Artículo de investigación 
 
 
 
 
 
 
El derecho de la libertad frente al desconocimiento del principio de 
legalidad en el marco de la ley 1424 de 2010 
 
 
 
 
Autora. Maria Bernarda Behaine Abdallah. 
 
 
 
Presentado a: Med. Josué Otto de Quesada Varona 
Docente y asesor metodológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universidad Militar Nueva Granada 
Facultad de Derecho 
Diplomado de Investigación Jurídica y Sociojurídica 
Bogotá D.C. 
El derecho de la libertad frente al desconocimiento del principio de 
legalidad en el marco de la ley 1424 de 20101. 
María Bernarda Behaine Abdallah.2 
 
Resumen 
El objeto jurídico de este artículo recayó en el estudio del derecho de la 
libertad de los sujetos desmovilizados rasos de las Autodefensas Unidas 
de Colombia, en busca de determinar por qué el desconocimiento del 
principio de legalidad de la ley penal constituyó una violación al derecho de 
la libertad de los desmovilizados de las autodefensas, soportado en la 
ineficacia de la ley 1424 de 2010.  
Palabras claves: Desmovilizados, derecho de la libertad, principio de legalidad.  
Abstract 
The legal object of this article was to study the right to freedom of the 
demobilized subjects of the United Self-Defense Forces of Colombia, in 
order to determine why the lack of knowledge of the principle of legality of 
criminal law constituted a violation of the right of the Freedom of the 
demobilized of the self-defense, supported in the inefficacy of the law 1424 
of 2010. 
Keywords: Demobilized, right of freedom, principle of legality.
                                                          
1 La Presente investigación es producto de la maestría en derecho Procesal Penal de la Universidad Militar 
Nueva Granada y se enmarca en el origen de las obligaciones de los Estados y específicamente del Estado 
Colombiano de reparar y rehabilitar a sus víctimas del conflicto armado, específicamente a las partes de 
proceso penal, generando una reparación adicional por parte del victimario, buscando reparar el daño 
infligido con su conducta reprochable, y por parte del Estado la garantía y responsabilidad solidaria del mismo 
frente a éste flagelo. 
2 María Bernarda Behaine Abdallah Profesional en Derecho con estudios de especialización en Derecho penal 
y criminología de la Universidad del Sinú Elias Bechara Zainum de Montería. 
Introducción 
Se pretende crear un criterio jurídico 
autónomo e innovador que permita 
dejar que se siga afectando el derecho 
de los desmovilizados rasos de las 
Autodefensas Unidas de Colombia y 
por ende se deje de aplicar la ley 1424 
de 2010 a favor de esa población que 
con confianza legítima dejaron las 
armas y tuvieron la intención de 
reintegrarse a la vida civil cumpliendo 
los compromisos pactados al 
momento de su desmovilización, en 
razón de que se viene desconociendo 
el principio de legalidad desde el 18 de 
mayo de 2009, debido que hasta esa 
fecha estivo vigente el artículo 71 de la 
ley 975 de 2005 por haber sido 
declarada inexequible por la Corte 
constitucional, dejando esta situación 
a la población desmovilizada en un 
limbo jurídico que trajo como 
consecuencia que se expidiera la ley 
1424 de 2010. 
Para este artículo se parte de la 
siguiente pregunta ¿Por qué el 
desconocimiento del principio de 
legalidad de la ley penal constituyó 
una violación, del derecho a la libertad 
de los desmovilizados de las AUC 
acogidos a la ley 1424 de 2010, al 
modificarse la aplicabilidad del delito 
de sedición? 
 La importancia de este análisis 
deriva no solo de su innovación y 
análisis de este tema que 
escasamente ha sido decantado por la 
jurisprudencia, y puede ser un aporte 
para evitar que se siga afectando el 
derecho a la libertad de los 
desmovilizados rasos que de buena fe 
entregaron las armas con el fin de 
reincorporarse a la vida civil. 
Metodología 
El presente estudio se desarrolló en el 
marco de una investigación 
exploratoria, con el método análisis-
síntesis y la observación como técnica 
de investigación.  
 Su unidad de análisis fue el 
recurso el principio de legalidad. Así 
mismo, persiguió como objetivo el 
estudio del comportamiento del 
principio de legalidad, teniendo como 
categorías de análisis la imposibilidad 
de incriminar una conducta punible e 
imponer una sanción que no estaba 
prevista antes del fallo de 
constitucionalidad, de esta manera no 
se afectaría el derecho absoluto a la 
libertad individual como garantía de 
todos los actos que no estén 
prohibidos en normas positivas y en 
sentido material y la prohibición de la 
doble incriminación (non bis in ídem), 
como consecuencia del 
desconocimiento del principio de 
legalidad. 
Resultados 
Los jueces de la republica mediante 
errónea interpretación vienen 
afectando los derechos de los 
desmovilizados, es decir, aquella 
personas natural que abandona sus 
actividades como miembro de 
organizaciones armadas al margen de 
la ley (guerrilla o autodefensas) y que 
se entrega a las autoridades de la 
República condicionando su libertad a 
cambio de cumplir compromisos 
individuales, sociales y judiciales so 
pena de limitarse su derecho a la 
libertad aplicando la ley 1424 de 2010 
y sus decretos reglamentarios, como 
los decretos 2601 de 2011 y 2637 de 
2014, los cuales traen como 
consecuencia jurídica una sentencia 
condenatoria con aplicación del 
beneficio jurídico antes de la condena 
(abstenerse de ordenar capturas e 
imponer medida de aseguramiento) y 
al momento de la condena consistente 
en la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena. A pesar de la 
existencia de la expedición de dichas 
normas algunos jueces solo aplican 
dicha suspensión condicional a las 
penas principales de prisión dejando a 
un lado las suspensión condicional de 
las penas accesorias desconociendo 
uno de los beneficios jurídicos a que 
también tienen derecho los 
desmovilizados.  
 La Ley 1424 de 2010 fue 
declarada exequible por la Corte 
Constitucional, en sentencia C-771 de 
2011. los razones que llevaron a su 
expedición son el producto de una 
errónea aplicación de las normas en el 
tiempo que se le dio a los 
desmovilizados de las autodefensas 
unidas de Colombia por cuanto en un 
inicio se aplicó el delito, a los 
desmovilizados rasos, de sedición lo 
cual en desarrollo de su aplicación fue 
producto de cuestionamientos 
jurisprudenciales, llevando consigo 
una consecuencia más gravosa de la 
que se había acordado en el proceso 
de paz con las autodefensas, es decir, 
esta ley prevé que los desmovilizados 
sean investigados y juzgados 
conforme a las normas ordinarias 
aplicables en el momento de la 
comisión de las conductas punibles 
como se había pactado, políticamente, 
no ofreciéndoles ni amnistías ni 
indultos a sus beneficiarios.  
Es importante resaltar que la 
sentencias C-370 de 2006 que hizo el 
estudio de constitucionalidad de la Ley 
975, si bien declaró la 
inconstitucionalidad de la sedición 
como delito político para los grupos 
paramilitares, esta sentencia no le dio 
ningún efecto retroactivo y fue 
exclusivamente por vicio de trámite sin 
haberse pronunciado de fondo3.  
De otra parte, se tiene que, el 
otorgamiento o no de los beneficios 
relativos a la libertad siempre tienen 
lugar dentro de un proceso judicial 
penal ordinario bajo la potestad 
punitiva del Estado. En ese mismo 
año, se emitió el Decreto 2601 de 
2011 que reglamenta y establece el 
procedimiento de la Ley 1424 de 2010. 
Este fue adicionado por el Decreto 
2637 de 2014, que aclara el alcance 
                                                          
