UNIVERSIDAD MILITAR 
NUEVA GRANADA 
 
 
 
PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL Y REBAJA DE PENA POR 
ACEPTACIÓN DE CARGOS CONDICIONADA 
 
 
JAIRO FERNANDO FIERRO CABRERA 
 
 
Artículo de revisión temática para optar al título de Magister en Derecho Procesal Penal 
 
 
Dra. LUZ MARINA GIL GARCIA 
Directora Académica de Postgrados Facultad de Derecho 
Dr. JAIRO IGNACIO ACOSTA ARISTIZABAL 
Director Temático 
Dr. JOSUÉ OTTO DE QUESADA VARONA 
Director Metodológico 
 
 
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE DERECHO  
DEPARTAMENTO DE POSTGRADOS EN DERECHO 
BOGOTA, D. C. – COLOMBIA 
2016 
2 
 
Prevalencia del derecho sustancial y rebaja de pena por aceptación de cargos 
condicionada1 
 
  
Jairo Fernando Fierro Cabrera2 
 
Resumen 
 
El presente artículo se ocupa de examinar las normas procesales vigentes y el precedente 
judicial en materia de allanamiento a cargos en la audiencia de formulación de imputación 
con el fin de entender porque en el sistema procesal penal implementado por la ley 906 de 
2004 la aplicación efectiva del principio constitucional de la prevalencia del derecho 
sustancial por parte de los jueces de conocimiento garantiza la protección del derecho 
sustancial a la rebaja de pena en los casos de aceptación de cargos condicionada, cuando en 
esa oportunidad procesal el delegado de la Fiscalía General de la Nación no cumple con su 
deber legal de realizar una adecuada calificación jurídica de los hechos investigados, como 
parte del derecho al debido proceso. 
 
Palabras clave: 
Prevalencia de la ley sustancial, error en la imputación jurídica, normas procesales de 
efectos sustanciales, principios rectores que gobiernan la actividad procesal del fiscal. 
 
Abstract 
 
This article studies the procedural rules in force and the binding precedent for accepting 
criminal charges at the hearing formulation on trial in order to understand why in the 
criminal justice system, implemented by the Law 906 of 2004, the effective implementation 
of the constitutional principle of prevalence of substantive law by the trial judges 
guarantees the protection of substantive law to plea bargaining in cases of acceptance of 
                       
1 Artículo de revisión temática para opción de grado. 
2 Estudiante de la Maestría de Derecho Procesal Penal de la Universidad Militar Nueva Granada. 
3 
 
conditional charges, when the Attorney General's office does not comply with its legal duty 
to elaborate a proper legal characterization of the facts investigated at the procedural 
opportunity, as part of the right to due process. 
 
Key words: 
Prevalence of substantive law, error in the legal charges, substantial effects of procedural 
rules, guiding principles governing judicial activity of the prosecutor. 
 
Introducción  
 
La aceptación de cargos pura y simple por 
parte del imputado es una de las formas 
de terminación anticipada del proceso, 
establecida en los artículos 283, 288-3, 
293, 351, 356 y 367 de la ley 906 de 2004 
o nuevo Código de Procedimiento Penal 
(CPP). Cuando no se trata de captura en 
flagrancia, el artículo 351 reconoce una 
rebaja automática hasta de la mitad de la 
pena imponible, cuando el procesado 
unilateralmente acepta los cargos 
determinados por el fiscal en la audiencia 
de formulación de la imputación.  
 
Está claro que en el nuevo sistema 
procesal penal de tendencia acusatoria el 
fiscal es el titular de la acción penal y la 
ejerce en representación de los intereses 
del Estado y de las víctimas, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 250 de la 
Constitución Política de Colombia, 
modificado por el Acto Legislativo 03 de 
2002, artículo 2º.  
 
Sucede que en algunos casos el procesado 
se allana a los cargos formulados por la 
fiscalía en forma condicionada, es decir, 
acepta haber participado en la ejecución 
de la conducta delictiva que se investiga, 
pero sostiene que la imputación jurídica 
realizada por el fiscal es incorrecta - por 
ejemplo - en el grado de participación, la 
modalidad delictiva, en la existencia de 
una circunstancia de agravación punitiva 
o simplemente ignora una causal de 
atenuación punitiva.  
 
Es de aclarar que en la aceptación de 
cargos condicionada el procesado no 
apela a circunstancias de ausencia de res-
ponsabilidad, eventos en los que no existe 
un verdadero allanamiento a cargos, sino 
al recurso de solicitar la corrección de la 
imputación jurídica con fundamento en el 
4 
 
mismo núcleo fáctico. Frente a esta 
situación, el estatuto procesal penal no 
establece el procedimiento a seguir y 
mucho menos señala una rebaja de pena 
automática, como si sucede con la 
aceptación de cargos pura y simple.  
 
La problemática se genera cuando en la 
audiencia de imputación de cargos el 
delegado de la fiscalía se niega a corregir 
el error cometido al efectuar la 
calificación jurídica de los hechos, pues el 
requerimiento que el Juez de Control de 
Garantías realice en ese sentido no obliga 
al ente investigador. El proceso entonces 
continúa su trámite normal y el Juez de 
Conocimiento en la sentencia de instancia 
reconoce la existencia del error, pero no 
aplica la rebaja de pena por allanamiento 
a cargos condicionada, argumentando que 
no está consagrada en la ley o 
simplemente no se pronuncia sobre el 
tema. 
 
El objetivo de la investigación es exponer 
cómo el Juez de Conocimiento está en el 
deber constitucional y legal de reconocer 
la rebaja de pena en la sentencia de 
instancia, no solo en casos de aceptación 
pura y simple de cargos, sino también en 
aquellos eventos que el imputado o su 
defensor hayan expresado ante el Juez de 
Control de Garantías su deseo de aceptar 
cargos en forma condicionada y no se 
haya proferido sentencia anticipada por 
un error de la fiscalía en la imputación 
jurídica que resulte declarado por el juez 
en el respectivo fallo.  
 
Metodología  
 
Este documento es el producto de la 
revisión organizada y sistemática de 
información encontrada en códigos, 
sentencias de las altas Cortes, libros y 
artículos sobre el tema objeto de 
investigación.  
 
Resultados 
 
1. La efectividad del derecho 
sustancial 
 
El principio de la prevalencia del derecho 
sustancial sobre las formas se encuentra 
consagrado en el artículo 228 de la 
Constitución Política de Colombia, que 
en lo pertinente literalmente expresa: 
“Las actuaciones serán públicas y 
permanentes con las excepciones que 
establezca la ley y en ellas prevalecerá el 
derecho sustancial”.  
5 
 
A su vez el artículo 10 de la ley 906 de 
2004 establece como principio rector que 
debe ser utilizado por el juez como 
fundamento de interpretación, que la 
actuación procesal se desarrolle teniendo 
en cuenta el respeto a los derechos 
fundamentales de las personas que 
intervienen en ella y la necesidad de 
lograr la eficacia del ejercicio de la 
justicia. Según la misma norma: “En ella 
los funcionarios judiciales harán 
prevalecer el derecho sustancial”. 
 
En concordancia con las anteriores 
normas, los artículos 229 de la Carta 
Política y 2º de la Ley 270 de 1996 o Ley 
Estatutaria de Administración de Justicia, 
consagran el derecho fundamental de toda 
persona a acceder a la justicia. 
 
La jurisprudencia Constitucional ha 
definido el derecho de acceso a la 
administración de justicia como  
la posibilidad reconocida a todas las 
personas residentes en Colombia de 
poder acudir en condiciones de 
igualdad ante los jueces y tribunales 
de justicia, para propugnar por la 
integridad del orden jurídico y por la 
debida protección o el 
restablecimiento de sus derechos e 
intereses legítimos, con estricta 
sujeción a los procedimientos 
previamente establecidos y con plena 
observancia de las garantías 
sustanciales y procedimentales 
previstas en las leyes. 
 
     Aquella prerrogativa de la que 
gozan las personas, naturales o 
jurídicas, de exigir justicia, impone a 
las autoridades públicas, como 
titulares del poder coercitivo del 
Estado y garantes de todos los 
derechos ciudadanos, distintas 
obligaciones para que dicho servicio 
público y derecho sea real y efectivo. 
(T-283-13, p. 26) 
 
El derecho de acceso a la administración 
de justicia implica el reconocimiento de 
la prevalencia del derecho sustancial y la 
realización de la justicia material en la 
aplicación del derecho procesal (T-429-
11, p. 14).  
    
La citada corporación ya había señalado 
que el fin de la actividad jurisdiccional y 
del proceso es la realización de los 
derechos consagrados en abstracto por el 
derecho objetivo, y, por consiguiente, la 
solución de los conflictos de intereses. 
Para la Corte resulta evidente que en 
6 
 
relación con la realización de los derechos 
y la solución de los conflictos, el derecho 
procesal, y específicamente el proceso, es 
un medio (C-029-95, p. 6). Igualmente, 
precisa que el derecho sustancial es aquel 
que se refiere a los derechos subjetivos de 
las personas, en oposición al derecho 
formal que establece los medios para 
buscar la efectividad del primero (T-
1306-01, p. 24).  
 
Posteriormente, reitera que la observancia 
de la plenitud de las formas propias de 
cada juicio no puede servir al propósito 
de hacer que las ritualidades procesales se 
conviertan en un fin en sí mismas, pues la 
prevalencia del derecho sustancial impone 
que los procedimientos sirvan como 
medio para lograr la efectividad de los 
derechos subjetivos de las partes y demás 
intervinientes en los procesos (T-531-10, 
p. 15).  
 
1.1 Defecto procedimental por 
exceso ritual manifiesto 
 
La Corte Constitucional ha construido 
una línea jurisprudencial sobre el defecto 
procedimental por exceso ritual 
manifiesto, fundándose en el contenido 
del artículo 228 de la Constitución 
Política, específicamente en el 
reconocimiento de la primacía del 
derecho sustancial.  
 
En la sentencia T-052 de 2009 - 
verbigracia - señala que la prevalencia del 
derecho sustancial sobre el procesal, tiene 
como finalidad garantizar que los 
funcionarios judiciales al aplicar las 
normas que regulan los procedimientos 
no obstaculicen la realización del derecho 
sustancial. También destaca que las 
formalidades de todo proceso judicial, 
han sido creadas para garantizar a las 
partes intervinientes el cumplimiento de 
un debido proceso que respete sus 
derechos, pero si las reglas procesales son 
aplicadas por el operador jurídico 
atendiendo únicamente a su texto o en 
forma mecánica, se incurre en un exceso 
ritual manifiesto. 
 
El defecto procedimental es una causal de 
procedencia de la acción de tutela contra 
sentencias judiciales que de acuerdo con 
la Corte Constitucional tiene fundamento 
normativo en los artículos 29 y 228 de la 
Constitución:  
El primero, incorpora el conjunto de 
garantías conocidas como debido 
proceso, entre las cuales se destacan 
7 
 
el principio de legalidad, el derecho 
de defensa y contradicción, y la 
consecuente obligación de “observar 
las formas propias de cada juicio”; 
el segundo, por su parte, consagra el 
derecho al acceso a la administración 
de justicia y la prevalencia del 
derecho sustancial en las actuaciones 
judiciales.  
 
     Como se puede ver, las citadas 
cláusulas de derecho fundamental 
establecen diversas garantías que se 
complementan entre sí. Sin embargo, 
puede generarse una tensión aparente 
entre el respeto por la plenitud de las 
formas del juicio y la prevalencia del 
derecho sustancial, que supone una 
subordinación de los procedimientos 
al derecho material. La solución a 
esta tensión se encuentra en la 
concepción de las formas 
procedimentales como un medio para 
lograr la efectividad de los derechos 
subjetivos, y no como fines en sí 
mismas. (T-264, 2009, p. 15)  
 
Con fundamento en la aludida 
normatividad el órgano constitucional 
realiza una clara distinción entre el 
defecto procedimental absoluto, como 
regla general, y exceso ritual manifiesto, 
como la excepción a la misma, reiterando 
su jurisprudencia sobre el tema. El 
primero se produce cuando el funcionario 
judicial se aparta por completo del 
procedimiento legalmente establecido en 
el trámite de un asunto específico porque 
“(i) sigue un trámite por completo ajeno 
al pertinente (desvía el cauce del asunto), 
o (ii) pretermite etapas sustanciales del 
procedimiento legalmente establecido 
afectando el derecho de defensa y 
contradicción de una de las partes del 
proceso” (T-264, 2009, p. 15). El segundo 
se presenta cuando un funcionario judicial 
“utiliza o concibe los procedimientos 
como un obstáculo para la eficacia del 
derecho sustancial y por esta vía, sus 
actuaciones devienen en una denegación 
de justicia” (p. 16), es decir, el 
funcionario judicial incurre en un defecto 
procedimental por exceso ritual 
manifiesto cuando:  
(i) no tiene presente que el derecho 
procesal es un medio para la 
realización efectiva de los derechos 
de los ciudadanos, (ii) renuncia 
conscientemente a la verdad jurídica 
objetiva pese a los hechos probados 
en el caso concreto, (iii) por la 
aplicación en exceso rigurosa del 
derecho procesal, (iv) pese a que 
dicha actuación devenga en el 
8 
 
desconocimiento de derechos 
fundamentales. (T-352, 2012, p. 20)  
  
En ese orden de ideas, para la Corte 
Constitucional está claro que las 
formalidades o ritos dentro de los 
procesos judiciales no deben sacrificar 
injustificadamente derechos subjetivos, 
pues precisamente el fin del derecho 
procesal es contribuir a la realización de 
los mismos y fortalecer la obtención de 
una verdadera justicia material. Por esa 
razón cuando 
se aplican de manera taxativa las 
normas procesales, y con ello se 
desplaza el amparo de los derechos 
de las personas,  es decir, cuando la 
aplicación de una norma 
procedimental se convierte en una 
forma adversa a los derechos de los 
individuos, se configura un defecto 
procedimental por exceso ritual 
manifiesto que hace procedente la 
acción de tutela contra providencias 
judiciales, una vez se verifique el 
cumplimiento de los requisitos 
generales para declarar su 
configuración. Entonces, el juez de 
tutela está en la obligación de obviar 
el trámite formal en beneficio de tales 
garantías. (T-352, 2012, p. 24)  
 
Ahora bien, la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia en sentencia de 
casación proferida el 26 de octubre de 
2011 (Radicado 32143), frente al tema 
indicó que el artículo 228 de la Carta 
Política no establece una preeminencia de 
lo sustancial sobre lo formal, tampoco se 
interpreta que es dable apartarse, ni 
sepultar, ni olvidar, las estructuras 
formales codificadas, sino que por el 
contrario, debe haber unos efectos de 
equilibrio, de armonía entre lo formal y lo 
sustancial (p. 17). 
 
