La justicia premial en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes

Abstract

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, depende en gran medida de los postulados de la Ley 906 de 2004, que se refiere a una forma de justicia que tiene dentro de sus fines, otorgar una serie de beneficios penales a quienes deben cumplir una condena por cometer actos delictivos, denominada justicia premial. Pese a este factor la misma sólo se ve reflejada en virtud de la calificación de conductas punibles cometidas por adultos, lo cual implica analizar, hasta qué punto, se puede predicar su procedencia en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. De esta forma, la mencionada justicia premial puede contribuir a la justicia efectiva en el caso de los menores, con sus preceptos y beneficios tales como: la disminución de costos para el sistema judicial; la reducción de las estadísticas de criminalidad en menores de edad; economía procesal e incluso aumentar la eficiencia de algunos juzgados de menores garantizando el principio de interés superior. Todo lo anterior desde luego, sin desconocer el carácter específico y pedagógico inherente a un sistema de juzgamiento que pretende como finalidad última, garantizar la protección integral de los menores infractores de la ley penal. El propósito es analizar la hipótesis de la aplicabilidad de la JP en la ley de infancia y adolescencia, después de ejecutoriada la sentencia que imponga la sanción al menor infractor de la ley penal, luego de haber sido declarado penalmente responsable por los hechos cometidos. Y que incidencia tiene la misma sobre el menor y sus derechos. De allí surge la necesidad de establecer la procedencia de la JP frente al caso concreto de los adolescentes que infrinjan la ley penal para que se fijen los efectos jurídicos y funciones de restauración y resocialización del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y a su vez sea aplicada dicha justicia sin perjuicio de quebrantar o vulnerar el propósito del código de infancia y adolescencia, los derechos del niño y los tratados internacionales ratificados por Colombia al respecto.