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UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
 
 
 
 
 
ESPECIALIZACIÓN EN REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA INTERNACIONAL 
 
 
 
 
 
CORRUPCIÓN EN COLOMBIA – QUÉ PAPEL ESTA JUGANDO LA 
INTERVENTORÍA? 
 
 
 
 
Presentado por  
 
Cindy Milena Alvarado Páez 
 
 
 
 
 
Bogotá, 7 de abril de 2016 
 
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CORRUPCIÓN EN COLOMBIA – QUÉ PAPEL ESTA JUGANDO LA 
INTERVENTORÍA? 
 
 
Colombia ocupa el sexto lugar entre los nueve países más corruptos de 
América Latina, siendo los países que encabezan este informe Venezuela, 
Ecuador y Argentina (Transparency International Org, 2016), también se considera 
que los sectores de la sociedad que generan un alto nivel de corrupción son los 
partidos políticos, la policía y en general toda persona que tenga relación con 
servir a la sociedad; esta labor combinada con los fuertes incentivos propios del 
mercado, la naturaleza humana, como la racionalidad limitada y la búsqueda del 
interés propio, es un ejemplo de la corrupción que está presente en Colombia. En 
la actualidad se presentan casos como es el de Salud Coop EPS con la utilización 
indebida de los recursos, así como Agro Ingreso Seguro, Reficar y los niños que 
mueren por desnutrición en diferentes regiones del país, entre otros.  
 
Con relación a lo anterior ¿qué se puede esperar de las entidades del 
Estado? donde encabeza la negligencia, la corrupción y el fraude, ¿Qué papel 
juega la Interventoría como ente de fiscalización de los contratos del Estado? El 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público es el encargado de realizar la 
programación y seguimiento presupuestal del Presupuesto General de la Nación y 
la Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal y de 
gestión de la administración y de los particulares que manejan fondos del Estado; 
no obstante, los acontecimientos han demostrado que esta práctica no garantiza la 
correcta ejecución del mismo, debido a la falta de transparencia y valores éticos 
en los funcionarios de dichas entidades. 
 
 Respecto al problema de la corrupción en las empresas, la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la droga y el Delito señaló:  
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“La corrupción representa una amenaza seria para el estado de derecho y 
el desarrollo sostenible en todo el mundo. Tiene un efecto 
desproporcionado y destructivo sobre los pobres y los más vulnerables, 
pero también es, simplemente, nociva para los negocios. 
La corrupción sofoca el crecimiento económico, distorsiona la competencia 
y presenta graves riesgos legales y para la reputación. Aleja a los 
inversionistas, actuando como un “impuesto” oculto o un cobro 
administrativo ilegal, que aumenta consecuentemente los costos para las 
empresas y, a la larga, para sus clientes. 
Las prácticas corruptas son perjudiciales para todas las empresas —
grandes, pequeñas, multinacionales y locales. Los escándalos 
empresariales han sacudido los mercados financieros y menoscabado la 
confianza de los inversores (…)” (Fedotov, 2013) 
   