3 Corte Constitucional. C-370 de 2006. “3.4.3.17 En 
suma, con el trámite impartido a los artículos 70 y 
71 de la Ley 975/05 se desconoció el principio de 
consecutividad (…) fueron introducidos de manera 
irregular en el segundo debate ante la plenaria del 
Senado, como si hubiesen sido aprobados por las 
Comisiones Constitucionales facultadas para ello  
 
del beneficio jurídico de la suspensión 
condicional de las penas. El 26 de 
mayo de 2015, el Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la 
República expidió el Decreto 
Reglamentario 1801 de 2015, en el 
cual se compilaron todos los decretos 
del sector de la Presidencia, 
incluyendo los decretos 2601 de 2011 
y 2637 de 2014 los cuales en términos 
generales, establecieron una serie de 
beneficios judiciales que sin eximir al 
desmovilizado de su responsabilidad 
penal, le hace posible gozar de su 
libertad a cambio del cumplimiento de 
ciertos requisitos y compromisos 
relacionados, especialmente con la 
reintegración, la no reincidencia y la 
contribución a la verdad y la memoria 
histórica, encontrándose esta última a 
la vez fundamentada en los decretos 
4803 de 2011 y 2244 de 2011 que 
reglamentan el mecanismo no judicial 
de la contribución a la verdad y la 
memoria histórica implementa la 
(…) ha de concluirse que los artículos 70 y 71 
acusados son inexequibles por vicios  de 
procedimiento en su formación y así se señalará 
en la parte resolutiva de esta sentencia 
 
(…) Dado que los referidos artículos resultan 
inexequibles por las  razones anotadas no se  hace 
necesario que la Corte examine los demás cargos 
formulados en la demanda contra  tales artículos. 
metodología para recolectar, clasificar 
sistematizar analizar y preservar la 
información suministrada por las 
personas desmovilizadas de grupos 
armados organizados al margen de la 
ley a las que se aplica la ley 1424 de 
2010 y la no participación en este 
mecanismo no judicial acarreará la 
revocatoria de los beneficios jurídicos 
consagrados en la ley 1424 de 2010. 
 El proceso legal mediante el 
cual está afectado al desmovilizado es 
el tramitado bajo el marco de la ley 
1424 de 2010, la cual establece un 
procedimiento especial dentro del 
proceso penal bajo las formas propias 
de la ley 600 de 2000 (Código de 
procedimiento penal) y contiene tres 
procedimientos, un proceso 
administrativo con un enfoque 
netamente social y adelantado ante la 
Agencia Colombiana para la 
Reintegración (ACR), esta entidad 
verifica los requisitos, adelanta el 
proceso de reintegración, suscribe el 
acuerdo de contribución y el anexo, 
solicita y revoca los beneficios, 
monitorea el cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas; el sujeto 
afectado (desmovilizado) también es 
sometido a otro proceso de carácter 
administrativo pero con un enfoque 
Histórico, el cual es adelantado ante el 
Centro Nacional de Memoria Histórica 
adscrito a la Dirección Nacional de 
Acuerdos de la verdad y aplica el 
mecanismo no judicial de contribución, 
entrevista al desmovilizado, valora su 
testimonio, certifica su contribución y 
solicita revocatoria de los beneficios; y 
por último, la ley 1424 de 2010, 
contiene un proceso de carácter 
Judicial penal ordinario en el cual se 
puede ver afectado el derecho a la 
libertad del sujeto desmovilizado ya 
sea a través de penas principales o 
penas accesorias. 
 
