UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA FACULTAD DE DERECHO DESARTICULACIÓN DE LAS BACRIM EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA: UN TRABAJO JURÍDICO PROCESAL DE LAS UNIDADES DE FISCALÍA ESPECIALIZADA CONTRA BANDAS EMERGENTES ELABORADO POR: LILIAN ARINDA TOUS MÉNDEZ ANA DE JESÚS NARANJO HERNÁNDEZ Bajo la dirección de: PhD. MISAEL TIRADO ACERO BOGOTA, 2016 2 DESARTICULACIÓN DE LAS BACRIM EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA: UN TRABAJO JURÍDICO PROCESAL DE LAS UNIDADES DE FISCALÍA ESPECIALIZADA CONTRA BANDAS EMERGENTES. Autores: Lilian Arinda Tous Méndez* Ana de Jesús Naranjo Hernández† Universidad Militar Nueva Granada Resumen La presente investigación expone desde su génesis la problemática social y jurídica que genera la actuación delictiva de las BACRIM – Bandas criminales en el Departamento de Córdoba, las cuales en su mayoría se componen por personas desmovilizadas, quienes cuentan con estructura y jerarquización propia, a raíz y en procura de una solución a esta problemática se crean las Unidades de Fiscalías Especializadas contra Bandas Emergentes. Palabras claves: BACRIM, Córdoba, crimen, desmovilización, narcotráfico. Abstract: This research exposes since its genesis social and legal problems generated by the criminal actions of the BACRIM - Criminal gangs in the Department of Córdoba, which mostly consist of demobilized people, who have structure and own hierarchy, following and in search of a solution to this problem Specialized Prosecution Units against Emerging Bands is created. * Abogada de la Corporación Universitaria de la Costa – CUC Lilitous2009@hotmail.com † Abogada, Especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad del Sinú. ananaranjohz@hotmail.com 3 Keywords: BACRIM, Córdoba, crime, demobilization, drug. INTRODUCCIÓN ¿En qué grado el trabajo jurídico procesal de las unidades de fiscalía especializada contra bandas emergentes logra la desarticulación de las BACRIM en el departamento de Córdoba? La historia de Colombia se ha caracterizado por una situación de violencia hegemónica, desde hace mucho tiempo se aprendió a convivir con ella al punto que la sociedad ha logrado adaptarse a las distintas épocas, pues las causas que generaron la violencia no siempre han sido las mismas, éstas varían conforme pasa el tiempo. En principio y desde los inicios del Estado Colombiano la lucha ha permanecido presente, inclusive como una forma de justificación, bien sea para pelear por las libertades del pueblo y acabar con la opresión española; o quizás para defender a sangre y fuego los ideales políticos; incluso como una forma de impulsar la llamada lucha de clases y el comunismo revolucionario; o bien proteger la propiedad privada de aquellos que han intentado atacarla. Es oportuno señalar que la ausencia del Estado en distintas zonas del territorio ha favorecido la expansión de la violencia. Desde hace mucho tiempo han existido regiones que no cuentan con la presencia institucional, razón por la cual, ese vacío es suplido por la ilegalidad, grupos al margen de la ley que imponen sus normas, castigan y “juzgan” a quienes no acaten sus órdenes. En medio del conflicto se han realizado negociaciones para solucionar por la vía del diálogo los inconvenientes que ha tenido el Estado con todas estas organizaciones criminales, algunas han resultado exitosas, pero otros han fracasado, la salida negociada para alcanzar la paz implica una serie de concesiones entre las partes, este tipo de acuerdos generan cierta animadversión entre la sociedad que critica el exceso de impunidad que los rodea. 4 Es así como en el año 2003 el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez empieza una negociación con las denominadas AUC – Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar que surgió en los años 80. El marco normativo estuvo compuesto por la Ley 782 de 2002, el decreto 1258 de 2003 y la Ley 975 de 2005, fue llamada Ley de Justicia y Paz. La idea original del gobierno era llevar una negociación con el brazo militar de la ultra derecha, pero posteriormente se conoció que el proceso estuvo plagado de irregularidades al punto que la Corte Constitucional tuvo que hacerle una serie de modificaciones a la Ley e introducirle reformas para hacerla más rigurosa. En este contexto surgen las llamadas bandas criminales emergentes -BACRIM-, conformadas en su mayoría por ex miembros de grupos de Autodefensas que no realizaron el proceso de reinserción a la vida civil, quienes luego de salir de las cárceles decidieron volver a la ilegalidad. Como contraposición a las estructuras criminales el Estado crea la Unidad Nacional de Fiscalías delegadas contra Bandas Emergentes que operan en el territorio Nacional estructurando unas unidades seccionales según las diversas áreas de influencia. En el departamento de Córdoba los fiscales delegados deben contar con los conocimientos y herramientas jurídicas idóneas, así como también con la disposición de las demás autoridades para hacerle frente a estos grupos. Es necesario analizar la forma en que el Estado ha dirigido su política criminal contra estas bandas emergentes, entendiendo que muchas de los procesos y condenas se imponen teniendo en cuenta los factores sociales que motivan a estas personas a ingresar a una u otra organización. Así mismo, señalar que a través de los procesos de judicialización se han logrado desmantelar grandes estructuras que viven del narcotráfico, negocio al cual el Estado Colombiano le declaró la guerra sin obtener los resultados esperados. En este orden de ideas, el presente trabajo plantea y tiene como propósito establecer: En qué medida el trabajo jurídico procesal de las unidades de fiscalía especializada contra bandas emergentes logra la desarticulación de las BACRIM en el departamento de Córdoba. Para desarrollar lo anterior se utiliza un método deductivo que parte de lo general hacia lo 5 particular, es decir, del conflicto a nivel nacional para detenerse en el problema de las bandas emergentes en el departamento de Córdoba. Se plantea una metodología de tipo descriptiva transversal con un enfoque cualitativo, la cual inicia con la descripción general del conflicto interno armado que ha sufrido el país para detenerse en los atributos que ostentan las BACRIM en el departamento de Córdoba, comprendiendo el fenómeno de las bandas criminales y entendiendo los factores que generan el conflicto en la región, analizando a detalle la estructura criminal y estableciendo las fuentes que generan ingresos a la organización I. CONFLICTO ARMADO INTERNO: ANTECEDENTES Y ACTORES DE LA VIOLENCIA. El término conflicto armado interno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del convenio de Ginebra de 1949, es aquel que se desarrolla entre un Estado y grupos armados no gubernamentales, estos últimos deben tener una estructura y cadena de mando organizada dispuesta a desplegar actividades militares en el territorio. En