Limites y alcances del principio de sostenibilidad fiscal en el estado social de derecho

Abstract

El Acto Legislativo 03 de 2011 modificó el articulo 334 de la Constitución Política de 1991, estableciendo con ello que la Sostenibilidad Fiscal se convierte en un criterio orientador del accionar de los poderes públicos en Colombia en aras de garantizar el sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales dentro del modelo de Estado Social de Derecho. Sin embargo con la adopción de dicho principio surgen importantes retos para el modelo de Estado Social de Derecho en la medida que dicha institución fiscal promueve el establecimiento de condiciones que limitan el gasto público, a partir de la evaluación de los efectos que generan con sus actuaciones tanto el poder judicial como el poder legislativo; en el caso de las decisiones judiciales se autoriza a los Ministros de Despacho y al Procurador General de la Nación para promover, contra las decisiones judiciales proferidas por las máximas corporaciones, el Incidente de Impacto Fiscal como un mecanismo para modular, diferir o modificar los efectos de las sentencias por considerarles lesivas para el presupuesto de la nación. El reto consiste en evaluar como dicho instrumento, de índole administrativo, puede resultar en una afectación al principio de separación de poderes, a la autonomía de la cual gozan los administradores de justicia y que se relaciona igualmente con el principio de cosa juzgada; plantea la posibilidad de que los derechos de corte social - característicos del Estado Social de Derecho - tengan un reconocimiento fundado en la conveniencia en términos económicos; conlleva a una posible afectación al debido proceso en la medida que una vez es proferida la sentencia y habiéndose promovido el incidente de impacto fiscal no existe la posibilidad para que el afectado con dicha solicitud se manifieste en contrario toda vez que no existen criterios objetivos y expresos que permitan determinar cuando una decisión judicial es contraria a la sostenibilidad fiscal.