Medición de la percepción de la comunidad académica de la Universidad Militar Nueva Granada en cuanto a la educación superior y el post-conflicto año 2014
Measuring the perception of academic community Nueva Granada Military University as to the higher education and post-conflict 2014
Citación
Fecha
2015-07-15Autor
Perilla Moreno, Angye Carolina
Título obtenido
Administrador de la Seguridad y Salud Ocupacional
Palabras claves
; posconflicto - colombia; procesos de paz; construccion de paz - colombia
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Resumen
La Universidad ha jugado un papel trascendental en la evolución del conflicto armado en Colombia, toda vez que es allí donde se han configurado los espacios de reflexión ideológica, convergencia de intereses y embrión de la movilización política. Muchas de esas disertaciones académicas, dieron como resultado en los años 1960 una atomización de movimientos sociales que gravitaron entre la lucha armada y la deliberación política enmarcada dentro de un discurso de justicia social. Paralelo al contexto académico, las dinámicas geopolíticas resultantes de la guerra fría configuraron en el país, políticas represivas hacia los movimientos sociales, las cuales polarizaron y agudizaron a la postre, la lucha armada en Colombia. La prolongación del conflicto armado durante los años 1980 y 1990, sumada a la incorporación de la economía de la guerra y la incapacidad del Estado Colombiano para contrarrestar la insurgencia, dio origen al surgimiento de nuevos actores al margen de la ley, que buscaron contrarrestar por un lado la acción insurgente en las regiones, y por otro, la consolidación del fenómeno del narcotráfico en Colombia. En este sentido y dado que ninguno de los actores del conflicto ha obtenido una victoria por la vía armada, los gobiernos de turno en los últimos doce años han esbozado un panorama normativo y jurisprudencial tendiente a impulsar acciones concretas hacia el camino de paz, a través de la desmovilización y la reintegración a la vida civil de personas pertenecientes a grupos armados al margen de la ley. Es así como, con Ley 782 de 2002 se prorroga el tiempo por cuatro años más, a fin de establecer el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica (Congreso de Colombia, Ley 782/2002, Art. 2). Este marco jurídico permitió que en 2003, el gobierno del entonces presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez suscribiese con los grupos de Autodefensas, el Acuerdo de Santafé de Ralito para adelantar la desmovilización colectiva de 37.671 excombatientes. Para el año 2005 y con el objetivo de generar proceso de reincorporación a la vida civil de los desmovilizados, se promulga en Colombia la Ley 975 de 2005, más conocida como Ley de Justicia y Paz. Esta ley en su artículo 66, reconoce la importancia de los programas de capacitación y educación al desmovilizado para acceder a proyectos o empleos productivos (Congreso de Colombia, Ley 975/2005, Art. 66).
The University has played a major role in the evolution of the armed conflict in Colombia, since it is there that are configured ideological reflection spaces, convergence of interests and political mobilization embryo. Many of these dissertations, resulted in 1960 a fragmentation of social movements gravitated between armed struggle and political deliberation framed within a discourse of social justice. Parallel to the academic context, geopolitical dynamics resulting from the cold war in the country configured, repressive policies towards the social movements, which polarized and sharpened in the end, the armed struggle in Colombia. The prolongation of the armed conflict during the 1980s and 1990s, coupled with the incorporation of the war economy and the inability of the Colombian State to counter the insurgency, led to the emergence of new actors on the margins of the law, which sought to counteract by aside insurgent action in the regions, and on the other, the consolidation of the phenomenon of drug trafficking in Colombia. In this regard, and given that none of the actors in the conflict has gained a victory for armed struggle, successive governments over the last twelve years have outlined a regulatory and jurisprudential scenario aimed at promoting concrete actions towards the path of peace through demobilization and reintegration into civilian life of persons belonging to armed groups outside the law. Thus, with Law 782 of 2002, the time is extended by four years, to establish dialogue and the signing of agreements with operating outside the law for their demobilization, reconciliation among Colombians and peaceful coexistence armed groups (Congress of Colombia, Law 782/2002, Art. 2). This legal framework allowed in 2003, the government of President Alvaro Uribe of Colombia should subscribe to the paramilitary groups, the Santa Fe de Ralito Agreement to advance the collective demobilization of 37,671 combatants. For 2005, with the aim of generating process of reintegration into civilian life of demobilized, is enacted in Colombia Law 975 of 2005, better known as the Law of Justice and Peace. This law Article 66 recognizes the importance of training and education programs to demobilize to access projects or productive jobs (Congress of Colombia, Law 975/2005, Art. 66).