Colombia es comúnmente utilizado para referirse a la lucha que sostiene el Gobierno con los grupos al margen de la ley, el objetivo principal era el sometimiento a los grupos guerrilleros pero debido a la dinámica del conflicto surgieron otros actores a los cuales el Estado tuvo que enfrentar, tal es el caso de los paramilitares. Con la implementación de la Ley de restitución de tierras el gobierno de Juan Manuel Santos reconoce a las víctimas del conflicto y por ende justifica la existencia de un conflicto armado interno, este término ha sido objeto de controversias porque según las personas que se oponen a la utilización del mismo ello supone la legitimidad de grupos como las FARC - Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- toda vez que adquiere el carácter de grupo beligerante y su lucha en cierto punto se encuentra justificada, la discusión por la utilización de esta terminología se mantiene aún vigente. Los actores de la violencia armada en Colombia han variado durante el transcurso del tiempo. El mayor grupo guerrillero en Colombia son las FARC, las cuales tienen sus orígenes 6 en las guerrillas liberales que se alzaron en armas, luego de la muerte del candidato presidencial Jorge Eliecer Gaitán, tras la realización de la quinta conferencia, en el año de 1974, adoptaron una postura militar y concentraron sus esfuerzos en la lucha por los derechos de los campesinos. “En 1974 se realizó la quinta conferencia guerrillera, que es la reunión de todos los mandos de la guerrilla. Las FARC decidieron dejar de ser una autodefensa y comenzar a formar una estructura militar. Hasta esa fecha, las FARC habían funcionado como una autodefensa, que realizaba grandes movilizaciones con población civil, una suerte de colonización armada. Cada vez que se producía una ofensiva militar, las FARC marchaban hacia el interior del país, con mujeres, niños, ancianos, en busca de tierras, selva adentro. A estas se les denominó Columnas en Marcha." (Martinez A. , 2014) En el año 1964 aparece otro grupo guerrillero llamado ELN –Ejército de liberación Nacional-, fue un movimiento inspirado en la Revolución Cubana, se inicia con un grupo minoritario conformado por 18 miembros, dándose a conocer el “7 de enero de 1965, cuando atacó el municipio de Simacota, en Santander, fue allí donde presentaron un manifiesto a través del cual explicaron los motivos de su lucha armada” (Actualidad Colombia.com, 2006). Así mismo, podemos hacer referencia al Movimiento 19 de abril como un grupo subversivo que depuso las armas y se integró a la sociedad civil con la Constitución Política de 1991. Las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- fue un movimiento de ultra-derecha, que crecieron en la clandestinidad como contraparte de los grupos guerrilleros. Durante mucho tiempo contaron con la ayuda de los agentes del Estado, que encontraron en los paramilitares un aliado para combatir a otras organizaciones. En cuanto al accionar de grupos paramilitares cabe señalar que su área de influencia se concentró en la región Caribe y en Departamentos como Antioquia, en pocos años lograron consolidar un poder militar y político, si se quiere. Este grupo cometió un sin fin de atentados 7 contra las comunidades: masacres, extorsiones, secuestros, reclutamiento forzado y violaciones a menores de edad. No ha sido fácil garantizar los derechos fundamentales de la población civil en medio de esta violencia. La dinámica del conflicto armado ha cambiado en la región y por ende el actuar de los grupos criminales, de manera más sutil pero no menos eficaz, por cuanto la violencia directa aún persiste, especialmente la ejercida por grupos armados pos- desmovilización o bandas emergentes que han mutado a lo largo del tiempo. El conflicto que vive Colombia hace más de medio siglo, se constituye en una dinámica diferente a cualquier otro que exista en el mundo, por lo complejo e intrincado de sus raíces, principalmente porque no hay vencedores ni vencidos. Las FARC y el ELN en cinco décadas de lucha armada están aún lejos de llegar al poder, los paramilitares en 20 años de barbarie no lograron acabar con la guerrilla, el Estado no ha sido capaz de derrotar a los insurgentes, ni de contener el paramilitarismo, así como tampoco remover las causas del conflicto interno. II. SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS BANDAS CRIMINALES (BACRIM) Una vez finalizado el proceso de desmovilización de grupos paramilitares en Colombia, las autoridades se percataron que existían pequeños grupos de desmovilizados o estructuras armadas que nunca se reinsertaron, éste proceso se adelantó durante el gobierno de Álvaro Uribe se mantuvo durante tres años y terminó en el año 2006. Los ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aprovecharon el vacío de poder dejado por los paramilitares en las regiones donde tenían presencia, para así, controlar los negocios y actividades ilícitas que aquellos habían realizado durante años (Aponte & Restrepo, 2009). Estas organizaciones pueden definirse de la siguiente manera: “(…) organizaciones criminales (macro - delincuenciales) significativamente armadas, que desarrollan actividades tanto de control de grandes negocios ilícitos como de depredación subsidiara de los mismos, y que con frecuencia 8 emplean la violencia como mecanismo de disciplinamiento interno, de delimitación de áreas de influencia específicas y de coacción e intimidación unilateral sobre terceros a fin de mantener las condiciones de operación requeridas por sus actividades” (Torrijos, 2010, p. 4) Es innegable que las BACRIM tienen su explicación en la coyuntura generada por el proceso de reinserción del paramilitarismo, pero además en: El retroceso económico y militar de las FARC, pues, perdió la mayor parte de sus capacidades para la producción y tráfico de cocaína; y, la consolidación de nuevos núcleos cocaleros en Nariño, Cauca, Antioquia y Córdoba, ya que fueron el marco a nivel nacional que abrió los espacios para el surgimiento de las Bandas Criminales. Cuenta de ello es la investigación que frente al tema desarrolló Arias & Restrepo (2010), texto en el que se definen los orígenes de las BACRIM como la fusión entre varias generaciones y corrientes criminales, algunas con referentes ideológicos y otras sin ellos (contrainsurgencia), identificándose con diferentes niveles de capacidad organizativa y control territorial. “Las autoridades suelen distinguir genéricamente entre el componente estructural, constituido por los mandos principales de la organización (capos o jefes) junto con el brazo armado y financiero que recibe órdenes directas de estos mandos, y las redes criminales, que prestan apoyo logístico, armado o material.” (Prieto, 2013, p. 4) De conformidad con lo expuesto, es preciso señalar que el término BACRIM no sólo se limita a los desmovilizados paramilitares, por cuanto existen personas que dejaron de hacer parte de otros grupos como las FARC, ELN o el mismo EPL que siendo organizaciones guerrilleras aportan a los nuevos grupos criminales a ex miembros de sus filas, que ingresan sin importar consideraciones políticas o ideológicas. Esta situación obedece principalmente a la falta de oportunidades que brinda el Estado, aunado a ello hay que reconocer que muchos de ellos cuentan con niveles muy bajos de educación que impiden completar el proceso de reinserción a la vida civil. 