En este orden de ideas, el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente 
Juan Manuel Santos, ha adelantado diferentes estrategias para combatir los 
hechos de corrupción que persisten en el país, para ello sanciono la Ley 1474 de 
2011 o Estatuto Anticorrupción “Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. De igual forma el 
presidente Juan Manuel Santos manifestó: 
“(…) cuando presenté el proyecto del Estatuto Anticorrupción que hoy se 
convierte en ley, recordé un decreto de nuestro Libertador Simón Bolívar 
que castigaba con pena de muerte a los funcionarios que malversaran 
recursos públicos, e incluso a los jueces que no los sancionaran en debida 
forma. Parece un castigo exagerado… pero es una señal histórica de la 
gravedad que reviste para la sociedad que sus servidores públicos y 
también los particulares se lucren de los fondos que están destinados al 
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beneficio de la comunidad en su conjunto. El corrupto no sólo roba a una 
persona, sino lo que es peor, roba a un país o a una ciudad o a un 
departamento y, al hacerlo, pone en riesgo el futuro de miles o millones de 
personas. El corrupto NOS ROBA A TODOS y, en particular, roba a los más 
vulnerables de la sociedad, que son los que más dependen de los recursos 
del Estado (…)” (Presidencia de la Republica, 2011) 
 En la misma línea, el Estatuto Anticorrupción en el artículo 66 crea la 
Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción (CNCLCC). En 
el primer informe concreta que fue creada “(…) con el propósito fundamental de 
contribuir desde la sociedad civil colombiana a hacer seguimiento a las políticas, 
los programas y las acciones formuladas e implementadas por el Estado y el 
Gobierno Nacional para la prevención, el control y la sanción de la corrupción.” 
(CNCLCC, 2013, pág. 2) 
 Del mismo modo menciona que otra de las instancias creadas por el 
Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción, culmina con la creación de la Secretaría de Transparencia:  
“(…) Una de sus principales funciones ha sido coordinar el proceso de 
elaboración de la Política Integral de Lucha Contra la Corrupción con base 
en lineamientos en materia de prevención, cultura de la legalidad, aplicación 
efectiva de las normas, y control social y ciudadano. La Secretaría también 
tiene como función apoyar directamente al Presidente de la República en la 
designación de los jefes de oficina de control interno de las distintas 
entidades públicas del orden nacional.” 
De la misma manera la Ley 1474 de 2011, introduce medidas que 
incentivan actuaciones honestas por parte de los servidores públicos y los 
particulares, así como establecer la oficina de control interno, así como la 
designación del responsable del control interno: “(…) el Presidente de la República 
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designará en las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional al 
jefe de la Unidad de la oficina de control interno o quien haga sus veces, quien 
será de libre nombramiento y remoción (…)” (Ley 1474, 2011)  
 
Igualmente, entre otras medidas que propuso la Ley se encuentran las 
siguientes: inhabilidad para contratar a quienes incurran en actos de corrupción, 
ex empleados públicos contraten con el Estado, quienes financien campañas 
políticas exceptuando para la celebración de contratos por prestación de servicios 
profesionales; prohibición para que ex servidores públicos presten servicios a 
entidades a las cuales el servidor conoció en ejercicio de sus funciones hasta por 
el término de 2 años. Sin embargo, el Estatuto no prohíbe que un funcionario que 
haya interactuado con una entidad estatal pase a trabajar en ella. 
 
De otra parte, la Responsabilidad de los Revisores Fiscales está contenida 
en el artículo 26, numeral 5º de la Ley 43 de 1990, que adicionó a la ley antes 
mencionada el  deber ser del revisor fiscal, por ello dispone dicha norma: “Cuando 
se actúe en calidad de revisor fiscal, no denunciar o poner en conocimiento de la 
autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente, los actos de corrupción que haya 
encontrado en el ejercicio de su cargo, dentro de los seis (6) meses siguientes a 
que haya conocido el hecho o tuviera la obligación legal de conocerlo, actos de 
corrupción. En relación con actos de corrupción no procederá el secreto 
profesional.” (Ley 1474, 2011) 
 
De la normatividad antes referida, se dispuso que no se concederán 
mecanismos sustitutivos de la pena, como son la prisión domiciliaria, la libertad 
condicional para aquellas personas condenadas, teniendo en cuenta que dichos 
punibles son “(…) delitos contra la Administración Pública, estafa, abuso de 
confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización indebida de 
información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional” (Ley 1474, 
2011) 
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Con respecto a la responsabilidad de los interventores, la ley 1474 de 2011 
en su artículo 82, modificó el artículo 53 de la Ley 80 de 1993: 
 
 “Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal 
y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones 
que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, 
derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los 
cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría. 
Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y 
disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean 
imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la 
celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 
ejercido o ejerzan las funciones de interventoría” 
 
Claramente se puede extraer del análisis del anterior articulado, que los 
contratos que ejecute el Estado, se debe ejercer vigilancia permanente a través de 
un supervisor o un interventor, según sea el caso, si el seguimiento requiriere de 
conocimientos especializados se contratará una interventoría, la cual quedará 
sujeta a un supervisor por parte de la Entidad Estatal.  
 
“(…) Los interventores y supervisores están facultados para solicitar 
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad 
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento 
se presente (…) El interventor que no haya informado oportunamente a la 
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Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, 
parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será 
solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con 
el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor (…)” 
(Ley 1474, 2011) 
 
De igual manera, la Ley 80 de 1993 la cual tiene por objeto disponer las 
reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales estipula en el 
artículo 3°  
 
“De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las 
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de 
los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 
 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos 
con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y 
cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.”   
 