Antecedentes 
Se viene afirmando que la 
afectación del derecho a la libertad de 
los sujetos desmovilizados de las 
Autodefensas Unidas de Colombia, a 
pesar de la existencia de una ley penal 
preexistente como la ley 600 de 2000 
y el nacimiento de la ley 1424 de 2010 
y sus decretos reglamentarios como 
producto de un limbo jurídico 
suscitado en el posconflicto, obedece 
una errónea interpretación de los 
operadores jurídicos encargados de 
decidir  la aplicación o no de los 
beneficios establecidos a que tienen 
derechos los desmovilizados, incluso 
a un vacío jurídico que no fue resuelto 
ni con la expedición del decreto 2737 
de 2014 que precisamente nació a la 
vida jurídica para resolver el conflicto 
suscitado.  
 La retórica jurídica existente ha 
abordado este conflicto desde dos 
variables interdependientes: (i) los 
logros del post conflicto y la justicia 
transicional de los desmovilizados de 
las Autodefensas Unidas de Colombia 
y, (ii) los errores generados en materia 
de la reintegración a la vida civil de los 
desmovilizados rasos. 
  Investigaciones como las de 
Garzón (2013) demuestran que el 
postconflicto no es una utopía es una 
realidad que plantea problemas 
abarcados integralmente por la 
academia, por el Estado y en general 
por toda la sociedad y que éste no 
puede entenderse simplemente como 
un mero periodo de tiempo que 
procede a la terminación del conflicto 
armado, sino como como un periodo 
de tiempo posterior a la terminación 
del conflicto armado en sentido parcial 
y en sentido total, determinado por las 
circunstancias mismas del conflicto, el 
origen, la cultura e idiosincrasia de los 
sujetos intervinientes y en el cual se 
trazarán las metas de reconstrucción y 
rehabilitación que se ejecutarán en 
sus planes estratégicos de 
emergencia a corto plazo, con el fin de  
detener  la proliferación de conflictos y 
atender en forma adecuada e integral 
a las víctimas generadas por la 
confrontación.  
Por otra parte, autores como Ubayan 
(2015) sostienen que en el desarrollo 
de una paz estable y duradera, es de 
vital importancia abordar un marco de 
justicia transicional que permita definir 
parámetros para la garantía del 
respeto de los derechos de las 
víctimas a la verdad, justicia, 
reparación y garantía de no repetición, 
mecanismos de desmovilización 
masiva, comisiones de la verdad y 
demás instrumentos jurídicos propios 
de la justicia, que no develen 
impunidad o amnistías a los 
responsables de violaciones de 
derechos humanos. De esta forma, 
Romero (2004), entiende la justicia 
transicional como un marco normativo 
que regula el paso de un Estado 
político a otro. En ese sentido, un 
proceso de construcción de justicia 
transicional, “debe identificar los 
distintos mecanismos y herramientas 
extraordinarias que se utilizan en 
transformaciones radicales de 
períodos de violencia, hacia un 
escenario de consolidación de paz con 
la vigencia del Estado de Derecho, 
ofreciendo respuestas legales para 
enfrentar los crímenes cometidos” 
(Uyaban 2015, p.1).    
En este sentido autores como Camila 
De Gamboa (2015), afirma que la 
justicia transicional no puede ser 
percibida como un mecanismo para 
eludir la aplicación de las normas 
jurídicas, sino como estrategia para 
facilitar la reparación real por los 
daños causados al violar los derechos 
humanos de la población colombiana, 
con acuerdos que permitan una “paz 
duradera y sostenible” (Pág. 16).  
Todo proceso de paz implica un 
sin número de aristas que abarcan 
desde cuestiones culturales hasta 
implicaciones económicas. En este 
complejo abanico, las consideraciones 
jurídicas son especialmente 
importantes, pues gracias a estas, las 
víctimas y la sociedad en su conjunto 
acceden a estándares que propicien la 
verdad, la justicia, la reparación, la 
reconciliación y la garantía de no 
repetición. Así mismo, los soportes 
jurídicos remiten a las organizaciones 
armadas ilegales pueden encontrar 
garantías para su desmovilización y 
retorno a la legalidad (Lozano 2014). 
 En los términos de Jenny 
Julieth Lopera M., (2011), La paz 
alcanzada con los acuerdos debe 
superar su condición de paz negativa 
y que sea positiva, debe permitir 
evidenciar relaciones armoniosas con 
proyectos de desarrollo que involucren 
a toda la comunidad colombiana, de 
manera que se superen aquellas 
desigualdades flagrantes que 
sustentan las relaciones asimétricas. 
Proyectos que trabajen hacia la 
observancia de los derechos humanos 
y de los derechos fundamentales de la 
población.  
Para Nussio (2012), la 
desmovilización enfrenta al individuo a 
la vivencia de conflictos individuales y 
sociales, los cuales se generan con las 
imágenes recurrentes del evento 
traumático e interfieren en la vida 
personal y el establecimiento del 
vínculo social. A su vez Romero 
(2004) afirma que la confianza 
depositada por parte de los 
desmovilizados en la Alta Consejería 
para la Reintegración ha generado 
seguridad para asumir los cambios en 
el transcurso del proceso, y conduce a 
la generación de expectativas frente al 
mejoramiento de la calidad de vida. 
A su vez, Duncan (2007), 
enfatiza que en el posconflicto del 
proceso de paz de las autodefensas, 
el programa de Reintegración le ha 
permitido a la gran mayoría de la 
población desmovilizada acceder a 
herramientas para integrarse 
laboralmente, sin embargo el mayor 
porcentaje de vinculación es en 
trabajos independientes, y/o se 
encuentran realizando sus estudios 
académicos lo que permite evidenciar 
el cumplimiento de la ruta de 
Reintegración asignada.   
Acertadamente Chica (2007), 
considera que por tiempos de 
desmovilización los participantes 
deben encontrarse en un momento de 
integración que les permita ser activo 
a su comunidad receptora y ser 
autosuficiente en la generación de 
ingresos para su familia. Sin embargo, 
son pocas las graduaciones que se 
han desarrollado durante el proceso, 
se estima que durante el desarrollo del 
proceso de reintegración a la vida civil, 
la solución adoptada para guiar el 
proceso fue una salida asistencialista 
que no era suficiente para superar el 
problema y que dificultó el proceso de 
adaptación y recepción por parte de 
las comunidades receptoras; 
generando en el desmovilizado una 
posición de exigencia frente a lo que 
consideraba un derecho adquirido a 
través de la guerra. 
No obstante, hay ruptura en lo 
anterior, por cuanto investigaciones 
como la de Vargas (2003) resaltan las 
debilidades de la estrategia de 
desmovilización y reinserción 
individual y plantea correctivos con el 
fin de evitar que los desmovilizados 
retomen las armas ingresen a la 
delincuencia común o se sientan 
burlados por el gobierno que garantice 
la sostenibilidad de la desmovilización 
y la reinserción. 
Por su parte, con respecto a los 
errores generados en materia de la 
reintegración a la vida civil de los 
desmovilizados rasos, son 
evidenciados por Sarmiento (2011), al 
señalar que  en el post conflicto del 
proceso de Paz con las Autodefensas 
se aprecia por parte de la comunidad 
receptora inseguridad, temor y 