9 Ante tal problemática, las autoridades competentes como el Ministerio del Interior y la Justicia, la Fiscalía General de la Nación, y el Director de Fiscalía Nacional Especializada contra el Crimen Organizado crearon una serie de comisiones, organismos, grupos de trabajo y todo un conglomerado normativo para fortalecer el trabajo de las entidades judiciales que investigan las acciones delictivas de las BACRIM. Según el Decreto 2374 del 2010, expedido por el Ministerio del Interior y la Justicia, se creó la Comisión Interinstitucional contra las Bandas y Redes Criminales. Según lo estableció el Ministerio era necesario que las autoridades ejercieran el control sobre estas organizaciones, por entonces se distinguían un total de 7 grupos criminales, para el ente era claro que estas estructuras no contaban con un ideario político, por cuanto utilizan el narcotráfico como negocio y como una forma para afianzar su poder en ciertas regiones donde ejercen influencia otros grupos como las FARC y el ELN, las cuales cuentan con un dominio absoluto. Así las cosas, no es posible catalogarlos como grupos de ultra derecha ni como grupos insurgentes de izquierda, pues con estos últimos mantienen una “relación de negocios” que en cierta medida beneficia a ambas, no existiendo compromisos de ideología política o social en estos casos. (Decreto, No. 2374, 2010.). Dentro de las consideraciones que tuvo el Ministerio para expedir el Decreto se pudo precisar que las estructuras operan en regiones donde no se evidencia la presencia de las autoridades, acuden a las zonas rurales y por lo general se enfocan en territorios que geográficamente facilitan el tráfico de drogas, regiones que cuentan con salida al mar. A pesar del tiempo que ha transcurrido es preciso señalar que aún permanecen en zonas como los Santanderes, la Costa Atlántica y los Departamentos de Antioquia y Chocó, donde ejercen una fuerte presencia y control. Como afirma Garzón (2013) Las bandas criminales se aprovecharon de las rutas de narcotráfico que dejaron las Autodefensas para transportar droga hacia Centroamérica y los Estados Unidos. Inclusive, según lo manifestado por el señor Garzón, se tiene conocimiento del fuerte lazo que mantienen estas organizaciones colombianas con carteles de la droga en 10 México. La situación es tan compleja como preocupante, pues hay lugares que son de dominio exclusivo de las FARC quienes cobran un “impuesto” para que las organizaciones puedan transitar libremente la droga. Para el año 2006 las autoridades identificaban treinta y tres bandas que hacían presencia en ciento diez municipios del país mediante un pie de fuerza de cuatro mil hombres, en 2012 se reconocen cinco bandas criminales (Urabeños, Rastrojos, disidencias del Erpac, Renacer y Machos) estas organizaciones tienen presencia entre ciento noventa y doscientos municipios con cerca de 4.800 hombres en sus filas (Prieto, 2013, p.2) Los datos mas recientes son desalentadores dado el reporte de Diciembre de 2014 de la Fiscalía General de la Nación donde se identifican ochenta y nueve organizaciones delincuenciales integradas a las grandes estructuras de crimen organizado en Colombia. (Fiscalía General de la Nación, 2014) “La Bacrim más grande de la actualidad, los Urabeños, es de hecho una franquicia. Tiene nodos afiliados en todo el país y también en el extranjero, dedicados a las diferentes tareas necesarias para el narcotráfico. La cúpula de los Urabeños se asemeja a una junta directiva que puede subcontratar el trabajo de otros nodos pertenecientes a la red delictiva.” (Dermott, 2014, p. 8) El fenómeno que han generado las BACRIM ha expuesto las fragilidades que tienen las entidades del orden púlico, a las que les ha sido imposible frenar la expansión de estas estructuras, según las cifras aportadas anteriormente es preciso afirmar que el fenómeno se multiplicó en grandes proporciones, entonces hay que analizar cuáles son las causas que permitieron ese desarrollo. Así las cosas, podemos distinguir cuatro factores que facilitan la tarea de las BACRIM: 1. La corrupción, en donde funcionarios públicos se ponen al servicio de la criminalidad, aprovechan los cargos que ostentan para delinquir y favorecerse, ya sea a través del aparato judicial o de los entes de control e investigación. 11 2. La ausencia del Estado en grandes zonas de Colombia ha favorecido la expansión de la violencia, ya que en las regiones donde aquel prácticamente no tenía presencia, esta era la única vía de resolución de los conflictos originándose el conflicto armado interno. (Nieto, 1998, p 13) 3. La sociedad, los Colombianos se han acostumbrado a vivir en medio de la guerra, tal como lo afirma Teran (2013) la violencia hace parte de lo cotidiano y solo genera beneficio para los perpetradores de crimenes, de lo anterior se puede inferir que las bandas criminales se aprovechan de esa situación, al no exisitr voces que critiquen sus actuaciones se ven potencializados, pues existe impunidad total que motiva la consecución de más crimenes y atentados contra la población civil 4. Indiferencia de las autoridades, en varias oportunidades las bandas criminales han demostrado su poder, han decretado paros armados, extorsionado y asesinado a cientos de personas. En algunos casos, se han puesto denuncias pero los lazos de corrupción que unen a las instituciones con el crimen organizado impidiendo así el procesamiento de estos individuos. III. PROBLEMÁTICA SOCIAL: CONSECUENCIA DEL ACCIONAR DELICTUAL DE LAS BACRIM. Las bandas criminales también han sido violadores de Derechos Humanos, es más han aumentado los casos en los cuales estas organizaciones se ven involucradas por delitos relacionados con esta situación, así lo reveló el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora el día 9 de septiembre de 2013 cuando presentó el mapa nacional sobre riesgos de violaciones de derechos humanos relacionados con el conflicto armado interno (Defensoría del Pueblo, 2013), asegurando que durante el último año fueron presentados 46 informes de riesgo y 17 notas de seguimiento que abarcan 109 municipios de 28 departamentos del país, representando ello el 76 % de todos los informes de riesgo y amenazas a la población, seguido por las FARC. Preocupante resulta entonces conocer situaciones como las que ocurren en Antioquia, pues este departamento ocupa el primer lugar del ranking con seis informes de 12 violaciones de Derechos Humanos; continuando la lista con regiones como Chocó, Casanare, Caldas y Bogotá, con