El rol que jugara la JEP dentro de los procesos disciplinarios adelantados por las fuerzas militares por conductas constitutivas de violaciones al DIDH o infracciones al DIH

Abstract

La sentencia de la honorable Corte Constitucional C-014 de 2004 aborda el tema de revocatoria directa de los fallos disciplinarios, hace especial énfasis en las faltas disciplinarias constitutivas de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, la situación en que se encuentran las personas afectadas o víctimas, que es muy diferente a los particulares en calidad de quejosos, que promueven una investigación disciplinaria, pues aquellas no solo están alentadas por el interés que le asiste a cualquier ciudadano para que se imponga una sanción al infractor de la ley disciplinaria, sino que, además de ese genérico interés, en ellas concurre la calidad consecuente con el daño que sobrevino, de manera inescindible, a la comisión de la falta disciplinaria.

A través de un estudio comparativo que analiza el cumplimiento de la citada sentencia, las ventajas y desventajas de su ejecución, se verifica el cumplimiento de su finalidad al desarrollar investigaciones disciplinarias al interior de las Fuerzas Militares, la prioridad debe ser conocer la verdad de los hechos en materia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, frente a las posibles decisiones de revocatoria de los fallos sancionatorios, por otro lado se aborda el papel que debe adoptar la Justicia Especial para la Paz al conocer la verdad de los hechos generadores de los fallos disciplinarios.

En la actualidad la Ley 836 de 2003, permite que los fallos absolutorios o sancionatorios por la comisión de faltas gravísimas por infracciones al Derecho Internacional Humanitario son objeto de conocimiento por parte del Comandante General de las Fuerzas Militares tanto en consulta como en recurso de apelación.

La sentencia bajo estudio abre la posibilidad de que los fallos absolutorios en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario fueran revocados y se reconozcan a las víctimas como sujetos procesales, lo que va en contravía a lo establecido en la actual legislación.

Se hace énfasis en las consecuencias que acarrea el que un militar investigado y sancionado a la luz de la Ley 836 de 2003 o de la Ley 1862 de 2017, ante la comisión de una falta disciplinaria gravísima con implicación de la violación al derecho internacional de los derechos humanos e infracción al DIH, al poder ser anulada y/o extinguida por parte de la JEP, con lo que se podría ver en riesgo el principio de seguridad jurídica de las decisiones impuestas en los procesos disciplinarios dentro de las Fuerzas Militares.