CENTRAL DE INVERSIONES S.A. – CISA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA MINISTERIO DE AMBIENTE
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
CATASTRO DISTRITAL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y 
CARCELARIO - INPEC
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU 
FONDO ROTATORIO
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA - ESAP
La sociedad tiene por objeto gestionar, adquirir, 
administrar, comercializar, cobrar, recaudar, 
intercambiar, enajenar y arrendar a cualquier título, 
toda clase de bienes inmuebles, muebles, acciones, 
títulos valores, derechos contractuales, fiduciarios, 
crediticios o litigiosos, incluidos derechos en procesos 
liquidatarios, cuyos propietarios sean entidades 
públicas de cualquier orden o rama, organismos 
autónomos e independientes previstos en la 
Constitución Política y en la Ley, o sociedades con 
aportes estatales de régimen especial y patrimonios 
autónomos titulares de activos provenientes de 
cualquiera de las entidades descritas, así como prestar 
asesoría técnica y profesional a dichas entidades en el 
diagnóstico y/o valoración de sus activos y sobre temas 
relacionados con el objeto social.
Es un organismo de carácter técnico, 
creado por la Constitución de 1991, que 
por delegación del Presidente de la 
República de Colombia, ejerce inspección, 
vigilancia y control las entidades y 
empresas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios.
Establecimiento público del orden nacional, adscrito 
al DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL (DPS), que tendrá como objeto reunir y 
recuperar todo el material documental, testimonios 
orales y por cualquier otro medio relativos a las 
violaciones de que trata el artículo 147 de la Ley de 
Víctimas y restitución de Tierras.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es 
el rector de la gestión del ambiente y de los recursos 
naturales renovables, encargado de orientar y regular 
el ordenamiento ambiental del territorio y de definir 
las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la 
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, 
manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales renovables y del ambiente de la 
nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin 
perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores.
La Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital es la entidad oficial encargada de las 
actividades
relacionadas con la formación, conservación y 
actualización del inventario de los bienes inmuebles 
situados
dentro del Distrito a partir del estudio de sus 
elementos físico, económico y jurídico.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 
INPEC, tiene como objeto ejercer la vigilancia, 
custodia, atención y tratamiento de las personas 
privadas de la libertad; la vigilancia y seguimiento del 
mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución 
del trabajo social no remunerado, impuestas como 
consecuencia de una decisión judicial, de conformidad 
con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional 
y el ordenamiento jurídico, en el marco de la 
promoción, respeto y protección de los derechos 
humanos.
Somos el Ministerio que coordina la política 
macroeconómica; define, formula y ejecuta la política 
fiscal del país; incide en los sectores económicos, 
gubernamentales y políticos; y gestiona los recursos 
públicos de la Nación, desde la perspectiva 
presupuestal y financiera, mediante actuaciones 
transparentes, personal competente y procesos 
eficientes, con el fin de propiciar: Las condiciones para 
el crecimiento económico sostenible, y la estabilidad y 
solidez de la economía y del sistema financiero; en pro 
del fortalecimiento de las instituciones, el apoyo a la 
descentralización y el bienestar social de los 
ciudadanos.
La Contraloría General de la República (CGR) es el 
máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, 
tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos 
y bienes públicos y contribuir a la modernización del 
Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo 
en las distintas entidades públicas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores es el 
organismo rector del Sector Administrativo de 
Relaciones Exteriores y le corresponde, bajo la 
dirección del Presidente de la República, formular, 
planear, coordinar, ejecutar y evaluar la política 
exterior de Colombia, las relaciones internacionales y 
administrar el servicio exterior de la República.
La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, tiene por 
objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, 
ejecutar, administrar y evaluar proyectos de 
concesiones y otras formas de Asociación Público 
Privada - APP, para el diseño, construcción, 
mantenimiento, operación, administración y/o 
explotación de la infraestructura pública de transporte 
en todos sus modos y de los servicios conexos o 
relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación 
público privada para otro tipo de infraestructura 
pública cuando así lo determine expresamente el 
Gobierno Nacional respecto de infraestructuras 
semejantes a las enunciadas en este artículo. 
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene 
como objetivo primordial lograr, en el marco de la ley 
y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, 
coordinar y ejecutar la política pública, planes y 
proyectos en materia del desarrollo territorial y 
urbano planificado del país, la consolidación del 
sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y 
sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones 
de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de 
los servicios públicos de agua potable y saneamiento 
básico.
La Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP) es una entidad pública de carácter 
universitario perteneciente a la Colombia creada por 
la Ley 19 de 1958, adscrito al Departamento 
Administrativo de la Función Pública, dotado de 
personería jurídica, autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio independiente y autonomía 
académica de conformidad con las normas que regulan 
el sector educativo en general y el servicio público de 
la educación superior en particular.