tres informes cada uno, y Risaralda y Nariño, con dos informes en el último año (El País, 2013). En estos departamentos, los derechos han estado amenazados por conductas delictivas como el uso de minas antipersonal y acciones que tienen como fin la generación de terror como son: las amenazas de muerte, los ataques indiscriminados contra la población civil y la infraestructura, confinamientos, desaparición forzada, destrucción de bienes civiles, extorsión, homicidios, masacres, reclutamiento forzado y violencia sexual. En el Valle del Cauca, la escisión de 'los Rastrojos' y el debilitamiento de sus fuentes de financiación desembocó en el cobro de extorsiones, amenazas e intimidaciones contra los sectores económicos, con el argumento de estar obligados a “colaborar con la causa”, provocando esta situación desplazamientos forzados debido al riesgo de sufrir retaliaciones, lo cual provoca un ambiente generalizado de temor ante la ocurrencia de homicidios por la presencia de auxiliadores y miembros de 'los Rastrojos' y particularmente por la expansión de la actividad de narcomenudeo.‡ Otra de las graves problemáticas que generan las bandas criminales es la minería ilegal, en Colombia la minería se ha desarrollado en forma limitada, actualmente existen muy pocas empresas que pueden desarrollarla sin ningún tipo de inconveniente, la razón, los títulos o licencias mineras otorgados por el Ministerio de Minas son muy difíciles de conseguir, pues los requisitos exigidos para el desempeño de la actividad exigen empresas sostenibles en materia económica y responsables en el uso de los recursos. (Semana, 2013) ‡ Es un fenómeno que se relaciona con la categoría de “punto de venta” en el subsistema de comercialización del narcotráfico, concebido por la organización como una actividad económica criminal. Narcomenudeo es un neologismo que representa los hechos concretos, perceptibles y verificables que se desarrollan durante el mercado ilícito de productos estupefacientes (básicos –estimulantes, alucinógenos y narcóticos– y sustitutos), por esta razón se constituye en problema público, además, porque tiene interdependencia con los conflictos sociales, la violencia y la criminalidad (Policía Nacional, 2011) Actividad que como fenómeno del narcotráfico, estimula variadas manifestaciones de criminalidad y violencia, como el desplazamiento intraurbano, la instrumentalización criminal de los ciudadanos, la extorsión, la expropiación forzosa de bienes, la deserción y violencia escolar, la venta de estupefacientes entendida por los ciudadanos como un modus vivendi y forma de satisfacer sus necesidades básicas (Cortés y Parra, 2011, p. 69). 13 IV. BACRIM EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. Córdoba es un departamento que siempre ha estado inmerso en el conflicto armado, no ha sido una región apartada a la violencia que atormenta al país, a pesar de ser uno de los más ricos en recursos naturales presenta índices de pobreza en mucho de sus municipios, la falta de empleo, oportunidades y desarrollo hacen de la región un terreno apropiado para el crecimiento de las organizaciones criminales. El departamento cuenta con ciclos de violencia desde el mismo momento de su creación, en el año de 1952, según un informe presentado por el observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH (2009) sobre la dinámica de la Violencia en el Departamento de Córdoba, el primer grupo insurgente que se desarrolló en esta región fue el EPL- Ejército Popular de Liberación, inspirado por las guerrillas liberales y apoyadas por los campesinos que desde ese entonces presentaban inconvenientes por la propiedad de la tierra.. Esta época coincidía con la violencia partidista que se desarrollaba entre Liberales y Conservadores por el dominio político de la región, los municipios más afectados fueron Tierralta, Canalete y Montelíbano, posteriormente con el surgimiento de las FARC deciden trasladarse hacia el sur del departamento, crearon zonas militarizadas en el Nudo del paramillo, desde ese entonces las guerrillas ejercieron un dominio en estas zonas de la Costa. Los movimientos guerrilleros en la zona del Urabá se expandieron y mantuvieron una lucha contra las fuerzas paramilitares al mando de los hermanos Castaño, quienes con el tiempo fundaron las Autodefensas Unidas de Colombia, a ellos se unieron personajes como Salvatore Mancuso, Ernesto Báez, Diego Rendón Herrera, entre otros, quienes consolidaron un ejército para beneficio de la extrema derecha en la región Este departamento fue cuna de la desmovilización paramilitar en el año 2003, la región fue dominada históricamente por la insurgencia, este grupo logró contener el avance de la guerrilla que quería apoderarse de municipios del sur del Departamento, fueron épocas de 14 mucha violencia que obligaron a los pobladores a hacer parte de un bando u otro. Al final los paramilitares se hicieron con la región, vivían en grandes extensiones de territorio, sus máximos comandantes se encontraban a gusto, disponían de fincas e innumerables cabezas de ganado. El Departamento era una región idónea para desplegar sus proyectos y ambiciones. En el mismo informe se logra evidenciar como después de los procesos de desmovilización aumentó la cifra de homicidios en el departamento de Córdoba, principalmente en los municipios de Tierralta y Montelíbano donde los indicadores sugieren que la tasa por este delito superó el promedio nacional, así mismo señala que existía cierta desorganización entre las estructuras, luego de la desmovilización los integrantes no contaban con una cadena de mando y actuaban en forma desorganizada, pues las AUC servían como instrumento para generar la unidad entre las organizaciones que se dedicaban al narcotráfico. Posteriormente, se reorganizaron y hoy en día cuentan con jefes plenamente identificados por las autoridades que utilizan el tráfico de drogas como negocio principal, cuentan con hombres armados que defienden las rutas para el tráfico de estas sustancias. Las primeras bandas criminales que surgieron en el departamento fueron LOS TRAQUETEOS, los cuales eran considerados reductos del Bloque Héroes de TOLOVÁ, todas ellas contaban con fuertes lazos con la Oficina de Envigado (Salazar, 2014, p.5 ). Luego de esta fase de crecimiento el Gobierno Nacional indica que entre el año 2007 y 2008 la Oficina de Envigado se encuentra en disputa con una organización denominada como Águilas Negras, al mando del señor Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, estos últimos lograron imponerse y se hicieron con el control de la región. En el año 2009 el señor Rendón Herrera fue capturado por la Policía Nacional, no obstante la organización siguió ejerciendo actividades ilícitas. Los municipios más afectados por las bandas emergentes son Tierralta, Valencia, Montelibano, Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, Moñitos, Puerto Escondido, Canalete, San Antero y Los Córdoba. La