 Cabe agregar que, con respecto a la responsabilidad contractual, dicha Ley 
establece en su artículo 53° que quienes hayan celebrado contratos de 
Interventoría, Consultoría o Asesoría 
 
 “(…) responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría, o asesoría, 
como por los hechos u omisiones que les fuere imputables y que causen 
daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de 
los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones 
de consultoría, interventoría o asesoría.” 
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Cabe destacar que, al momento de celebrar dichos contratos con entidades 
del Estado, se consideran particulares que cumplen funciones públicas por lo cual 
quedan sujetos a la responsabilidad que señala la ley para servidores públicos. 
 
El Estatuto Anticorrupción estipula en el artículo 5°, que para evitar conflicto 
de intereses la Interventoría debe ser contratada con una persona independiente 
de las entidades que están contratando y de los contratistas auditados, no pueden 
ser juez y parte; por ejemplo, ser un consorcio de interventoría y a su vez que una 
de sus empresas este contratando con entidades públicas. 
 
De otro lado, en agosto de 2014 la Comisión Nacional Ciudadana para la 
Lucha Contra la Corrupción (CNCLCC), en su tercer informe, el cual tiene como 
propósito hacer recomendaciones para los siguientes cuatro años sobre la lucha 
anticorrupción, así como realizar valoraciones sobre los avances en materia de 
estrategias orientadas a este mismo propósito, destaca la importancia del Estatuto 
Anticorrupción expedido en 2011 desde su primer informe. “Luego de tres años de 
su expedición la Comisión Nacional Ciudadana observa que este instrumento aún 
no ha sido aprovechado lo suficiente por el Estado e incluso, en algunos casos, no 
ha logrado cumplir con algunas de las expectativas trazadas al momento de su 
expedición debido principalmente al bajo alcance de los esfuerzos de difusión y 
sensibilización sobre el Estatuto, al limitado desarrollo normativo complementario 
posterior a su aprobación en julio de 2011, y a la necesidad de darle un mayor 
impulso a la institucionalidad requerida para fortalecer la implementación de la 
ley”. 
Desde otro punto de vista, las medidas adoptadas por el Estado para 
combatir contra la corrupción están encaminadas al sector público, tal como se 
cita en (Gómez Patiño, 2014, págs. 43-56), Elizabeth Ungar, directora de la ONG 
Transparencia por Colombia en los siguientes términos: “el sector privado del país 
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tiene mucha injerencia en los altos niveles de corrupción en el país… En el día a 
día se piensa que sólo los políticos son corruptos, pero el tema del soborno es 
algo crítico en el sector privado al igual que la financiación política”.  
De acuerdo a la tercera encuesta nacional sobre prácticas contra el soborno 
en Empresas Colombianas realizada por la Universidad Externado de Colombia en 
conjunto con la Corporación Transparencia por Colombia en el año 2012 se 
destaca que:  
“Los altos ejecutivos consideran que los entornos económicos no son 
favorables para los negocios y que las empresas luchan contra las 
incertidumbres del mercado, la disminución de las previsiones de 
crecimiento económico y bajos márgenes de ganancia. Los efectos de esta 
economía global debilitada son preocupantes porque las empresas se 
vuelven propensas al soborno, la corrupción y el fraude en los estados 
financieros (aumentan las conductas poco éticas de organizaciones y 
ejecutivos). Este tipo de conductas se generalizan a pesar de contar las 
empresas con políticas anticorrupción y códigos de conducta y, los 
encuestados consideran que estas acciones no son sancionadas por la 
gerencia y las juntas; a su vez, éstas y los Comités de Auditoría no juegan 
un papel fundamental para ayudar a las compañías a mitigar los riesgos de 
soborno y prácticas corruptas”.  
De igual forma la encuesta concluye con que una de las modalidades más 
presentada de soborno es la de realizar pagos para agilizar y facilitar la 
tramitología en nuestro país, la segunda son los regalos y se encuentran otras 
como las donaciones y los patrocinios y sin lugar a dudas las contribuciones 
políticas, en la misma medida los empresarios reconocen que cada vez se afianza 
más la percepción sobre la necesidad de acudir al soborno para realizar negocios 
con las diferentes entidades en especial con el Estado.  
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En este orden de ideas una de las preguntas realizadas en la encuesta: 
“Persisten los pagos para agilizar o facilitar trámites como la principal 
modalidad de soborno: entre los empresarios que consideran que se 
ofrecen sobornos en el entorno de los negocios en Colombia, la principal 
modalidad usada con este fin es la de pagos para agilizar o facilitar trámites 
(65%), las contribuciones políticas (54%) es la segunda más utilizada y el 
soborno común se convierte en la tercera modalidad más recurrente (52%); 
los regalos (49%) también son considerados muy comúnmente como una 
forma para sobornar. 
Si la respuesta a la pregunta anterior fue “Si”, ¿Cuáles de las siguientes 
opciones considera que son usadas por esos empresarios para sobornar?”. 
 