1.2 Aplicación de la Justicia material 
en un caso de aceptación de cargos 
condicionada 
 
El máximo Tribunal de la Jurisdicción 
Ordinaria, en sentencia penal del 14 de 
noviembre de 2007 (Radicado 24838), le 
dio aplicación al principio de primacía del 
derecho sustancial sobre el procesal, en 
un caso donde la fiscalía formula cargos 
por el delito de homicidio agravado por 
motivo abyecto o fútil (Art. 103 y 104-4 
C.P.), en concurso con el delito de porte 
ilegal de armas de fuego de defensa 
personal (Art. 365 C.P.) y ante ésta 
imputación el sindicado en la diligencia 
de indagatoria solicita sentencia 
9 
 
anticipada manifestando: “(…) yo los 
acepto sin la agravación que dice la 
Fiscalía, yo le di muerte pero no por 
venganza”. Al definir la situación jurídica 
la Fiscalía sostiene los cargos e impone 
medida de aseguramiento, resolución que 
fue recurrida por la defensa sin éxito. La 
Fiscalía califica el mérito del sumario 
profiriendo resolución acusatoria contra el 
procesado por los delitos ya relacionados.  
 
En la audiencia de juzgamiento el 
defensor y el delegado del Ministerio 
Público rechazaron la circunstancia de 
agravación punitiva del homicidio, y el 
Juzgado Primero Penal del Circuito de 
Pereira les concede la razón, 
argumentando que dicho agravante carece 
de sustento probatorio y dicta en su contra 
sentencia condenatoria como autor del 
delito de homicidio simple, en concurso 
con el delito de porte ilegal de armas de 
fuego de defensa personal. El defensor 
interpone recurso de apelación, 
reclamando para el sentenciado la rebaja 
de una tercera parte de la pena que le fue 
impuesta, autorizada para esa época en el 
artículo 40 de la Ley 600 de 2000, pues 
los hechos ocurrieron en vigencia de 
dicha Ley, porque el Juez de primera 
instancia estableció que realmente se 
trataba de homicidio simple y no 
agravado, por eso ha debido concederla, 
precisamente porque ese fue el cargo 
aceptado por el procesado en la 
indagatoria. El Tribunal Superior de 
Pereira no accedió a las pretensiones de la 
defensa y confirmó íntegramente la 
sentencia de primera instancia.  
  
En ese proceso la Corte Suprema indicó 
que la sentencia anticipada participa de la 
naturaleza de la justicia consensuada y a su 
vez forma parte del denominado derecho 
premial, puesto que previa solicitud a la 
Fiscalía, el implicado manifiesta 
consciente, espontánea y libremente su 
voluntad de aceptar los cargos que el 
instructor le formule; y a cambio de ello, 
en compensación al “ahorro de instancia” 
que el sometimiento a la justicia genera, 
recibe como beneficio una sustancial rebaja 
de la pena que correspondiere.  
 
En esa providencia la Sala Penal 
encuentra que la fiscalía - en las dos 
instancias - creyó contar con argumentos 
probatorios suficientes para imputar al 
sindicado los delitos de porte ilegal de 
armas de fuego de defensa personal y 
homicidio agravado por motivo abyecto. 
Ante la negativa del procesado en aceptar 
10 
 
los cargos formulados por homicidio 
agravado, para la Corte estaba claro que 
para el instructor no se reunían las 
condiciones para dar impulso a la 
sentencia anticipada; dado que no podía 
romperse la unidad procesal para 
investigar por separado “la agravante” del 
homicidio, porque la circunstancia por sí 
sola no configura conducta punible 
autónoma.  
 
Empero, como la postura de la Fiscalía 
verdaderamente resultó equivocada, la 
Corte Suprema reconoce la rebaja de la 
pena al sentenciado, por razones de 
justicia material, acordes con los motivos 
de política criminal que permitieron 
adoptar el instituto jurídico de la 
sentencia anticipada (justicia consensuada 
y derecho premial), puesto que fue 
condenado finalmente por porte ilegal de 
armas de fuego de defensa personal en 
concurso con homicidio simple, 
calificación de la conducta punible que él 
aceptó desde su primera versión de 
indagatoria.  
 
En la misma sentencia la Corte Suprema 
aclara que si la Fiscalía hubiese 
comprendido cabalmente el asunto, tenía 
que dar paso a la sentencia anticipada, lo 
cual dejo de hacerse, precisamente por la 
visión equivocada que el instructor se 
había formado acerca de los 
acontecimientos.  
 
Aunque en el caso estudiado no se llevó a 
acabo aceptación de cargos pura y simple 
ni el proceso terminó con sentencia 
anticipada, dado que este instituto 
jurídico tiene como finalidad conceder un 
importante paliativo a quienes colaboran 
con la justicia, la citada Corte reconoce el 
derecho sustancial a la rebaja de pena 
impuesta al sentenciado, toda vez que la 
postura de sometimiento fue invariable, al 
punto que su defensor, cuando intervino 
en la vista pública de juzgamiento y al 
interponer el recurso de apelación contra 
la decisión condenatoria de primera 
instancia, recordó que él había solicitado 
sentencia anticipada por los delitos de 
porte ilegal de armas de fuego de defensa 
personal y homicidio simple.  
 
Como se observa, en la sentencia 
proferida el 14 de noviembre de 2007, 
ante el error en la imputación jurídica 
cometido por el delegado de la fiscalía, la 
Corte Suprema no se limitó a declarar que 
realmente se trataba de un Homicidio 
Simple, sino que reconoce que en casos 
11 
 
análogos de aceptación de cargos 
condicionada, el sentenciado tiene 
derecho a la rebaja de la pena impuesta de 
una tercera parte, autorizada en el artículo 
40 de la Ley 600 de 2000, aplicando el 
principio de la prevalencia del derecho 
sustancial sobre las formas, como una 
forma de reparar dicho error.   
 
Como la providencia del 14 de noviembre 
de 2007 fue dictada por la Corte Suprema 
frente a conductas punibles cometidas en 
vigencia de la ley 600 de 2000 (Art. 40), 
en donde el legislador hace referencia a la 
sentencia anticipada por aceptación de 
cargos, es necesario anotar que el citado 
órgano jurisdiccional en sentencia del 1° 
de febrero de 2012 (Radicado 34853), 
dejó claro que la sentencia anticipada 
consagrada en la ley 600 de 2000 y el 
allanamiento a cargos de la ley 906 de 
2004, son institutos procesales análogos 
que encuentran regulación en dos códigos 
diferentes, que aunque pertenecen cada 
uno a sistemas procesales diversos, debe 
optarse por la reducción de pena más 
generosa, esto es, la del artículo 351 del 
Código de Procedimiento Penal de 2004.  
 
La Corte Suprema en sentencia del 6 de 
mayo de 2009 (Radicado 24055), en 
relación con este punto dijo que si bien en 
el pasado existió una disparidad de 
criterios entre la jurisprudencia 
constitucional y la de la Sala de Casación 
Penal, lo cierto es que a partir de la 
sentencia del 8 de abril de 2008, proferida 
en el radicado 25306, esa colegiatura 
admitió, y así lo ha venido reiterando, que 
ante la vigencia simultánea de dos normas 
procesales (las Leyes 600 de 2000 y 906 
de 2004) resulta procedente aplicar esta 
última por favorabilidad a hechos 
ocurridos antes de su vigencia, o bien en 
distritos judiciales en los que aún no 
entraba en vigencia el nuevo sistema 
acusatorio, toda vez que es clara la 
analogía entre los institutos de la 
sentencia anticipada (artículo 40 del 
Código de Procedimiento Penal de 2000) 
y el allanamiento a los cargos del estatuto 
procesal de 2004, pues resultaban 
también similares los objetivos y motivos 
político criminales que inspiraron dichos 
mecanismos de la justicia premial. Así lo 
indicó la Corte:  
Las normas que regulan la reducción 
de la pena tienen efectos sustantivos, 
pues disciplinan la libertad personal 
del procesado. Por lo tanto, el inciso 
primero del artículo 351 de la ley 906 
del 2004, ab initio, puede ser 
12 
 
aplicado retroactivamente a 
situaciones gobernadas por la ley 600 
del 2000, en virtud del postulado de 
la favorabilidad (p. 13). …   
 
     Entonces, las notas 
diferenciadoras que se han edificado 
para desestimar la aplicación del 
principio de favorabilidad a un 
sentenciado anticipadamente que 
pretende acceder al beneficio 
punitivo del artículo 351 de la ley 906 
de 2004, aún ofrecen discusiones 
profundas las que han marcado la 
disparidad de los criterios 
jurisprudenciales y que deben 
resolverse con una interpretación que 
desarrolle el principio de igualdad 
que se afecta cuando el azar marca la 
suerte del ciudadano, según decida un 
operador judicial u otro, o cuando el 
ciudadano acude a la Corte 
Constitucional para que se pronuncie 
de manera diferente (p. 34). 
 
Este último razonamiento jurisprudencial 
es el que ha venido aplicando la Sala de 
Casación Penal y también la Corte 
Constitucional, Corporación esta última 
que, en sede de tutela, ha amparado el 
derecho a la igualdad y al debido proceso, 
afirmando que en los casos de sentencia 
anticipada del estatuto procesal de 2000 la 
reducción de pena debe calcularse 
conforme a lo preceptuado en el artículo 
351 de la Ley 906 de 2004.  
 
La Sala de Casación Penal en sentencia 
del 1º de febrero de 2012 (Radicado 
34853), igualmente precisó que no 
solamente la ley es fuente de derecho sino 
también la jurisprudencia, pues de este 
modo se mantiene la coherencia del 
ordenamiento y su interpretación, para así 
garantizar que, en virtud del derecho a la 
igualdad y por la estabilidad que supone 
la permanencia de las reglas jurídicas, los 
supuestos de hecho similares se resuelvan 
de manera análoga.  
 
En esa medida consideramos que la sub-
regla establecida por la Corte Suprema en 
la sentencia del 14 de noviembre de 2007 
(Radicado 24838) aún tiene vigencia para 
casos análogos por sus hechos y los 
jueces de conocimiento de instancia están 
en el deber de aplicar éste precedente 
judicial vertical, en cumplimiento a lo 
dispuesto por la Corte Constitucional en 
la sentencia C-836 de 2001, cuando se 
demandó la inconstitucionalidad del 
artículo 4º de la ley 169 de 1896, deber 
que no se torna absoluto dado nuestro 
sistema relativo de precedente judicial, 
13 
 
que exige del sentenciador una carga 
argumentativa fuerte, en orden a apartarse 
del criterio de la Sala Penal.  
 
1.3 Principios rectores que gobiernan 
la actividad investigativa y acusadora 
del fiscal 
 
La actividad investigativa y acusadora del 
fiscal debe estar guiada por una serie de 
principios rectores que rigen su actividad 
procesal tales como la lealtad, la 
objetividad y la corrección, reglados en la 
ley 906 de 2004.   
 
De acuerdo con el primero, “todos los que 
intervienen en la actuación, sin excepción 
alguna, están en el deber de obrar con 
absoluta lealtad y buena fe” (artículo 12); 
en virtud del segundo, “la Fiscalía 
General de la Nación (…) adecuará su 
actuación a un criterio objetivo y 
transparente, ajustado jurídicamente para 
la correcta aplicación de la Constitución y 
la ley” (artículo 115); y conforme al 
tercero, “en el desarrollo de la 
investigación y en el proceso penal los 
servidores públicos se ceñirán a criterios 
de necesidad, ponderación, legalidad y 
corrección en el comportamiento, para 
evitar excesos contrarios a la función 
pública, especialmente a la justicia” 
(artículo 27).  
 
En similar sentido, el numeral 1° del 
artículo 140 de la aludida ley establece 
como deberes de las partes e 
intervinientes “proceder con lealtad y 
buena fe en todos sus actos”. 
Específicamente como deberes de la 
Fiscalía General de la Nación, el artículo 
142 (numeral 1), relaciona: “Proceder con 
objetividad respetando las directrices del 
Fiscal General de la Nación”.  
 
Constitucionalmente, la Fiscalía se 
encuentra adscrita a la Rama Judicial 
(Título VIII,  Capítulo VI), por lo tanto 
también tiene la función de administrar 
justicia, así como la obligación legal de 
actuar con objetividad y lealtad, esto 
explica que si bien es cierto que 
instrumentalmente este órgano tiene la 
obligación de acusar, ello no implica que 
deba hacerlo a cualquier costo o que 
pueda pasar por alto circunstancias 
objetivas en relación con los hechos y la 
forma de responsabilidad que cabe 
endilgar a los acusados (CSJ, 2008, 
Radicado 29118).  
 