rechazo; no se asume al 
desmovilizado como un individuo que 
a su retorno hace parte de la 
comunidad, lo que dificulta el proceso 
de adaptación del individuo y reafirma 
la hostilidad y distanciamiento como 
mecanismo defensivo por parte de la 
persona en proceso de reintegración. 
Las impresiones negativas de la 
comunidad se generaron como 
consecuencia de interacciones 
negativas directas o indirectas del 
desmovilizado con su comunidad, la 
cual se estableció en la etapa inicial 
del proceso de adaptación a la 
sociedad, y en la cual aún afloraban 
todas las tensiones emocionales 
propias de un post conflicto, desde 
este lugar se dio un manejo 
inadecuado de la condición de 
desmovilizado, y el acompañamiento 
al proceso de adaptación a la 
comunidad por parte de la política fue 
deficiente, en razón de garantizar la 
seguridad del participante (Valencia, 
2007). 
A partir de la condición de 
desmovilizado se intenta enmascarar 
la real indefensión del individuo y 
buscando ejercer intimidación, se 
perciben mecanismos inadecuados 
para la solución de conflictos, el 
individuo más allá de las armas no es 
capaz de “portar” una palabra o un 
derecho que le permita interactuar en 
la comunidad. Teniendo en cuenta lo 
anterior no será posible la 
reintegración social, puesto que el 
desmovilizado asume de una manera 
distinta mecanismos para continuar 
impartiendo temor y mostrando una 
imagen de desconfianza que no 
permite que el vínculo social se genere 
(Larrauri, E. y Jacobs, 2011).  
 Por su parte, para Acevedo 
Cardona, K.J. y Ospina Vargas, J. A. 
(2011), uno de los propósitos más 
importantes buscados con el proceso 
de paz entre el Gobierno Nacional y 
las autodefensas y que implicó la 
desmovilización colectiva de más de 
36 grupos de autodefensas entre los 
años 2003 y 2006, era precisamente la 
reincorporación a la vida civil de los 
miembros de estos grupos armados 
ilegales, con el compromiso por parte 
del Gobierno de adelantar las 
acciones necesarias para 
reincorporarlos a la vida civil.  
 Villegas (2015), demostra que 
la población desmovilizada considera 
la estigmatización o discriminación 
que recibe por parte de la comunidad 
como el principal obstáculo en su 
proceso de reintegración a la 
sociedad; estigmatización que se 
genera por el solo hecho de tratarse 
de excombatientes de grupos 
armados ilegales. La gran mayoría de 
la población desmovilizada de las 
AUC entre los años 2003 y 2006 sigue 
sin culminar de su Ruta de 
Reintegración a la sociedad. Una de 
las causas de esta demora estribó 
precisamente en la imposibilidad de 
resolver su situación jurídica, la cual 
se presentó en razón del limbo jurídico 
originado por la declaratoria de 
inexequibilidad del artículo 71 de la 
Ley 975 de 2005, que se prolongó 
desde el 2006 hasta finales del 2011.  
 Por su parte Rodríguez (2015) 
afirma que los beneficios jurídicos 
ofrecidos por la Ley 1424 de 2010, que 
se traducen en la posibilidad de gozar 
de su derecho a la libertad, no se 
compadecen con los beneficios 
jurídicos ofrecidos a la población 
desmovilizada en el momento de su 
desmovilización colectiva, toda vez 
que la aplicación de la Ley 1424 de 
2010 comporta la imposición de una 
sanción penal, y como consecuencia 
de ella, la generación de un 
antecedente penal por el delito de 
concierto para delinquir agravado y 
sus conexos. Esta nueva 
consecuencia, desconocida e 
imprevista por los desmovilizados 
colectivos hasta el 2011, genera por sí 
misma una nueva causa de 
discriminación o estigmatización para 
la población desmovilizada, que le 
impide reintegrarse efectivamente a la 
sociedad y que afecta principalmente 
los desmovilizados que han cumplido 
con su Ruta de Reintegración. Esto en 
razón de que el registro de 
antecedentes penales cumple con 
unos fines tanto legales como 
extralegales.  
 Precisamente la ruptura se 
presenta en el desconocimiento por 
parte de los autores consultados con 
respeto al principio de la legalidad de 
la ley penal, ya que al no haberse 
tenido en cuenta este importante 
principio rector trajo como 
consecuencia la afectación del 
derecho a la libertad de los sujetos 
desmovilizados de las AUC porque se 
les modificó la aplicación en el tiempo 
del delito de sedición que venía 
pactado en el proceso de paz 
adecuándole con la ley 1424 de 2014 
una conducta más gravosa como es el 
delito de concierto para delinquir 
agravado el cual es un delito que no 
contempla ningún beneficio jurídico 
con respecto al derecho de la libertad. 
Entonces, se considera que ese 
desconocimiento del principio de 
legalidad y por ende la violación del 
derecho a la libertad en materia de 
justicia transicional a juicio de autores 
como Sánchez (2011), parte de las 
normas expedidas para viabilizar los 
procesos de paz son manifestaciones 
de excepcionalismo, al apartarse de la 
legislación ordinaria, buscando así 
resolver las fuertes tensiones que se 
dan entre los valores de justicia y 
reparación, de un lado, y los de paz, 
desmovilización militar y reconciliación 
del otro. 
 Para autores como Orduz 
(2011), no puede desconocerse la 
trascendental importancia de este 
principio, “la legalidad”, en la ley penal 
colombiana, pues su desconocimiento 
en cualquiera de las etapas 
procesales: indagación, investigación 
o juzgamiento conlleva que lo actuado 
sea ilegal, y que en consecuencia se 
pueda incoar la nulidad de lo actuado. 
Con respecto al derecho a la libertad, 
o a la libertad individual, el cual 
garantiza al hombre el desarrollo de 
todos los actos que no estén 
prohibidos en normas positivas o en la 
ley en sentido material. Tan 
importante es este principio  que 
fundamenta al debido proceso y es 
una garantía de los derechos 
individuales y sobretodo porque es el 
principio estructural del sistema 
jurídico ya que limita por un lado al 
legislador porque este tiene que 
elaborar descripciones inequívocas y 
sanciones precisas y concretas. Por 
ello la ley penal debe ser exhaustiva 
ya que también limita al juez a aplicar 
de manera restringida  la norma penal, 
es decir, que el juez no tiene la 
posibilidad de ampliar o limitar el 
precepto, ni aplicarlo a casos no 
previstos en forma taxativa, mucho 
menos puede aplicar sanciones 
diferentes a las señaladas, aunque 
racionalmente lo considere lógico, 
necesario o justo. 
 Todas esas características 
radican en que el principio de legalidad 
contenido en nuestro estatuto penal 
colombiano es procedente de la 
ideología demoliberal, porque da una 
protección absoluta del derecho de la 
libertad individual como fundamento 
de todos los elementos integradores 
del debido proceso. Tan garantista es 
este principio en estudio que está 
estrechamente relacionado con la 
prohibición de la doble incriminación. 
Es es por ello que Pabón (2013) al 
explicar dicho principio afirma que es 
corolario del principio de legalidad ya 
que en un sistema penal garantista no 
hay pena sino hay delito, si hay 
punible debe necesariamente haber 
pena, para un delito una sola pena, 
para varios delitos varias penas, y no 