0,30%
21%
39%
26%
20%
61%
44%
47%
0,30%
30%
49%
31%
23%
65%
54%
52%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Otros/NR
Gastos de representación
Regalos
Patrocinios
Donaciones
Pagos Trámites
Contribuciones politicas
Soborno común
2012 2010
  11 
 
En esta misma línea y según resultados de la encuesta en cuanto a que 
porcentaje se paga del contrato en el cual se encuentran licitando los empresarios 
para adjudicación del mismo con entidades del Estado revelo: “La mayor parte los 
empresarios, el 56%,  consideran que la competencia para ganar la adjudicación 
de un contrato tiene que pagar de forma secreta hasta un diez por ciento del valor 
del mismo, una cuarta parte de ellos, el 25%, entre el diez y el veinte por ciento del 
contrato, el 12% de las empresas pagan entre el veinte y el treinta por ciento y los 
demás encuestados, el 7%, manifestaron que pagan valores superiores del treinta 
por ciento e incluso se encuentran casos donde el pago excede la mitad del 
contrato” entonces por qué licitar en dichas contrataciones o bajo qué riesgo o 
calidad de servicio se presta la ejecución de estos contratos? Se puede deducir 
que los empresarios optan por realizar otro tipo de negocios para solventar dichas 
prácticas, como solicitar a su vez una contribución, descuento o porcentaje del 
contrato como se reveló en el año 2015 con el ZAR de las raciones escolares; 
convirtiéndose en un círculo vicioso.  
Camilo Enciso, Secretario de Transparencia de la Presidencia de la 
Republica, está detrás de esta investigación de los posibles vínculos de Noel 
Rodríguez, el zar de las raciones escolares: 
“El punto de partida de la investigación fueron dos visitas de 
inspección que la Superintendencia de Economía Solidaria hizo a la 
Abasticoop en octubre. Allí se descubrió que Rodríguez recibe millonarias 
comisiones mensuales a través de un singular ‘acuerdo de alianza 
estratégica’. En este, se compromete a asesorar a Abasticoop en 
contratación, elaboración de propuestas, inyección de capital y suministro 
de materias primas. A cambio, la cooperativa se obliga a pagarle el 1 por 
ciento de la facturación mensual de todos los contratos celebrados con 
entidades públicas. Para ello, se le extendió a Rodríguez un pagaré en 
blanco” (…) “pide mano dura y respuestas en casos como el de Abasticoop. 
“En este caso, algo está podrido: cooperativas que contratan con el Estado, 
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facturando cientos de miles de millones; que subcontratan todo lo que ellas 
deberían hacer bajo los contratos; que operan con contabilidad falsa, y que, 
para completar, suscriben alianzas sospechosas con terceros”, dice Enciso. 
(Secretaria de Transparencia Presidencia de la República, 2015). 
De igual importancia, dónde está el control ejercido en la ejecución del 
contrato para asegurar el cumplimiento de los fines de la contratación. Según 
Manuel Moriones:  
“(…) el interventor actúa en representación del contratante, 
ejerciendo los controles que le hayan sido delegados en relación con el 
objeto y las obligaciones a cargo de un contratista. Además, es un agente 
proactivo para contribuir con las partes en el éxito del mismo. Para ejercer 
cualquier tipo de control es necesario tener un referente o “deber ser”, con 
el cual se compara una actuación o un hecho concreto. En algunos casos, 
el referente de control es de aplicación general y está contenido en un solo 
documento; por ejemplo, normas legales, reglamentos o normas técnica. En 
otros, los referentes son específicos, como en el caso de los contratos, y 
están contenidos en diversos documentos.” (Jiménez Moriones, 2010).  
En el caso de un contrato en el cual su objeto es el de brindar alimento a 
distinta clase de población debe guiarse por unos lineamientos técnicos y 
administrativos, que son los que permiten establecer los temas que serán objetos 
de control y a los cuales debe ceñirse para la ejecución del mismo. El Interventor 
no puede ir más allá de exigir el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en 
el contrato, este es el “alcance de la interventoría”.  
Sobre el tema, Manuel Jiménez menciona que:  
“en Laudo del 20 de noviembre de 2006 del Tribunal de Distrito 
Capital, Secretaría de Obras Públicas e Instituto de desarrollo Urbano vs 
  13 
 