14 
 
El sistema adversarial creado por la ley 
906 de 2004 le otorga a la titular de la 
acción penal amplia discrecionalidad para 
efectuar la imputación de cargos, por esa 
razón la fiscalía está obligada a agotar 
una investigación idónea y a postular la 
pretensión punitiva en forma adecuada 
con la que se espera restablecer el 
equilibrio quebrantado con la comisión 
del delito, pero en algunos casos el ente 
acusador abusa de dicha discrecionalidad 
“inflando” los tipos penales - por ejemplo 
con agravantes inexistentes - en la 
búsqueda de la celebración de 
preacuerdos o simplemente comete 
errores porque no tiene la preparación o 
solvencia necesaria en el tema, anulando 
la facultad que tiene el imputado de 
allanarse cargos y de obtener la rebaja de 
pena respectiva.  
 
No obstante, a través del artículo 339 del 
CPP el legislador de 2004 deja abierta la 
posibilidad para que el delegado de la 
fiscalía, en atención al principio de 
corrección en el comportamiento, en 
desarrollo de la audiencia de formulación 
de acusación enmiende dichos errores, 
respetando el núcleo fáctico de la 
imputación, por iniciativa propia a 
petición de la defensa, el Ministerio 
Público o la Víctima, situación 
excepcional que le permite al acusado 
allanarse a cargos y obtener una rebaja de 
la pena por ese concepto. Tampoco existe 
impedimento para que por lealtad 
procesal el fiscal en los alegatos finales 
pueda por ejemplo pedir que se excluyan 
circunstancias de agravación que habían 
sido imputadas pero no demostradas en el 
juicio oral (CSJ SP-2007, Radicación No. 
26468, p. 49). 
 
1.4 El Juez debe establecer con 
objetividad la verdad y la justicia 
 
En relación con la labor que debe cumplir 
el juez en el curso del proceso, el artículo 
5º del estatuto procesal penal determina 
que “en ejercicio de las funciones de 
control de garantías, preclusión y 
juzgamiento, los jueces se orientarán por 
el imperativo de establecer con 
objetividad la verdad y la justicia”.  
 
A pesar de lo consagrado por el legislador 
en la norma citada, en la práctica judicial 
el Juez de Control de Garantías no está 
facultado por la ley para ejercer un 
control material respecto de la 
formulación de imputación fáctica y 
jurídica realizada por el delegado de la 
15 
 
Fiscalía General de la Nación, y el Juez 
de Conocimiento, respecto de la 
formulación de acusación, por tratarse de 
un acto de parte. 
 
En efecto, la formulación de imputación 
normativamente es calificada como un 
acto de comunicación que se realiza con 
base en elementos materiales probatorios, 
evidencia física o información legalmente 
obtenida, que le permite a la fiscalía 
“inferir razonablemente” que el imputado 
es autor o partícipe del delito que se 
investiga (Art. 286 y 287 L. 906/04).  
 
La Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, en sentencias de 
tutela del 22 septiembre 2009 (Radicado 
No. 44103), 19 de julio de 2011 (Rad. 
No. 54934) y 6 de marzo de 2012 
(Radicación No. 59043), entre otras, 
cataloga la formulación de imputación 
como un acto de parte y por lo tanto el 
Juez de Control de Garantías no tiene la 
facultad de aprobarla o improbarla.  
 
Lo mismo ocurre con la formulación de 
acusación, pues la Corte Suprema de 
Justicia - por ejemplo - en la sentencia 
penal del 21 de marzo de 2012 (Radicado 
38256), prescribió que en el sistema penal 
acusatorio de la Ley 906 del 2004 la 
acusación es un acto de parte, que no 
tiene el carácter de providencia judicial, 
consecuencia de lo cual es que el escrito 
que la contiene no pueda ser declarado 
nulo, como tampoco podría serlo 
cualquier petición de otra parte o 
interviniente: el fiscal es el “dueño de la 
acusación”. En ésta decisión la Corte 
Suprema también señaló que el Juez de 
Conocimiento no puede realizar un 
control material sobre la adecuación 
típica efectuada por el delegado de la 
fiscalía, so pena de invadir el rol del fiscal 
y vulnerar el principio de imparcialidad 
que gobierna el proceso penal con 
tendencia acusatoria. En sentencia de 
tutela del 6 de marzo de 2012 además 
advierte que la sanción para el delegado 
de la Fiscalía que erradamente se aparte 
de las observaciones hechas por las partes 
e intervinientes, está dada por la no 
prosperidad total o parcial de las 
pretensiones de la acusación (CSJ ST-
59043-2012).  
 
Como se observa, por regla general el 
juez no puede ejercer control material a la 
imputación y a la acusación del fiscal en 
los procesos abreviados u ordinarios de la 
ley 906 de 2004. Sin embargo, la Sala 
16 
 
Penal de la Corte Suprema en fallo de 
tutela calendado 9 de mayo de 2012 
aclaró que si bien esa Corporación ha 
sostenido que el escrito de acusación no 
es susceptible de ser anulado por las 
razones ya expuestas, no descartó la 
posibilidad de anular las actuaciones que 
conlleven un control por parte de la 
judicatura en las oportunidades 
establecidas en la ley, como la audiencia 
de formulación de acusación ante el Juez 
de Conocimiento, permitiéndose el 
ejercicio de los recursos legales.  
 
En esa providencia la Corte negó la tutela 
propuesta por delegados de la Fiscalía 
General de la Nación contra la Sala Penal 
del Tribunal Superior de Bogotá, por 
presunta vulneración de su derecho 
fundamental al debido proceso, ya que en 
auto de segunda instancia tomó la 
decisión de declarar la nulidad de todo lo 
actuado a partir de la audiencia de 
imputación contra una de las acusadas 
por el delito de falso testimonio, puesto 
que no puede afirmarse que la autoridad 
judicial accionada incumplió el 
ordenamiento jurídico o desconoció la 
titularidad de la acción penal en cabeza 
del ente investigador, sino que en el caso 
concreto efectúo un ejercicio 
constitucional en el cual verificó la 
violación a garantías fundamentales como 
el derecho a la no autoincriminación 
prevista en el artículo 33 de la Carta 
Política (CSJ ST-2012, Radicación No. 
60211, p. 13). 
 
Con ese mismo criterio la Corte Suprema 
en sentencia de casación penal proferida 
el 8 de junio de 2011 ya había declarado 
la nulidad de lo actuado a partir de la 
audiencia de formulación de acusación 
que trata el artículo 339 de la Ley 906 de 
2004, por falta de una imputación fáctica 
concreta en el acto complejo de 
acusación, pues en el escrito de acusación 
el fiscal delegado no informó a los 
procesados de manera clara y precisa, 
detallada y circunstanciada el acontecer 
humano ejecutado por cada uno de los 
acusados con fundamento en el cual 
expresaba con probabilidad de verdad que 
habían incurrido en el delito de concierto 
para delinquir y falso testimonio, falencia 
que no fue corregida por el funcionario 
instructor en la audiencia de formulación 
de acusación, escenario en el que se 
concreta de manera definitiva y 
vinculante el aspecto fáctico al que se 
circunscribirá el juicio y al que queda 
ligada la facultad del juzgador de emitir el 
17 
 
fallo que en derecho corresponda, 
actuación irregular que el Juez de 
Conocimiento estaba en el deber de 
corregir, conforme a lo dispuesto por el 
legislador de 2004 en el inciso final del 
artículo 10 del CPP, aunque las demás 
partes e intervinientes no hayan realizado 
observaciones sobre el escrito de 
acusación (CSJ SP-2011, Radicación No. 
34022, p. 33-40).   
 
En reciente pronunciamiento la Sala de 
Casación Penal determinó que el juez de 
garantías no es un convidado de piedra en 
la audiencia de formulación de 
imputación, puesto que puede verificar 
que se cumplan los formalismos de ley y 
que no se menoscaben las garantías 
fundamentales de las partes e 
intervinientes, pese a que éste es un acto 
de comunicación que ha sido asignado al 
fiscal, sin que ello implique afectar el 
principio de imparcialidad (CSJ AP299-
2016, Radicación N° 47271, p. 13). 
 
En ese mismo sentido se pronuncia la 
Sala Penal de la Corte Suprema en fallo 
de tutela proferido el 20 de mayo de 
2014, cuando expresa que el juez está en 
el deber constitucional y legal de hacer 
control material a actuaciones que de 
manera grosera y arbitraria comprometan 
garantías fundamentales de las partes o 
intervinientes (CSJ ST6342-2014, 
Radicación Nº 73555, p. 12).  
 
Citando los artículos 1, 4, 13, 29, 103 y 
228 de la Carta Política, así como los 
artículos 5, 6 y 10 de la ley 906 de 2004, 
en la referida providencia la Corte señala 
que la potestad de hacer control 
constitucional y legal que se le reconoce 
con criterio pacífico al juez implica 
control material, “para que en los 
procesos penales se realice la justicia 
como valor, garantía y derecho 
fundamental” (p. 13). Así mismo, destaca 
que la ley 906 de 2004 no excluyó de los 
procesos penales ordinarios y abreviados 
los controles del juez en primera y 
segunda instancia, o en el trámite del 
recurso de casación, “sobre el error en el 
nomen iuris, la congruencia, en la 
preclusión por atipicidad que sea de 
carácter absoluto y no relativa y velar en 
todo momento por las garantías 
fundamentales de partes e intervinientes” 
(p. 14). Aclara que si bien es cierto que se 
debe respetar la imputación fáctica 
realizada por el fiscal, como titular de la 
acción penal, también es verdad que 
frente a la imputación jurídica el juez 
18 
 
puede hacer control material excepcional 
“para restablecer garantías 
constitucionales groseramente 
desconocidas” (p. 15), citando como 
ejemplo la vulneración de la estricta 
tipicidad en un allanamiento o preacuerdo 
o en un juicio ordinario en el que un error 
en el nomen iuris conlleva a una solución 
absurda y por ende agravia en sus 
garantías a partes o intervinientes. 
 
Adicionalmente, el 25 de mayo de 2016 en 
un trascendental fallo de casación, la Sala 
de Penal varía línea jurisprudencial anterior 
según la cual la solicitud de absolución 
elevada por el delegado de la Fiscalía 
General de la Nación durante los alegatos 
finales del juicio oral, equivalía a un “retiro 
de los cargos”, por lo que en tal hipótesis al 
Juez de Conocimiento no le quedaba otro 
camino que el de emitir un fallo 
absolutorio; para ahora señalar que en 
adelante se entienda que dicha petición es 
un acto de postulación que puede ser 
acogida o desechada por el Juez de 
Conocimiento, funcionario judicial que 
decidirá a través de sentencia 
fundamentada en la valoración de las 
pruebas aducidas en el juicio oral (CSJ 
SP6808-2016, Radicación N° 43837, p. 
44). 
En esa providencia la Corte reitera que en 
el sistema procesal penal colombiano de 
tendencia acusatoria el rol del juez no 
corresponde al de un “mero árbitro” del 
proceso sino que está en el deber de 
propender por la aplicación de la justicia 
material y por la defensa de los derechos y 
garantías fundamentales de las partes e 
intervinientes, porque el proceso penal 
mantiene una concepción fuerte del 
principio de legalidad y la 
disponibilidad excepcional de la acción 
penal por parte del fiscal siempre 
sujeta a decisión judicial, premisas que 
debe tener en cuenta el operador 
judicial en la interpretación de las 
normas que lo reglamentan en orden a 
la resolución de problemas jurídicos 
concretos (p. 23).  
 
Las consecuencias del acogimiento del 
sistema a las mencionadas premisas son (i) 
que una vez agotado el juicio oral y 
público el poder de decisión sobre el objeto 
del proceso penal corresponde 
exclusivamente a los jueces de 
conocimiento y (ii) que el delegado de la 
fiscalía únicamente tiene un poder de 
postulación que ejerce desde la 
presentación de la acusación y culmina 
19 
 
con las alegaciones posteriores al debate 
probatorio en la etapa de juzgamiento (p. 
33).  
 
Por esa razón el Juez de Conocimiento en 
la sentencia no se puede limitar a 
reconocer o refrendar la voluntad del 
órgano acusador en cuanto a no proseguir 
con el ejercicio de la acción penal (p. 34), 
sino que el funcionario judicial debe 
tomar una decisión de fondo sobre el 
objeto del proceso (los hechos 
investigados y sus consecuencias 
jurídicas), siempre que su decisión se 
ajuste al principio de congruencia 
consagrado en el artículo 448 del CPP.  
 
El principio de legalidad faculta al juez de 
conocimiento para que en la sentencia de 
instancia pueda - por ejemplo - reconocer 
cualquier clase de atenuante (genérica o 
específica), el delito complejo en lugar de 
un concurso delictivo, la tentativa, la ira o 
intenso dolor, etc., siempre que respete el 
núcleo básico de la imputación, pero al 
mismo tiempo impide que el juez pueda 
suprimir atenuantes reconocidas al 
procesado, adicionar agravantes y en 
general, hacer más gravosa su situación 
(CSJ SP-2007, Radicación No. 26468, p. 
50). 
En ese contexto, la titularidad de la acción 
penal en cabeza de la Fiscalía General de 
la Nación no excluye la posibilidad que el 
Juez de Control de Garantías por 
iniciativa propia o a petición de la 
defensa, Ministerio Público o la víctima, 
en aras de establecer con objetividad la 
verdad y la justicia, requiera al fiscal 
delegado para que precise, aclare o 
explique elementos constitutivos de la 
imputación, contenidos en el artículo 288 
ibídem, especialmente en relación con los 
hechos jurídicamente relevantes, si en 
cuenta se tiene que constituyen una 
condicionante fáctica absoluta de la 
acusación, pues entre estos dos actos debe 
existir una adecuada relación de 
correspondencia (CSJ SP1392-2015, 
Radicación No. 39894, p. 13). 
 
