El antejardín como propiedad privada de uso público
The antebellum as private property of public use
Citación
Fecha
2017-06-16Autor
Sosa Hernández, Martha Marlene
Título obtenido
Master en Derecho Administrativo
Publicador
Universidad Militar Nueva Granada
Palabras claves
; jardines; propiedad privada; urbanismo
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Resumen
El presente trabajo es el resultado de una investigación de tipo documental acerca de la legalidad de la inversión pública a través de la intervención con obra pública en los antejardines ubicados en la ciudad de Bogotá, lo que implicó la elaboración de un diseño metodológico y de una revisión documental para su desarrollo y elaboración con base en el ordenamiento jurídico colombiano con relación a la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público.
En cumplimiento al mandato constitucional, para el distrito capital, se ha hecho necesario disponer de un cuerpo normativo que regule, de manera sistemática, la generación, financiamiento y manejo del espacio público en el área de su jurisdicción: Siendo este el objeto de estudio del presente trabajo, éste se focalizó en el análisis de la inversión estatal en los ejes comerciales de la ciudad, a partir del abordaje de los componentes básicos en los cuales se plantean aspectos de tipo metodológico, teórico jurídico y técnicos, generando de esta forma algunas aproximaciones a manera de recomendaciones que sintetizan la posible función económica y administrativa de lo privado y lo público a cerca de este tema.
El Alcalde Mayor como máxima autoridad de la administración distrital expidió el Decreto 290 de 1999 como estrategia de recuperación y mantenimiento del espacio público, autorizando la intervención de las zonas de antejardines en los ejes comerciales del Distrito Capital como elementos integrantes del Espacio Público. Al mismo tiempo a través del mencionado decreto se obligó a los propietarios de los predios a acogerse a tres modalidades de intervención, donde presuntamente todas ellas resultan impositivas de cargas económicas para el propietario ya que él es el titular de dominio.
Así las cosas, no hay claridad sobre la legalidad del cobro que hace el Estado tras su intervención en predios de dominio privado pues el Decreto 290 de 1999 sólo impuso cargas sin justificación legal, dejando grandes vacíos reglamentarios sobre todo el tema de intervención en los antejardines de predios privados, pero destinado al uso público.
The present work is the result of a documentary type investigation on the legality of public investment through the intervention with public works in the antebellum located in the city of Bogota, which involved the elaboration of a methodological design and a Documentary revision for its development and elaboration based on the Colombian legal system in relation to the administration, maintenance and economic use of the public space.
In compliance with the constitutional mandate, for the capital district, it has become necessary to have a normative body that regulates, in a systematic way, the generation, financing and management of public space in the area of its jurisdiction: Being this the object of study of the In the present work, this one focused on the analysis of the state investment in the commercial axes of the city, starting from the approach of the basic components in which methodological, legal and technical aspects are presented, generating in this way some approximations By way of recommendations that synthesize the possible economic and administrative function of the private and the public about this subject.
The Mayor, as the highest authority of the district administration, issued Decree 290 of 1999 as a strategy for the recovery and maintenance of public space, authorizing the intervention of the zone of antebellum in the commercial axes of the Capital District as integral elements of the Public Space. At the same time, through the above mentioned decree, the owners of the farms were obliged to avail themselves of three types of intervention, where all of them are presumably taxable for the owner, since he is the owner of the domain.
Thus, there is no clarity on the legality of the charge that the State makes after its intervention in privately owned properties because Decree 290 of 1999 only imposed charges without legal justification, leaving large regulatory gaps over the whole issue of intervention in the antebellum of private lands, but destined for public use.
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