capital del Departamento, Montería, no ha estado exenta de este flagelo, las cifras oficiales dan cuenta del aumento de la criminalidad y paradójicamente 15 existen nuevos grupos de desplazados que se están dirigiendo hacia la ciudad. (El Universal, 2012) En los municipios donde existe presencia armada se dan las condiciones óptimas para que estos grupos armados emerjan y se desarrollen, partiendo del análisis expuesto en el documento se logra establecer que existe abandono del Estado, indiferencia de las autoridades y poblaciones vulnerables. V. ACTIVIDADES DELINCUENCIALES DE LAS BACRIM EN CÓRDOBA. Del análisis y cifras entregadas por las Unidades de Fiscalía, es preciso señalar que el poder que ostentan estas organizaciones se debe a dos negocios en particular el narcotráfico y la minería ilegal, ambos son el combustible que mantiene a estas organizaciones, según investigaciones de la Fiscalía el tráfico de drogas y la explotación de recursos mineros generan billones de pesos que son usados para financiarse y sustentar sus actuaciones delincuenciales. 1. Narcotráfico: El narcotráfico es el negocio más rentable para cualquier organización criminal, desde hace muchos años el Estado le ha declarado la guerra a los grupos que pretenden sacar beneficio del ilícito, obviamente las BACRIM en Córdoba han sabido aprovechar las utilidades que generan el negocio, han expandido sus redes y cuentan con hombres armados dispuestos a combatir para mantener las rutas de su mercado. En el desarrollo de los procesos judiciales la Unidad de Fiscalía ha desplegado una ofensiva contra estas estructuras, pero su labor se ve truncada por la complicidad de la población, la represión y la ley del silencio se imponen en estos casos. En este departamento se produce el 2% de la cocaína que es enviada al exterior, por lo tanto, existe disputa regional entre los Rastrojos y los Urabeños por apoderarse del control del negocio, esta guerra declarada entre ambos bandos lleva consigo la muerte de muchos integrantes de sus organizaciones. Es tan rentable el negocio que existen fuertes alianzas con 16 organizaciones criminales de otros países, tal es el caso del cartel de Sinaloa en México, considerado el mayor grupo narcotraficante de Centroamérica. (Garzon, 2013, p. 38), En Córdoba los municipios que tienen cercanía con el Mar Caribe (Puerto Escondido, Moñitos, Los Córdoba y San Antero) son aprovechados como corredores para el tráfico de estupefacientes, la cercanía al mar facilita el trabajo de las estructuras criminales. Por lo general son nativos de la región los que colaboran a cambio de dinero, las lanchas de los pescadores son el escondite perfecto para camuflar la droga, en sus declaraciones manifiestan que ignoran el contenido de lo incautado y que solo se limitaban a llevar el paquete hasta un sitio determinado, no saben quién se los entregó ni tampoco a quién se les va a entregar. Así mismo, saben cómo evitar las capturas en flagrancia, una vez se ven sorprendidos por las autoridades arrojan al mar la carga que llevan, cuando la policía llega no encuentran nada a bordo. El lavado de activos también se convierte en un delito conexo con el narcotráfico, se ha precisado que existen muchas empresas que sirven de fachada al crimen, los más usuales son los bares y discotecas de los municipios, existen testaferros que tienen propiedades para el beneficio de la delincuencia, ostentan fincas, ganado y toda clase de vehículos. A partir de ello es preciso indicar que la Fiscalía entiende el problema al que se enfrenta, pues los grupos han armado una estructura muy sólida y sus miembros están comprometidos con la organización. En estos casos la labor del ente acusador se complica, pues las cifras sobre los bienes materiales de la organización son difíciles de encontrar y las operaciones de extinción de dominio no han dado sus frutos. Otro de las situaciones que se presenta alrededor del narcotráfico es la alianza que mantienen las bandas con las FARC, se ha logrado establecer que tienen contacto con estructuras ubicadas en los municipios de Tierralta, Valencia, Puerto Libertador y Montelibano, existen entre ambas organizaciones pactos de no agresión y coordinan información para evitar que la policía realice operaciones en la zona. (El País, 2014) 2. Minería ilegal: 17 Como se mencionó anteriormente las empresas que pueden explotar recursos mineros en Colombia son muy pocas, esto propicia un ambiente favorable para los grupos emergentes, pues al existir carencia de compañías existe un mercado que fácilmente pueden usufructuar y precisamente, este tipo de actividades, se desarrollan en territorios con gran influencia criminal. Las BACRIM tienen dos formas de actuar en estas circunstancias, por un lado, se aprovechan de manera directa de la explotación, contratan a personas que extraen los recursos, sacando utilidades y beneficios enormes, por otro lado, extorsionan a los propietarios de empresas que extraen recursos mineros, en estos casos cobran una especie de impuesto para permitir la explotación en un área específica. Los municipios de Córdoba que más se ven afectados por la minería ilegal son Ayapel y Montelibano, es aquí donde despliegan el mayor número de actividades relacionadas con la explotación de oro, en el lugar no existen equipos suficientes para desarrollarla, el personal no está capacitado ni cuenta con los mínimos de seguridad laboral que ello implica. La minería ilegal es una actividad que genera menos riesgo para los subversivos, se tiene conocimiento de sectores del país en donde el área geográfica es compartida por distintos grupos sin que se ejerza control Estatal. “Las fuentes de agua, los bosques y el medio ambiente han sufrido un proceso de deterioro inminente debido al uso de químicos como el mercurio. En municipios como Ayapel la ciénaga registra un alto nivel de contaminación. Para la Policía de Córdoba hay un estrecho vínculo entre la actividad minera y la banda criminal Clan Úsuga que está buscando una forma de financiación diferente y más rentable, pues un kilo de oro se cotiza en el mercado a 90 millones de pesos, mientras que un kilo de coca vale cinco millones de pesos”. (El Universal, 2016) 18 Los Fiscales se ven atados al momento de legalizar las capturas y resolver la situación jurídica, ello obedece a que en nuestro ordenamiento jurídico la explotación en lugares sin título minero es considerado como un delito contra el medio ambiente que no representan penas con mayor agravante, aunado a ello sólo se concentran en la captura a personas que explotan el recurso pero en realidad no se llega al verdadero responsable, esto es, el jefe o cabecilla que se beneficia del comercio ilegal. VI. TRABAJO JURÍDICO PROCESAL La legislación colombiana en la actualidad goza de una estructura normativa de carácter superior como lo es la Constitución Política de Colombia de 1.991, garantista de derechos y libertades que jerárquicamente van por encima