Tampoco es un obstáculo para que el juez 
de conocimiento que profiere el fallo 
dentro del procedimiento ordinario pueda 
reconocer el derecho sustancial a la rebaja 
de pena por allanamiento a cargos 
establecida por la ley 906 de 2004, en 
aquellos casos en los que el procesado o 
su defensor hayan exteriorizado 
oportunamente su deseo de acogerse a 
sentencia anticipada en forma 
condicionada, solicitando en forma 
20 
 
expresa para tal efecto la corrección de la 
imputación de cargos, pero la misma no 
sea aceptada por la fiscalía y 
posteriormente resulte demostrada en el 
curso del juicio oral, en atención a lo 
dispuesto en el artículo 228 de la Carta 
Política y en el artículo 10 del Código de 
Procedimiento Penal.  
 
En efecto, ante el error cometido por la 
fiscalía en la calificación jurídica de los 
hechos, la Corte Suprema en la 
mencionada sentencia del 14 de 
noviembre de 2007, no se limitó a 
declarar que realmente se trataba de un 
Homicidio Simple, como lo había 
reconocido el sentenciado en la diligencia 
de indagatoria, sino que en virtud de la 
justicia premial consagrada en la ley 600 
de 2000, declaró que el procesado tenía 
derecho a una rebaja de la tercera parte de 
la pena impuesta por sentencia anticipada 
consagrada en el artículo 40, aplicando el 
principio de la prevalencia de la justicia 
material sobre las formas, como una 
forma de reparar el aludido error. 
 
En el caso relacionado anteriormente los 
jueces de instancia desconocieron el 
objetivo de las normas procesales como 
medio para hacer valer el derecho 
material y le dieron prevalencia al 
derecho procesal, aun cuando la 
Constitución, la ley y la jurisprudencia de 
las altas cortes han manifestado que debe 
primar el derecho sustancial sobre las 
formas.  
 
Resulta entonces clara la configuración de 
un defecto procedimental por exceso 
ritual manifiesto y por ende procedente la 
acción de tutela, cuando dentro del 
proceso penal el procesado o su defensor 
hayan agotado todos los medios 
ordinarios y extraordinarios de defensa 
judicial a su alcance y no se logre obtener 
la rebaja de pena por aceptación de cargos 
condicionada ante los funcionarios 
judiciales de la jurisdicción ordinaria. 
 
1.4.1 El principio de legalidad de las 
penas y el derecho sustancial a la 
rebaja de pena por allanamiento a 
cargos condicionado 
 
En virtud del principio de legalidad de las 
penas, el Juez de Conocimiento no puede 
desconocer los efectos sustanciales de las 
normas que consagran la rebaja de pena 
por allanamiento a cargos pura y simple, 
consagradas en los artículos 301 (PAR), 
351, 356 y 367 de la ley 906 de 2004, 
21 
 
aplicables a la aceptación de cargos 
condicionada desde una perspectiva 
hermenéutica, en razón a la primacía del 
derecho sustancial sobre el procesal, 
dispuesto para tal efecto en el artículo 228 
superior, con el fin  de garantizar la 
protección de derechos fundamentales del 
procesado, tales como el derecho a la 
libertad personal y el acceso efectivo a la 
administración de justicia.  
 
En ese sentido la Corte Suprema de 
Justicia profiere sentencia el 8 de julio de 
2009 (Radicado 31063), en donde analiza 
el contenido del artículo 32 de la Ley 
1142 de 2007, que adiciona el artículo 
68A del Código Penal y que establece 
exclusión de los beneficios y subrogados 
penales para la persona que haya sido 
condenada por delito doloso o 
preterintencional dentro de los cinco (5) 
años anteriores, determinando que dentro 
del marco de la teoría del injusto, los 
parámetros de la legalidad de la pena y de 
la estricta tipicidad, el allanamiento a 
cargos no es un beneficio sino un 
derecho, precisamente porque cambian la 
pena a imponer al contemplar el 
legislador “reducciones de penas”.  
 
Esa sub-regla fue reiterada por el alto 
tribunal de la jurisdicción ordinaria en 
sentencia de la misma fecha (Radicado 
31531), expresando que no se puede 
perder de vista que la Ley 906 de 2004 
entre las modalidades de terminación del 
proceso comporta las sentencias que se 
produzcan como resultado de las políticas 
del consenso, esto es, las que se derivan 
de manera anticipada previo paso de la 
aceptación de cargos, preacuerdos, 
negociaciones o aceptación de 
culpabilidad, eventos en los que de 
manera precisa se ha previsto unas rebajas 
de sanción, las que desde una perspectiva 
sustancial constituyen un derecho y se 
integran al principio de legalidad de las 
penas al que debe sujetarse el juzgador en 
el momento de determinar la pena a 
imponer en el caso concreto como límite 
formal al ejercicio del poder punitivo del 
Estado, para lo cual debe observar una 
serie de principios que establece el 
legislador en el artículo 3º del Código 
Penal, tales como la necesidad, 
proporcionalidad y razonabilidad de la 
sanción, disposición que en atención a lo 
dispuesto en el artículo 13 del Estatuto 
Penal, equivale a «la esencia y orientación 
del sistema» en materia de imposición de 
penas, sumado a que prevalece sobre las 
22 
 
demás normas e informan su 
interpretación.  
 
Las máximas de razonabilidad y 
proporcionalidad, ha dicho la Corte 
Suprema, “son expresión del 
entendimiento constitucional del derecho 
penal, en el marco de un Estado social y 
democrático de derecho” (CSJ SP-2013, 
radicación No. 33254, p. 7). Según la 
misma Colegiatura 
La proporcionalidad tiene que ver con 
la apreciación de las circunstancias 
específicas del caso a la luz de su 
gravedad e importancia, para que la 
sanción no resulte exagerada frente a 
su concreta realización. Y la 
razonabilidad pretende erradicar todo 
juicio arbitrario o criterio subjetivo en 
la adopción de las decisiones (CSJ 
SP5420-2014, Radicación 41350, p. 
52). 
 
En el aludido radicado también la Sala 
Penal señaló que “el aumento injustificado 
de penas deviene en una medida arbitraria 
y lesiva de la garantía fundamental de 
proporcionalidad” (p. 27), concepto que 
fue reiterado en la sentencia 5420 de 2013 
expresando que “el principio de 
proporcionalidad se concibe como derecho 
fundamental cuando incide en la 
protección de las garantías judiciales del 
procesado y, especialmente, si en la 
dosificación hay incrementos 
injustificados” (p. 67). 
 
La Corte Constitucional en la Sentencia C-
647 de 2001 determinó que en un Estado 
democrático la legitimidad de la pena no 
solo depende de la definición legal sino 
que la sanción debe ser necesariamente 
justa, lo que significa que en ningún caso 
puede el Estado imponer penas 
desproporcionadas, innecesarias o inútiles, 
asunto éste que encuentra en Colombia 
apoyo constitucional en el artículo 2º que 
entre otros fines asigna al Estado el de 
asegurar la “convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo” (p. 16). 
 
En atención al principio de razonabilidad el 
artículo 59 del Código Penal consagra la 
motivación del proceso de 
individualización de la pena como una 
obligación del Juez de Conocimiento, 
operador judicial que está en el deber de 
incluir en la sentencia “una fundamentación 
explícita sobre los motivos de la 
determinación cualitativa y cuantitativa de 
la pena”, exigencia que permite a las partes 
e intervinientes ejercer control a la decisión 
23 
 
por medio de los recursos de apelación o 
casación. 
 
En la tesis planteada la proporcionalidad 
consulta la relación entre los hechos 
sancionados y la pena, razón por la cual 
una indebida calificación en la 
imputación rompe la necesaria relación 
que debe existir entre la pena y la 
conducta, si el fallador ignora está 
circunstancia en el momento de efectuar 
la respectiva dosificación punitiva. Pero 
además, termina siendo irracional la 
imposición de una pena que resulta ser el 
fruto de la arbitrariedad por negligencia o 
mala intención del órgano persecutor y es 
al Juez de Conocimiento a quien le 
corresponde controlar esta garantía, en el 
caso ajustando la pena a lo que debió ser 
la imputación. 
 
2. Doctrina jurídica sobre el 
allanamiento a cargos y la 
prevalencia del derecho 
sustancial 
 
Para continuar con el estudio del 
principio de la prevalencia del derecho 
sustancial sobre el procesal en materia de 
aceptación de cargos condicionada, es 
necesario determinar las nociones básicas 
sobre el allanamiento a cargos y la 
prevalencia del derecho sustancial, con la 
finalidad de desglosar conceptos que 
luego en forma asociada darán lugar a la 
adecuada comprensión del fenómeno 
estudiado, a partir de una perspectiva 
estructuralista y desde un enfoque 
hermenéutico del sistema procesal penal. 
      
El allanamiento a cargos es definido por 
Sarabia (2013) como una institución 
jurídica del sistema procesal penal 
Colombiano que permite la terminación 
anticipada del proceso, cuando el 
imputado o acusado reconoce haber 
participado en la ejecución de la conducta 
punible, recibiendo a cambio rebaja de 
pena automática que hace parte de la 
justicia premial establecida en la ley 906 
de 2004 (p. 2). 
 
La aceptación de cargos implica la 
renuncia del imputado o acusado a los 
derechos de no auto incriminación, a 
conocer y controvertir las pruebas que se 
aduzcan en su contra y a la posibilidad de 
tener un juicio oral, público, 
contradictorio, concentrado e imparcial, 
consagrados en el artículo 8º del CPP, sin 
que tenga derecho a la retracción de dicha 
aceptación (Art. 293 Ibídem), una vez el 
24 
 
Juez de Control de Garantías o el Juez de 
Conocimiento, conforme a la etapa 
procesal en la que se realice, verifique 
que la misma se efectuó en forma libre, 
consciente, voluntaria y suficientemente 
informada, con la asistencia de un 
abogado titulado, y proceda a aceptarlo 
(p. 3).  
 
En la práctica jurídica significa que el 
Estado se evita el desgaste de la admi-
nistración de justicia, puesto que ya no 
sigue investigando y juzgando al 
procesado (p. 4), procediéndose 
inmediatamente a la celebración de la 
audiencia de individualización de pena y 
sentencia condenatoria (Art. 447 CPP).  
 
Manco (2012) analiza el allanamiento a 
cargos como parte de la justicia premial 
en materia penal que consiste en hacer 
uso de premios y castigos con el fin de 
estimular la confesión, delación y 
terminación anticipada del proceso, forma 
de justicia que permite “ahorrarse el 
juicio” y elaborar un acuerdo que defina 
la responsabilidad penal, y que conlleva 
un aligeramiento de las cargas laborales 
de los fiscales (p. 191). A través de estos 
instrumentos se define de manera previa 
al juicio la responsabilidad del imputado, 
de modo que este renuncia a tal garantía y 
obtiene rebajas para su pena por la 
colaboración o confesión de la 
culpabilidad (p. 194).  
 
La doctrina jurídica también ha señalado 
que el derecho de acceso a la 
administración de justicia implica el 
reconocimiento de la prevalencia del 
derecho sustancial y la realización de la 
justicia material o sustantiva en la 
aplicación del derecho procesal.  
 
Algunos autores tratan el principio de la 
prevalencia o primacía del derecho 
sustancial sobre las formas, desde la 
perspectiva de la constitucionalización del 
derecho procesal penal. Por ejemplo, 
Bernal & Montealegre, 2013), sobre el 
tema dicen que en la constitución de la 
mayoría de los Estados, está incorporado 
un catálogo de garantías mínimas que 
debe consagrar todo proceso judicial, 
“con el fin de impedir que desconozcan 
los derechos fundamentales de las 
personas. La principal finalidad es buscar 
una verdadera materialización de dichos 
derechos, para alcanzar la justicia, 
reconocida como valor superior de todo 
ordenamiento jurídico” (p. 43).  
 
25 
 
De acuerdo con lo expresado por los 
referidos autores, la incorporación de 
algunas instituciones procesales penales 
en la Constitución Política de Colombia 
de 1991, “obedece al propósito de evitar 
que el legislador, el juzgador y el 
ejecutivo desconozcan o violen derechos 
fundamentales” (p. 43). Así mismo, 
señalan que “la validez del sistema y de 
las aplicaciones puntuales de las normas 
legales de cualquier rama del derecho 
depende de su conformidad con la 
Constitución” (p. 44).  
 
Para el profesor alemán Hassemer (citado 
por Morón & Díaz, 2013), también 
adquiere sentido, tanto desde el punto de 
vista político jurídico como científico 
penal, 
el hecho de que el proceso penal 
solo sea caracterizado como la 
materialización del derecho penal 
sustancial, sino también como 
derecho constitucional aplicado; 
en todo caso y por la misma razón, 
como indicador de la confluencia 
de la cultura jurídica y la cultura 
política en el Estado moderno. En 
el derecho procesal penal y en su 
realización práctica, se encuentran 
señales que permiten discernir, 
con mayor precisión, acerca de 
cuál es el modo real de actuación 
de un Estado frente a sus 
ciudadanos (Hassemer, 1988. Pág. 
203 Citado En (Uprimny, y otros 
2005. Pág. 112). (p. 107). 
 
