Implicaciones jurídicas de un secuestro colectivo

Abstract

El 28 de octubre de 2021, un destacamento de 180 hombres pertenecientes al Ejército Nacional fue liberado en la región de Tibú en el Norte de Santander, después de que hubiesen sido compelidos a separarse de sus actividades relacionadas con la erradicación manual de cultivos ilícitos por decisión de 600 campesinos agremiados en la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, COCCAM. Sin embargo, no solo fueron obligados a retirarse del asunto de la erradicación de cultivos, uno de los problemas más serios es que han restringido la libertad y movilización de estos soldados bajo el pretexto de sentar una voz de protesta por una serie de demandas sociales que habían presentado al Gobierno Nacional, acción que de ningún modo puede ser justificada. El objeto de este escrito, radica en especificar las consecuencias penales a las que posiblemente pueden exponerse quienes restrinjan la libertad y las funciones públicas de los soldados como servidores públicos, precisando para ello, cada tipo penal al que pueden verse avocados los responsables de estas conductas delictivas.