más de una pena por delito; para cada 
delito un juzgamiento y una 
correspondiente sentencia. Y en una 
correlación clara, se tiene que el 
indiciado debe ser juzgado por las 
normas vigentes que le sean 
aplicables y que estará cobijado por 
esas consecuencias jurídicas sin que 
se le pueda hacer más gravosa la 
situación tal y como lo plantea al 
artículo 6º del Código Penal que 
establece, además, la favorabilidad. 
Este principio del derecho es también 
fundamento de la seguridad jurídica 
para las personas que comparecen 
antes las instancias judiciales. 
 En el tema objeto de 
investigación se observa que es 
necesario estudiar este principio para 
buscar una solución pronta que 
permita evitar que se siga vulnerando 
el derecho de la libertad de los 
desmovilizados rasos de las 
denominadas Autodefensas, por 
cuanto a través de este principio es 
posible lograr que todas las 
actuaciones realizadas en el marco de 
la ley 1424 de 2010 sean declaradas 
nulas y por ende precluidos, por no ser 
esa, la ley preexistente al acto que se 
les imputó al momento de la 
implementación del proceso de paz. 
Es decir, a estos sujetos se les inició 
una investigación penal por el delito de 
sedición y este fue definido en su 
momento con una resolución 
inhibitoria.  
En el caso de los 
desmovilizados de las AUC, se bebe 
aplicar cuidadosamente el principio de 
legalidad para que todos los 
desmovilizados no postulados o 
desmovilizados rasos, no se les siga 
agravando su situación en virtud de 
que el Estado Colombiano desconoció 
un acto propio de la justicia 
transicional, en el que se involucraba 
la confianza legítima y buena fe de 
quienes depusieron las armas. Dicho 
en otras palabras, si bien el pacto 
político mediante el cual se 
desmovilizaron las autodefensa es un 
acto de gobierno, es igualmente 
importante que la rama judicial al 
momento de fallar y regular materias 
transicionales, lo haga bajo esa 
perspectiva con el fin de cumplir con 
los fines de la paz, respetar los 
acuerdos dentro de un sistema de 
justicia transicional y se pondere la 
aplicación de la norma para garantizar 
la libertad y reinserción de los 
desmovilizados. 
A estos sujetos por falta de 
análisis e interpretación por parte de 
los organismos competentes del 
Estado se les agravó su situación 
sometiéndolos con posterioridad a su 
desmovilización a una conducta 
punible que, para aquellos que han 
honrado sus compromisos, limita sus 
condiciones a su derecho a la libertad. 
A pesar de que a todos estos 
desmovilizados les fue proferida una 
resolución inhibitoria por parte de la 
Fiscalía General de la Nación y que 
como resultado del limbo jurídico 
fueron revocadas y por ende se 
requirió la apertura nuevamente de los 
casos por otra conducta punible bajo 
una denominación diferente siendo los 
mismos hechos por los cuales se 
profirieron resoluciones inhibitorias 
por el delito de sedición. Valga aclara 
que las inhibitoria no tiene efecto de 
cosa juzgada, sin embargo, esta 
salida jurídica permitía a los 
desmovilizados continuar con la ruta 
de reintegración. 
 Lo anterior significa que la 
Fiscalía no podía iniciar la acción 
penal para aplicar la ley 1424 por 
cuanto le era imposible revocar las 
resoluciones inhibitorias que habían 
expedido bajo el marco de la ley 782 
de 2002 porque se encontraban 
debidamente ejecutoriadas por 
consiguiente esas resoluciones 
inhibitorias emitidas por la fiscalía 
general de la nación tiene las 
propiedades de cosa juzgada formal y 
por tanto, procedía revocarlas a no ser 
que el desmovilizado cometiera un 
delito doloso dentro de los dos años 
siguientes a su expedición, como lo 
establecía la norma especial o ante el 
surgimiento de nuevas pruebas que 
desvirtuaran los fundamentos que 
sirvieron de base para referirla 
conforme a lo dispuesto en la ley 600 
de 2000 (Art.328). 
Como puede verse, en este 
caso no se presentó ninguna de las 
dos causales que  exige  la 
mencionada norma, por el contrario, la 
Fiscalía General de la Nación revocó 
todas resoluciones inhibitorias, las 
cuales se encontraban debidamente 
ejecutoriadas, invocando un cambio 
jurisprudencial, decidiendo que debía 
decretarse apertura de instrucción en 
cada caso en concreto para investigar 
a los desmovilizados, en razón de los 
mismos hechos que dieron lugar a 
resolución inhibitoria, pero 
calificándolos esta vez bajo la 
denominación jurídica de concierto 
para delinquir agravado y en 
consecuencia de manera tácita 
procedió a revocar una decisión que 
para ese momento había consolidado 
una situación jurídica bajo la ley 
preexistente al acto que se le imputó 
al momento de la entrega voluntaria 
con fines de reincorporarse a la vida 
civil.  
 Por consiguiente, todas 
aquellas resoluciones inhibitorias 
ejecutoriadas, consolidaron 
situaciones jurídicas y con ello los 
sujetos desmovilizados que fueron 
beneficiados, estableciéndose de esta 
manera lo que se denomina confianza 
legítima en las decisiones y en la 
administración de justicia misma que 
debe preservarse, como garantía de 
las libertades y de los derechos 
fundamentales en especial en 
procesos transicionales.  
 En consecuencia, en atención a 
que la acción penal no podía iniciarse 
nuevamente no sólo se está 
desconociendo el principio de 
legalidad de la ley penal porque no se 
tuvo en cuenta la ley preexistente, y 
que sea aplicó cuando estaba vigente 
y con plenos efectos jurídicos. 
Además, bajo esta normatividad se 
negociaron los acuerdos de paz, lo 
cual es crucial para experiencias 
futuras ya que el derecho ordinario se 
debe flexibilizar en estas 
circunstancias. Además, también se 
estarían desconociendo los principios 
rectores de la legalidad, el principio de 
favorabilidad de la ley penal y el de la 
sana aplicación de las normas en el 
tiempo. Por ello, todos los procesos 
que se tramitaron bajo el amparo de la 
ley 1424 deben ser precluídos porque 
la acción penal no debió iniciarse.  
 Por todo lo anterior, no es de 
recibo que se sigan investigando estos 
sujetos desmovilizados, antes del fallo 
de la Corte Constitucional porque ya 
fueron procesados por la ley 
preexistente que tenía todo la 
protección de presunción de legalidad 
y por ende no se puede seguir 
limitando y afectando el derecho a la 
libertad, ya que ellos no deben seguir 
asumiendo un proceso que ya fue 
resuelto, por ende no se puede seguir 
afectando este derecho fundamental, 
por el solo hecho de que la Fiscalía se 
haya “equivocado” en las decisiones 
que adoptaron durante muchos años. 
Es decir que no se puede pretender 
enmendar su postura con el sacrificio 
de los derechos fundamentales de los 
asociados, adoptando con ello 
posturas eficientitas que buscan 
condenas por encima de los principios 
y garantías de los administrados y en 
concordancia de procesos 
transicionales. 
Incluso, la sentencia C-771 de 2011 
expresó que esta normatividad 
“supone mucho más que la justicia 
penal retributiva” y abarca “a la justicia 
restaurativa en cuanto apunta a 
                                                          