El académico Aponte (2008) al estudiar el 
régimen de libertad en el sistema penal 
acusatorio colombiano dijo que el 
derecho procesal penal es un derecho 
constitucional aplicado.  
No se trata a penas de una posición 
de principio, ni de afirmaciones 
sustentadas en un prurito académico 
sino de la determinación 
constitucional de las normas 
procesales y del condicionamiento 
profundo de estas por parte de la 
normativa constitucional. (p.82) 
  
El jurista Urbano (2006) sobre el tema 
analizado manifiesta que en la Carta 
Política existen tres niveles de 
fundamentación del proceso penal que 
resultan vinculantes para su configuración 
legal y aplicación judicial: El sistema de 
valores, principios, derechos y deberes en 
ella consagrados; los principios de la 
administración de justicia y la estructura 
26 
 
básica de la acusación y juzgamiento (p. 
47). Así mismo, expresa que  
El proceso penal se orienta a la 
realización de unos fines 
constitucionales determinados por 
la aproximación razonable a la 
verdad; la realización de la justicia 
como valor superior del 
ordenamiento jurídico, como 
principio y como derecho; el 
respeto de los derechos 
fundamentales de los 
intervinientes en el proceso, 
comprendiendo el derecho del 
imputado a un  juicio con todas las 
garantías y los derechos de las 
víctimas a la verdad, justicia y a la 
reparación y, por último la 
flexibilización razonable de las 
normas sustanciales (p. 47).   
     
Por último, Dueñas (2009) considera que 
la prevalencia del derecho material o 
sustancial no solamente es objetivo del 
acceso a la justicia, sino elemento 
estructural del Estado Contemporáneo. A 
esta conclusión llegó luego de analizar las 
consecuencias que una interpretación 
simplemente formal pueda tener sobre el 
derecho sustancial. Para el autor 
El formalismo en la interpretación, se 
confunde a veces con la aplicación de 
las reglas que pueden entrar en 
colisión con los principios jurídicos. 
Prima facie, los principios se 
imponen sobre las reglas y de ahí se 
colige la equivalencia del derecho 
material que está consagrada en las 
constituciones políticas. Sin embargo, 
se debe ser cuidadoso al respecto 
porque pueden existir situaciones en 
las cuales no prevalece de manera 
absoluta el derecho sustancial. (p. 52) 
 
Como se observa la doctrina jurídica 
citada destaca la importancia de la 
aplicación del principio de la prevalencia 
del derecho sustancial, como mecanismo 
efectivo para garantizar la protección de 
los derechos fundamentales de las partes 
e intervinientes dentro del proceso penal.  
 
El objetivo principal es buscar una 
verdadera materialización de dichos 
derechos, para alcanzar la justicia, 
reconocida como valor superior de todo 
ordenamiento jurídico. Este principio 
cumple un papel esencial en la 
interpretación jurídica, en especial en 
aquellos casos en los que la aplicación 
directa y estricta de la norma 
contemplada, conduce a un resultado 
27 
 
odioso o contraproducente que debe ser 
remediado mediante una interpretación 
que dé prioridad a consideraciones de tipo 
material.  
 
La primacía del derecho sustancial sobre 
el procesal tiene como propósito evitar 
que el juzgador viole derechos 
constitucionales fundamentales tanto del 
procesado como de las víctimas e impone 
que los procedimientos sirvan como 
medio para lograr la efectividad de los 
derechos subjetivos de los mismos.  
 
La tendencia es que la actuación procesal 
se desarrolle con el respeto a los derechos 
constitucionales fundamentales de las 
personas que intervienen en ella y la 
necesidad de lograr la eficacia del 
ejercicio de la justicia, correspondiéndole 
a los funcionarios judiciales hacer 
prevalecer el derecho sustancial (artículo 
10, ley 906 de 2004).  
 
No puede entonces el funcionario judicial 
desconocer la existencia de normas 
procesales con efectos sustanciales, 
entendidas como aquellas que confieren o 
garantizan “derechos sustanciales o 
subjetivos para algún sujeto procesal, por 
ejemplo, las leyes concernientes a la 
libertad del imputado por medio de 
instrumentos como la excarcelación o la 
libertad provisional” (Suárez, 2010, p. 
179).  
 
En palabras del tratadista Guastini (2011), 
“un derecho subjetivo no es otra cosa que 
una pretensión conferida a un sujeto (o a 
una clase de sujetos) frente a otro sujeto 
(o a otra clase de sujetos) a los que se 
impone un deber (una obligación) 
correlativo". Así mismo indica que “tener 
un derecho subjetivo ante cierto sujeto 
significa poder pretender de ese sujeto un 
comportamiento dado; y éste es el 
´contenido´ del derecho subjetivo”, que 
no es más que el comportamiento que el 
titular del derecho puede exigir a otro 
sujeto (p. 180). 
 
Para ello es necesario distinguir la simple 
ley procesal que busca dirigir el proceso 
en orden sistemático y cronológico; de la 
ley procesal con efectos sustanciales, que 
contienen aspectos que tocan derechos 
fundamentales del procesado, resultando 
en la casuística un despropósito jurídico 
condicionar la aplicación de la norma 
sustancial, tratándose de la libertad, 
principio consagrado en el artículo 28 
constitucional (Bolaños, 2012, p. 18). 
28 
 
 
Desde una perspectiva sustancial, el 
allanamiento a cargos consagrado en la 
ley 906 de 2004 es una institución 
procesal que constituye un derecho y se 
integra al principio de legalidad de la 
pena y así debe ser reconocido por los 
Jueces de Conocimiento en la sentencia, 
en aquellos eventos en los que se presenta 
la aceptación de cargos condicionada, en 
los términos ya señalados, aplicando en 
todos los casos la prevalencia del derecho 
sustancial, ante la falta de norma expresa 
que consagre este fenómeno jurídico, con 
el fin de proteger el derecho del 
sentenciado a la libertad personal, pues la 
adopción de ésta postura influye 
directamente en un menor tiempo de 
privación de libertad que pueda sufrir una 
persona a través de la rebaja de pena en la 
sentencia condenatoria. 
 
En sentencia del 22 de julio de 2011 
(Radicado 36926), la Corte Suprema de 
Justicia reitera que la ley procesal de 
efectos sustanciales debe recibir igual 
tratamiento que la penal sustantiva (p. 18) 
y que hace parte de dicha categoría las 
normas procesales “atinentes a las rebajas 
de pena por confesión y por sentencia 
anticipada” (p. 21). 
   
2.1 El estado del arte sobre la rebaja de 
pena por allanamiento a cargos 
condicionada 
      
Sea lo primero indicar que el ciudadano 
David Hassan Saade Morad presentó 
demanda de inconstitucionalidad contra 
los artículos 286 (parcial), 288.3 (parcial), 
351 (parcial), 356.5 (parcial) y 367 
(parcial) de la Ley 906 de 2004, por 
considerar que los apartes acusados 
impiden al presunto infractor de la ley 
penal aceptar condicionalmente los cargos 
que el Estado formula en su contra, 
permitiendo sólo la aceptación pura y 
simple de los señalamientos en su contra, 
omisión legislativa que vulnera los 
derechos constitucionales al debido 
proceso y derecho de defensa del 
imputado, pues si acepta los cargos pero 
sin expresar las especiales circunstancias 
en que se cometió, pierde la posibilidad 
de acceder al tratamiento jurídico más 
benéfico al que debería tener derecho; y 
por el contrario, si por no poder 
condicionar el allanamiento o declaración 
de culpabilidad, rechaza los cargos que se 
formulan en su contra o se declara 
inocente, pierde el derecho al descuento 
29 
 
punitivo previsto en la misma norma 
impugnada.  
 
Igualmente, el demandante advierte en 
esa oportunidad que esa deficiencia 
normativa no se subsana con los 
preacuerdos y negociaciones entre la 
fiscalía y el imputado o acusado, a que se 
refiere el Título II del CPP (Art. 348 y 
s.s.), pues se trata de mecanismos 
optativos y consensuales en los que el 
ente acusador actúa con un alto nivel de 
discrecionalidad, y respondiendo no solo 
a los intereses y necesidades de los 
imputados, sino fundamentalmente a la 
política criminal del Estado y a las 
directrices institucionales.  
 
No obstante, la Corte Constitucional a 
través de la sentencia C-303 de 2013 negó 
las pretensiones de la demanda, 
declarando que los preceptos demandados 
en modo alguno prohíben la rebaja de 
penas o impide la aceptación 
condicionada de los cargos, como sugiere 
el peticionario. Por el contrario, según la 
Corte, la ley únicamente señala los 
efectos jurídicos y las vías procesales 
para viabilizar dos fenómenos distintos: i) 
la aceptación pura y simple de los cargos 
imputados por el ente acusador; y ii) la 
aceptación condicionada. En el primero 
de los casos la decisión del imputado o 
acusado da lugar a la terminación 
anticipada del proceso penal, hace 
finalizar la controversia entre el ente 
acusador y el sindicado, y hace cesar la 
actividad procesal de la fiscalía, al menos 
respecto de los cargos admitidos, que son 
justamente las razones por las cuales se 
concede el descuento punitivo; por el 
contrario, en la segunda hipótesis, cuando 
se admite la responsabilidad pero se 
sostiene que la imputación o acusación 
del fiscal es incorrecta porque existe 
alguna variante en el tipo penal, en el 
grado de participación o en la modalidad 
delictiva, el procedimiento continúa, la 
controversia entre las partes persiste y la 
actividad de la fiscalía subsiste.  
 
En esta providencia el Tribunal 
constitucional enseña que el allanamiento 
o la declaratoria de culpabilidad se 
formula ante el juez e implica un 
descuento punitivo automático en los 
términos de la legislación procesal; y en 
el segundo caso, la aceptación 
condicionada se formula ante el ente 
acusador mediante el procedimiento de 
los preacuerdos, y cuyo efecto en 
30 
 
términos punitivos no está pre-establecido 
en la legislación.  
 
Además, la Corte Constitucional en la 
sentencia C-303 de 2013 precisa que la 
inexistencia de un beneficio punitivo no 
amenaza ni desconoce la facultad para 
controvertir las decisiones adoptadas 
dentro del proceso penal, puesto que si el 
imputado o acusado reconoce su 
responsabilidad penal, pero considera que 
los cargos formulados por el ente 
acusador no son correctos porque en 
realidad se cometió otro delito, o se 
cometió bajo otra modalidad o con otro 
grado de participación, el presunto 
infractor puede impugnar las decisiones 
que dependan de tal consideración del 
ente acusador, y por esta vía obtener una 
ventaja en términos punitivos, cuando la 
modificación propuesta tenga efectos en 
este sentido.  
 
Aunque la Corte Constitucional 
determina que los preceptos demandados 
no prohíben la rebaja de pena o impiden 
la aceptación condicionada de los cargos, 
sobre las soluciones propuestas por esa 
corporación ante la omisión legislativa, 
tenemos que la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 
del 15 de octubre de 2014 (Casación No 
42184), ha dicho que en materia de 
preacuerdos el Fiscal goza de plena 
autonomía para aceptar o no negociar. De 
manera concreta, la Corte Suprema 
expresa que lo contenido en el Capítulo 
Único del Título II de la Ley 906 de 2004 
otorga a la Fiscalía una muy amplia 
facultad dispositiva, no solo porque corre 
de su resorte exclusivo acceder a la 
negociación, esto es, que aún con el 
querer expreso del imputado o acusado y 
su defensor, no es posible adelantar el 
trámite si no se cuenta con la anuencia del 
Fiscal del caso. En ausencia de esa 
aceptación al procesado apenas le resta 
acudir al allanamiento a cargos en los 
momentos procesales específicos 
contemplados por la ley para ese efecto.  
 
La posibilidad de obtener rebaja de pena 
por vía de recursos tampoco soluciona el 
problema si el Juez de Conocimiento se 
limita a declarar que - por ejemplo - el 
fiscal realmente incurrió en error al 
imputar un agravante inexistente, 
partiendo del marco punitivo básico 
establecido en el Estatuto Penal para el 
delito imputado, pero omitiendo la rebaja 
de pena por allanamiento a cargos 
condicionada. 
31 
 
 
Si bien es cierto que en la aceptación de 
cargos condicionada el proceso continúa 
su trámite normal, esta situación no es 
generada por un hecho atribuible al 
imputado o acusado sino por un error de 
la propia fiscalía que el procesado no está 
en el deber jurídico de soportar, como se 
analizará posteriormente.  
 
Desde un enfoque hermenéutico y en una 
dimensión que busca la eficacia de las 
normas que consagran la prevalencia del 
derecho sustancial, el constituyente de 
1991 consagró este principio 
precisamente como garantía del debido 
proceso y el acceso a la administración 
justicia. 
 
Ahora, también resulta conveniente 
evidenciar que autores como Sarabia 
(2013) consideran que la ley 906 de 2004 
únicamente consagra la figura jurídica de 
la aceptación de cargos pura y simple, 
cuando afirman que no constituye 
allanamiento a la imputación que el 
procesado “acepte un delito a medias” o 
lo haga apelando a circunstancias de 
ausencia de responsabilidad (p. 4).  
 
Lo expresado para destacar que el 
presente artículo no pretende desconocer 
la posibilidad que tiene el imputado o 
acusado de aceptar parcialmente los 
cargos, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 353 del código citado, y mucho 
menos la intención es cuestionar que las 
manifestaciones del procesado en relación 
con las causales de ausencia de 
responsabilidad penal consagradas en el 
artículo 32 del Código Penal, 
definitivamente no constituyen un 
allanamiento a cargos, como ya se había 
advertido.        
 