de la Ley en pro de reconocer al ser humano como sujeto de derechos, por ello; cuando existe una posible vulneración a los postulados que esta norma expone el aparato judicial actúa en la búsqueda de la restitución de tal derecho y en la parálisis de dicho quebrantamiento, precedido de un debido proceso que ante las circunstancias examina los hechos, las pruebas y demás consideraciones que deben someterse a estudio para determinar si existe o no violación de derechos. Para abordar el tema del trabajo jurídico procesal es importante recordar que la Ley 938 de 2004 crea la Unidad Nacional de Fiscalías delegadas contra Bandas Emergentes, las cuales operan en el territorio Nacional, se encuentran conformadas a su vez por unidades seccionales, según las diversas áreas de influencia, una de ellas, tiene presencia en el Departamento de Córdoba. Las Unidades tienen como propósito perseguir y llevar ante los jueces a los miembros de estas organizaciones. Al momento de referirnos a los procesos penales que se adelantan contra las bandas criminales es necesario indicar cuales son los delitos cometidos con mayor frecuencia, así las cosas, tenemos que las conductas criminales más comunes son las siguientes: narcotráfico, extorsión, homicidios, secuestro y desaparición forzada. Los procesos adelantados contra sus miembros, en forma individual, arrojan cifras significativas, entre el 1 de abril de 2014 y el 24 abril de 2015 (Fiscalía General de la Nación, 2015, p.55 ). La Fiscalía manejaba una cifra 19 cercana a los seiscientos conductas criminales relacionadas con bandas emergentes, si se tienen en cuenta los informes del año 2014 es evidente que hay un crecimiento de las conductas, el accionar de la delincuencia común toma fuerza, por ende es necesario desplegar una ofensiva jurídica contundente, así las cosas las autoridades toman cartas en el asunto y emprende una serie de operativos en distintas partes del país con el propósito de obtener resultados que demuestren el compromiso de los entes de control. Por otro lado, en el mismo informe aparece el delito de Concierto para Delinquir, tipificado en el artículo 340 del código penal, el cual indica que serán castigados por la Ley aquellas personas que se organicen con el propósito de cometer delitos. Sin lugar a dudadas es el tipo penal por excelencia cuando se trata de judicializar a los miembros de estas organizaciones. De igual manera, se puede constatar que tan solo por este delito se han presentado un total de mil ochocientas noventa y ocho imputaciones. Por tratarse de un tipo penal muy común en cuanto se refiere a bandas criminales, es pertinente hacer un breve análisis al respecto. El Código Penal lo describe de la siguiente manera: “Artículo 340. Concierto para delinquir. (Modificado por el artículo 8 de la ley 733 de enero 29 de 2002). Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses…” (Inciso modificado por el artículo19 de la Ley 1121 de diciembre 29 de 2006) Cuando el concierto sea para cometer delitos de Genocidio, Desaparición forzada de personas, Tortura, Desplazamiento forzado, Homicidio, Terrorismo, Tráfico de drogas tóxicas, Estupefacientes o sustancias psicotrópicas, Secuestro, Secuestro extorsivo, Extorsión, Enriquecimiento ilícito, Lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de 8 a 18 años y multa de 2.700 hasta 30.000 s.m.l.m.v……) 20 “…La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir.” (Ley, No. 599, 2000) Esta conducta se agrava cuando es realizada por miembros activos de la fuerza pública, retirados o que sean integrantes de organismos de seguridad del Estado, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 342 del Código. En la dogmática penal el concierto para delinquir es considerado un tipo penal de mera conducta o pura actividad, esto implica que no es necesario obtener un resultado, tal como ocurre con los delitos a los cuales se hizo mención con anterioridad, por el contrario, para que se configure este delito, basta con la manifestación expresa de concertarse. En estos casos no se castiga el daño producto de una acción u omisión, se sanciona la potencialidad de producirlo. El señor Francisco José Ferreira, en su libro Derecho Penal Especial, se refiere al bien jurídico tutelado en el Concierto para Delinquir de la siguiente forma: “En realidad, no se trata de tutelar una entidad etérea denominada “seguridad pública”, sino la confianza que debe existir en todos y cada uno de los coasociados de disfrutar de las oportunidades de trabajo, descanso, uso de bienes comunes. A no vivir sometidos a la zozobra que suscitan las bandas criminales o la acción perversa del terrorista”. (Ferreira, 2006, p.134 ) Pues bien, tal como lo manifiesta Ferreira el bien jurídico tutelado es la seguridad pública, la cual se puede definir como el derecho que tienen las personas de realizar sus actividades cotidianas sin que se vea amenazada su tranquilidad y paz, sin que se vean atentados en contra de su integridad, desarrollando así una vida plena y en armonía. Como resultado de las labores adelantas por la Fiscalía se tiene que los imputados por el delito de Concierto para Delinquir triplican la cifra de otros delitos también cometidos por los integrantes de la organización, ello obedece a que la estructura jurídica del tipo penal es propicia para que haya tantas personas investigadas por esta conducta, pues como se ha 21 venido diciendo tan solo basta con la manifestación externa de la voluntad para que sean penalmente responsables. Análisis de procesos de Judicialización. El trabajo jurídico procesal comienza con las labores de investigación por parte de la Fiscalía, la cual cuenta con el apoyo de la policía judicial. En Colombia los órganos más representativos son CTI- Cuerpo Técnico de Investigación-, la DIJIN -la Dirección de Investigación Criminal e Interpol- y la Policía Nacional, estas instituciones actúan bajo la dirección de los Jueces y Fiscales con estándares y técnicas de investigación modernas. Los organismos mencionados anteriormente se encargan de recaudar todas las pruebas necesarias a través del seguimiento, interceptaciones telefónicas, allanamientos, agentes encubiertos, en fin, una serie de herramientas de las cuales disponen para obtener resultados. Esta labor implica un análisis serio y responsable de la información, los datos recolectados tienen como destinatario al Fiscal encargado de llevar el caso, este funcionario puede demostrar la culpabilidad de los acusados en audiencia con base en el trabajo adelantado previamente. De conformidad con los estudios realizados por el ente acusador, se evidencia la existencia de dos grandes estructuras criminales: El clan Úsuga y los Rastrojos, las dos organizaciones operan en el Departamento de Córdoba. El promedio de capturas mensual es de ciento sesenta y seis personas, siendo un número favorable en cuanto demuestra que las investigaciones generan resultados pero al mismo tiempo llama la atención como tantas personas se ven involucradas en este tipo de conductas.