Consultoría Oscar G. Grimaux y Asociados SAT y Citeco Consultora S.A., 
se menciona: (…) a esto obedece que el interventor no pueda tomar 
decisiones que impliquen modificación de las obligaciones contraídas por el 
contratista; en segundo término, tampoco pude ordenar labores o trabajos 
que conlleven a la ampliación del objeto del contrato de obra o variación del 
plazo, o que puedan conducir a unas mayores erogaciones del contrato, 
como quiera que esas labores son del exclusivo resorte de la entidad 
contratante (…)” así mismo “(…) el interventor realiza acciones preventivas 
y de control. Las primeras con el propósito de aportar elementos para una 
eficiente ejecución del contrato y para su terminación exitosa. Las de control 
corresponden a la vigilancia y al seguimiento permanente del desarrollo del 
contrato para determinar que su ejecución sea acorde con lo pactado por 
las partes” (Jiménez Moriones, 2010)  
Sea oportuno definir como Laudo Arbitral: “(…) mecanismo alternativo de 
solución de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de 
una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley 
autorice”. (Ley 1563, 2012) 
Es por esto que la contratación de la interventoría desde el inicio del 
proceso de contratación es muy importante ya que brinda asesoría a la entidad 
contratante, evitando los posibles vacíos que se puedan presentar. Los tribunales 
de arbitramento y los manuales de gestión pública recomiendan que la actuación 
de la de las interventorías inicie desde las acciones previas a la celebración de los 
contratos –etapa precontractual-, con el fin de que contribuya de una manera más 
eficiente al éxito de los objetos contratados. 
Igualmente, la labor de supervisión y control que ejerce la interventoría 
debe establecer procedimientos para comprobar el grado de cumplimiento que el 
contratista está realizando a las obligaciones contractuales y al objeto del contrato. 
Estos procedimientos pueden desencadenar acciones de control proactivas y/o 
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correctivas; “(…) Las proactivas expresan en recomendaciones y en gestiones de 
aproximación de las partes. El Interventor puede y debe emitir recomendaciones 
que incidan en mejorar la eficiencia o los resultados del proyecto (…) y lo 
concerniente a “las acciones correctivas se derivan de desviaciones u omisiones 
en la ejecución del contrato vigilado. Destacamos tres: formulación de 
observaciones, traslado de incumplimiento y órdenes.  En su aplicación, el 
interventor debe atender el derecho al debido proceso en los términos señalados 
por la Constitución y la ley (…)” (Jiménez Moriones, 2010)1  
En estos casos las Interventorías formulan una serie de requerimientos en 
los cuales se menciona el incumpliendo de una o varias de las obligaciones, se 
señala las cláusulas incumplidas, así como una breve descripción del hallazgo 
encontrado, para esto se solicitan las correcciones en un tiempo determinado. Si 
al cumplimiento de este término el contratista no ha dado una respuesta 
satisfactoria o en su defecto sigue incurriendo en la desviación presentada, se 
informa al contratante para que adopte las medidas necesarias de acuerdo al 
manual de contratación de la entidad.  El supervisor del contrato está obligado a 
exigir el pleno cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, 
adicional establecer un permanente seguimiento a los aspectos técnicos, 
financieros, administrativos y jurídicos lo cual ayuda a evitar las desviaciones que 
pueden surgir en la ejecución de los mismos. 
Cabe aclarar la diferencia existente entre supervisión e interventoría, 
Barrera (como se citó en Díaz, 2012) manifiesta  
“La supervisión e interventoría pueden ser entendidas como la labor que 
cumple una persona o forma asociativa, a través de vínculo legal o contractual, 
para ejecutar el conjunto de actividades técnicas, administrativas, financieras, 
                                                          
