Los derechos políticos vs. Las potestades de la Procuraduría General de la Nación
Political Rights vs. Powers of the Attorney General of the Nation
Date
2016-10-18Key words
derechos políticos; proceso disciplinario; procurador general de la nación; ius punendi; limites; corte interamericana de derechos humanos; comisión interamericana de derechos humanos; derecho constitucional; proceso disciplinario; funcionarios publicos; procuraduria general de la nacion (colombia) - estudio de casos
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Abstract
Los Derechos Políticos en Colombia se encuentran consagrados en el artículo 40 de la Constitución Política, como las garantías que todo ciudadano tiene a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, mediante la participación en elecciones, plebiscitos, referendos y consultas populares. Sin embargo, a partir de las potestades sancionatorias otorgadas al Procurador General de la Nación a través de la Constitución y avaladas por el alto tribunal constitucional encargado de la salvaguarda e interpretación de la Carta Política, se han generado una serie de manifestaciones en contra de dichas facultades por ser consideradas exorbitantes ya que podría carecer de las garantías judiciales suficientes en el desarrollo del proceso disciplinario. Así las cosas, a través de un tratamiento esencialmente cualitativo, donde se aplicaron el análisis, la síntesis, la inducción y la deducción de la jurisprudencia internacional que ha desarrollado el concepto y alcance del derecho a elegir y ser elegido; se podría establecer que Colombia no ha adecuado la normatividad interna a los estándares internacionales en materia de protección a los derechos políticos cuando de establecimiento de recursos adecuados y efectivos se trata.
Political Rights in Colombia are enshrined in Article 40 of the Constitut, which guarantees every citizen to participate in the establishment, exercise and control of political power, through participation in elections, plebiscites, referenda and popular surveys. However, from sanctioning powers granted to the Attorney General's Office by the Constitution and endorsed by the highest constitutional court responsible for safeguarding and interpreting the Constitution, a series have been generated against such exorbitant powers being considered because it may lack sufficient judicial guarantees in the development of the disciplinary process. So, through an essentially qualitative treatment, where the analysis, synthesis, induction and deduction of international jurisprudence that has developed the concept and scope of the right to elect and be elected applied; It could be established that Colombia's domestic legislation has not adapted to international standards on the protection of political rights when establishing adequate and effective remedies concerned.