Criterios jurídicos para aplicación del régimen pensional a miembros del Ejército Nacional en la jurisdicción contenciosa administrativa

Abstract

El Sistema General de Pensiones en Colombia tiene por objeto garantizar a los ciudadanos el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, invalidez o muerte, mediante el reconocimiento de una pensión y prestaciones determinadas en la Ley; sin embargo, los miembros de las Fuerza Pública tienen un régimen especial, por cuanto Constitucionalmente se les ha dado una protección especial por la actividad que realiza la Fuerza Pública, con fundamento a la exigencia diaria que realizan, además porque con el desarrollo de su labor se arriesga la vida, diferenciándose de los demás trabajadores; en el mismo sentido, la Ley 100 de 1993 exceptúa del Sistema de Seguridad Social a los miembros del Ejército Nacional. A pesar de lo anterior los jueces administrativos aplican en materia pensional la Ley 100 de 1993 a los miembros de la Fuerza Pública y a sus beneficiarios, pero tal aplicación se realiza de forma indistinta sin tener en cuenta que el régimen especial y exceptuado está regulado Constitucionalmente, no hay claridad respecto a los criterios jurídicos que deben utilizarse para la concesión de estos derechos prestacionales por parte de los operadores jurídicos poniendo en riesgo y contradiciendo los principios de igualdad y favorabilidad. En este trabajo se hace una análisis documental y jurisprudencial de las sentencias proferidas en Medellín en el lapso 2014 – 2017 con la intención de identificar los criterios jurídicos en los que se basa la jurisdicción contencioso administrativa al aplicar indistintamente alguno de los regímenes pensionales a efectos de reconocer la pensión de sobreviviente a los beneficiarios de los miembros del Ejército Nacional a la luz de los principio de igualdad y favorabilidad. 2 Los principales resultados muestran que el régimen especial que cobija a los miembros de las Fuerzas Militares es menos favorable que el régimen general, cuando en este último se necesita acreditar un número de semanas (26), mientras que el especial es más exigente con los requisitos pues aquí se deben acreditar años de servicio o que la muerte haya ocurrido en unas circunstancias especiales, lo cual es incoherente pues no puede haber un detrimento para la persona.