4 C-771 de 2011.acápite  4.1 
restaurar o incluso reconstruir la 
comunidad (en el sentido de una 
justicia creativa)”4 y acuñó como 
corolario que la adecuada proporción 
entre justicia y la obtención y 
preservación de la paz en el marco de 
una transición, muy difícil de 
balancear, al extremo de que se llegue 
a expresar “tanta justicia como la 
paz lo permita” (ibídem). 
 
El principio de legalidad como 
garantía de la preexistencia de la ley 
penal, el desarrollo absoluto de la 
libertad.  
Siendo la observación la técnica 
escogida para este  artículo 
investigación  se observar las 
decisiones en las que se han resuelto los 
temas relacionadas  con las categorías de 
la unidad de análisis de la presente 
investigación con respecto a procesos 
penales adelantados en contra de los  
sujetos desmovilizados de las 
autodefensas acogidos a la ley 1424 
de 2010 (ver Tabla 1). 
 
 
  La unidad de análisis 
observada fue el comportamiento del 
principio de legalidad, con base en tres 
categorías:  
1. La imposibilidad de incriminar una 
conducta punible e imponer una 
sanción, si no hay ley preexistente 
que la tipifique e imponga, a través 
de tres indicadores legales: 
a. Artículo 71 de la Ley 975 82(2) 
b. Artículo 468 de la Ley 599 de 
2000(1) 
c. Artículo 63 de la Ley 418 de 
1997(2)  
2. El desarrollo del derecho absoluto 
a la libertad individual como 
garantía de todos los actos que no 
estén prohibidos en normas 
positivas y en ley en sentido 
material, a través de sus 
indicadores:  
a. Artículo 9 de la Ley 1424 de 
2010(1) 
b. Artículo 328  de la Ley 600 de 
2000(1) 
c. Artículo 45 de la Ley 270 de 
1996(1) 
3. La doble incriminación (non bis in 
ídem), como consecuencia del 
desconocimiento del principio de 
legalidad en atención a tres 
indicadores:  
a. Artículo 1 de la Ley 1424 de 
2010(3) 
b. Artículo 322 de la Ley 600 de 
2000(2) 
TABLA No 1. (Fuentes observadas) 
Corte Constitucional. Sentencia C-370 
del 18 de mayo de 2006 
Corte Constitucional. Sentencia C-185 
de 2011, 
Corte Constitucional. Sentencia C-936 
de 2010.  
Corte Constitucional. Sentencia C-229 
de 2008. 
Corte Constitucional. Sentencia C-244 
de 1996 M.P Carlos Gaviria Díaz, 
salvamento de voto sentencia juzgado 4 
Corte constitucional, sentencia de 
Tutela T-355/07 CSJ. Sala de casación 
penal radicado N° 14862.                                       
Corte constitucional, sentencia de 
Tutela T-356/07 
Sentencia del 11 de julio de 2007 rad 
26.945 de la sala de casación de la 
corte suprema de justicia. 
Tribunal Superior de Medellín. 
Sentencia de segunda instancia. 
Radicado N° 2014-01860. 
Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de Medellín. Auto 113 de 
2015. 
Corte Suprema De Justicia, Sala De 
Casación Penal. Sentencia 26 de marzo 
de 2007. 
Corte Suprema De Justicia, Sala De 
Casación Penal. Sentencia de 6 de 
septiembre de 2007. 
Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. 
1º de septiembre de 1983. M.P.: 
Fernando Uribe Restrepo. 
Corte Suprema De Justicia, Sala De 
Casación Penal. auto  6 de marzo de 
1.991 .M.P Edgar Saavedra  
 Corte constitucional, sentencia de 
Tutela T-355/07 CSJ .sala de casación 
penal radicado N° 14862.                                       
c. Artículo 29 de la Constitución 
(1). 
 
