Sonsoles. Evolución de los modelos metodológicos y su relación con la 
política educativa en España, Universidad Autónoma de Madrid, Espanha. Educ. Pesqui., 
São Paulo, v. 39, n. 1, jan./mar. 2013. Página 231. 
63 
 
San Román GagoI. Sonsoles. Evolución de los modelos metodológicos y su relación con la 
política educativa en España Universidad Autónoma de Madrid, Madri, Espanha. Educ. 
Pesqui., São Paulo, v. 39, n. 1, jan./mar. 2013. Página 231  
SÁNCHEZ, GONZALO, “LOS ESTUDIOS SOBRE LA VIOLENCIA: BALANCE Y PERSPECTIVAS”, EN 
GONZALO SÁNCHEZ Y RICARDO PEÑARANDA, (COMP.,),        PASADO Y PRESENTE DE LA 
VIOLENCIA EN COLOMBIA, BOGOTÁ, CEREC, 1986, P. 11-30 
Sanmartín, José. La violencia y sus claves, Barcelona, Ariel, 2000, p. 19-24,123-150.  
Suárez.& Fuentes, E.(2015). Derecho a l reconocimiento de la personalidad jurídica. Concepto y 
desarrollo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana  de Derechos Humanos. 
Revista Prolegómenos Derechos y Valores, 18,36, 65-80: 
DOI:http//dx.doi.org/10.18359.dere.934. 
 
Ocampo López, Javier. ¿Qué es una Constituyente? Editorial Plaza y James, Bogotá, 1990, 
Pagina 85.  
Olano, G, Hernán Alejandro, Constitución Política de Colombia e Historia constitucional, Quinta 
edición, Ediciones Librería Doctrina y Ley, Ltda., Santafé de Bogotá, D.C., 2000, p, 10.  
Olano, G, Hernán Alejandro, Constitución política de Colombia e Historia Constitucional, 
Ediciones Doctrina y Ley, Ltada, Quinta edición 2000, Página, 14. 
Olano G, Hernán Alejandro. Constitución política de Colombia e Historia Constitucional, 
Ediciones Doctrina y Ley, Ltada, Quinta edición 2000, Pagina19-20. 
64 
 
Pérez, Francisco de Paula, Derecho constitucional Colombiano, editorial Voluntad, Bogotá, 
1942. 
Tirado Mejía, Álvaro (1976). Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia. Bogotá: 
Colección Autores Antioqueños. 
Uribe de Hincapié, María Teresa – Álvarez, Jesús María (1987). Poderes y regiones: problemas 
en la constitución de la nación colombiana, 1810-1850. Medellín: Universidad de 
Antioquia. 
Uribe Vargas, D.  Las constituciones de Colombia, vol. I, cit., p. 280-281. 
UNESCO, Recuperado el 15 de Marzo de 2016  
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/right-
to-education/normative-action/standard-setting/ 
Yepes Ocampo Juan Carlos, La educación superior desde la perspectiva de las políticas públicas 
en Colombia, Ambiente Jurídico, ISSN 0123-9465, Nº. 11, 2009, p. 277 
Yepes Ocampo Juan Carlos, La educación superior desde la perspectiva de las políticas públicas 
en Colombia, Ambiente Jurídico, ISSN 0123-9465, Nº. 11, 2009, p.  280 
Yepes Ocampo Juan Carlos, La educación superior desde la perspectiva de las políticas públicas 
en Colombia, Ambiente Jurídico, ISSN 0123-9465, Nº. 11, 2009, p.  281  
Yepes Ocampo Juan Carlos, La educación superior desde la perspectiva de las políticas públicas 
en Colombia, Ambiente Jurídico, ISSN 0123-9465, Nº. 11, 2009, p.  282 
65 
 
Yepes Ocampo Juan Carlos La educación superior desde la perspectiva de las políticas públicas 
en Colombia, , Ambiente Jurídico, ISSN 0123-9465, Nº. 11, 2009, págs. 283 
Yepes Ocampo Juan Carlos La educación superior desde la perspectiva de las políticas públicas 
en Colombia, , Ambiente Jurídico, ISSN 0123-9465, Nº. 11, 2009, págs. 284