Hecha la anterior aclaración, tenemos que 
entre quienes intentan resolver el tema se 
encuentra la propuesta del grupo 
integrado por Barbosa (2006), Ramírez 
(2007), Gómez (2010), Ospina (2013), 
Palta (2011), Castellanos & Márquez 
(2013) y Rincón (2014), a partir de las 
obligaciones que al interior del proceso 
penal tiene el delegado de la Fiscalía 
General Nación, como titular de la acción 
penal y como parte dentro del mismo.  
 
 Previo a conocer sus argumentos, resulta 
procedente anotar que el legislador en el 
artículo 288-2 del CPP determinó que el 
delegado de la Fiscalía General de la 
32 
 
Nación, en desarrollo de la audiencia de 
formulación de imputación, debe efectuar 
una “relación clara y sucinta de los 
hechos jurídicamente relevantes”, 
actuación que debe comprender la 
calificación jurídica provisional de los 
hechos, así como el marco punitivo 
establecido en el tipo penal aplicable y la 
comunicación al investigado sobre la 
posibilidad de allanarse a la imputación, 
permitiéndole obtener rebaja de pena de 
conformidad con el artículo 351; 
calificación jurídica que se convierte en 
definitiva en el evento que el imputado 
acepte los cargos, por iniciativa propia o 
por acuerdo con la Fiscalía, 
entendiéndose que lo actuado es 
suficiente como acusación y que el acta o 
escrito que contiene el allanamiento a la 
imputación debe ser enviado al Juez de 
Conocimiento, en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 293 del CPP.  
 
A su vez, el artículo 287 (Ibídem) 
determina que la formulación de 
imputación por parte del Fiscal sólo 
procede cuando de los elementos 
materiales de prueba, evidencia física o 
de la información legalmente obtenida, se 
pueda inferir de forma razonada que el 
investigado es autor o partícipe de los 
hechos que son objeto del proceso. Por 
consiguiente, en la audiencia de 
formulación de imputación, el delegado 
de la fiscalía está en el deber exponer 
porque de los elementos de prueba 
recogidos hasta ese momento se puede 
inferir razonablemente que el imputado es 
autor o partícipe del delito que se 
investiga, indicando los verbos rectores 
aplicables al caso concreto, así como la 
modalidad de la conducta (dolo, culpa o 
preterintención), el grado de participación 
(autor o partícipe), las circunstancias de 
mayor o menor punibilidad, etc. 
 
De otra parte, el examen a la imputación 
jurídica provisional debe hacerla la 
defensa técnica del procesado, antes de 
tomar la trascendental decisión de 
allanarse a cargos y no después, si en 
cuenta se tiene que una vez verificada 
ante el Juez de Control de Garantías - en 
sede de audiencia preliminar - que la 
aceptación de cargos se hizo de manera 
libre, consciente, voluntaria y 
suficientemente informada, ya no es 
posible la retractación por parte del 
procesado ante el Juez de Conocimiento, 
en la fase de juzgamiento, salvo que se 
demuestren vicios de consentimiento o 
que se violaron sus garantías 
33 
 
fundamentales; autoridad judicial que una 
vez recibe las diligencias procede a 
convocar a la celebración de audiencia de 
individualización de pena y sentencia, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 447 
del CPP. En consecuencia, si la defensa 
considera que la calificación realizada por 
el fiscal no corresponde a la realidad 
histórica o que desconoce el 
ordenamiento jurídico, debe rechazar la 
imputación (Zuleta, Noreña & Posada, 
2011, p. 193). 
 
Con fundamento en dicha normatividad, 
Barbosa (2006) expresa que la 
denominación que asigne la fiscalía a los 
hechos, no puede ser caprichosa o 
discrecional, debe existir una 
fundamentación razonable de la 
calificación jurídica provisional, puesto 
que éste funcionario cuenta con las 
evidencias y los elementos materiales de 
convicción que le permiten formarse una 
idea del delito realmente cometido (p. 
57). 
 
En ese mismo sentido, Gómez (2010) 
señala que el fiscal tiene la obligación de 
respetar los principios de legalidad y de 
determinación al formular la imputación, 
deber que impide que el fiscal impute 
delitos que no tengan respaldo en los 
hechos, en los elementos materiales 
probatorios y en la información 
legalmente obtenida que se tiene en ese 
momento, para propiciar una negociación 
en la cual el fiscal proponga la 
eliminación de varios de esos cargos sin 
dichos soportes (p. 192).  
 
A la par, Rincón (2014) indica que el 
allanamiento unilateral a los cargos se 
debe caracterizar por la precisión de la 
imputación fáctica y jurídica, por lo tanto 
el fiscal no puede soslayar los límites 
impuestos por el legislador en el estatuto 
de las penas (p. 7). Además, advierte que 
el fiscal debe contar con un mínimo de 
prueba, que evite que la aceptación pueda 
ser empleada como herramienta para 
constreñir al procesado (p. 5). 
 
Palta (2011), Ospina (2013) y Ramírez 
(2007) también coinciden al expresar que 
el procesado no tiene la carga de soportar 
los yerros cometidos en el curso del 
proceso penal por los delegados de la 
Fiscalía General de la Nación. El primero, 
estima que ésta institución tiene el deber 
de velar por la integridad del principio de 
legalidad de suerte que “si por descuido o 
negligencia de los agentes estatales 
34 
 
encargados de su salvaguarda, se 
presentan violaciones al mismo, estos 
errores no pueden ser trasladados al 
procesado, para hacerlo víctima de ellos” 
(p. 110).  
 
El segundo, señala que si en virtud del 
principio de progresividad de la actuación 
judicial, en la audiencia de formulación 
de acusación el fiscal - en ejercicio de la 
facultad consagrada en el artículo 339 del 
CPP - corrige los errores cometidos en la 
calificación jurídica provisional realizada 
en la audiencia de imputación y el 
procesado se allana a los cargos ante el 
Juez de Conocimiento, éste funcionario 
judicial está en la obligación de 
concederle una rebaja por el allanamiento 
a cargos hasta de la mitad de la pena 
imponible, como lo ordena el Art. 351, y 
no en una tercera parte de la pena (p. 76), 
como ocurrió en un caso que el jurista 
tramitó con éxito ante el Tribunal 
Superior de Bogotá; Corporación que en 
sentencia de segunda instancia proferida 
el 11 de mayo de 2011 (Radicado 2010-
00031) dictaminó que si bien la norma 
invocada por el fallador de instancia 
establece que la reducción de pena no 
puede ser superior a la tercera parte, 
cuando el allanamiento a cargos se 
produzca en la audiencia de acusación 
(Art. 352), también es verdad que tal 
regla no puede ser absoluta, pues si por 
alguna justa causa el imputado no tuvo la 
oportunidad de allanarse a los cargos con 
anterioridad, se ofrece razonable 
descontar la proporción de pena como si 
aquél hubiera aceptado su responsabilidad 
en la audiencia de formulación de 
imputación, por la tanto le da la razón al 
recurrente, remitiéndose al artículo 351 de 
la ley 906 de 2004.  
 
Y el tercer autor respalda lo manifestado 
por el profesor Ospina en el sentido que 
ante un error de la fiscalía en la 
imputación fáctica o jurídica, que se 
corrige en el escrito de acusación, se 
activa el término que tiene el acusado 
para allanarse con rebaja de la mitad (p. 
217).  
 
Adicionalmente, frente a una situación 
como la esbozada, Castellanos & 
Márquez (2013) consideran que el Juez de 
Conocimiento no debe anular la actuación 
procesal a partir de la imputación, sino 
absolver al acusado cuando se encuentra 
en la etapa del juicio, puesto que se 
revivirían etapas procesales concluidas y 
se da otra oportunidad al órgano acusador 
35 
 
para reestructurar la pretensión punitiva 
fallida, “por su falta de pericia, torpeza o 
descuido”, vulnerándose los principios de 
legalidad del proceso y non bis in ídem, 
entre otros, consagrados en el artículo 29 
de la Carta Política (p. 21).  
 
Es de anotar que la Corte Suprema en 
sentencia del 1º de junio de 2006 (Rad. 
22980), sobre el tema de la nulidad 
expresó que 
de tiempo atrás ha señalado (sic) la 
Sala que “si no obstante haber 
solicitado oportunamente la sentencia 
anticipada en el sumario ésta sólo se 
realiza en el juicio con la rebaja de 
pena correspondiente a este último 
momento procesal, la solución tanto 
en sede de apelación como de 
casación no sería la nulidad del fallo 
sino su corrección para ajustar la 
pena de acuerdo con la reducción 
autorizada para la oportunidad 
inicialmente rechazada” (p. 19).  
 
En un segundo grupo ubicamos a Aponte 
(2006), Guerrero (2010), Soto & Ospina 
(2012), la Corporación Excelencia en la 
Justicia (2013), Quintero (2013) y 
Bazzani (2009), que consideran el papel 
del Juez de Control de Garantías en la 
audiencia de formulación de imputación 
no puede limitarse a verificar el 
cumplimiento de los requisitos formales 
establecidos en el artículo 288 del Código 
de Procedimiento Penal (CPP).  
 
Dentro esa noción Aponte (2006) critica a 
aquellos que estiman que el juez no puede 
introducir criterios de valoración jurídica, 
pues ello no significaría una intromisión 
en la función de investigación de la 
fiscalía, cuando la realidad indica que la 
imputación está basada en nociones 
jurídicas como autoría o participación, 
que en algunos casos trae consecuencias 
concretas para la punibilidad, ante la 
posibilidad del imputado de allanarse a 
cargos, sin que esto signifique que el 
funcionario judicial obre como Juez de 
Conocimiento o que a través de su 
intervención se adelante un juicio de 
responsabilidad penal (p. 60).  
 
Por su parte, Guerrero (2010) dice que el 
Juez de Control de Garantías está en el 
deber constitucional y legal de requerir a 
la fiscalía para que cumpla con la 
obligación de exponer la imputación con 
los elementos relevantes de autoría y 
participación delictiva, cuando el 
imputado manifieste su voluntad de 
allanarse (p. 68). Pero este autor va más 
36 
 
allá y considera que el Juez de Control de 
Garantías no solo está facultado para 
exigirle al fiscal el cumplimiento de los 
requisitos básicos establecidos en el 
artículo 288 del CPP, so pena que se 
decrete la nulidad de lo actuado (p. 61), 
sino que es factible que éste juez 
constitucional verifique el contenido 
material del allanamiento a la imputación, 
debido a que la correlación entre 
acusación y sentencia es más exigente en 
las terminaciones anticipadas. Para el 
autor, el Juez de Control de Garantías está 
obligado a pedir información al fiscal 
sobre los elementos materiales 
probatorios que haya acopiado a través de 
la Policía Judicial, para reconocer que 
efectivamente el delito, sus características 
y la relación de este actuar con el 
imputado, determinan la responsabilidad 
penal, so pena de llegar a una vulneración 
de las garantías fundamentales del 
imputado por parte de la persecución 
penal (p. 73).  
 
Soto & Ospina (2012) de igual forma han 
puntualizado que si bien es cierto que el 
Juez de Control de Garantías no está 
autorizado constitucionalmente para 
aprobar o improbar la imputación, porque 
es un sistema de partes, también lo es que 
en aquellos casos que el Fiscal no 
enmarca correctamente los hechos con la 
norma transgredida y el imputado se 
allana a los cargos en forma pura y 
simple, el Juez Control de Garantías está 
en el deber constitucional y legal de 
intervenir en procura del respeto de los 
derechos y garantías que tiene el 
procesado, máxime cuando lo expresado 
en la audiencia de aceptación de los 
cargos imputados se tiene por escrito de 
acusación. Para el autor 
pensar que dicho funcionario realice 
un control mínimo del acto de 
comunicación según lo normado en el 
artículo 288 del Código de 
Procedimiento Penal, es 
prácticamente verlo como un 
“convidado de piedra”, especialmente 
cuando el imputado hace uso de una 
de las formas de terminación anormal 
del proceso, es decir, cuando se 
allana a los cargos que le ha 
endilgado el Fiscal, “cuestión que a 
nuestro juicio se lleva de calle los 
principios de legalidad y congruencia 
establecidos en la ley 906 de 2004. 
(p. 44) 
 
A juicio de los directivos de la 
Corporación Excelencia en la Justicia 
(2013), la labor del Juez de Control de 
37 
 
Garantías en la audiencia de imputación 
(fáctica y jurídica), consiste en verificar 
que el acto de comunicación se efectúe 
con claridad y precisión por parte de la 
Fiscalía, quedando vedado para este 
funcionario realizar controles sobre la 
veracidad de la descripción fáctica hecha 
por la Fiscalía, sobre el material 
probatorio que la sustenta o sobre la 
adecuación típica de la misma, salvo 
cuando se realice “una calificación 
jurídica manifiestamente incorrecta”, 
como describir un hurto y calificarlo de 
lesiones personales (p. 3).  
 
A partir del derecho comparado, Quintero 
(2013) advierte sobre la necesidad de 
permitirle al imputado aceptar cargos en 
una etapa más avanzada del proceso; lo 
que conlleva una modificación del 
estatuto procesal penal. En este sentido, 
expresa que la aceptación unilateral de 
cargos solamente debería ser posible con 
posterioridad a un debate probatorio 
sumario en el que se prueben los 
elementos básicos del delito, “como el 
que se da en los Estados Unidos tras la 
audiencia de preliminary hearing” o 
audiencia preliminar (p. 122). Explica el 
académico que en esta audiencia se revisa 
si la acusación de la fiscalía tiene mérito y 
existen elementos “para demostrar que 
existe probable cause, a partir de un 
debate probatorio sumario entre defensa y 
fiscalía”; audiencia que en el sistema 
procesal penal colombiano no existe y 
que a cambio se reglamentó la precaria 
audiencia de imputación, limitándose a la 
enunciación de los elementos materiales 
probatorios que sustentan la inferencia 
razonable de autoría o participación del 
imputado (p. 94). Igualmente, indica que 
sólo cuando se ratifica la causa probable 
por parte del juez es cuando, antes del 
juicio, “en la audiencia de arrangment 
[audiencia de alegación], el procesado 
podría aceptar la responsabilidad por los 
delitos objeto de indictment” [acusación] 
(p. 95).  
 