1 Constitución Política de Colombia, artículo 29. “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas (…)”. Ley 1150 de 2007, articulo 17. “Del derecho al debido proceso. El debido 
proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales (…)” 
  15 
 
presupuestales y legales destinadas a controlar y vigilar el estricto cumplimiento 
del desarrollo y ejecución del contrato y de las obligaciones a cargo del Contratista 
en la ejecución de los convenios y contratos suscritos por una entidad, lo que 
quiere decir es que en el objeto de labor de vigilancia no se diferencia la figura de 
la interventoría y de la supervisión, distinguiéndose ambas figuras sólo por el 
hecho de que la primera es realizada por un contratista particular (persona natural 
o jurídica) y la supervisión siempre es realizada por un funcionario persona natural 
de la entidad contratante.” 
Aunque en otro sentido, se presenta una discrepancia en el rol que ejerce el 
supervisor de los contratos, ya que no cuenta con la suficiente experticia para 
ejercer sus labores incluyendo las variadas labores que debe ejercer en la entidad, 
entre ellas incluidas la supervisión a más de un contrato, como lo señala Beltrán 
(como se citó en Díaz, 2012) 
“En muchas ocasiones en las entidades que deben ejercer la supervisión, 
existe un corto circuito entre el funcionario designado para llevar a cabo las 
labores del supervisor y las demás dependencias de las entidades involucradas 
con la ejecución del contrato como las tesorerías, en donde, por el poco o nulo 
conocimiento del supervisor en temas contables y financieros, realiza exigencias a 
la tesorería de la entidad para adelantar o demorar el pago a los contratistas sin 
conocer el procedimiento reglado que existe para tal fin.” 
Esto sin mencionar que muchas veces se presenta el desconocimiento de 
la labor ejecutada por el contratista, generando consecuencias como 
entorpecimiento de la gestión del mismo y retrasos en su ejecución. 
De igual manera el Ministerio del Interior y Justicia (como se citó en Díaz, 
2012) al publicar la Cartilla del Estatuto Anticorrupción, estableció 
  16 
 
“Uno de los propósitos de esta herramienta jurídica se justificó en el 
hecho de que en la contratación pública están involucrados muchos de los 
sectores en los cuales se vienen presentando los casos más graves de 
corrupción pública; y el objetivo y teleología de la ley están dados para 
proponer medidas orientadas a garantizar la transparencia, y la sanción a la 
corrupción o fraude en esta actividad estatal.” 
En conclusión, a lo largo de la historia de nuestro país, el Estado ha venido 
combatiendo la corrupción de distintas formas, empleando cada vez nuevas 
estrategias, creando leyes, normas e instituciones para su seguimiento y control, 
en la cual se presentan los lineamientos que deben seguir las entidades, 
especialmente los funcionarios al momento de la escogencia del mejor postor para 
la ejecución de los proyectos, como a su vez la manera del control que debe 
seguirse para la ejecución de los mimos. 
 
En este orden de ideas se crea una herramienta como es la interventoría, 
para combatir la corrupción existente en las entidades del Estado, específicamente 
en el ejercicio de las funciones de los empleados públicos en la contratación 
estatal, ya que en este sector se presentan los mayores casos de corrupción 
pública, el Estado quiere garantizar que haya transparencia en el proceso de 
adjudicación de los contratos como evidenciar las sanciones a las que haya lugar 
con respecto a los fraudes que se comentan en dicha actividad. 
 