§ En virtud de los informes de gestión emanados de la Fiscalía, se pudo establecer que a 2015 se habían puesto a disposición de las autoridades más de dos mil miembros de organizaciones criminales y a la gran mayoría se le impuso medida de aseguramiento. El número de personas que participan en el crimen organizado obedece a la necesidad y falta de § Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra el crimen organizado (2014), Balance 2014. Recuperado de fiscalía.gov.co 22 empleo en las regiones, algunos de ellos son personas que nunca han participado en el conflicto, otros, por el contrario, son desmovilizados con lo cual se evidencia que los procesos de reinserción no fueron eficaces. Es necesario aclarar que con el solo hecho de imponer medida de aseguramiento no se está determinando responsabilidad penal, solo que por razones de seguridad y garantía procesal es necesario privar al investigado de la libertad, es más existen medidas de aseguramiento en el domicilio o residencia de la persona. Se tienen casos relacionados con mujeres que participan en el negocio del micro tráfico ofreciendo sus hogares como expendio de drogas, luego de estudios realizado por las autoridades se ha logrado establecer que detrás de estas mujeres se encuentran las BACRIM que se encargan de persuadir a los sectores más deprimentes de los municipios, se aprovechan de la pobreza, no van a un solo hogar ofreciendo empleo, sino que difunden la idea en todo el sector, con el tiempo el barrio entero termina involucrado en el negocio. (El Tiempo, 2010) Existen también formas de obtener beneficios penales, tal es el caso de los allanamientos y preacuerdos con la Fiscalía, en este escenario existen más de mil integrantes de bandas criminales que aceptaron negociar con las autoridades a cambio de información que pueda dar con la captura de más integrantes de las organizaciones. Algunas informaciones son relevantes y otras no, por lo tanto, cuando el ente acusador encuentra que no hay colaboración real y eficaz por parte de los delincuentes solicita al Juez que se suspendan los beneficios y que se continúe con el proceso o ejecutoria de la sentencia. (Fiscalía General de la Nación , 2015) Por otra parte se ha precisado la existencia de cuarenta y ocho bandas criminales, estas organizaciones proliferan con mucha facilidad, los hechos lo demuestran: una de las primeras bandas criminales de la cual se tuvo conocimiento fue la denominada “Águilas Negras”, conformado en su mayoría por desmovilizados de las AUC, se desarrollaron en el Departamento del Santander y se expandió hacia la Costa Atlántica y Antioquia, era una organización dedicada al narcotráfico pero rápidamente logró transformarse y se dividió un 23 muchos grupos como los Rastrojos, los paisas, los Urabeños y otros más que se dedicaron a realizar las mismas acciones. (Salazar, 2014). “En la mayoría de estos territorios, unidades de antiguas Bacrim como “Renacer” y “Águilas Negras “en el Chocó, “Paisas” en Antioquia, Córdoba y Sucre, y “Águilas Negras” en el Magdalena Medio y los Santanderes han pactado acuerdos tácticos con los “Úsuga” a través de las cuales coordinan y regulan su participación en las rentas generadas por las actividades ilícitas y corredores de movilidad que controlan.” (Pérez 2014, p. 23) Los procesos de Judicialización han logrado la captura de muchos cabecillas, no obstante, a pesar de la ofensiva que han desplegado las autoridades las estructuras mantienen altos niveles de delincuencia, la razón de ello obedece a que una vez es capturado o dado de baja el jefe de la organización es reemplazado inmediatamente por un subalterno quien asume el mando manteniendo así los negocios ilícitos. En la actualidad muchas organizaciones se ven infiltradas por las autoridades, es decir, logran permear la estructura criminal para conocer y establecer qué actividades específicas realizan sus integrantes. Así mismo, se utilizan las recompensas como una forma de incentivar a la población para que denuncie y ayude a desmantelar a las bandas criminales, muchas veces ha funcionado, pero en otros casos, por miedo prefieren guardar silencio y evitar retaliaciones del grupo. Uno de los grandes objetivos que tiene el Gobierno Nacional es la desarticulación de la banda criminal conocida como los Úsuga, cuyo jefe es el señor Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel, alias Otoniel, el Estado Colombiano ha ofrecido una recompensa de tres mil millones de pesos y los Estados Unidos cinco millones de dólares, increíblemente solo tiene vigentes dos órdenes de captura y son por el delito de concierto para delinquir, hasta el momento las autoridades desconocen su paradero pero tienen indicios de podría estar en Chocó, Córdoba o Antioquia, pues son las áreas donde ejerce mayor influencia la organización (El Tiempo, 2016) 24 La cifra de delitos cometidos va en aumento, se calcula que 332.149 personas han sido víctimas de las bandas criminales (Contreras, 2016). El abandono del Estado y la corrupción de las instituciones inciden en estas cifras, la población se encuentra atada de mano, existen comunidades vulnerables que no pueden defender sus derechos, las amenazas son constantes y el temor se apodera de ellos, muchas personas han muerto en los últimos años. Así mismo, la expansión de las bandas criminales genera alto impacto en las comunidades. El departamento de Córdoba es uno de los cuatro entes territoriales que presenta mayor número de capturas contra miembros de las bandas criminales, el mayor golpe se ha dado a la estructura del clan Úsuga, por otro lado, hay miembros que deciden desmovilizarse pero hasta el momento no ha sido suficiente. Ante esta situación, cabe resaltar que la falta de empleo y de oportunidades generan poblaciones aliadas con el crimen, la marginación social genera cierta afinidad entre la comunidad y un grupo ilegal, para ellos las bandas criminales suplen sus necesidades, son conscientes de la ilegalidad de sus actos, pero en realidad no hay otra salida. En cuanto a la corrupción es claro que las instituciones no se han salvado de los tentáculos que tienen estas estructuras, hay funcionarios públicos que se encuentran prestos al servicio de los cabecillas, inclusive ya se habla del fenómeno de la BACRIM-política como aquella alianza entre funcionarios públicos y miembros de bandas emergentes, la Fiscalía Especializada contra Bandas Emergentes ha realizado una serie de investigaciones que pone en alerta máxima a los entes de control. La corrupción avanzó en todas las ramas del poder público, el mayor escándalo que vincula a la Rama Judicial se dio en 2013, cuando allanaron el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao (Bogotá) y arrestaron a dos jueces, un secretario de juzgado, siete empleados de la Rama y un estudiante de Derecho, “por hacer parte de una banda que influía en las asignaciones