 Como se puede observar en la 
Gráfica 1 las decisiones relacionadas 
con esta categoría nos indican que 
desde que se dio inicio a la acción 
penal a los desmovilizados no se les 
aplicó la conducta punible descrita por 
la pertenencia a un grupo al margen 
de la ley. Tan ineficaz fue la aplicación 
del principio de legalidad que la 
jurisprudencia fue muy escasa pues 
hubo más atención en lo atinente al 
artículo 71 de la ley 975 de 2005, y a 
lo relacionado con los beneficios 
jurídicos de los desmovilizados 
(artículo 63 de la ley 418 de 2002), 
descuidando el tema de la tipicidad, es 
decir, un 20% del estudio de la 
tipicidad del articulo 468 fue estudiado 
por la jurisprudencia, lo que era de 
primordial importancia de análisis por 
parte de los juristas porque se hubiera 
podido evitar que se produjera el 
mencionado limbo jurídico. 
 
 Por no aplicarse el principio de 
legalidad desde el inicio del 
postconflicto y desde antes que se 
profirieran resoluciones inhibitorias 
por el delito de sedición a favor de los 
desmovilizados de las autodefensas. 
Con las consecuencias del cambio en 
la adecuación típica surgieron normas 
como el artículo 9 de la ley 1424 que 
agravaron la situación jurídica de los 
Artículo 
71 de la 
Ley 975
40%
Artículo 
468 de la 
Ley 599 
de 2000
20%
articulo 
63 de la 
ley 418 
de 1997
40%
0%
Gráfica 1
La Imposibilidad de incriminar una
conducta punible e imponer una
sanción, si no hay ley preexistente
que la tipifique e imponga
Artículo 71 de la Ley 975
Artículo 468 de la Ley 599 de 2000
articulo 63 de la ley 418 de 1997
Artículo 
9 de la 
Ley 1424 
de 2010
34%
Artículo 
328  de 
la Ley 
600 de 
2000
33%
Artículo 
45 de la 
Ley 270 
de 1996
33%
0%
Gráfica 2
Desarrollo del derecho absoluto a la
libertad individual como garantía de
todos los actos que no estén
prohibidos en normas positivas y en
ley en sentido material.
Artículo 9 de la Ley 1424 de 2010
Artículo 328  de la Ley 600 de
2000
Artículo 45 de la Ley 270 de 1996
sujetos desmovilizados (Gráfica 2). De 
igual manera, a la categoría 
anteriormente graficada y valorada la 
jurisprudencia de las 15 estudiadas 
solo existió un pronunciamiento sin 
solución con respeto al artículo 45 de 
la ley 270 de 1996. 
Por su parte, siendo la 
prohibición de doble incriminación, 
una consecuencia del principio de 
legalidad de la  ley penal, con el hecho 
de que se inició una investigación 
previa por el delito de sedición 
conforme a lo dispuesto en el artículo 
322 de la 600 de 2000 se incumplió a 
cabalidad el principio de legalidad y 
por ende el principio de prohibición de 
doble incriminación, y de la aplicación 
de la norma en el tiempo sin efecto 
retroactivo más desfavorable ya que 
no se reúnen los elementos de 
justificación de revocar las 
resoluciones inhibitorias ya que la ley 
600 taxativamente señalaba las 
causas de la revocatoria de esa 
resolución inhibitoria, agravando más 
el incumplimiento del principio de 
legalidad. Con respecto a este 
principio se cuenta con tres 
sentencias, una de primera instancia  
proferida por el Juzgado Cuarto Penal 
del Circuito Especializado de Medellín 
y otro fallo del Tribunal Superior de 
Medellín y una tercera sentencia 
unificadora de la Corte relacionada 
con la ejecución permanente del delito 
de concierto para delinquir. En 
consecuencia, se puede observar que 
a nivel jurisprudencial hay un enorme 
aporte que aclara que a causa del 
cambio en la adecuación típica que se 
le dio desde el inicio de la 
investigación penal a los 
desmovilizados se violó el principio de 
doble incriminación y el debido 
proceso. 
 
 
Una vez valoradas las 
anteriores categorías, puede 
afirmarse que la principal causa del 
Artículo 
1 de la 
Ley 1424 
de 2010
50%
Artículo  
322 de la 
Ley 600 
de 2000
33%
Artículo 
29 de la 
Constituc
ión 
Política 
De 
Colombia
17%
0%
Gráfica 3.
La doble incriminación (non bis in 
ídem), como consecuencia del 
desconocimiento del principio de 
legalidad
Artículo 1 de la Ley 1424 de 2010
Artículo  322 de la Ley 600 de 2000
Artículo 29 de la Constitución Política De
Colombia
desconocimiento de principio de 
legalidad fue la lentitud por parte de 
los operadores jurídicos para resolver 
el limbo jurídico que se produjo el 
cambio de la adecuación típica que se 
le dio desde que iniciaron las 
respectivas acciones penales de los 
desmovilizados rasos en atención a 
que estaban corriendo los términos de 
ley para la prescripción del delito con 
que inicialmente se abrieron las 
investigaciones penales y esta no fue 
interrumpida afectando de esta 
maneara el derecho de la libertad de 
los desmovilizados porque a pesar 
que ya asumieron una conducta 
punible que se tramitó bajo la 
normativa vigente no había razón legal 
para iniciar una nueva acción penal 
con una conducta más gravosa 
porque el desmovilizado dentro de 
dicho proceso penal cumpla o 
incumpla el proceso de incorporación 
a la vida civil supedita el derecho de la 
libertad al cumplimiento del proceso 
de reintegración para poder acceder a 
unos beneficios jurídicos que también 
fueron contemplados en la 
investigación iniciada por el delito de 
sedición.  
 