Debido a que la supervisión de los contratos se lleva a cabo en diferentes 
áreas como son: la administrativa, técnica, jurídica y financiera, los funcionarios 
encargados de ejercer vigilancia no cumplen con el perfil requerido, así como, los 
suficientes conocimientos y experiencia demandada para ejercer su función, 
adicionalmente no solo llevan la supervisión a un solo contrato, si no que tienen 
bajo su cargo múltiples contratos, por ende son empleadas las interventorías, 
  17 
 
quienes actúan en representación del contratante, cuentan con la experticia para 
desarrollar vigilancia a la ejecución de los contratos que conviene el Estado. 
 
En este orden de ideas, ratifican al contratista el cumplimiento a cabalidad 
de las obligaciones y la adecuada ejecución del objeto contractual, debe verificar 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, asegurar la 
calidad, la cantidad, los costos y el tiempo pactado en la ejecución del mismo, con 
la finalidad de proteger el gasto público y evitar los posibles actos de corrupción 
que se presenten en la ejecución del proyecto. 
Así mismo, tiene el deber de informar de una manera escrita al supervisor 
del contrato sobre el incumplimiento o posibles fallas en que está incurriendo el 
Contratista y es este es quien toma las medidas necesarias de acuerdo al manual 
de contratación de la Entidad. Dichos informes pueden darse durante todo el 
proceso que intermedie la Interventoría. 
Ahora bien, la realidad ha demostrado el desinterés por cuenta de los 
organismos estatales de la vigilancia y control para que se acate dicha 
normatividad, añadiendo en el proceso de escogencia de la oferta que siempre 
debe ser la que favorece más el desarrollo del contrato a nivel técnico, 
administrativo y financiero, se presenta el vacío que no se evalúa hondamente los 
contratistas de dicha licitación dando como resultado la corrupción existente en la 
contratación que hacen las entidades del estado y por consiguiente el despilfarro, 
robo y perdida de los recursos del país, corolario a lo anterior se presenta la 
inejecución de los contratos y, por ende, al ser recursos públicos el detrimento 
patrimonial del erario público. 
 
Del mismo modo algunos funcionarios públicos, ordenadores del gasto, 
prefieren realizar contratación directa para evitar los tramites y procedimientos de 
selección de oferentes de los bienes, obras o servicios que proyectan adquirir y de 
  18 
 
acuerdo a su cuantía, vulnerando la normatividad vigente y ocasionando 
igualmente la perdida de los recursos del Estado. 
Tal es el caso de la investigación en curso de Noel Rodríguez, el zar de las 
raciones escolares, el cual se establece que es asesor de empresas a través de 
acuerdos de alianzas estratégicas las cuales están siendo investigadas por que 
sus estados financieros presentados para licitar son posiblemente fraudulentos 
creando un alto riesgo en la contratación con dichas empresas, sin embargo, 
algunas de sus empresas siguen contratando con el Estado y no solo en contratos 
con la alimentación escolar de los niños más vulnerables sino con otro tipo de 
población como son las personas de la tercera edad y los que están privados de la 
libertad. 
No obstante, las interventorías no son las que deben analizar, ni indagar, 
sobre la información financiera de las empresas, en otras palabras, las 
Interventorías no toman decisiones que modifiquen el objeto contractual, sus 
obligaciones o ampliación en el plazo del mismo, es el ente que controla la 
correcta ejecución del mismo. 
Cabe anotar, que el Estado ha creado distintas normas y leyes para poner 
fin a la corrupción, pero estas son tendencias y costumbres muy arraigadas en 
nuestra sociedad; cada vez se conocen nuevas y diferentes modalidades de 
corrupción. Por último, lo que se debería hacer es mayor énfasis en inculcar 
principios profesionales y éticos en las personas, crear conciencia de la 
importancia de los valores humanos y morales como son la tolerancia, la 
aceptación, la amabilidad, la amistad, auto control, compromiso, confianza, 
solidaridad, etc. Un cambio de chip cultural. 
“Cuando tus valores son claros para ti, tomar decisiones se vuelve sencillo.” 
(Roy E. Disney.) 
  19 
 
En tal sentido, ¿Qué hace falta a nivel del Gobierno Nacional para realizar 
un mayor seguimiento en el control financiero de las empresas? ¿Qué otros 
mecanismos se deben implementar para bajar los índices de corrupción en 
nuestro país? ¿Las Universidades cuentan con modelos formativos en ética y 
moral para los estudiantes y futuros profesionales? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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