de procesos hacia varios juzgados, con el fin de favorecer a los imputados” (El Mundo, 2013), algunos de ellos pertenecientes a las BACRIM. Actualmente existe una alianza entre estas estructuras y el ejército para permitir el desarrollo de la minería ilegal en regiones del país, son conocidos como las “águilas verdes” 25 y cobran un impuesto por permitir el acceso a esos puntos geográficos, que existan este tipo de alianzas es increíble pero lo es aún más la indiferencia de los comandantes para poner en regla a sus subalternos. (Semana, 2013) “En ocasiones los grupos se han beneficiado de la tolerancia y la connivencia de agentes estatales. En marzo, la Fiscalía ordenó la captura del coronel del Ejército retirado Robinson González del Río, quien habría liderado una red de miembros activos y retirados de la fuerza pública que vendía armas a los Urabeños” (Human Rights, 2015) La Fiscalía en sus informes de gestión data que ha presentado mil doscientos cincuenta escritos de acusación ante el Juez y se han proferido más de ochocientas sentencias condenatorias. Estas cifran demuestran el compromiso para enfrentar a la criminalidad por parte de los organismo judicial, no obstante a pesar del gran número de capturas la lucha es cada vez más complicada, una de las razones por las cuales las estructuras no desaparecen es por el negocio del narcotráfico, este delito sigue siendo un negocio rentable y por el momento la lucha antidrogas no genera los resultados esperados. CONCLUSIONES Es necesario plantear una discusión a nivel nacional sobre el fenómeno de las bandas criminales, debemos cambiar esa concepción y evitar minimizar los posibles efectos del actuar de estos grupos ilegales, así como también la percepción de la población civil. En tal sentido, para encontrar salidas novedosas, las autoridades administrativas y judiciales tienen que concebir la problemática en su contexto, es decir, se deben tener en cuenta la diversidad de negocios e intereses locales que representan estos grupos, en casi 10 años no se han podido dar golpes certeros para desarticular estas bandas o por lo menos a sus auspiciadores, quienes curiosamente suelen quedar en la impunidad. Es por ello, que la propuesta que genera esta investigación es enfocar a través de análisis e investigación de procesos judiciales la forma como han crecido y desarrollado estas organizaciones en el Departamento de Córdoba y como las Unidades de Fiscalías Contra el Crimen Organizado buscan desarticular las bandas criminales, motivo por el cual y en pro de ese fin la Fiscalía General de la Nación busca la 26 ampliación de este grupo de tareas especiales, convirtiéndola en una Unidad Nacional cuyo objetivo principal será la judicialización de las bandas o grupos criminales emergentes que operan en las distintas regiones del país o la de sus integrantes, colaboradores o partícipes, utilizando para ello herramientas tecnológicas modernas y las nuevas técnicas o métodos de investigación que conforme a los cargas constitucionales y legales, se permite usar para lograr la plena identificación o individualización de sus autores o participes para obtener los elementos materiales probatorios, evidencia física y demás medios o elementos de juicio que le permitan a la Fiscalía adoptar o solicitar a las autoridades competentes las decisiones que se requieran para investigar, juzgar y/o lograr su condena, atendiendo la normativa específica. La conformación de esta Unidad Nacional está planeada para funcionar inicialmente con ocho Fiscales Especializados, seis Fiscales Seccionales y cinco fiscales Locales, con 76 investigadores de policía judicial adscritos a la Policía Nacional, en zonas de influencia conforme al mapa judicial que comprenden las Direcciones Seccionales de Antioquia, Medellín, Quibdó, Cartagena, Sincelejo, Montería, Cali, Buga, Ibagué, Neiva, Popayán, Pereira, Armenia, Manizales, Bogotá y Cundinamarca, con las suficientes habilidades y capacidades necesarias para ser aplicadas a la investigación y sanción de los infractores de la ley penal. Así las cosas, se debe realizar un análisis de contexto para con ello proceder al juzgamiento de los miembros de estos grupos ilegales, así mismo, corregir los errores y falencias que perjudicaron a la población civil y que por supuesto, propiciaron la generación de los nuevos grupos alzados en armas que se benefician día tras día del conflicto. En tal sentido, el camino ya ha iniciado, es necesario establecer múltiples estrategias ante la situación de violencia que impera en el país. Hoy en día, las BACRIM son consideras como un fenómeno de criminalidad organizada frente al cual debería aplicarse una política criminal enmarcada en el respeto a los Derechos Humanos y al mismo tiempo estamos discutiendo la procedencia de los bombardeos a los campamentos que tienen estos grupos, con lo cual se demuestra incoherencia en cuanto a su tratamiento. 27 Si bien es cierto esa distinción genera problemas en lo atinente a temas de seguridad y pos conflicto, pues concebir a las BACRIM como fenómeno de crimen organizado sobrevalora la efectividad del proceso de desmovilización y reintegración con los grupos paramilitares (2003-2006), negando de forma implícita la relación entre desmovilizados y reductos de esos grupos en la conformación de las BACRIM. Implementar políticas de reconciliación social y persecución penal que materialicen el valor de la justicia en derecho fundamental al cual tenemos acceso todos los nacionales colombianos, es la solución que necesita Colombia, dado los esfuerzos de la Fuerza Pública por exterminar esta situación violenta prolongada, no han causado los efectos esperados. Es decir, teniendo como objetivo la eliminación de organizaciones criminales, es necesario y obligatorio que las políticas públicas que a futuro se desarrollen, contengan elementos y criterios que combatan las características propias de las organizaciones internacionales, políticas públicas eficaces contra la delincuencia organizada transnacional. Por lo tanto, se debe contar con métodos de acción que logren minimizar el efecto perverso de la criminalidad organizada en la mayoría de la sociedad que aparece como vulnerable ante las condiciones socioeconómicas en las que vive, sin pasar por alto que, las medidas preventivas aunque contribuyan a reducir la delincuencia, no necesariamente indica un obstáculo para la delincuencia organizada, de lo cual resulta lógico que además de medidas de cooperación permanente y estructurada es necesario la puesta en marcha de un conjunto de medidas respaldadas por el apoyo internacional. 28 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Actualidad Colombia . Com. (2006). Especiales Actualidad. Obtenido de Conversando con el ELN: http://www.colombia.com/actualidad/especiales/eln/histora.asp Carlos Andrés Prieto 2013, p. 4. Las Bacrim y el crimen organizado en Colombia. 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