El consentimiento presunto como mecanismo para el suministro oportuno de órganos y componentes anatómicos a pacientes en espera de trasplante en Colombia

Abstract

Pregunta Problema: ¿De qué forma la ampliación del consentimiento presunto para la donación de órganos en Colombia es eficaz para la atención oportuna de pacientes en espera de trasplante?

El presente trabajo comprende un análisis aproximado de derecho comparado sobre la eficacia del consentimiento presunto para la donación y trasplante de órganos en Colombia y España, desde diferentes perspectivas científicas, entre ellas: la jurídica, la económica y la sociológica. Dentro de las cuales se incluyen algunos de los principales debates y dilemas éticos que supone el desarrollo de procedimientos para la obtención de órganos y componentes anatómicos humanos, con fines de trasplante, de acuerdo a cada legislación, en condiciones posteriores al fallecimiento del donante. Asimismo, mediante el presente artículo se pretende establecer, si desde el enfoque de la eficacia, la norma que amplía el consentimiento presunto para la donación de órganos y componentes humanos en Colombia, resulta aplicable a la luz del ordenamiento jurídico y tiene vocación de promover y mejorar de forma considerable, dentro de los límites permitidos, estos procedimientos para propósitos terapéuticos. Teniendo en cuenta además las cifras de donantes y el grado de altruismo que ostenta la cultura colombiana frente a las cifras de donación de órganos de uno de los sistemas de trasplante más exitosos del mundo, como es el que preside España. En tales términos se debe indicar que el consentimiento presunto es un mecanismo legal que permite obtener la autorización necesaria para que el médico tratante proceda a la extracción de uno o varios órganos vitales del donante fallecido a efectos de ser trasplantados a un paciente que lo requiera; asimismo, se constituye en una garantía de tratamiento y promoción relativa para afianzar la disponibilidad de órganos humanos a todos los pacientes, de forma altruista y oportuna.

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Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Ley 1805 de 2016, se logró ampliar aún más el alcance del consentimiento presunto para la donación de órganos en Colombia, y se restringió el derecho de oposición que eventualmente llegaban a tener o presentar sus familiares o deudos en contra de la voluntad expresada por el donante en vida, una situación que convierte a todos los colombianos mayores de edad en potenciales donantes post-mortem de todos sus órganos y componentes humanos (a menos que ellos mismos se opongan en vida a dicho procedimiento), los cuales, sin lugar a dudas serán utilizados para trasplantes con propósitos terapéuticos. Igualmente, se puede decir que la autonomía del consentimiento presunto se fortalece aún más con la existencia de un trámite especial, de parte del potencial donante, que se quiera negar al procedimiento de trasplante y extracción de sus órganos post-mortem, toda vez que en vida solo se podría plasmar su voluntad de negación de forma expresa, mediante la autenticación ante notario de su decisión, la cual además deberá radicarse ante el Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de la Salud (MS), situación que también se sobrepone a la regulación existente en torno a las disposiciones testamentarias reguladas por el Código Civil (que no exigen formalidades tan especiales al testador para hacer valer su consentimiento). En cualquier caso, es claro que la implementación de estas nuevas reglas de juego para los procedimientos de donación de órganos, encontrarán su primer obstáculo en los serios problemas de financiación y de cobertura que atraviesan en la actualidad tanto el Sistema General de Salud, como la mayor parte de las entidades e instituciones prestadoras de servicios médicos en Colombia (tanto del régimen contributivo como el subsidiado), pues es un hecho notorio que desde los tratamientos médicos complejos, pasando por la asignación de citas oportunas, hasta el suministro oportuno de los medicamentos de alto costo se han convertido en un dolor de cabeza para la mayoría de usuarios y afiliados del sistema, quienes todavía demandan un mejor servicio y una mejor atención.