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS 2016
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 2016
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2016 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2014
PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 2015-2016.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2015-2016
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESPACIOS Y 
MECANISMOS 2014
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 2015 - 2018
Guía de Participación Ciudadana 2015 Guía de Participación Ciudadana
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
2014
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 
ESAP 2015
INICIATIVAS DE ORIGEN 
POPULAR
INICIATIVA POPULAR 
LEGISLATIVA Y NORMATIVA
X X X
CABILDO ABIERTO X X X
REVOCATORIA DE MANDATO X
INICIATIVA DE ORIGEN EN 
AUTORIDAD PÚBLICA
PLEBISCITO X
REFERENDO X X
CONSULTA POPULAR X
OTRAS INICIATIVAS DE 
PARTICIPACIÓN EN LA 
GESTIÓN
VEEDURÍAS CIUDADANAS X X X X X
URNA DE CRISTAL X X
DERECHO DE PETICIÓN X X X X X X X X X X
QUEJA X X X X X X X X X X
RECLAMO X X X X X X X X X X
SUGERENCIA X X X X X X X X
PETICIÓN DE INFORMACIÓN X X X X
ENCUESTAS X X
PARTICIPACIÓN EN 
INNOVACIÓN Y DATOS 
ABIERTOS
X
CONSULTAS PÚBLICAS X X X X X
RENDICIÓN DE CUENTAS - 
AUDIENCIAS PÚBLICAS
X X X X X X X X X
OFICINAS DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO
X X X X X X X
ATENCIÓN TELEFÓNICA X X X X X X X X X
FERIAS NACIONALES DE 
SERVICIO AL CIUDADANO
X X X X
OTRAS FERIAS X X X X
Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo 
democrático de representación que le permite a los ciudadanos 
o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer 
vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, 
administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y 
órganos de control, así como de las entidades públicas o 
privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter 
nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la 
ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la 
prestación de un servicio público.
En la construccion de normas, planeacion, políticas públicas, 
etc
En su acepción general la rendición de cuentas es la obligación 
de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que 
tiene el derecho de exigirla,  debido a la presencia de una 
relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de 
sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un 
comportamiento destacado.
ENTIDADES A ANALIZAR
La iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones 
públicas es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar 
Proyecto de Acto legislativo y de ley ante el Congreso de la República, 
de Ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de Acuerdo ante los 
Concejos Municipales o Distritales y de Resolución ante las Juntas 
Administradoras Locales, y demás resoluciones de las corporaciones de 
las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, 
según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, 
modificados o negados por la corporación pública correspondiente.
Son iniciativas legislativas aquellas que se refieren a actos administrativos 
que les corresponde expedir a Corporaciones Públicas de orden 
territorial: asambleas departamentales, concejos municipales y distritales.
Por otro lado se habla de iniciativas legislativas cuando se refiere a leyes 
o actos legislativos que le conciernen por su carácter nacional al 
Congreso de la República.
El Cabildo abierto es la reunión pública de los concejos 
distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, 
en la cual los habitantes pueden participar directamente con el 
fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.
La revocatoria del mandato es un derecho político, por medio 
del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le 
han conferido a un gobernador o a un alcalde
DEFINICIONES
CATEGORIAS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Es una garantía individual de orden constitucional, que tienen 
todas las personas para dirigirse a las autoridades públicas o 
particulares que prestan un servicio público o realizan 
funciones de autoridad para plantear sus inquietudes con el fin 
de obtener una pronta respuesta, que debe brindar soluciones 
de fondo, por motivos de interés general o particular y a 
obtener pronta resolución (Artículo 23 de la Constitución 
Política de Colombia).
Los conjuntos de datos que publica la entidad cobran valor en 
la medida en que sean utilizados por terceros. Para 
promocionar que dichos conjuntos sean utilizados la entidad 
habilita espacios tanto físicos como electrónicos para 
presentar los datos que posee e invitar a los posibles 
interesados a que hagan uso de éstos.
El Departamento Nacional de Planeación institucionalizó a 
través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano 
(PNSC), con el ánimo de llegar a todas las regiones del país 
para facilitar el acceso de todos los ciudadanos a los diferentes 
trámites y servicios de la Administración Pública.
La URNA DE CRISTAL es una iniciativa que promueve la participación 
y el diálogo con el ciudadano, en la medida que fomenta el uso de las 
herramientas de Control y Participación Ciudadana, enmarcadas en la 
Constitución. Fomenta el uso de las redes de contacto y el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación TIC, para que las 
personas apoyen, voten, comenten y propongan iniciativas/soluciones, a 
las temáticas de mayor interés de los colombianos. Pretende ser una 
canal de interacción que permita en un futuro, incidir positivamente la 
toma de decisiones de política pública por parte del Gobierno.