Y aunque en una etapa posterior, frente al 
control judicial de la terminación 
anticipada del procesado por allanamiento 
a cargos o preacuerdos, Bazzani (2009) 
estima que en el momento de proferir el 
respectivo fallo el Juez de Conocimiento 
debe examinar que el procesado haya 
admitido su responsabilidad en relación 
con hechos que el ente acusador 
efectivamente consideró probados en el 
momento de formular la imputación  
38 
 
en consecuencia, de encontrar alguna 
contraevidencia entre dichas pruebas no 
controvertidas y la confesión del 
imputado, debe rechazar el acuerdo. De 
lo anterior se concluye que ante el Juez 
de Conocimiento debe presentarse tanto 
el acto que consigna el acuerdo y la 
admisión de responsabilidad por parte del 
procesado, como la evidencia recaudada 
por la Fiscalía para soportar la 
imputación o la acusación, según el 
momento procesal en que se realice la 
negociación. (p. 157) 
  
En nuestra opinión, las dos tesis citadas 
son simultáneamente válidas en la medida 
que estas pretenden que los delegados de 
la Fiscalía General de la Nación cumplan 
con objetividad, lealtad y buena fe la 
obligación de realizar una imputación 
fáctica y jurídica que se ajuste a la verdad 
procesal, máxime cuando de ello depende 
que el procesado pueda hacer uso del 
derecho sustancial a obtener una rebaja de 
pena de hasta la mitad de la sanción 
imponible (50%), cuando no se trata de 
captura en flagrancia (Art. 301 CPP), en 
atención a los parámetros establecidos por 
el legislador en el artículo 288-3 del CPP, 
así la misma ley permita que en la 
audiencia de formulación de acusación el 
fiscal aclare, adicione o corrija la 
imputación (Art. 339-1 CPP).  
 
En ese sentido, resulta oportuno reiterar el 
contenido del artículo 27 del CPP, que 
señala los moduladores de la actividad 
procesal, en cuanto establece que la 
actuación del delegado de la Fiscalía 
General de la Nación dentro del proceso 
penal se debe regir por criterios de 
necesidad, ponderación, legalidad y 
corrección en el comportamiento, para 
evitar excesos contrarios a la función 
pública, especialmente a la justicia. 
 
Tienen razón los citados doctrinantes 
cuando expresan que si bien es cierto la 
jurisprudencia ha determinado que la 
formulación de imputación es un  acto de 
parte que no puede ser objeto de control 
material por parte del Juez de Control de 
Garantías, también lo es que en aquellos 
casos que el imputado acepte cargos el 
Juez de Control de Garantías está 
facultado por la propia constitución para 
verificar que no se han vulnerado 
garantías fundamentales de las partes e 
intervinientes, por lo tanto debe solicitarle 
al delegado de la fiscalía la exhibición de 
los elementos materiales de prueba que 
sirven de fundamento a la imputación, sin 
39 
 
que esto implique una intromisión en los 
aspectos factico, jurídico y probatorio, 
para que el mencionado Juez verifique su 
contenido y con conocimiento de causa 
determine si se presenta o no una 
inaceptable afectación de los principios 
de legalidad y presunción de inocencia, 
consagrados en el artículo 29 de la Carta 
Política, siendo jurídicamente viable que 
el Juez decrete la nulidad del 
allanamiento a cargos, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 457 del CPP, 
puesto que en los preacuerdos y 
negociaciones entre la fiscalía y el 
imputado o acusado, consagrados en el 
Título II del CPP, la fiscalía no puede 
comprometer la presunción de inocencia 
“y solo procederán si hay un mínimo de 
prueba que permita inferir la autoría o 
participación en la conducta y su 
tipicidad” (Art. 327 Ídem). Lo anterior no 
impide que el proceso continúe y que 
posteriormente la Fiscalía insista en la 
calificación jurídica de los hechos. 
 
Las dos propuestas tienen como fin 
humanizar la actuación procesal y la 
pena, como lo pregona el legislador en el 
artículo 348 del CPP; garantizar el 
derecho de todos a participar en las 
decisiones que los afectan, consagrado en 
el artículo 2º de la Constitución; y 
proteger el derecho del imputado o 
acusado a un debido proceso sin 
dilaciones injustificadas, como lo regula 
el artículo 29 de la Carta Política. Tales 
lineamientos no son solamente un 
catálogo de buenas intenciones, sino que 
deben verse reflejados en los términos, 
alcance, aplicación y efectos de los 
preacuerdos y negociaciones (CSJ 
SP16247-2015, radicación No. 46688, p. 
38), así como en el fallo que resuelva el 
fondo del asunto.  
 
La humanización de la actuación procesal 
y de la pena tiene relación con la 
efectividad del principio de dignidad 
humana consagrado en el artículo 1º de la 
Constitución Nacional, ratificado por el 
legislador en el artículo 1º de los Códigos 
Penal y de Procedimiento Penal, “de 
acuerdo con el cual el ser humano no 
puede ser usado como un instrumento del 
derecho ni de las instituciones, sino 
siempre como un fin” (TS AP-2013, 
radicación No. 63-001-60-99021-2012-
00162, p. 6). El máximo Juez de la 
jurisdicción ordinaria sobre el tema ha 
dicho que 
ningún procedimiento penal con 
fundamento en el respeto de la 
40 
 
dignidad humana y orientado a la 
búsqueda de un orden justo, como lo 
sería el de todo Estado Social y 
Democrático de Derecho que se 
precie de serlo, podría condenar a una 
persona bajo el presupuesto de una 
verdad meramente formal, sustentada 
tan solo en el consenso que tanto el 
organismo acusador como el 
procesado manifiesten ante el Juez de 
Conocimiento, sin que este último 
tenga la posibilidad de verificar que 
no se hayan afectado derechos y 
garantías fundamentales (CSJ SP-
2008, radicación No. 29979, p. 17). 
 
La Corte Suprema de Justicia en sentencia del 
24 de febrero de 2016 también reitera que 
uno de los objetivos perseguidos por el 
legislador en la ley 906 de 2004 fue lograr la 
celeridad del proceso a través de la 
“confluencia de voluntades y el consenso en 
la solución del conflicto, que obedece a los 
fines esenciales del Estado social de derecho 
de facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan”, sin descuidar el 
respeto absoluto por la defensa y el debido 
proceso (CSJ SP2168-2016, Radicación No. 
45736, p. 25).  
 
El acceso a la administración de justicia 
es un derecho constitucional fundamental 
que implica la resolución pronta y 
oportuna de los casos puestos a 
consideración de los órganos 
jurisdiccionales, en concordancia con los 
principios de celeridad y eficiencia 
consagrados en los artículos 29 y 228 de 
la Constitución Política como en los 
artículos 4º y 7º de la ley 270 de 1996. 
Por lo tanto, la duración excesiva y no 
justificada de los procesos penales 
constituye una grave violación del 
derecho a una justicia pronta, en 
concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 9º del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y en el 
artículo 8º de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, en su orden 
aprobados en Colombia por las leyes 74 
de 1968 y 16 de 1972, que integra el 
bloque de constitucionalidad, por 
remisión del inciso segundo del artículo 
93 de la Constitución Política, según el 
cual “los derechos y deberes consagrados 
en esta Carta, se interpretarán de 
conformidad con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por Colombia”´ y también a 
través de lo dispuesto en el artículo 94 
ibídem en el sentido que “la enunciación 
de los derechos y garantías contenidos en 
la Constitución y en los convenios 
internacionales vigentes, no debe 
41 
 
entenderse como negación de otros que, 
siendo inherentes a la persona humana, no 
figuren expresamente en ellos”. 
 
Contrario a lo determinado por la Corte 
Constitucional en la sentencia C-303 de 
2013, el ciudadano vinculado a un 
proceso penal no tiene el deber jurídico 
de soportar los yerros cometidos por la 
fiscalía en la audiencia de imputación y 
aunque la fiscalía legalmente tiene la 
facultad de corregir la calificación 
jurídica de los hechos en la audiencia de 
formulación de acusación, con esta 
actuación se priva al procesado de la 
posibilidad de obtener una rebaja por 
aceptación de cargos de hasta la mitad de 
la pena a imponer, como lo reglamenta en 
forma expresa los artículos 288-3 y 351-1 
del CPP, rebaja de pena que otros reos 
obtienen sin problema alguno cuando la 
imputación jurídica respeta la realidad 
histórica o procesal; situación que 
Díazgranados (2001) define como el 
rompimiento del principio de igualdad 
ante las cargas públicas y que puede 
llegar a generar responsabilidad del 
Estado por daño especial (p. 6), en el 
evento que el Juez de Conocimiento en el 
fallo no haga prevalecer el derecho 
sustancial en el caso concreto, 
desconociendo la rebaja de pena fijada en 
el artículo 351, omisión que trae como 
consecuencia concreta la privación injusta 
de la libertad, por un término superior al 
fijado en la ley penal.  
 
Las investigaciones analizadas presentan 
continuidades dialécticas relativas a la 
aplicación del principio de legalidad, 
como parte del debido proceso y como 
herramienta para exigir a los Fiscales el 
cumplimiento estricto de sus funciones al 
interior del proceso penal con tendencia 
acusatoria, conforme a lo dispuesto en las 
normas positivas, evitando de esta forma 
el ejercicio arbitrario de la facultad 
sancionadora del Estado.  
 
Resta examinar entonces cómo opera el 
principio de legalidad en los casos de 
allanamiento a cargos cuando no se 
profiere sentencia anticipada por un error 
de la fiscalía en la imputación jurídica 
que resulte declarado por el Juez de 
Conocimiento en el respectivo fallo. 
 
3. Del principio de legalidad en los 
casos de allanamiento a cargos 
condicionada 
 
42 
 
El análisis del principio que constituye la 
identidad conceptual de la continuidad en 
las investigaciones revisadas, comienza 
por señalar que para la Corte 
Constitucional el derecho fundamental al 
debido proceso en materia penal 
constituye una limitación al poder 
punitivo del Estado, en la medida que 
comprende el conjunto de garantías 
sustanciales y procesales diseñadas para 
asegurar la legalidad, regularidad y 
eficacia de la actividad jurisdiccional en 
la investigación y juzgamiento de los 
hechos punibles, con miras a la 
protección de la libertad de las personas, 
u otros derechos que puedan verse 
afectados (T-039-96, p. 8).  
 
En sentido abstracto, el debido proceso se 
entiende como la posibilidad que tiene las 
partes para hacer uso del conjunto de 
facultades y garantías que el 
ordenamiento jurídico les otorga en aras 
de hacer valer sus derechos sustanciales, 
dentro del procedimiento judicial o 
administrativo (Bernal & Montealegre 
2002, p. 69). 
 
Una de las garantías fundamentales que 
estructuran el núcleo esencial del debido 
proceso prescrito en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia, es el 
principio de legalidad, según el cual 
“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a 
leyes preexistentes al acto que se le 
imputa, ante juez o tribunal competente y 
con observancia de la plenitud de las 
formas propias de cada juicio”, que se 
encuentra reglamentado en el artículo 6º 
de la ley 906 de 2004 como principio 
rector y garantía procesal que consagran 
la filosofía y orientación que el 
procedimiento penal tiene, en los 
siguientes términos: “Nadie podrá ser 
investigado ni juzgado sino conforme a la 
ley procesal vigente al momento de los 
hechos, con observancia de las formas 
propias de cada juicio”.  
 
El legislador a través de la normatividad 
trascrita pretende que en Colombia nadie 
sea procesado ni condenado por conducta 
que no se encuentre prohibida en la 
legislación penal, en el momento de la 
comisión del presunto delito, y de otro 
lado establece que las penas y medidas de 
seguridad solo se puedan imponer si están 
previa y legalmente establecidas para el 
hecho imputado (Orduz, 2010, p. 105). 
 
 
43 
 
En el Estado de Derecho el principio de 
legalidad se erige en principio rector del 
ejercicio del poder, es por ello que no 
existe facultad, función o acto que puedan 
desarrollar los servidores públicos que no 
esté prescrito, definido o establecido en 
forma expresa, clara y precisa en la ley; 
principio que en concepto del máximo 
Tribunal Constitucional, exige que todos 
los funcionarios del Estado actúen 
siempre sujetándose al ordenamiento 
jurídico que establece la Constitución y lo 
desarrollan las demás reglas jurídicas. (C-
710-01, p. 13). Para la citada 
Corporación, en materia penal, dicho 
principio comporta varios elementos que 
Jiménez de Asúa (1950) reconoce como 
principios legalistas que rigen el derecho 
penal, los cuales se encuentran acopiados 
de la siguiente manera: 
nullum crimen sine previa lege: no 
puede considerarse delito el hecho 
que no ha sido expresa y 
previamente declarado como tal 
por la ley; nulla poena sine previa 
lege: esto es, no puede aplicarse 
pena alguna que no esté 
conminada por la ley anterior e 
indicada en ella; nemo iudex sine 
lege: o sea que la ley penal sólo 
puede aplicarse por los órganos y 
jueces instituidos por la ley para 
esa función; nemo damnetur nisi 
per legale indicum, es decir que 
nadie puede ser castigado sino en 
virtud de juicio legal. (C-200-02, 
p. 21) 
 
Para la Corte Constitucional el principio 
de legalidad “implica que el proceso de 
adecuación típica no permite una 
interpretación arbitraria de los tipos 
penales” (C-996-00, p. 16), es decir, que 
en el juicio de tipicidad corresponde al 
investigador o al juzgador analizar en 
forma estricta a que tipo delictivo se 
adecua la conducta imputada a la persona 
vinculada al proceso, lo que significa que 
“no le está permitido hacerla en forma 
extensiva o restringida” (p. 17). 
 
