La incidencia presupuestal de la formalización del empleo público en el sector de cultura, recreación y deporte del distrito capital para el periodo 2012-2016, de acuerdo con la política de dignificación del empleo público enmarcada en el plan de desarrollo Bogotá Humana

Abstract

A lo largo de la historia se ha hablado en todo el mundo del Derecho al Trabajo y su legitimidad en cada uno de los países se ha establecido por medio de diferentes tratados, pactos, acuerdos y convenios concertados entre los países miembros de las diferentes organizaciones entre las que se encuentran la Organización de Naciones Unidas - ONU, la Organización Internacional del Trabajo – OIT y la Convención Americana de Derechos Humanos. En Colombia se consagra el Derecho al trabajo a partir de la Constitución de 1991 en donde se estipulan los principios mínimos que como país se contemplan en cuanto al Derecho al trabajo dando cumplimiento a los diferentes acuerdos internacionales. De la misma manera, al abordar la palabra trabajo como derecho fundamental se han desprendido una serie de conceptos tales como “trabajo digno” y “trabajo decente”, que son básicamente conceptos para orientar a los diferentes gobiernos en cuanto a las políticas que deben implementar para que se mantenga la igualdad, la libertad, la seguridad, la equidad y la dignidad humana, velando siempre porque los trabajadores cuenten con condiciones mínimas tales como oportunidades de empleo, oportunidad de percibir unos ingresos y la oportunidad a tener para ellos y sus familias el acceso a la protección y la seguridad social. En el caso de Bogotá, la actual administración en cabeza del Alcalde Mayor, Dr. Gustavo Petro, han incluido como meta prioritaria en el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016”, la implementación de la Política Pública de dignificación y formalización del empleo en el Distrito Capital y en lo que tiene que ver específicamente en el sector público, desde el año 2012 se ha establecido un cronograma de trabajo con las diferentes entidades que conforman la Administración Distrital en pro de mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas que se encuentran vinculadas a la administración distrital, específicamente por contrato de prestación de servicios sin que esto altere las finanzas públicas de la ciudad y el presupuesto asignado a cada una de las entidades.