A través de la URNA DE CRISTAL, cada ciudadano colombiano 
conocerá una nueva forma de relacionarse con el Gobierno, una superior 
a la que conoce y a la que espera, una que innova en valor para ofrecerle 
un sistema integral de información y comunicación, en el que el actor eje 
será él mismo, sus necesidades y sus propuestas. La URNA DE 
CRISTAL, empodera al ciudadano y hace del Gobierno un elemento 
observable y rastreable.
El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por 
el Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza 
una determinada decisión del Ejecutivo
Referendo derogatorio. Un referendo derogatorio es el 
sometimiento de un acto legislativo, de una ley, de una 
ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local en alguna 
de sus partes o en su integridad, a consideración del pueblo 
para que éste decida si lo deroga o no.
Referendo aprobatorio. Un referendo aprobatorio es el 
sometimiento de un proyecto de acto legislativo, de una ley, de 
una ordenanza, de acuerdo o de una resolución local, de 
iniciativa popular que no haya sido adoptado por la corporación 
pública correspondiente, a consideración del pueblo para que 
éste decida si lo aprueba o lo rechaza, total o parcialmente.
La consulta popular es la institución mediante la cual, una 
pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia 
nacional, departamental, municipal, distrital o local, es 
sometido por el Presidente de la República, el gobernador o el 
alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste 
se pronuncie formalmente al respecto.
Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónica de 
insatisfacción con la conducta o la acción de los servidores 
públicos o de los particulares que llevan a cabo una función 
estatal y que requiere una respuesta. (Las quejas deben ser 
resueltas, atendidas o contestadas dentro de los quince (15) 
días siguientes a la fecha de su presentación.
Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónico, de 
insatisfacción referida a la prestación de un servicio o la 
deficiente atención de una autoridad pública, es decir, es una 
declaración formal por el incumplimiento de un derecho que 
ha sido perjudicado o amenazado, ocasionado por la deficiente 
prestación o suspensión injustificada del servicio. (Los 
reclamos deben ser resueltos, atendidos o contestados dentro 
de los quince (15) días siguientes a la fecha de su 
presentación).
Cualquier expresión verbal, escrita o en medio electrónico de 
recomendación entregada por el ciudadano, que tiene por 
objeto mejorar el servicio que se presta en cada una de las 
dependencias del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, racionalizar el empleo de los recursos 
o hacer más participativa la gestión pública.
Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que 
reposan en las oficinas públicas y a que se les expida copia de 
los mismos, siempre que dichos documentos conforme a la 
Constitución, a la Ley y las disposiciones de la entidad, lo 
permitan por temas de reserva. 
REUNIONES CON LOS GRUPOS 
DE INTERÉS FOROS
X X X X
UTILIZACIÓN DE MEDIOS 
RADIALES Y TELEVISIVOS
X X X X X X
CAPACITACIÓN A LOS GRUPOS 
DE INTERÉS
X X X
HABEAS DATA X X
ACCIONES DE TUTELAS X X X X
ACCIONES POPULARES X X X
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO X X X X
REDES SOCIALES X X X X X X X X X X
CHATS Y BLOGS X X X X X X X X
CORREO ELECTRÓNICO X X X X X X
X
X
X
X
X
OTRAS
LINEA AZUL
SINOR
ISO / IWA 4 VEEDURÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C.
OBSERVATORIO DE GESTIÓN
VISITAS VIRTUALES
Es el derecho fundamental que tiene toda persona para 
conocer, actualizar y rectificar toda aquella información que se 
relacione con ella y que se recopile o almacene en bancos de 
datos. (Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, 
Desarrollado por la Ley 1266 de 2008.)
Permitir al ciudadano reclamar el reconocimiento de sus 
derechos. Este mecanismo lo ejerce el ciudadano ante un juez 
para la protección inmediata de sus derechos. Toda persona 
tiene derecho a interponer una acción de tutela para reclamar 
ante los jueces en todo momento y lugar la protección 
inmediata de sus derechos constitucionales que resulten 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier 
autoridad pública o de particulares. (Art. 86 de la Constitución 
Política de Colombia - CPC). Esta acción solo procederá 
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 
judicial y en ningún caso podrán transcurrir más de diez días 
entre la solicitud de tutela y su resolución. Este derecho está 
reglamentado por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 
1382 de 2000.
Mecanismo por medio del cual toda persona puede acudir ante 
una autoridad judicial para proteger y defender los intereses 
colectivos, garantizando los derechos relacionados con el 
patrimonio público, el medio ambiente, el trabajo, entre otros, 
y así evitar el daño contingente, cesar el peligro, amenaza o 
vulneración, o de ser posible restituir las cosas a su estado 
anterior (Art. 88 de la Constitución Política de Colombia, 
reglamentado mediante la Ley 427 de 1998).
Recurso popular mediante el cual una persona natural o 
jurídica puede acudir ante la autoridad competente (legislativa, 
administrativa, judicial u organismo de control) para hacer 
efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo (Art. 
87 de la CPC, reglamentado mediante la Ley 393 de 1997).