El Estado únicamente puede imponer 
sanciones cuando sus funcionarios hayan 
respetado las garantías fundamentales del 
debido proceso, destinadas a “proteger la 
libertad individual, controlar la 
arbitrariedad judicial y asegurar la igualdad 
de todas las personas ante el poder punitivo 
estatal” (Corte Constitucional, C-653-01, p. 
13). Sin embargo, no podemos olvidar que 
la ley procesal debe ser interpretada 
correctamente para su aplicación y en su 
44 
 
labor interpretativa el Juez debe tener en 
cuenta los criterios auxiliares de la 
actividad judicial, establecidos en el 
artículo 230 constitucional, tales como la 
equidad, la jurisprudencia, los principios 
generales del derecho y la doctrina.  
 
El principio de legalidad no se limita 
entonces a exigir la plena observancia del 
derecho legislado, sino que además exige 
el pleno respeto y cumplimiento de la 
Constitución. Y es que la Constitución 
siendo norma de normas (Art. 4), en el 
artículo 228 establece la prevalencia del 
derecho sustancial, principio que los 
funcionarios judiciales deben aplicar en 
sus actuaciones, conforme a lo dispuesto 
en forma expresa por el legislador en el 
artículo 10 de la ley 906 de 2004, como 
garantía procesal. 
 
 3.1 Normas procesales de efectos 
sustanciales 
 
El doctor Barbosa (2010) señala que el 
principio de legalidad puede manifestarse 
en el proceso penal desde dos ópticas: 
formal y material. Identifica la primera 
como un conjunto de ritos de imperiosa 
observancia, que constituyen presupuesto 
de la sentencia, en donde el juez dentro de 
una lógica subsuncionista, se limita a 
cumplir las instrucciones del legislador, 
contenidas en el código de procedimiento 
correspondiente (p. 112). La segunda 
noción define los ritos como instrumentos 
necesarios para la aplicación de las 
normas sustanciales; que asimila a un 
método o una secuencia lógica y ordenada 
de pasos que permiten llegar a una meta 
(p. 113), asumiendo el proceso como un 
método legalmente establecido para 
administrar justicia.  
 
Desde el punto de vista material, el autor 
pone en evidencia la existencia de normas 
procesales de efectos sustanciales, como 
las que otorgan al procesado la rebaja de 
pena por colaboración con la justicia o 
por la admisión unilateral de los cargos 
imputados por la fiscalía, que a pesar de 
no encontrarse dentro del Código Penal, 
sino en el Código de Procedimiento Penal 
de 2004, tiene efectos en la determinación 
de la sanción a imponer y por lo tanto en 
la libertad del procesado o sentenciado (p. 
114). También desde un plano sustancial, 
considera que la calificación de los 
hechos es un requisito tanto del debido 
proceso como del derecho de defensa (p. 
120).   
 
45 
 
Sobre el tema Suárez (2010) dice que 
prácticamente todas las normas procesales 
penales afectan, de una u otra forma, 
derechos sustanciales o subjetivos de los 
sujetos procesales y, especialmente, del 
procesado, citando como ejemplo las 
normas procesales que consagran 
términos para interponer recursos, 
aparentemente neutras, pero que pueden 
considerarse con efectos sustanciales, 
pues es posible decir que su pretermisión 
afecta el derecho de defensa (p. 181). 
 
El artículo 250 de la Constitución Política 
le atribuyó a la Fiscalía General de la 
Nación la facultad de adelantar el 
ejercicio de la acción penal, competencia 
que fue desarrollada por la Ley 906 de 
2004 y que exhorta a la Fiscalía a solicitar 
ante un Juez de Control de Garantías la 
formulación de la imputación 
correspondiente, cuando constate la 
existencia de elementos materiales 
probatorios, evidencia física y/o de 
información legalmente obtenida, 
mediante los cuales pueda inferir 
razonablemente la existencia de una 
conducta que revista las características de 
delito y el o los posibles autores o 
participes del mismo.  
 
El principio de legalidad en el ejercicio de 
la acción penal implica para el Estado 
entonces la obligación de investigar, 
acusar y sancionar las conductas que 
reúnan las características de un delito, 
según el orden jurídico vigente.  
 
No obstante lo anterior, la persecución 
penal en cabeza de la Fiscalía General de 
la Nación no puede realizarse a cualquier 
costo. Está institución está en el deber 
constitucional y legal de garantizarle al 
imputado o procesado la protección del 
derecho fundamental a un debido 
proceso.  
 
El principio de legalidad en material 
procesal penal, comprende la obligación 
de la Fiscalía de realizar una adecuada 
imputación (fáctica y jurídica), desde la 
audiencia de formulación de imputación 
(CSJ, 2007, Radicado 27518), consagrada 
en el artículo 288 del CPP, que le permita 
al investigado allanarse a los cargos y 
obtener la rebaja de pena de conformidad 
con el artículo 351, como lo establece el 
numeral tercero; norma procesal de 
efectos sustanciales, que en ningún caso 
puede aplicar el delegado de la fiscalía a 
su arbitrio o capricho, so pretexto que la 
calificación jurídica de los hechos en la 
46 
 
fase preliminar es de carácter provisional 
y, en consecuencia, no está facultado por 
la ley para incurrir en errores que luego 
pueda subsanar en la etapa de 
juzgamiento, oportunidad en la que la 
rebaja de pena se reduce 
considerablemente y por lo tanto el 
sentenciado estará más tiempo privado de 
la libertad.  
 
Los actos procesales están regulados por 
la ley en cuanto a su forma, y ni las partes 
ni el juez pueden escoger libremente el 
modo o la oportunidad de lugar y tiempo, 
para realizarlos (DEVIS, 1987, p. 409). El 
artículo 13 de la ley 1564 de 2012 o  
Código General del Proceso, establece en 
forma expresa que: “Las normas 
procesales son de orden público y, por 
consiguiente, de obligatorio 
cumplimiento, y en ningún caso podrán 
ser derogadas, modificadas o sustituidas 
por los funcionarios o particulares, salvo 
autorización expresa de la ley”.  
 
Ciertamente, según la Corte Suprema, las 
normas de procedimiento tienen como 
características: ser de orden público, de 
obligatorio cumplimiento, aplicación 
inmediata e interpretación estricta (CSJ, 
2012, Radicado 37650). 
 De otro lado, la Corte Constitucional en 
la sentencia T-573 de 1997 indicó que los 
funcionarios judiciales encargados de 
reconocer y aplicar los beneficios y 
rebajas que la ley penal señala en favor 
del procesado están obligados a 
pronunciarse, en forma debidamente 
sustentada y motivada, sobre su 
procedencia o no, cuando se demuestran 
los supuestos de hecho para su concesión, 
so pena de desconocer el derecho a un 
debido proceso, y en especial, los 
principios constitucionales de la 
favorabilidad y legalidad; si en cuenta se 
tiene que toda disminución de la pena, 
conduce a una reducción del tiempo de 
reclusión, hecho que es  importante para 
quien es condenado a la pena privativa de 
la libertad (p. 1). 
 
4. Conclusiones 
 
El allanamiento a cargos es una 
institución procesal de efectos 
sustanciales que se integra al principio de 
legalidad de la pena al contemplar el 
legislador en el artículo 288-3 de la ley 
906 de 2004 la posibilidad para el 
investigado de aceptar los cargos 
imputados por la fiscalía “y obtener 
rebaja de pena de conformidad con el 
47 
 
artículo 351”, como parte de la justicia 
premial implementada en el nuevo 
estatuto procesal penal, por lo tanto 
constituye un derecho del procesado y no 
un beneficio.  
 
El delegado de la Fiscalía General de la 
Nación tiene la obligación de respetar el 
principio de legalidad y estricta tipicidad 
como garantía que conforma la noción de 
debido proceso penal, por esa razón está 
en el deber de realizar una adecuada 
imputación (fáctica y jurídica) desde la 
audiencia de formulación de imputación, 
consagrada en el artículo 288 del CPP, 
con base en los elementos materiales 
probatorios y en la información 
legalmente obtenida en la investigación.  
 
El procesado no tiene el deber jurídico de 
soportar el daño especial ocasionado por 
la fiscalía en favor del interés general, 
cuando en la audiencia de imputación de 
cargos comete errores en la calificación 
de los hechos jurídicamente relevantes 
que no le permite allanarse a los cargos, 
pues como parte en un sistema con 
tendencia adversarial se encuentra en 
igualdad de condiciones respecto del 
órgano de persecución penal (“igualdad 
de armas”) y tiene derecho a “conocer los 
cargos que le sean imputados, expresados 
en términos que sean comprensibles, con 
indicación expresa de las circunstancias 
conocidas de modo, tiempo y lugar que 
los fundamentan” (Art. 4 y 8-h CPP), es 
decir, la conducta circunstanciada, con su 
consecuente calificación jurídica, desde la 
primera oportunidad que le ofrece la ley 
para allanarse, so pena que se vulnere el 
principio de igualdad ante de las cargas 
públicas, consagrado en el artículo 13 
constitucional, respecto de aquellos casos 
en los que los citados funcionarios de la 
Fiscalía cumplen a cabalidad con sus 
deberes y los procesados que se acogen a 
sentencia anticipada obtienen una rebaja 
de pena automática.  
 
Cuando el delegado de la Fiscalía General 
de la Nación en la audiencia de 
imputación incurre en error en la 
calificación jurídica de los hechos, el 
imputado o su defensor deben exteriorizar 
su deseo de allanarse a los cargos para 
que el Juez de Control de Garantías 
realice el correspondiente requerimiento 
en aras de lograr su corrección, bajo el 
entendido que no es un convidado de 
piedra y puede verificar que se cumplan 
los formalismos determinados en el 
artículo 288 del CPP y que no se 
48 
 
menoscaben las garantías fundamentales 
de las partes e intervinientes. 
 
El Estatuto Procesal Penal de 2004 no 
consagra la rebaja de pena automática por 
aceptación de cargos condicionada, pero 
esta omisión del legislador en modo 
alguno significa que el ordenamiento 
jurídico vigente la prohíba y mucho 
menos implica que el operador judicial no 
pueda reconocerla en el fallo de instancia, 
en el momento de efectuar la respectiva 
dosificación punitiva, teniendo en cuenta 
en el caso concreto los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad de las 
sanciones penales consagrados en el 
artículo 5º del Código Penal, ajustando la 
pena a lo que debió ser la imputación.  
 
A pesar de la vigencia de normas 
procesales que consagran la prevalencia 
del derecho sustancial y de la existencia 
de precedentes jurisprudenciales de la 
Sala Penal como la sentencia del 14 de 
noviembre de 2007 (Casación No. 
24838), en donde la Corte Suprema de 
Justicia reconoce al sentenciado la rebaja 
de la pena por aceptación de cargos 
condicionada, por razones de justicia 
material, algunos procesados han visto 
afectado éste derecho sustancial (periodo 
2007 a 2015), porque a nivel regional 
algunos Jueces y Magistrados de Tribunal 
desconocen que la observancia de la 
plenitud de las formas propias de cada 
juicio no puede servir al propósito de 
hacer que las ritualidades procesales se 
conviertan en un fin en sí mismo, 
incurriendo en lo que la jurisprudencia ha 
denominado “defecto procedimental por 
exceso ritual manifiesto”. 
 
En aquellos casos en los que el delegado 
de la fiscalía se niega a corregir la 
imputación jurídica en desarrollo de la 
audiencia de formulación de acusación y 
el proceso continúa el trámite normal, el 
Juez de Conocimiento debe propender por 
la búsqueda de la verdad y la justicia 
material, por esa razón no debe limitarse a 
declarar el error en los casos de 
aceptación de cargos condicionada, sino 
que está en la obligación de reconocer y 
aplicar la rebaja de pena consagrada en el 
artículo 288-3 del CPP, en el respectivo 
fallo de instancia, norma procesal de 
efectos sustanciales que debe ser aplicada 
por el citado funcionario judicial en 
forma prevalente, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 228 de la Constitución y en 
el artículo 10 de la ley 906 de 2004, con 
el fin de proteger el derecho fundamental 
49 
 
del sentenciado a la libertad personal, 
reconocido como tal en el artículo 28 de 
la Carta Política, pues la adopción de ésta 
postura influye directamente en un menor 
tiempo de privación de libertad que pueda 
sufrir una persona. 
 
Además, la prevalencia del derecho 
sustancial en los casos de aceptación de 
cargos condicionada, permite la 
participación de las personas en las 
decisiones que los afectan y conlleva la 
humanización de la actuación procesal y 
de la pena. 
 
En resumen, el Juez de Conocimiento está 
en el deber constitucional y legal de 
reconocer la rebaja de pena en la 
sentencia de instancia, no solo en casos 
de aceptación pura y simple de cargos, 
sino también en aquellos eventos que el 
imputado o su defensor hayan expresado 
ante el Juez de Control de Garantías su 
deseo de aceptar cargos en forma 
condicionada y no se haya proferido 
sentencia anticipada por un error de la 
fiscalía en la imputación jurídica que 
resulte declarado por el juez en el 
respectivo fallo.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
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