Conclusiones 
En el curso de presente artículo 
se pudo evidencia que en el caso de 
los desmovilizados de las 
Autodefensas Unidas de Colombia se 
bebe aplicar el principio de legalidad 
para que todos los desmovilizados no 
postulados o desmovilizados rasos, no 
se les siga agravando su situación en 
virtud de que el Estado colombiano no 
tomó las medidas adecuadas para 
evitar los cambios en la normativa 
aplicable al momento de los pactos 
políticos derivados de la justicia 
transicional, en el que  se involucraba 
la confianza legítima y buena fe de 
quienes depusieron las armas. Se 
reitera la diferencia entre lo pactado 
políticamente y los desarrollos legales 
de esta desmovilización negociada. 
No obstante es fundamental para la 
construcción de la paz y la 
reincorporación de estos sujetos que 
las normas aplicables no cambien de 
manera gravosa al momento de ser 
analizadas por las Cortes del sistema 
jurídico ordinario. 
A estos sujetos, por falta de 
análisis e interpretación por parte de 
los organismos competentes de 
Estado se les agravó su situación 
sometiéndolos con posterioridad a su 
desmovilización a una conducta 
punible que genera que a los 
reinsertados que honran sus 
compromisos se les limiten las 
condiciones de su derecho a la 
libertad. A pesar que todos estos 
desmovilizados les fue proferida a su 
favor una resolución inhibitoria por 
parte de la Fiscalía General de la 
Nación y que producto del limbo 
jurídico fue revocado y por ende 
abiertas nuevas investigaciones bajo 
otra conducta punible con una 
denominación diferente siendo los 
mismos hechos por los cuales se 
profirieron resoluciones inhibitorias 
por el delito de sedición. 
 Lo anterior significa que la 
Fiscalía no podía iniciar la acción 
penal para aplicar la ley 1424 por 
cuanto le era imposible revocar las 
resoluciones inhibitorias que habían 
expedido bajo el marco de la ley 782 
de 2002 porque se encontraban 
debidamente ejecutoriadas. Es decir 
que se aplicó la normativa vigente 
para ventilar dichos casos y no se le 
puede dar un efecto retroactivo y más 
gravoso para los reinsertados. Por 
consiguiente, esas resoluciones 
inhibitorias emitidas por la Fiscalía 
General de la Nación, no podía 
revocarla a no ser que el 
desmovilizado cometiera un delito 
doloso dentro de los dos años 
siguientes a su expedición, como lo 
establecía la norma especial o ante el 
surgimiento de nuevas pruebas que 
desvirtuaran los fundamentos que 
sirvieron de base para referirla 
conforme a lo dispuesto en la ley 600 
de 2000 (Art.328). 
Como puede verse, en este 
caso no se presentó ninguna de las 
dos causales que exige la mencionada 
norma, por el contrario, la Fiscalía 
General de la Nación revocó todas 
resoluciones inhibitorias, las cuales se 
encontraban debidamente 
ejecutoriadas, invocando un cambio 
jurisprudencial, decidiendo que debía 
decretarse apertura de instrucción en 
cada caso en concreto para investigar 
a los desmovilizados , en razón de los 
mismos hechos que dieron lugar a 
resolución inhibitoria, pero 
calificándolos esta vez bajo la 
denominación jurídica de concierto 
para delinquir agravado y en 
consecuencia de manera tácita 
procedió a revocar una decisión que 
para ese momento había consolidado 
una situación jurídica bajo la ley 
preexistente al acto que se le imputó 
al momento de la entrega voluntaria de 
los desmovilizados con fines de 
reincorporarse a la vida civil. Situación 
respaldada en el entendido que las 
sentencias C-370 de 2006 y C-771 de 
2011, no le dieron el efecto jurídico 
que hoy se pretende así como se 
enfatizó en una perspectiva 
transicional para la aplicación de las 
normas objeto de estudio. 
Por consiguiente, todas 
aquellas resoluciones inhibitorias 
ejecutoriadas, consolidaron 
situaciones jurídicas en términos 
transicionales frente a los sujetos 
desmovilizados que fueron 
beneficiados, estableciéndose de esta 
manera lo que se denomina confianza 
legítima en las decisiones y en la 
administración de justicia misma que 
debe preservarse, como garantía de 
las libertades y de los derechos 
fundamentales. Y que además tiene 
un peso muy importante en términos 
de negociación de procesos de paz 
para generar confianza entre las 
partes. 
 En consecuencia, en atención a 
que la acción penal no podía iniciarse 
nuevamente no solo se está 
desconociendo el principio de 
legalidad de la ley penal porque no se 
tuvo en cuenta la ley preexistente con 
la que se hizo el acuerdo de paz sino 
que también se estarían 
desconociendo el principio rector de 
favorabilidad de la ley penal, por ello 
todos los procesos que se tramitaron 
bajo la ley 1424 deberían ser 
precluídos porque la acción penal no 
debió iniciarse.  
 Por todo lo anterior, no es de 
recibo que se sigan investigando estos 
sujetos desmovilizados porque ya 
fueron procesados por la ley 
preexistente y vigente al momento de 
presentarse ante la justicia y por ende 
no se puede continuar limitándoles y 
afectándoles el derecho a la libertad, 
ellos no deben seguir asumiendo un 
proceso que ya fue de conocimiento 
bajo una óptica transicional, por ende 
no puede seguir diezmando este 
derecho fundamental, por el solo 
hecho de que la fiscalía se haya 
“equivocado” en las decisiones que 
adoptaron durante muchos años, es 
decir, que no se puede pretender  
enmendar su postura con el sacrificio 
de los derechos fundamentales de los 
asociados, adoptando con ello 
posturas eficientitas que buscan 
condenas por encima de los principios 
y garantías de los administrados. 
 
 
 
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